Leonardo Tiro Moranchel
Expediente 347/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 15/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Leonardo Tiro Moranchel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Destino de expediente principal. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, y es destruible y susceptible de ser destruido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20 fracción I, del Acuerdo General. Destino de incidente de suspensión. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar definitiva, se decreta que es destruible y susceptible de ser destruido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20 fracción III, del acuerdo general señalado. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Integración a expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena glosar el presente acuerdo al expediente impreso, pues se considera de trascendencia para la etapa procesal en la que se encuentra este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa a través de su defensor público José Antonio García Paredes y, por oficio a la autoridad responsable, diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
PUBLICACIÓN DE AVISO: EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS AL DEFENSOR PÚBLICO DE LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Destino de expediente principal. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, y es destruible y susceptible de ser destruido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20 fracción I, del Acuerdo General. Destino de incidente de suspensión. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar definitiva, se decreta que es destruible y susceptible de ser destruido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20 fracción III, del acuerdo general señalado. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Integración a expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena glosar el presente acuerdo al expediente impreso, pues se considera de trascendencia para la etapa procesal en la que se encuentra este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa a través de su defensor público José Antonio García Paredes y, por oficio a la autoridad responsable, diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
En primer término, vista la certificación que antecede, se advierte que a raíz del caso fortuito ocurrido por la actividad intermedia a alta del volcán Popocatépetl, lo cual pudo tener repercusión en la salud de las personas que acuden a los órganos jurisdiccionales y las personas adscritas a este Circuito y Región, se declararon como inhábiles -para este Circuito- los días veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintiséis de mayo de dos mil veintitrés; circunstancia que impidió la celebración de la audiencia constitucional programada para las diez horas con diez minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. No obstante lo anterior, se estima innecesario señalar una nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, pues conforme se expondrá más adelante, en este auto se decretará el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. I. Sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Víctor Hugo Espinosa Montiel (fojas 214 a 285), en apoyo a su informe de ley, esta autoridad Federal advierte de oficio que, en la especie, se actualiza una causal de sobreseimiento, respecto del acto reclamado, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. II. Antecedentes del juicio. En principio, es necesario precisar que mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit, con competencia en Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic, Leonardo Tiro Moranchel solicitó el amparo y la protección de la justicia Federal, contra los actos del Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla y otras autoridades, que precisó en el propio ocurso. En la misma fecha, se turnó la demanda al Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, quien, por auto de veintisiete de marzo siguiente, radicó la demanda de amparo y la registró bajo el número de juicio de amparo indirecto 235/2023-VIII; asimismo, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y declinó competencia por razón de territorio, entre otras, a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno. El veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula recibió el oficio 8792 del Juzgado antes mencionado, y turnó dicho comunicado, junto con la demanda de amparo al entonces Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. El treinta de marzo de dos mil veintitrés, la titular del mencionado órgano jurisdiccional, radicó el expediente y lo registró bajo el número de juicio de amparo indirecto 327/2023; además, decretó de oficio y de plano, la separación de juicios debido a que la multiplicidad de actos reclamados a las autoridades judiciales se encontraban desvinculados entre sí. Luego, mediante oficio 6910/2023, la homóloga federal remitió a la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula copia certificada de todo lo actuado en el sumario de referencia, a efecto de que se registrara como un asunto nuevo. Así, el tres de abril del año en curso, la Oficina de Correspondencia Común turnó a este juzgado Federal la misiva indicada, en la que se precisó que el presente sumario versaría respecto a los actos reclamados al Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro del proceso 131/2010 de su índice, consistentes en: "(.) Reclamo de todas las autoridades señaladas como responsables la omisión a ser sentenciado por el delito que se me acusa porque según el Código Penal del Estado de Puebla, en su artículo 402, 403 y 404, el delito de fraude se castigará con una pena máxima de prisión de 10 años y sin en cambio llevo compurgando cerca de 13 años de prisión. Reclamo de todas las autoridades señaladas como responsables a imponerme una medida cautelar diferente a la prisión para que continúe mi proceso en libertad. Reclamo de todas las autoridades señaladas como responsables el acusarme 2 veces o más por el mismo delito. Reclamo de las autoridades señaladas como responsables la omisión a acumular los procesos en su propio juzgado y la omisión de acumular todos los procesos de todos los juzgados en un solo Juzgado que correspondería al 5 Penal en la causa 338/2009(.)". El cuatro de abril del presente año, con los documentos antes mencionados, se radicó este juicio bajo el número de expediente 347/2023; este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto y previno al quejoso por las razones ahí expuestas. Previa aclaración de la demanda y designación de defensor público, el veintiocho de abril siguiente, por una parte, se desechó parcialmente la demanda de amparo por los actos precisados como: 2. La omisión de imponerle una medida cautelar diferente a la prisión para que continúe su proceso en libertad; 3. Acusarlo dos veces o más por el mismo delito; y, 4. La omisión de acumular el proceso penal 131/2010 del índice del Juzgado Tercero de lo Penal de Puebla, Puebla, a la diversa causa penal 338/2009 del índice del Juzgado Quinto de lo Penal de Puebla, Puebla. Por otra parte, se admitió la demanda -con incidente de suspensión- por el acto restante, consistente en la omisión de dictar sentencia en la causa penal 131/2010 del índice del Juzgado Tercero de lo Penal del distrito judicial de Puebla; se requirió el informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito. III. Fijación de Litis. Precisado lo anterior, se concluye que el acto reclamado por el quejoso Leonardo Tiro Moranchel, respecto del cual versa la litis en este controvertido constitucional, es: La omisión de dictar sentencia en la causa penal 131/2010 del índice del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. IV. Inexistencia del acto reclamado. Ahora bien, la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del distrito judicial de Puebla (Víctor Hugo Espinosa Montiel), al rendir su informe justificado (fojas 214 y 215), negó la existencia del acto reclamado, pues refirió que si bien la causa penal 131/2010 de su índice, se instruye en contra del quejoso Leonardo Tiro Moranchel, lo cierto es que una vez agotado y cerrado el periodo de instrucción, el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictó sentencia definitiva, en la que resolvió lo siguiente: "TERCERO. LEONARDO TIRO MORANCHEL, de generales asentados al inicio de la presente resolución ES PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de FRAUDE GENÉRICO, previsto y sancionado por el artículo 402, 403, fracciones I, II, III y IV, en relación con los artículos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de 1.- VICENTE OCHOA TENORIO (.); por el cual precisó acusación la Representación Social de la Adscripción(.)". Resolución que le fue notificada al peticionario de amparo el veintidós de enero de esa anualidad, y a su defensora pública el cinco de febrero siguiente (foja 205). Asimismo, informó que el aquí quejoso, su defensora y el agente del Ministerio Público de su adscripción, interpusieron recurso de apelación contra la indicada sentencia, mismo que correspondió conocer a la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, bajo el toca 232/2019 de su índice; y, el once de noviembre de dos mil veintidós, resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se modifica el cuarto y sexto punto definitorio y las consideraciones que lo rigen, de la sentencia impugnada por esta vía, para quedar en los siguientes términos. SEGUNDO. Se CONFIRMAN los restantes capítulos resolutivos. (.)". Afirmaciones que se corroboran con la copia certificada de la sentencia de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 131/2010, del índice del Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial de Puebla y de la ejecutoria de once de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca 232/2019 del índice de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitida por la responsable en apoyo a su informe de ley (fojas 216 a 285); documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." V. Análisis de causal de sobreseimiento. En ese contexto, las referidas documentales corroboran la inexistencia del acto omisivo que por esta vía se combate, pues hacen evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veintitrés de marzo de dos mil veintitrés- ya se había dictado sentencia definitiva en la causa penal 131/2010, del índice del Juzgado Tercero Penal del distrito judicial de Puebla y se le había notificado la misma al demandante constitucional y a su defensora pública, tan es así, que oportunamente la recurrió en apelación y fue modificada por la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el toca 232/2019, de su índice; por tanto, al momento de instar esta vía de control constitucional, la omisión reclamada no existía. En consecuencia, ante la inexistencia de la omisión reclamada, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Establecido lo anterior, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que, en el caso concreto, resulta patente la falta de materia de la acción de amparo, pues la inexistencia del acto reclamado ha quedado acreditada fehacientemente con las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado; por lo que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, la referida inexistencia no podría ser desvirtuada, ya que su materialización es tal que ninguna prueba podría servir para concluir lo contrario; por lo que, debe prevalecer dicho sobreseimiento. Tienen aplicación al caso, la jurisprudencia y tesis de rubros y textos siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VI. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena glosar el presente acuerdo al expediente impreso, dada su relevancia, al tratarse de la determinación que pone fin a la litis constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa (a través de su defensor público José Antonio García Paredes); y, por oficio a la autoridad responsable, diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Cambio de denominación de este juzgado. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula; lo que se hace del conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Autoridad cumple requerimiento. Intégrese a los autos la misiva 1192/2023/SRIA/NON suscrita por ******************** Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de doce de mayo de dos mil veintitrés; esto es, informa que mediante resolución de veintiuno de enero del año dos mil diecinueve dentro de la causa penal 131/2010 de su índice, fue dictada sentencia condenatoria en contra de ******************** por la comisión de delito fraude genérico, en agravio ********************, resolución que le fue notificada en veintidós de enero de dos mil diecinueve y para acreditar su hecho remite copias certificadas de las constancias conducentes. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Informe justificado. Por otra parte, agréguese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable ******************** Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de su defensor público; y, por oficio a la a la autoridad tercera interesada, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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