Leonardo Ponce Pérez
Expediente 1406/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1406/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 05/11/2018
Partes del expediente
- Leonardo Ponce Pérez
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual en vía alcance del diverso comunicado 1212/2018-B, mediante el cual envió testimonio certificado de la resolución emitida el once de octubre de dos mil dieciocho, dentro del incidente de inejecución de sentencia 21/2018, derivado del presente juicio de amparo 1438/2015; así como los autos originales del citado sumario constitucional, remite diversos anexos certificados; en tal virtud, agréguense para los efectos legales correspondientes; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Asimismo, dígase que deberá estarse a lo determinado en proveído de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho.
- Principal
**TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el dos de octubre del año en curso y anexos al mismo (fojas 102 a 103), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, comunicó la forma en que la aludida responsable informo dar cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de amparo, que concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Leonardo Ponce Pérez. Mediante proveído de cuatro de octubre de la presente anualidad (foja 104), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El anterior acuerdo, se notificó a la parte quejosa por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, el once de octubre actual (foja 107), sin que hubiera desahogado esa vista. Por consiguiente, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (fojas 52 a 79), en el que se determinó, por una parte sobreseer en el presente juicio y, por otra, conceder el amparo y protección de la justicia de la unión, para los efectos siguientes: "a) Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito.. b) Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, respecto de la cantidad de $9,912.76 (nueve mil novecientos doce pesos 76/100 moneda nacional), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO; así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit". c) De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A).- Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 del mismo ordenamiento legal, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; esto es, para que vigilaran que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la promovente del amparo, en el presente y en el futuro; y B).- Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, con motivo de la inscripción de instrumento público número 15,501 (quince mil quinientos uno), tomo quincuagésimo octavo, libro cuatro del Protocolo a cargo del Notario Público número Cinco, con residencia en esta ciudad; C).- Finalmente, la cantidad remanente a devolver debe ser debidamente actualizada. Luego, a través del oficio DJC/5505/2018, de dos de octubre de la presente anualidad, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el dos de octubre del presente año (foja 102), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el comunicado de mérito, adjuntó copia simple del reporte de Transferencia SPEI, (foja 103), que contiene la suma de la cantidad erogada y su actualización correspondiente, de lo cual se advierte su devolución, cantidad que resultó de descontarle la cuota fija mínima de**que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió la cantidad de $9,778.53 (nueve mil setecientos setenta y ocho pesos con cincuenta y tres centavos moneda nacional), que corresponde al monto erogado por la parte quejosa con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en ocho de junio de dos mil dieciocho, como fue señalado en sentencia y que el dos de octubre dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto total actualizado de dicho recibo (foja 102), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de junio a octubre de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre entre el índice para el mes de junio de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil dieciocho fue de 132.282 y para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue de 100.917, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.76289; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, esto es la cantidad de $9,912.76 (nueve mil novecientos doce pesos 76/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de * que corresponde a la cuota mínima establecida para cada uno de los actos jurídicos que el quejoso inscribió; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $0.00 (cero pesos 00/100, moneda nacional) y que la suma que la autoridad responsable debía devolver era la de **por lo que este juzgado considera que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $9,352.76 (nueve mil trescientos cincuenta y dos pesos 76/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $9,778.53 (nueve mil setecientos setenta y ocho pesos con cincuenta y tres centavos moneda nacional), es decir hay un excedente de $425.77 (cuatrocientos veinticinco pesos con setenta y siete centavos), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de obtenerla, así como los que efectué la quejosa, a fin de reintegrar dicho monto, serían mayores al beneficio de devolver el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio, por una parte se SOBRESEYÓ y, por otra, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio número 495, signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, los autos originales del Juicio de Amparo Indirecto número 242/2018 (auxiliar 443/2018), en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el veintiséis de septiembre del año en curso, y del que se advierte se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa. Agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Asimismo, ténganse por recibidos un disco compacto que contiene el referido fallo y un legajo de pruebas que se adjuntan. Acúsese el recibo de estilo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia simple de la indicada resolución a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso signado por el tercer interesado *, a través del cual, en esencia, solicita se le informe si se encuentra vigente o no la medida precautoria de seis de octubre de dos mil quince, dictado por la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Seis, con sede en esta ciudad, en particular el punto sexto, inciso c, en el que determinó que los quejosos *, se abstuvieran de participar en cualquier asamblea o acto al interior del núcleo agrario denominado la Cruz de Juanacaxtle, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en virtud de que está próxima la nueva elección de los órganos de representación y vigilancia del núcleo agrario en mención, a saber, el dieciséis de octubre de la presente anualidad, por lo que es menester se le precise si los quejosos están en posibilidad de votar y ser votados en esta nueva elección; asimismo, solicita copias certificadas por duplicado del acuerdo recaído a su promoción. Ahora bien, revisadas las constancias de autos, se advierte que mediante interlocutoria de veintiuno de octubre de dos mil quince (fojas 71 a 75), si bien, por una parte se negó la suspensión definitiva a los quejosos por tratarse de actos consumados, por otra parte, respecto de las consecuencias del acto reclamado, consistente en el auto de seis de octubre de dos mil quince, emitido en el expediente agrario 457/2015 del índice del Tribunal Agrario responsable, a través del cual, se determinó conceder la suspensión únicamente para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban, por virtud de que la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, ya había realizado la anotación del acta de asamblea de veintidós de abril de ese mismo año, ello, hasta en tanto las autoridades responsables tuvieran conocimiento que causó ejecutoria la sentencia que se dictara en el juicio principal de donde deriva el presente incidente de suspensión, lo que en el caso aún no acontece; de lo que se obtiene que subsiste la determinación decretada por la autoridad responsable. Por otro lado, con sustento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias certificadas por duplicado que indica el promovente, a su costa, previa toma de razón y constancia de recibo que deje en autos, el propio solicitante o la persona que faculta para ello.
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