Leonardo Tiro Moranchel

Expediente 551/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
551/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Leonardo Tiro Moranchel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó, no es de relevancia documental, y es destruible y susceptible de ser destruido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20 fracción II, del acuerdo general señalado. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver a la 1. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, la copia certificada de las actuaciones que obran en la causa penal de su índice (anexos I y II), sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues ya que pone fin al juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por conducto de su defensor particular, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés: San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó, no es de relevancia documental, y es destruible y susceptible de ser destruido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20 fracción II, del acuerdo general señalado. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver a la 1. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, la copia certificada de las actuaciones que obran en la causa penal de su índice (anexos I y II), sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues ya que pone fin al juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por conducto de su defensor particular, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos, este juzgador advierte de oficio, circunstancias que permiten decretar el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de la audiencia constitucional. Al respecto, conviene precisar que en este juicio de amparo, -de acuerdo con lo establecido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el recurso de queja 110/2023- el quejoso Leonardo Tiro Moranchel reclama: Del 1. Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la omisión de ponerlo en libertad, toda vez que la prisión preventiva dictada dentro del proceso 131/2010, ha sobrepasado el tiempo que como máximo fija la ley, para el delito por el que se le instruye dicha causa penal. Y del 2. Juez de Ejecución Penal del Estado de Nayarit y al 3. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro Noroeste, con sede en Tepic, Nayarit, la ejecución del acto reclamado a la ordenadora. Al respecto, el juzgado responsable negó los actos reclamados. No obstante, como el quejoso reclama un acto omisivo, procede analizar si la mencionada autoridad responsable acreditó dicha negativa, pues si bien cuando se reclaman actos positivos y la autoridad responsable sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, y la persona quejosa debe probar lo contrario, como lo prevé el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; lo cierto es que tratándose de actos de omisión -como en el caso -la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existen. Por ello, es pertinente examinar la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta está en condiciones de emitir una actuación o determinación; y, de resultar que no estaba constreñida a su realización, decretar el sobreseimiento por inexistencia. En efecto, en el caso de la omisión, no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Ello porque cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: i) sí actuaron, o ii) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. Y es que en el caso de que los actos reclamados sean omisiones, no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que se debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. En ese orden de ideas, se considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; esto es, no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa. En ese orden de ideas debe decirse que quien esto resuelve no advierte que el juez responsable hubiera tenido la obligación de dejar al hoy quejoso en libertad dentro del proceso penal 131/2010, de su estadística, pues contrario a lo que aduce, al momento de la presentación de la demanda de amparo, el lapso de prisión preventiva que sufría no había rebasado el tiempo máximo que la ley establece para el delito por el que se le instruyó dicho proceso. Se explica: El artículo 20 constitucional, aparatado B, fracción IX, segundo párrafo: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) IX. (.) La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares." De dicho mandamiento se desprende que, en efecto, el legislador confirió al juez penal la obligación de velar por que la persona imputada no permanezca en prisión preventiva más tiempo que el plazo máximo de pena fijado por la ley correspondiente al delito que motivare el proceso y, si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, tal persona debe ser puesta en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, pudiendo imponerle diversas medidas cautelares. Ahora, de las constancias integran el presente sumario, como de las que remitió el juzgado responsable (cuadernos auxiliares I y II), y de su informe justificado (foja 142) se aprecia, en lo que interesa: 1. Que Leonardo Tiro Moranchel, se encuentra recluido con motivo de los hechos que originaron el proceso penal 131/2010, desde el veinte de mayo de dos mil diez, fecha en que se decretó la detención del quejoso. 2. Que el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, en la causa penal 131/2010, se dictó sentencia condenatoria contra Leonardo Tiro Moranchel, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico continuado, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403 fracciones I, II, III y IV, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Vicente Ochoa Tenorio y otros, condenándolo a sufrir una pena de prisión de trece años y cuatro meses de prisión. Sentencia contra la cual se interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer a la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, registrándolo bajo el toca 232/2019; y, contra la sentencia de segunda instancia el quejoso promovió demanda de amparo directo, del cual está conociendo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto circuito, bajo el expediente D-45/2023, sin que a la fecha se haya resuelto dicho amparo directo. 3. Que los mencionados ordinales 402 y 403 fracciones I, II, III y IV del Código Penal para el Estado de Puebla, en la época de comisión de los hechos disponían: "Artículo 402.- Comete el delito de fraude, el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido." "Artículo 403.- El delito de fraude se sancionará: I.- Con multa de cinco a cincuenta días de salario y prisión de seis meses a tres años, si no se puede determinar el valor de lo defraudado o este valor no es superior a cien días de salario. II. Con multa de cincuenta a doscientos cuenta días de salario y prisión de tres a cinco años, si el valor de lo defraudado excediere de cien días de salario, pero no de quinientos. III. Con multa de doscientos cincuenta a quinientos días de salario y prisión de cinco a siete años, cuando el valor de lo defraudado excediere de quinientos días de salario, pero no de mil. IV.- Con multa de quinientos a mil días de salario y prisión de siete a diez años, cuando el valor de lo defraudado excediere de mil días de salario, y (.)" Ahora, tomando en consideración que el delito que se atribuyó al quejoso es de carácter continuado es menester traer a colación el diverso arábigo 97 de la codificación sustantiva de la materia y fuero: "Artículo 97.- En el caso de delito continuado se aumentará la sanción hasta en una tercera parte de la correspondiente al delito cometido." 4. Que de acuerdo con lo anterior, la pena máxima a imponer al hoy sentenciado sería, por el tipo básico del delito de fraude en términos del artículo 403, fracciones I, II, III y IV, del citado ordenamiento legal, de veinticinco años. No obstante a ello debe abonársele una tercera parte de dicha sanción corporal, en términos del artículo 97 del ordenamiento sustantivo penal de referencia, esto es ocho años, cuatro meses. Lo que arroja un total de treinta y tres años y cuatro meses de prisión. 5. Que la demanda de amparo que motivó el presente juicio fue originalmente presentada el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Nayarit (foja 7); y 6. Que de un análisis de las anteriores circunstancias se aprecia con meridiana claridad desde el momento en que se decretó su detención en el proceso 131/2010 (el veinte de mayo de dos mil diez) al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintidós de mayo de dos mil veintitrés), transcurrieron trece años con dos días. Así las cosas, si bien es cierto como lo adujo el impetrante de garantías, conforme lo señala la fracción IX, Apartado B, del artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley o el delito que motivare el proceso; y, en caso de hacerlo es obligación de la autoridad jurisdiccional dejar en libertad al imputado; no menos cierto es que en el particular tal obligación no existe, en tanto que como se vio, al momento de instar la presente contienda constitucional, su cautiverio preventivo no superaba el máximo de la pena a imponer por el delito por el que se le siguió proceso, como lo afirmó. En mérito de lo expuesto, es que se concluye que la autoridad judicial no estaba obligada a poner al quejoso en libertad al no actualizarse la condición supracitada, de ahí que, como se adelantó, la omisión atribuida sea inexistente y, en consecuencia, proceda el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Sobreseimiento que hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a las restantes responsables, pues al no existir la obligación del juez de la causa de dejar en libertad al hoy quejoso, tampoco existe la de las autoridades ejecutoras de actuar en consecuencia. En mérito de lo expuesto, se dejan sin efecto las diez horas con diez minutos del trece de septiembre de dos mil veintitrés, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido, e impulsar el procedimiento; pues fue presentada físicamente y pone fin al juicio. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su defensor público; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  4. Principal

    -CITATORIO- Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de 08 DE SEPTIEMBRE de dos mil veintitrés: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos, este juzgador advierte de oficio, circunstancias que permiten decretar el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de la audiencia constitucional. Al respecto, conviene precisar que en este juicio de amparo, -de acuerdo con lo establecido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el recurso de queja 110/2023- el quejoso Leonardo Tiro Moranchel reclama: Del 1. Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la omisión de ponerlo en libertad, toda vez que la prisión preventiva dictada dentro del proceso 131/2010, ha sobrepasado el tiempo que como máximo fija la ley, para el delito por el que se le instruye dicha causa penal. Y del 2. Juez de Ejecución Penal del Estado de Nayarit y al 3. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro Noroeste, con sede en Tepic, Nayarit, la ejecución del acto reclamado a la ordenadora. Al respecto, el juzgado responsable negó los actos reclamados. No obstante, como el quejoso reclama un acto omisivo, procede analizar si la mencionada autoridad responsable acreditó dicha negativa, pues si bien cuando se reclaman actos positivos y la autoridad responsable sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, y la persona quejosa debe probar lo contrario, como lo prevé el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; lo cierto es que tratándose de actos de omisión -como en el caso -la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existen. Por ello, es pertinente examinar la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta está en condiciones de emitir una actuación o determinación; y, de resultar que no estaba constreñida a su realización, decretar el sobreseimiento por inexistencia. En efecto, en el caso de la omisión, no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Ello porque cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: i) sí actuaron, o ii) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. Y es que en el caso de que los actos reclamados sean omisiones, no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que se debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. En ese orden de ideas, se considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; esto es, no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa. En ese orden de ideas debe decirse que quien esto resuelve no advierte que el juez responsable hubiera tenido la obligación de dejar al hoy quejoso en libertad dentro del proceso penal 131/2010, de su estadística, pues contrario a lo que aduce, al momento de la presentación de la demanda de amparo, el lapso de prisión preventiva que sufría no había rebasado el tiempo máximo que la ley establece para el delito por el que se le instruyó dicho proceso. Se explica: El artículo 20 constitucional, aparatado B, fracción IX, segundo párrafo: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) IX. (.) La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares." De dicho mandamiento se desprende que, en efecto, el legislador confirió al juez penal la obligación de velar por que la persona imputada no permanezca en prisión preventiva más tiempo que el plazo máximo de pena fijado por la ley correspondiente al delito que motivare el proceso y, si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, tal persona debe ser puesta en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, pudiendo imponerle diversas medidas cautelares. Ahora, de las constancias integran el presente sumario, como de las que remitió el juzgado responsable (cuadernos auxiliares I y II), y de su informe justificado (foja 142) se aprecia, en lo que interesa: 1. Que Leonardo Tiro Moranchel, se encuentra recluido con motivo de los hechos que originaron el proceso penal 131/2010, desde el veinte de mayo de dos mil diez, fecha en que se decretó la detención del quejoso. 2. Que el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, en la causa penal 131/2010, se dictó sentencia condenatoria contra Leonardo Tiro Moranchel, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico continuado, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403 fracciones I, II, III y IV, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Vicente Ochoa Tenorio y otros, condenándolo a sufrir una pena de prisión de trece años y cuatro meses de prisión. Sentencia contra la cual se interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer a la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, registrándolo bajo el toca 232/2019; y, contra la sentencia de segunda instancia el quejoso promovió demanda de amparo directo, del cual está conociendo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto circuito, bajo el expediente D-45/2023, sin que a la fecha se haya resuelto dicho amparo directo. 3. Que los mencionados ordinales 402 y 403 fracciones I, II, III y IV del Código Penal para el Estado de Puebla, en la época de comisión de los hechos disponían: "Artículo 402.- Comete el delito de fraude, el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido." "Artículo 403.- El delito de fraude se sancionará: I.- Con multa de cinco a cincuenta días de salario y prisión de seis meses a tres años, si no se puede determinar el valor de lo defraudado o este valor no es superior a cien días de salario. II. Con multa de cincuenta a doscientos cuenta días de salario y prisión de tres a cinco años, si el valor de lo defraudado excediere de cien días de salario, pero no de quinientos. III. Con multa de doscientos cincuenta a quinientos días de salario y prisión de cinco a siete años, cuando el valor de lo defraudado excediere de quinientos días de salario, pero no de mil. IV.- Con multa de quinientos a mil días de salario y prisión de siete a diez años, cuando el valor de lo defraudado excediere de mil días de salario, y (.)" Ahora, tomando en consideración que el delito que se atribuyó al quejoso es de carácter continuado es menester traer a colación el diverso arábigo 97 de la codificación sustantiva de la materia y fuero: "Artículo 97.- En el caso de delito continuado se aumentará la sanción hasta en una tercera parte de la correspondiente al delito cometido." 4. Que de acuerdo con lo anterior, la pena máxima a imponer al hoy sentenciado sería, por el tipo básico del delito de fraude en términos del artículo 403, fracciones I, II, III y IV, del citado ordenamiento legal, de veinticinco años. No obstante a ello debe abonársele una tercera parte de dicha sanción corporal, en términos del artículo 97 del ordenamiento sustantivo penal de referencia, esto es ocho años, cuatro meses. Lo que arroja un total de treinta y tres años y cuatro meses de prisión. 5. Que la demanda de amparo que motivó el presente juicio fue originalmente presentada el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Nayarit (foja 7); y 6. Que de un análisis de las anteriores circunstancias se aprecia con meridiana claridad desde el momento en que se decretó su detención en el proceso 131/2010 (el veinte de mayo de dos mil diez) al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintidós de mayo de dos mil veintitrés), transcurrieron trece años con dos días. Así las cosas, si bien es cierto como lo adujo el impetrante de garantías, conforme lo señala la fracción IX, Apartado B, del artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley o el delito que motivare el proceso; y, en caso de hacerlo es obligación de la autoridad jurisdiccional dejar en libertad al imputado; no menos cierto es que en el particular tal obligación no existe, en tanto que como se vio, al momento de instar la presente contienda constitucional, su cautiverio preventivo no superaba el máximo de la pena a imponer por el delito por el que se le siguió proceso, como lo afirmó. En mérito de lo expuesto, es que se concluye que la autoridad judicial no estaba obligada a poner al quejoso en libertad al no actualizarse la condición supracitada, de ahí que, como se adelantó, la omisión atribuida sea inexistente y, en consecuencia, proceda el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Sobreseimiento que hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a las restantes responsables, pues al no existir la obligación del juez de la causa de dejar en libertad al hoy quejoso, tampoco existe la de las autoridades ejecutoras de actuar en consecuencia. En mérito de lo expuesto, se dejan sin efecto las diez horas con diez minutos del trece de septiembre de dos mil veintitrés, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido, e impulsar el procedimiento; pues fue presentada físicamente y pone fin al juicio. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su defensor público; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano