Leonardo González Celaya

Expediente 42/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
42/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • LEONARDO GONZÁLEZ CELAYA y Otros.
  • Leonardo González Celaya
  • Juez Mixto de Primera Instancia, Con Sede En las Varas, Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de cinco días que prevé el numeral 98 de la actual Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación en contra del auto de veintidós de enero del año en curso, por el cual se desechó la demanda de garantías que originó el presente expediente. En consecuencia, conforme lo dispuesto en los dispositivos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en comento, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el artículo 214 del ordenamiento legal invocado, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21 incisos b) y d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en los incisos b) y d), del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se desechó de plano la demanda de amparo en cuestión, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el libelo signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por medio del cual refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al respecto, remite copia de la transferencia realizada a favor de la parte quejosa; consecuentemente, agréguese a los autos el oficio de referencia para que surta sus efectos legales correspondientes. Al respecto dígasele a la autoridad oficiante que por auto de trece de marzo de la presente anualidad, se tuvo a la autoridad responsable, por conducto de su delegada, remitiendo copia de la trasferencia realizada; sin embargo, mediante auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se requirió a la responsable, a efecto de que diera total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es: "Notifique a este órgano federal que haya desincorporando de la esfera jurídica los preceptos preceptos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit". Por tanto, atendiendo al sentido de dicha sentencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de la materia, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cumplimiento al fallo protector concedido. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa a cada una de ellas, por la cantidad de cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). De igual manera, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. Notifíquese.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT,VEINTIDÓSDE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. RECEPCIÓN DE ESCRITO. Téngase por recibido el ocurso signado por **, con el cual en cumplimiento a la prevención contenida en proveído de catorce de enero del presente año, adjuntan el escrito de demanda completo en original y las copias de traslado a fin de distribuirlas entre las partes. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que exista un motivo de improcedencia y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. Analizada la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señaló como acto reclamado la interlocutoria de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, emitida en el expediente número 233/2013, del índice del Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Las Varas, Nayarit, por la que se declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por el autorizado judicial de la parte actora, aquí tercero interesado, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de remate en primera almoneda. En ese tenor, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior (.)". La fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, establece la improcedencia del juicio de garantías, que derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional. Es decir, el catálogo de causas de improcedencia legal no es limitativo sino enunciativo, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. Por su parte, el diverso artículo 107, fracción IV, señala que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de dos tipos de actos: 1) Los ejecutados fuera de juicio; y 2) Los ejecutados después de concluido. Ahora bien, tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que concretamente se está reclamando, pues de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo tercero de la fracción en análisis, en tratándose del procedimiento de remates, el amparo únicamente podrá promoverse en contra de la última resolución, que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse el juicio de garantías, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se reclame el citado otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Con el propósito de esclarecer lo que debe entenderse como la última resolución a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por esa resolución debe entenderse aquella en la que expresa o tácitamente confirma o anula la declaración de fincado el remate o la adjudicación del bien. Lo anterior lo realizó a través de la Jurisprudencia P./J. 32/2001, que es aplicable al caso por analogía, emitida por el Pleno del máximo tribunal del país, visible en la página treinta y uno, Tomo XIII, abril de dos mil uno, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En el caso de estudio, se reclama la interlocutoria de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, emitida en el expediente número 233/2013, del índice del Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Las Varas, Nayarit, por la que se declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por el autorizado judicial de la parte actora, aquí tercero interesado, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de remate en primera almoneda. Luego, del escrito de demanda, se desprende que la controversia de origen se encuentra en la etapa de ejecución, aunado a que la parte promovente manifestó bajo protesta de decir verdad que el acto reclamado deriva de un auto emitido en etapa de ejecución de sentencia. Ello, porque en el juicio de origen se les llamó a juicio con el carácter de acreedores preferentes del bien objeto del remate, motivo por el cual comparecieron a la audiencia de remate en primera almoneda, en la que presentaron incidente de tercería excluyente de preferencia y, entre otras cosas, se suspendió esa audiencia, a fin de recabar cierta información. Audiencia que fue impugnada a través del recurso de revocación, por el autorizado judicial de la parte actora, aquí tercero interesado, y en el que se dictó la interlocutoria reclamada en este juicio. Asentado lo anterior, se concluye que el acto impugnado se emitió en la etapa de ejecución de sentencia en el juicio de origen. Sin embargo, éste no constituye la última resolución dictada en esa fase procedimental de ejecución, puesto que por tal debe entenderse la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, y en la especie no acontece. Por tanto, si el amparo indirecto únicamente procede, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, contra la última resolución pronunciada en la fase de ejecución, en la que además podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, es incuestionable que al no revestir las características propias de ese tipo de determinaciones el acto aquí reclamado se actualiza la causal de improcedencia analizada. Debiendo destacarse que lo establecido en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, tiene su justificación en el hecho de que, siendo el procedimiento una cuestión de orden público, debe limitarse la promoción del amparo, procediendo únicamente en los casos en que ya se haya dictado la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia, pudiéndose reclamar en éste las probables infracciones formales que se hubieran cometido en esa etapa, pues dicha disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, a efecto de evitar la promoción reiterada e innumerable de juicios de garantías que pudieran tener como finalidad, únicamente, retardar o entorpecer la ejecución de la sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada. De ahí que, se reitere, lo reclamado por la parte solicitante de amparo no es la última resolución para acudir en amparo indirecto, ya que por ésta debe entenderse la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; aunado, a que los promoventes expresaron bajo protesta de decir verdad que en el juicio de origen se les llamó con el carácter de acreedores preferentes del bien objeto del remate, motivo por el cual comparecieron a la audiencia de remate en primera almoneda, en la que presentaron incidente de tercería excluyente de preferencia y, entre otras cosas, se suspendió esa audiencia, a fin de recabar cierta información; por ende, no son terceros extraños a juicio, en términos del precepto 107, fracción VI de la Ley de Amparo. Es ilustrativo a lo anterior, la siguiente Tesis I.11o.C.190 C, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página tres mil trescientos treinta y ocho, Tomo XXVI, Octubre de dos mil siete, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto rezan: "TERCERO EXTRAÑO. NO TIENE ESE CARÁCTER QUIEN HABIENDO SIDO LLAMADA AL PROCEDIMIENTO DE REMATE COMO ACREEDORA PROMUEVE EL JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA ACTOS DICTADOS DURANTE ESA ETAPA, SI AÚN NO SE EMITE LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE QUE LO APRUEBE O DESAPRUEBE. Ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no puede tenerse con el carácter de tercero extraño a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño y reclamar la falta de emplazamiento o llamamiento a juicio, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo. Ahora bien, aplicando ese mismo criterio de manera analógica, si la persona que promueve el juicio de amparo indirecto ostentándose como tercera extraña al procedimiento de remate, reclama no haber sido llamada al mismo en su carácter de acreedora del bien inmueble objeto de remate, así como también reclama diversos proveídos emitidos en esa fase del procedimiento y, sin embargo, de las constancias relativas se advierte que tuvo conocimiento de las transgresiones que reclama antes de que se llevara a cabo la audiencia de remate y por vía de consecuencia, antes de que sea emitida la sentencia respectiva que lo apruebe o desapruebe, aunado a que en el juicio de origen se le reconoció el carácter de acreedora del bien objeto del remate; ello trae como consecuencia que no pueda considerársele como tercera extraña al juicio, al estar en plena posibilidad de interponer los recursos ordinarios o medios de defensa que la legislación procesal común establece en contra de los actos reclamados, y en su caso, alegar tales violaciones que se den durante esa fase del procedimiento, al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia de remate que llegue a emitirse, en términos de lo dispuesto en el tercer párrafo de la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que al no tener el carácter de tercera extraña al procedimiento de remate, la misma debe sujetarse a las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, esto es, que el amparo que se pida ante el Juez de Distrito, tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben". Asimismo, apoya a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia VII.2º.C. J/29, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página mil seiscientos setenta y dos, Tomo XXIX, Febrero de dos mil nueve, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa". De igual forma, la tesis I.1o.C.20 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en página 953, registro 187660, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. PROCEDE EL AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN A INCIDENTES Y PROCEDIMIENTOS AUTÓNOMOS TRAMITADOS CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA DEFINITIVA. El procedimiento de ejecución de sentencia inicia una vez que el juicio ha concluido por sentencia definitiva y se integra por el mandamiento en el que el Juez ordena requerir al demandado que cumpla con la obligación establecida en la condena; en el caso de obligaciones de dar, la negativa de efectuar el pago motiva el embargo de bienes, su avalúo, la publicación de edictos para convocar postores y las audiencias de almoneda para concluir con la sentencia que aprueba el remate; de conformidad con lo anotado, la intelección del artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, es en el sentido de que el juicio biinstancial de garantías sólo procede contra esa resolución; en cambio, el párrafo anterior de dicho dispositivo se refiere en términos más generales a todos los actos de ejecución de sentencia, respecto de los cuales se restringe la procedencia del juicio hasta el momento en que se dicte la última resolución y, junto con ella, podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento; esta disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, con el derecho de los gobernados de someter al análisis constitucional todo acto de autoridad. Por esta razón, conviene distinguir los procedimientos que se tramitan en la etapa de ejecución, entre los que destacan el procedimiento de remate, identificado con la ejecución forzosa, que sólo pueden impugnarse en amparo cuando se dicta sentencia que lo aprueba o desaprueba; el incidente de liquidación de la condena, que tiene la finalidad de traducir a un importe en dinero la condena establecida en términos generales y abstractos o cualquier otro incidente o procedimiento suscitado después de la sentencia definitiva, que pueden impugnarse en el juicio de amparo con motivo de la resolución que les ponga fin, una vez agotado el principio de definitividad, los cuales no guardan vinculación entre sí, aun y cuando se tramiten y resuelvan todos ellos durante la etapa de ejecución de sentencia; por lo que la procedencia del amparo en su contra, se rige siempre por la regla de que se promueva contra la última resolución dictada en cada uno de esos procedimientos, pues dada su eventualidad y su autonomía, no existe razón para relacionarlos unos con otros, si bien en la misma demanda de amparo es factible impugnar las violaciones suscitadas durante la secuela procesal que los rige". También, resulta aplicable a lo anterior, la tesis número 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 230 y 231, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, que es del texto siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". Así como la tesis sostenida en la Novena Época, por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 1262, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia". Sin que pase inadvertido para esta juzgadora, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia por contradicción número P./J. 108/2010, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE", que determina la procedencia del amparo biinstancial en contra de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos subjetivos, dado que por las razones ya expuestas en párrafos precedentes, en el caso, el acto reclamado emana de una controversia de carácter judicial en la que los promoventes tienen el carácter de acreedores preferentes, a la cual se les llamó y comparecieron a la audiencia de remate en primera almoneda, presentaron incidente de tercería excluyente de preferencia y, entre otras cosas, se suspendió esa audiencia, a fin de recabar cierta información; por ende, deberán reclamar, en su caso, la determinación que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, dado que en ésta se debe determinar la legalidad o ilegalidad del procedimiento de ejecución; aunado a que, la misma debe sujetarse a las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, esto es, que el amparo que se pida ante el Juez de Distrito, tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; tanto más, que su reclamo a través de la vía constitucional, retardaría de manera injustificada su prosecución. DESECHAMIENTO. Consecuentemente, al acreditarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del precepto 61, correlativo con el 62 y 107, fracción IV, de la Ley de la materia, lo procedente es DESECHAR de PLANO la demanda promovida por Leonardo González Celaya, Aldo Arizandi Navarro Joya y Esmeralda Magdalena Díaz Zavala, contra el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Las Varas, Nayarit, por las consideraciones expuestas en la presente determinación. AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con base en lo establecido en el numeral 27, fracción I de la Ley de Amparo actual, se tiene como autorizado en términos amplios del arábigo 12 de la legislación invocada, a Keith Alberto Jorge Castañeda Pulido. Por otra parte, acorde a lo previsto en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se le tiene señalando como correo electrónico k0726@hotmail.com, únicamente con el propósito de entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, pues el objetivo de ello es, que el personal de actuaría de este Juzgado Federal establezca contacto con la propia parte agraviada para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicársele resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE COMÚN.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. RECEPCIÓN DE ESCRITO. Téngase por recibido el ocurso signado por **, con el cual en cumplimiento a la prevención contenida en proveído de catorce de enero del presente año, adjuntan el escrito de demanda completo en original y las copias de traslado a fin de distribuirlas entre las partes. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que exista un motivo de improcedencia y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. Analizada la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señaló como acto reclamado la interlocutoria de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, emitida en el expediente número 233/2013, del índice del Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Las Varas, Nayarit, por la que se declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por el autorizado judicial de la parte actora, aquí tercero interesado, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de remate en primera almoneda. En ese tenor, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior (.)". La fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, establece la improcedencia del juicio de garantías, que derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional. Es decir, el catálogo de causas de improcedencia legal no es limitativo sino enunciativo, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. Por su parte, el diverso artículo 107, fracción IV, señala que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de dos tipos de actos: 1) Los ejecutados fuera de juicio; y 2) Los ejecutados después de concluido. Ahora bien, tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que concretamente se está reclamando, pues de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo tercero de la fracción en análisis, en tratándose del procedimiento de remates, el amparo únicamente podrá promoverse en contra de la última resolución, que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse el juicio de garantías, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se reclame el citado otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Con el propósito de esclarecer lo que debe entenderse como la última resolución a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por esa resolución debe entenderse aquella en la que expresa o tácitamente confirma o anula la declaración de fincado el remate o la adjudicación del bien. Lo anterior lo realizó a través de la Jurisprudencia P./J. 32/2001, que es aplicable al caso por analogía, emitida por el Pleno del máximo tribunal del país, visible en la página treinta y uno, Tomo XIII, abril de dos mil uno, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En el caso de estudio, se reclama la interlocutoria de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, emitida en el expediente número 233/2013, del índice del Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Las Varas, Nayarit, por la que se declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por el autorizado judicial de la parte actora, aquí tercero interesado, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de remate en primera almoneda. Luego, del escrito de demanda, se desprende que la controversia de origen se encuentra en la etapa de ejecución, aunado a que la parte promovente manifestó bajo protesta de decir verdad que el acto reclamado deriva de un auto emitido en etapa de ejecución de sentencia. Ello, porque en el juicio de origen se les llamó a juicio con el carácter de acreedores preferentes del bien objeto del remate, motivo por el cual comparecieron a la audiencia de remate en primera almoneda, en la que presentaron incidente de tercería excluyente de preferencia y, entre otras cosas, se suspendió esa audiencia, a fin de recabar cierta información. Audiencia que fue impugnada a través del recurso de revocación, por el autorizado judicial de la parte actora, aquí tercero interesado, y en el que se dictó la interlocutoria reclamada en este juicio. Asentado lo anterior, se concluye que el acto impugnado se emitió en la etapa de ejecución de sentencia en el juicio de origen. Sin embargo, éste no constituye la última resolución dictada en esa fase procedimental de ejecución, puesto que por tal debe entenderse la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, y en la especie no acontece. Por tanto, si el amparo indirecto únicamente procede, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, contra la última resolución pronunciada en la fase de ejecución, en la que además podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, es incuestionable que al no revestir las características propias de ese tipo de determinaciones el acto aquí reclamado se actualiza la causal de improcedencia analizada. Debiendo destacarse que lo establecido en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, tiene su justificación en el hecho de que, siendo el procedimiento una cuestión de orden público, debe limitarse la promoción del amparo, procediendo únicamente en los casos en que ya se haya dictado la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia, pudiéndose reclamar en éste las probables infracciones formales que se hubieran cometido en esa etapa, pues dicha disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, a efecto de evitar la promoción reiterada e innumerable de juicios de garantías que pudieran tener como finalidad, únicamente, retardar o entorpecer la ejecución de la sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada. De ahí que, se reitere, lo reclamado por la parte solicitante de amparo no es la última resolución para acudir en amparo indirecto, ya que por ésta debe entenderse la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; aunado, a que los promoventes expresaron bajo protesta de decir verdad que en el juicio de origen se les llamó con el carácter de acreedores preferentes del bien objeto del remate, motivo por el cual comparecieron a la audiencia de remate en primera almoneda, en la que presentaron incidente de tercería excluyente de preferencia y, entre otras cosas, se suspendió esa audiencia, a fin de recabar cierta información; por ende, no son terceros extraños a juicio, en términos del precepto 107, fracción VI de la Ley de Amparo. Es ilustrativo a lo anterior, la siguiente Tesis I.11o.C.190 C, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página tres mil trescientos treinta y ocho, Tomo XXVI, Octubre de dos mil siete, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto rezan: "TERCERO EXTRAÑO. NO TIENE ESE CARÁCTER QUIEN HABIENDO SIDO LLAMADA AL PROCEDIMIENTO DE REMATE COMO ACREEDORA PROMUEVE EL JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA ACTOS DICTADOS DURANTE ESA ETAPA, SI AÚN NO SE EMITE LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE QUE LO APRUEBE O DESAPRUEBE. Ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no puede tenerse con el carácter de tercero extraño a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño y reclamar la falta de emplazamiento o llamamiento a juicio, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo. Ahora bien, aplicando ese mismo criterio de manera analógica, si la persona que promueve el juicio de amparo indirecto ostentándose como tercera extraña al procedimiento de remate, reclama no haber sido llamada al mismo en su carácter de acreedora del bien inmueble objeto de remate, así como también reclama diversos proveídos emitidos en esa fase del procedimiento y, sin embargo, de las constancias relativas se advierte que tuvo conocimiento de las transgresiones que reclama antes de que se llevara a cabo la audiencia de remate y por vía de consecuencia, antes de que sea emitida la sentencia respectiva que lo apruebe o desapruebe, aunado a que en el juicio de origen se le reconoció el carácter de acreedora del bien objeto del remate; ello trae como consecuencia que no pueda considerársele como tercera extraña al juicio, al estar en plena posibilidad de interponer los recursos ordinarios o medios de defensa que la legislación procesal común establece en contra de los actos reclamados, y en su caso, alegar tales violaciones que se den durante esa fase del procedimiento, al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia de remate que llegue a emitirse, en términos de lo dispuesto en el tercer párrafo de la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que al no tener el carácter de tercera extraña al procedimiento de remate, la misma debe sujetarse a las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, esto es, que el amparo que se pida ante el Juez de Distrito, tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben". Asimismo, apoya a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia VII.2º.C. J/29, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página mil seiscientos setenta y dos, Tomo XXIX, Febrero de dos mil nueve, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa". De igual forma, la tesis I.1o.C.20 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en página 953, registro 187660, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. PROCEDE EL AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN A INCIDENTES Y PROCEDIMIENTOS AUTÓNOMOS TRAMITADOS CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA DEFINITIVA. El procedimiento de ejecución de sentencia inicia una vez que el juicio ha concluido por sentencia definitiva y se integra por el mandamiento en el que el Juez ordena requerir al demandado que cumpla con la obligación establecida en la condena; en el caso de obligaciones de dar, la negativa de efectuar el pago motiva el embargo de bienes, su avalúo, la publicación de edictos para convocar postores y las audiencias de almoneda para concluir con la sentencia que aprueba el remate; de conformidad con lo anotado, la intelección del artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, es en el sentido de que el juicio biinstancial de garantías sólo procede contra esa resolución; en cambio, el párrafo anterior de dicho dispositivo se refiere en términos más generales a todos los actos de ejecución de sentencia, respecto de los cuales se restringe la procedencia del juicio hasta el momento en que se dicte la última resolución y, junto con ella, podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento; esta disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, con el derecho de los gobernados de someter al análisis constitucional todo acto de autoridad. Por esta razón, conviene distinguir los procedimientos que se tramitan en la etapa de ejecución, entre los que destacan el procedimiento de remate, identificado con la ejecución forzosa, que sólo pueden impugnarse en amparo cuando se dicta sentencia que lo aprueba o desaprueba; el incidente de liquidación de la condena, que tiene la finalidad de traducir a un importe en dinero la condena establecida en términos generales y abstractos o cualquier otro incidente o procedimiento suscitado después de la sentencia definitiva, que pueden impugnarse en el juicio de amparo con motivo de la resolución que les ponga fin, una vez agotado el principio de definitividad, los cuales no guardan vinculación entre sí, aun y cuando se tramiten y resuelvan todos ellos durante la etapa de ejecución de sentencia; por lo que la procedencia del amparo en su contra, se rige siempre por la regla de que se promueva contra la última resolución dictada en cada uno de esos procedimientos, pues dada su eventualidad y su autonomía, no existe razón para relacionarlos unos con otros, si bien en la misma demanda de amparo es factible impugnar las violaciones suscitadas durante la secuela procesal que los rige". También, resulta aplicable a lo anterior, la tesis número 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 230 y 231, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, que es del texto siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". Así como la tesis sostenida en la Novena Época, por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 1262, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia". Sin que pase inadvertido para esta juzgadora, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia por contradicción número P./J. 108/2010, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE", que determina la procedencia del amparo biinstancial en contra de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos subjetivos, dado que por las razones ya expuestas en párrafos precedentes, en el caso, el acto reclamado emana de una controversia de carácter judicial en la que los promoventes tienen el carácter de acreedores preferentes, a la cual se les llamó y comparecieron a la audiencia de remate en primera almoneda, presentaron incidente de tercería excluyente de preferencia y, entre otras cosas, se suspendió esa audiencia, a fin de recabar cierta información; por ende, deberán reclamar, en su caso, la determinación que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, dado que en ésta se debe determinar la legalidad o ilegalidad del procedimiento de ejecución; aunado a que, la misma debe sujetarse a las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, esto es, que el amparo que se pida ante el Juez de Distrito, tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; tanto más, que su reclamo a través de la vía constitucional, retardaría de manera injustificada su prosecución. DESECHAMIENTO. Consecuentemente, al acreditarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del precepto 61, correlativo con el 62 y 107, fracción IV, de la Ley de la materia, lo procedente es DESECHAR de PLANO la demanda promovida por Leonardo González Celaya, Aldo Arizandi Navarro Joya y Esmeralda Magdalena Díaz Zavala, contra el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Las Varas, Nayarit, por las consideraciones expuestas en la presente determinación. AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con base en lo establecido en el numeral 27, fracción I de la Ley de Amparo actual, se tiene como autorizado en términos amplios del arábigo 12 de la legislación invocada, a Keith Alberto Jorge Castañeda Pulido. Por otra parte, acorde a lo previsto en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se le tiene señalando como correo electrónico k0726@hotmail.com, únicamente con el propósito de entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, pues el objetivo de ello es, que el personal de actuaría de este Juzgado Federal establezca contacto con la propia parte agraviada para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicársele resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE COMÚN.

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