Leonarda Verdín Delfín

Expediente 514/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 98 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
514/2018
Año
2018
Actuaciones
98
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Leonarda Verdín Delfín
  • Juez Mixto de Primera Instancia Con Sede En Rosamorada, Nayarit
  • LEONARDA VERDÍN DELFÍN y Otros.
  • Alfredo González Rubio
  • Jorge Briones Franco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 98.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sobre devuelto. Vistos el sobre devuelto por el Administrador Postal, con sede en esta ciudad, mismo que contiene el oficio 3666/2022, de cuatro de febrero del año en curso, a consignación de la autoridad responsable Director de Seguridad Pública Municipal de Rosamorada, Nayarit; mediante el cual se le comunica el archivo del presente expediente; sin embargo, agréguese sin mayor pronunciamiento, toda vez que no es necesaria su reexpedición al tratarse del presente de un asunto concluido. Cúmplase.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado de autos, toda vez que la resolución emitida el tres de enero de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, fue practicada a la parte quejosa el cuatro de enero del año en curso, surtió sus efectos al siguiente día hábil, por lo que a la fecha feneció el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, como se advierte de la certificación de cuenta, sin que haya interpuesto recurso alguno contra la misma; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los arábigos 355 y 356, fracción II del Código Federal e Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley en comento, se declara que la misma ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Legislación de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Destino al cuaderno principal. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en el inciso a) del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues se sobreseyó en el presente juicio y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Destino a los cuadernos incidentales. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a de la fracción I del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar entre otras cosas se concedió, respecto del acto reclamado, con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, de conformidad con el precepto 20, fracción II, inciso a del acuerdo precitado, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, por no resultar necesarias, devuélvanse a la autoridad responsable denominada Juez Mixto de Primera Instancia de Rosamorada, Nayarit, las constancias relativas al acto reclamado, consistentes en un legajo certificado del expediente 312/2015, que se sirvió enviar en apoyo a su informe con justificación; asimismo, solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tepic, Nayarit, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del tres de enero de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 514/2018, promovido por Alfredo González Rubio y Leonarda Verdín Delfín; la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistida por el secretario Jesús Amador Casas que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Además, el secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron presenciar la presente audiencia por videoconferencia en el equipo de cómputo que este juzgado destinó para ello, acorde con el Acuerdo General 21/2020. Asimismo, se certifica que las constancias del presente del expediente electrónico concuerdan fielmente con las que obran en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Acto continuo, el secretario hace una relación de las constancias que obran en autos, da cuenta con: a) Escrito de demanda y documentales anexas (fojas 2 a 21). b) Escrito aclaratorio de demanda y documental anexa (fojas 30 a 36). c) Informes justificados rendidos el Juez y Notificadora del Juzgado Mixto de Rosamorada, Nayarit (foja 77); Director de Seguridad Pública Municipal de Rosamorada, Nayarit (foja 61); así como por el Director Operativo de la Policía Estatal Preventiva en Tepic, por conducto de su representante legal Coordinador Jurídico de la propia dependencia (foja 49). d) Legajo de pruebas consistente en copias certificadas del juicio plenario de posesión 312/2015 que obran en legajo por separado. e) De igual forma, se hace constar que las autoridades responsables Director de Seguridad Pública de la Policía Municipal de Tuxpan, Nayarit y Director de la Policía Municipal de Ruiz, Nayarit, omitieron rendir su informe justificado pese a que obra constancia de que fueron debidamente requeridos sobre el particular (fojas 135 y 137). f) Auto de tres de abril de dos mil dieciocho (fojas 37 a 40), mediante el cual este Juzgado Federal se declaró legalmente incompetente de plano respecto a los actos reclamados consistentes en las órdenes de aprehensión dictadas dentro de los procesos penales 86/2014 y 85/2014 del índice del Juzgado Mixto de Rosamorada, Nayarit; así como las órdenes de detención giradas en diversas averiguaciones ministeriales; en cambio, se admitió a trámite la demanda exclusivamente respecto a la orden de lanzamiento y la orden de arresto emitidas dentro del juicio plenario de posesión 312/2015. g) Oficio de doce de abril de dos mil dieciocho, que contiene inserto el auto de la propia fecha, en el cual el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit aceptó la competencia declinada por los actos reclamados de referencia (fojas 73 a 75). h) Autos de diecinueve y veintitrés de abril de dos mil dieciocho (fojas 84, 85 y 91), a través de los cuales no se tuvo como tercera interesada a Leobarda Parra Luna, y en cambio sí se le reconoció dicho carácter a Jorge Briones Franco, a quien se le emplazó por medio de edictos (fojas 329, 330, 333, 334, 337, 338, 343 y 345). i) Auto de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, en el que no se tuvieron por objetadas las constancias integrantes del juicio plenario de posesión 312/2015; de igual forma, tampoco se acordó favorable la ratificación de las propias documentales (fojas 131 y 132). j) Proveído de once de junio de dos mil diecinueve, en el que se desecharon de plano las pruebas confesional así como pericial en materia de caligrafía y documentoscopía; y se desechó parcialmente la prueba de inspección judicial únicamente en lo que atañe a los hechos y circunstancias que no pueden ser apreciadas por los sentidos (fojas 348 a 350). k) Auto de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se declaró desierta la prueba testimonial a cargo de Julio Hernández González (foja 435). l) Desahogo de las pruebas testimonial a cargo de María de Jesús Rendón Osuna, así como de inspección judicial en el inmueble ubicado en calle Juan Escutia 21, Zona Centro en Rosamorada, Nayarit (fojas 476 y 558). A lo que la Jueza de Distrito determina: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionadas las constancias y por rendidos los informes justificados. Sin más constancias que deban relacionarse, se abre el periodo probatorio y con apoyo en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas, en razón de su propia naturaleza, las pruebas documentales que ofrecieron las partes, de inspección judicial, testimonial a cargo de María de Jesús Rendón Osuna, y presuncional en su doble aspecto de legal y humana; se cierra dicha etapa y se abre la de alegatos, en la que se tienen por formulados los que hizo valer la parte quejosa así como el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Se cierra la citada fase y se da por terminada esta diligencia, de la que se levanta la presente acta para constancia, acto seguido, se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos que integran el juicio de amparo indirecto 514/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, Alfredo González Rubio y Leonarda Verdín Delfín solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos reclamados siguientes: Como ordenadora el Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Rosamorada, Nayarit. Como ejecutoras la notificadora adscrita al Juzgado de referencia; el Director de Seguridad Pública Municipal de Rosamorada, Nayarit, el Director Operativo de la Policía Estatal Preventiva en Tepic; el Director de Seguridad Pública de la Policía Municipal de Tuxpan, Nayarit; y el Director de la Policía Municipal de Ruiz, Nayarit. Como actos reclamados, la orden de lanzamiento y el arresto emitidos dentro de los autos del juicio plenario de posesión 312/2015; así como la emisión de orden de aprehensión o detención emitidas en su contra. La parte quejosa indicó como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Este órgano jurisdiccional radicó la demanda bajo el expediente 514/2018; previo cumplimiento a la prevención que se formuló a los quejosos, la admitió a trámite el tres de abril de dos mil dieciocho, únicamente por lo actos reclamados consistentes en la orden de lanzamiento y la orden de arresto emitidas dentro del juicio plenario de posesión 312/2015 y en cambio, se declaró legalmente incompetente de plano respecto a los actos reclamados consistentes en las órdenes de aprehensión dictadas dentro de los procesos penales 86/2014 y 85/2014 del índice del Juzgado Mixto de Rosamorada, Nayarit; así como las órdenes de detención giradas en diversas averiguaciones ministeriales; en la propia oportunidad, se solicitó informe justificado a las responsables, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación, y se citó a las partes en día y hora hábil para el desahogo de la audiencia constitucional celebrada al tenor del acta que antecede; por lo que, procede dictar la resolución constitucional respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, es competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme lo establecen los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 60, fracción IV y 124 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que se promueve contra omisiones de autoridades administrativas residentes en la delimitación territorial donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de amparo, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa reclama: La orden de lanzamiento y la orden de arresto emitidas dentro del juicio plenario de posesión 312/2015. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado consistente en la orden de arresto. No es cierto el indicado acto reclamado pues así lo señalaron tanto la autoridad responsable ordenadora Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Rosamorada, Nayarit; así como las ejecutoras notificadora adscrita al Juzgado de referencia; el Director de Seguridad Pública Municipal de Rosamorada, Nayarit y el Director Operativo de la Policía Estatal Preventiva en Tepic (fojas 77, 61 y 49). Tampoco son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Director de Seguridad Pública de la Policía Municipal de Tuxpan, Nayarit y Director de la Policía Municipal de Ruiz, Nayarit, pues si bien omitieron rendir su informe justificado pese a que se les requirió en forma oportuna sobre el particular (fojas 135 y 137), empero no ha lugar a presumir la certeza de los actos reclamados por la parte quejosa, en términos del cuarto párrafo del artículo 117, de la Ley de Amparo, debido a que fueron señalados como autoridades ejecutoras y en esa medida no pueden proceder a ejecutar un mandato inexistente. Al efecto, la fracción IV del arábigo 63 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" De lo reproducido se infiere, que tanto la negativa del acto reclamado o cuando no se demuestra su existencia genera como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de amparo. En este orden de ideas, de la totalidad de las constancias relativas al juicio plenario de posesión 312/2015, no se aprecia que se haya emitido orden de arresto alguna en contra de los aquí quejosos, tal como lo sostuvo en su informe justificado el Juez Mixto de Rosamorada, Nayarit (foja 77). Por ende, al haber resultado inexistente el indicado acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la orden de lanzamiento de seis de marzo de dos mil dieciocho, atribuida a la autoridad responsable ordenadora Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Rosamorada, Nayarit, así como a la notificadora de su adscripción, pues así lo señalaron al rendir su informe justificado en forma conjunta (foja 77), aunado a que lo propio se aprecia de las constancias relativas al juicio de origen (foja 228 del legajo de pruebas que obra por separado). De igual forma, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Director de Seguridad Pública Municipal de Rosamorada, Nayarit y el Director Operativo de la Policía Estatal Preventiva en Tepic, sin que sea óbice que hayan negado su existencia al rendir sus informes justificados (fojas 61 y 49). Ello es así, pues en su carácter de autoridades ejecutoras, están en posibilidad de ejecutar el acto reclamado tan pronto como reciban la indicación por parte de la autoridad responsable ordenadora. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página nueve, del Tomo LXXII, Tercera Parte, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. Aunque las autoridades ejecutoras nieguen el acto reclamado, indudablemente que los actos de ejecución pueden llevarse a cabo en cualquier momento, cuando tales actos son una orden que se encuentra dictada y no queda más que el cumplimiento de la misma; sin que valga el razonamiento en el sentido de que la ejecutora no es competente y no le corresponde la ejecución de la orden reclamada, toda vez que este razonamiento constituye únicamente la afirmación de una de las partes y que indudablemente se encuentra sujeta a prueba, por lo que tal autoridad debe probar en el juicio que a ella no competía la ejecución del acto reclamado; además de que aun probando tal extremo, la concesión de la protección federal no le perjudicaría, puesto que de todas maneras no ejecutaría el acto reclamado, ya sea por virtud del amparo o por la inexistencia a que alude la falta de facultades." Mientras que, las diversas autoridades responsables Director de Seguridad Pública de la Policía Municipal de Tuxpan, Nayarit; y el Director de la Policía Municipal de Ruiz, Nayarit, omitieron rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificados para ello, según se aprecia de las constancias actuariales respectivas (fojas 135 y 137); por tanto, se presume la certeza de los actos reclamados por la parte quejosa, en términos del cuarto párrafo del artículo 117, de la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del arábigo 61, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior (.)". La fracción XXIII del numeral 61 de la ley de la Materia, establece la improcedencia del juicio de garantías, que derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional. Es decir, el catálogo de causas de improcedencia legal no es limitativo sino enunciativo, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. Por su parte, el diverso ordinal 107, fracción IV, señala que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de dos tipos de actos: 1) Los ejecutados fuera de juicio; y 2) Los ejecutados después de concluido. Ahora bien, tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que concretamente se está reclamando, pues de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción en análisis, en tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo únicamente podrá promoverse en contra de la última resolución, que es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse el juicio de garantías. Con el propósito de esclarecer lo que debe entenderse como la última resolución a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del precepto 107 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por esa resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior lo realizó a través de la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno del máximo tribunal del país, visible en la página treinta y uno, Tomo XIII, abril de dos mil uno, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Es oportuno indicar, que si bien el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, señala que tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de garantías indirecto deberá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Asimismo, debe aclararse que la Suprema Corte de Justicia ha señalado que existen casos de excepción a esa regla, pues el amparo también podrá solicitarse contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia cuando éstos gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia emitida en el juicio natural. Esto es así, ya que la razón de limitar la procedencia del juicio de garantías a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, tiene como propósito evitar que en un abuso del ejercicio del juicio de amparo se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que ello se considera de orden público, de ahí que dicha ejecución no debe ser entorpecida ni siquiera por la parte que haya resultado vencedora en la contienda del juicio natural que dio origen a la sentencia que se pretende ejecutar. Además, cabe agregar, que como los procedimientos de ejecución de sentencia tienen como propósito dar cumplimiento a lo condenado, el párrafo segundo de la fracción en análisis también limita la procedencia del juicio de garantías a la resolución o determinación que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o, en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo cual implica que cualquier violación intermedia cometida en el procedimiento de ejecución de sentencia, por regla general, necesariamente podrá invocarse cuando se reclame la resolución definitiva antes referida. Ilustra lo dicho, por analogía la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cinco, Tomo XX, julio de dos mil cuatro, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." De igual modo, apoya a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 29/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XVII, Junio de dos mil tres, página once, del órgano de difusión arriba señalado, del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquéllos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa de denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro de juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías". En el caso concreto, el acto reclamado consiste en el proveído de seis de marzo de dos mil dieciocho, emitido dentro del juicio plenario de posesión 312/2015 (visible a fojas 228 del legajo de pruebas). En dicha determinación, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la diligencia de puesta en posesión respecto al bien inmueble materia de la litis, requiriéndose a los demandados aquí quejosos para que dentro del lapso de cinco días dieran cumplimiento a la sentencia definitiva que obraba en autos. En este tenor, el acto que se destaca como reclamado, no se trata de la última resolución dictada dentro del juicio de origen, toda vez que no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ni tampoco se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino que únicamente constituye una consecuencia directa e inmediata de la ejecución de la sentencia emitida dentro del juicio de origen. Sin que tampoco se estime que dicho acto afecte directamente efectos sustantivos pues se trata únicamente de la determinación que ordena la ejecución de la sentencia. En consecuencia, a fin de combatir los actos procesales que se emitan dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, debe estarse en el supuesto normativo de que se trate de la última resolución dictada dentro de dicha etapa, oportunidad en la cual podrá impugnar las violaciones procesales que se hayan cometido dentro de la misma, según se ha precisado con antelación dentro de esta propia resolución de control constitucional. Sin que pase inadvertido que los aquí quejosos Alfredo González Rubio y Leonarda Verdín Delfín, tienen reconocido el carácter de parte demanadada en dicho sumario, calidad con la cual se les emplazó a juicio, al cual comparecieron a deducir los derechos que les son propios. En efecto, de las constancias certificadas del juicio 312/2015, se advierte que por diligencias de doce de agosto de dos mil quince, se emplazó a juicio a los demandados aquí quejosos Alfredo González Rubio y Leonarda Verdín Delfín (fojas 19 y 22 del legajo de pruebas). Posteriormente, el primero de ellos compareció a juicio y se allanó a las pretensiones de la parte actora (foja 32 ídem). El cuatro de diciembre de dos mil quince, se dictó sentencia por el Juez del conocimiento en la que condenó a los demandados a la desocupación y entrega del bien inmueble en el cual habitan (fojas 72 a 75). De igual forma, tanto Alfredo González Rubio, como Leonarda Verdín Delfín, interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia que les fue desfavorable (fojas 99 a 101 y 102 a 104); medio de impugnación que fue resuelto en el sentido de confirmar la sentencia recurrida (fojas 117 a 126). De dichas constancias se desvirtúa por tanto el carácter de terceros extraños a juicio por equiparación con el que se ostentaron los quejosos en su demanda de amparo. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del arábigo 61, en relación con la fracción IV del dispositivo 107, ambos de la Ley de Amparo, lo que se impone es sobreseer en el presente juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Así, por lo expuesto y fundado conforme a los artículos 65, 73, 74, 75, 76 y 217 de Ley de Amparo Vigente se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Alfredo González Rubio y Leonarda Verdín Delfín contra el acto que reclamó del Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Rosamorada, Nayarit, notificadora adscrita al Juzgado de referencia, Director de Seguridad Pública Municipal de Rosamorada, Nayarit, Director Operativo de la Policía Estatal Preventiva en Tepic, Director de Seguridad Pública de la Policía Municipal de Tuxpan, Nayarit y el Director de la Policía Municipal de Ruiz, Nayarit; de conformidad con los argumentos y el fundamento contenido en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Jesús Amador Casas, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con treinta y cuatro minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, se advierte que, en cumplimiento al oficio SEADS/1148/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario encargado del despacho de 22/01/22 18:58:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b0.54 Roberto Alvardo Hernández la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre del año en cita la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes funge como Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; por tanto, se hace del conocimiento de las partes dicha circunstancia, con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación en tratándose de alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo. Luego, a fin de dar margen a que las partes se impongan de lo anterior y no dejarlas en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.

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