Leonardo Xavier Hernández Solano
Expediente 1393/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1393/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/08/2023
Partes del expediente
- Leonardo Xavier Hernández Solano
Actuaciones
- Principal
Tepic, Nayarit, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, informó que se recibió el recurso de queja interpuesto por Karla Castañeda Tejeda, registrándolo bajo el número 723/2022 de su índice; por lo que, la determinación judicial que se dicte en el mismo puede influir en lo que se resuelva en el presente juicio de amparo. Diferimiento y audiencia constitucional. Se difiere la audiencia constitucional de referencia y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, con la finalidad de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de alegar lo que a su derecho convenga. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Francisco Javier Soto Moreno, que autoriza y da fe.
- Principal
RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ****************************************contra los actos que reclamó del Director General y Comité de Vigilancia ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit; por los motivos y para los efectos expuestos en los considerandos quinto y último de la presente resolución. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes; asimismo********************procédanse a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)
- Principal
. TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Apertura del incidente. Tramítese por cuerda separada y en un solo cuaderno físico el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 31/2023, promovido por Nubia Patricia Osuna Olavarría, contra actos reclamados al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit (CECyTEN), con residencia en esta ciudad y otras autoridades, ello en atención a que el expediente electrónico hará las veces del duplicado, de conformidad con el artículo 264 del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Informe Previo. Con apoyo en los dispositivos 138, fracción III, 140, primer párrafo y 142, primer párrafo de la ley de la materia, pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al en que reciba el oficio respectivo, en el cual, deberá concretarse a expresar si es o no cierto el acto reclamado que se le atribuye, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este Juzgado Federal establecer el monto de las garantías correspondientes que puedan fijarse; al efecto, envíesele copia simple de la demanda. Apercibimiento. En caso de no rendir su informe previo en forma oportuna, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 142 del ordenamiento legal en cita, se presumirá la certeza de los actos que se les reclaman. Audiencia incidental. Se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente, en términos de lo dispuesto por el arábigo 138, fracción II de la Ley de Amparo. Suspensión provisional. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, los requisitos para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados a petición de parte son: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza; 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Las consideraciones anteriores se encuentran contenidas en la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 10, septiembre de 2014, tomo III, página: 2347: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal". En el caso, la parte quejosa señaló el acto reclamado a la autoridad responsable en los términos siguientes: "A). DE TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LES RECLAMO LA "CONVOCATORIA DEL PROCESO DE PROMOCIÓN A CARGOS CON FUNCIÓN DIRECTIVA DE SUPERVISIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CICLO ESCOLAR 2023-2024", de fecha de diciembre del año 2022, suscrita por el Lic. Juan Gabriel González en su calidad de Director General del CECYTE Nayarit. En la que de forma ilegal se pone a concurso mi puesto de trabajo de responsable del plantel CECYTEN EMSaD Tepuzhuacán, ubicado en la localidad de Tepuzhuacán del municipio de Amatlán de cañas, del estado de Nayarit, y se establece de forma falsa que este se encuentra vacante, siendo que lo vengo ocupando desde el año 2017 a la fecha actual, Convocatoria que además violatoria del derecho de igualdad y no discriminación y por medio de la cual pretenden despojarme de mi empleo y en consecuencia del salario que es el sostén de mi familia. La que violenta los artículos 1°, 3°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Federal y TRATADOS INTERNACIONALES: 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por transgresión de los artículos 7 fracción XVI, 16 fracción I, 34, 57 y demás relativos y aplicables de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros B). DE TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LES RECLAMO: EL ILEGAL PROCESO DE EMISIÓN DE LA "CONVOCATORIA DEL PROCESO DE PROMOCIÓN A CARGOS CON FUNCIÓN DIRECTIVA O DE SUPERVISIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CICLO ESCOLAR 2023-2024", de fecha 09 de diciembre del año 2022. Suscrita por el Lic. Juan Gabriel González en su calidad de Director General del CECYTE Nayarit La que violenta los artículos 1°, 3°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Federal y TRATADOS INTERNACIONALES: 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Ordenamientos todos que se refieren al derecho a la Seguridad y a la Justicia), por transgresión de los artículos 7 fracción XVI, 16 fracción l, 34 y demás relativos y aplicables de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros". Suspensión provisional. De conformidad con los numerales 128, 131, 132 y 147 de la ley en cita, se CONCEDE a la parte quejosa ********************la suspensión provisional con la finalidad de que a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada no se realice la asignación y otorgamiento del nombramiento de mérito esto es, encargada del CECyTEN EMSaD, plantel Tepuzhuacán, hasta en tanto los entes responsables tengan conocimiento sobre lo que se resuelva respecto de la suspensión definitiva; en la inteligencia de que si lo anterior ya se encuentra ejecutado, la suspensión sólo producirá el efecto para que las cosas se mantengan en, el estado que guardan. Lo anterior, con fundamento en el precepto 150, de la ley de la materia, toda vez que el aspecto medular que debe dilucidarse, para determinar si la suspensión puede o no tener el efecto de paralizar el procedimiento, es la irreparabilidad del daño ocasionado a la parte quejosa y en atención a que si ésta se llegara a ejecutar, se causarían daños de difícil reparación con sus respectivas consecuencias jurídicas al agraviado, por lo que resulta indudable que la suspensión debe concederse; aunado a que, el Juzgador debe dictar las medidas necesarias para conservar la materia del amparo tal y como lo dispone el ordenamiento legal citado con anterioridad. Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia seiscientos ocho, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible la página quinientos cincuenta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete al dos mil, cuyo texto y rubro es: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA.- Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos.". Ello, en virtud de que se encuentran satisfechos los extremos del numeral 129 de la Ley de Amparo, ya que la suspensión provisional fue solicitada por la parte agraviada, al concederla, no se atenta contra el interés social, tampoco se contravienen disposiciones de orden público y si se llega a ejecutar el acto reclamado, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionen al promovente. En cuanto a que la suspensión provisional surte efectos de inmediato, obedece a que de no ser así, se dejaría en estado de indefensión a la parte quejosa, puesto que las autoridades responsables estarían en posibilidades de ejecutar el acto reclamado con los consiguientes perjuicios para el agraviado. Cobra aplicación, la tesis de Jurisprudencia 43/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XIII, correspondiente al mes de Abril del año dos mil uno, página doscientos sesenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.- De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 125, 130 y 139 de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, y a la garantía que el quejoso debe otorgar en los casos en que aquéllas sean procedentes, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, y atendiendo a la naturaleza, objeto, requisitos de procedencia y efectividad de la medida cautelar de que se trata, así como al principio general de derecho que se refiere a que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, se arriba a la conclusión de que respecto a la suspensión provisional que se puede decretar con la sola presentación de la demanda, cuando exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, tomando el Juez de Distrito las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero, y a virtud de la cual se ordena mantener las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, surte sus efectos, al igual que ésta, inmediatamente después de que se concede y no hasta que se exhiba la garantía fijada, porque de lo contrario no se cumpliría con su finalidad, que es la de evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación. Además, debe tomarse en cuenta que ante el reciente conocimiento de los actos reclamados, el quejoso está menos prevenido que cuando se trata de la suspensión definitiva, y si ésta surte sus efectos desde luego, aun cuando no se exhiba la garantía exigida, lo mismo debe considerarse, por mayoría de razón, tratándose de la suspensión provisional, sin que ello implique que de no exhibirse garantía deje de surtir efectos dicha suspensión.". Por otro lado, es preciso indicar que la Ley de Amparo, establece en su numeral 138, que debe efectuarse el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. La apariencia del buen derecho se traduce en un estudio previo de la cuestión planteada para realizar un juicio de probabilidad sobre la procedencia de lo solicitado por quien promovió el juicio de amparo; por tanto, en la especie este Juzgado Federal, considera que es posible anticipar que en la sentencia de amparo se puede declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que ello implique prejuzgar sobre la certeza del derecho, toda vez que éste se resolverá en la sentencia definitiva en el estudio de fondo del juicio. Apoya lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI. 3o.A.J/21, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página quinientos ochenta y uno, Tomo XVI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de dos mil dos, que a la letra señala: "APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. ALCANCES. Si bien es cierto que con base en la teoría de la apariencia del buen derecho existe la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado cuando es evidente que en relación con el fondo del asunto asiste un derecho al quejoso que hace posible anticipar con cierto grado de acierto que obtendrá la protección federal que busca, tal posibilidad no llega al extremo de hacer en el incidente de suspensión un estudio que implique profundidad en argumentos de constitucionalidad, pues esto es propio de la sentencia que se emita en el juicio principal. Así pues, si en el caso de que se trate no es tan claro preestablecer con sólo "echar un vistazo" a la apariencia del buen derecho si la actuación de la autoridad está apegada a la ley, o bien, si es el peticionario de garantías quien tienen razón en cuanto la tilda de inconstitucional, no cobra aplicación la teoría en comento.". En este orden de ideas, se atiende a las características y naturaleza del caso concreto, tomando en cuenta los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Por otra parte, ponderando el interés social, constitucionalmente tutelado, se aprecia que en la especie no se encuentra sobre el del particular. Ello pues, conforme a la teoría de la ponderación de principios, este órgano jurisdiccional tiene una facultad discrecional para sopesar o ponderar la procedencia de la suspensión con base en el equilibrio de intereses, que, implícitamente a la vez, posibilita o impide, según las circunstancias del caso su operancia, por surtirse o no, las condiciones o requerimientos que se piden. En efecto, por interés social se entiende aquél que debe ser protegido legalmente, por ser de orden público, y que es necesario prevalezca o subsista, aun cuando se afecte un interés particular, no obstante, existen casos como el presente en que el interés del particular no afecta o menoscaba el interés social y el orden público, sino que por el contrario, la sociedad se encuentra interesada en que se respete la garantía de audiencia a los gobernados, a fin de que pueda privárseles a éstos de sus derechos; máxime que, ello constituye un derecho humano salvaguardado por el artículo 14 Constitucional; esto es, la sociedad está interesada en que se cumplan eficazmente las disposiciones de orden público, para poder sostener el bienestar de la comunidad. Los anteriores razonamientos, se contienen dentro del texto de la Jurisprudencia P.J. 15/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página dieciséis, Tomo III, Abril de mil novecientos noventa y seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.". De igual forma, resulta aplicable el criterio que se contiene en la Jurisprudencia 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos quince, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida.". En ese contexto, al efectuar el análisis del acto reclamado, en correlación con la naturaleza de la violación que se alega, es dable conceder la suspensión del acto reclamado, pues en el caso concreto se satisfizo la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva la materia del juicio; máxime que, con la concesión de la suspensión no se lesionan el interés social y el orden público. Garantía. Sin que en el caso sea factible exigir garantía alguna a la parte quejosa, a fin de que surta efectos la suspensión provisional concedida, ello de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo, toda vez que en la especie no existe tercero interesado que pueda resentir algún daño o perjuicio, como tampoco interés fiscal alguno que garantizar. Esta medida suspensiva, no surte sus efectos en caso de que los actos provengan de autoridades distintas a las señaladas como responsables, se trate de actos posteriores a la presentación de la demanda, que dio origen al juicio de amparo al que corresponden estos cuadernos incidentales. Dicha medida, no surtirá efectos si se está en presencia de actos consumados. De igual modo, la medida cautelar no surtirá efectos si deviene de una sentencia que se emita en cumplimiento a una ejecutoria de amparo o por alguna diversa medida cautelar decretada en un juicio de amparo. Notificaciones a las autoridades. Las notificaciones a las autoridades responsables y con carácter de terceras interesadas, respecto de acuerdos de trámite que no sean trascendentales, serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado federal. Habilitación de días y horas inhábiles. De igual manera, en obvio de mayores dilaciones, desde este momento se habilitan días y horas, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el dispositivo 21 de la Ley en comento. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Javier Iván Ruiz Salcedo, que autoriza y da fe. MGCE
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