Leonardo Salvador Trigueros López

Expediente 1976/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1976/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
24/04/2019

Partes del expediente

  • Leonardo Salvador Trigueros López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista otorgada mediante proveído de uno de abril del año en curso (foja 103); en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 37 a 51), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Los artículos 21, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y por inscripción de préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, respecto de la cantidad de************ que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado y por inscripción de préstamo hipotecario, con sustento el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarado inconstitucional, así como también, realice la devolución de los impuestos adicionales erogados por la quejosa, con sustento en los artículos 11, 12 y 13 de la legislación citada. Cantidad anterior que es derivada del pago declarado inconstitucional que figura en la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece las fracciones I y XVIII, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto..". De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley, a fin de que no le fueran aplicados ni en el presente ni en el futuro; y, B) Devolver a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $560.00 (quinientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, respecto de la diversa cantidad de $20,588.32 (veinte mil quinientos ochenta y ocho pesos 32/100 moneda nacional) que erogo con motivo de la inscripción de instrumento público número, así como por inscripción de préstamo hipotecario; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentados por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit (fojas 82 y 83) informó a este juzgado federal la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica (SPEI) de veintitrés de enero del presente año (foja 83), por la cantidad de $20,508.23 (veinte mil quinientos ocho pesos 23/100, moneda nacional) que corresponde al pago de suerte principal y concept de actualización correspondiente; sin embargo, por auto de catorce de marzo pasado, se determinó que dicha suma era incorrecta, toda vez que a la cantidad erogada que originó el presente juicio, a saber $20,028.32 (veinte mil veintiocho pesos 32/100, moneda nacional), debía de encontrarse actualizada, en virtud que de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual indica que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, se consideró que atendiendo a que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el treinta de agosto de dos mil dieciocho y el veintitrés de enero del presente año, se efectúo la devolución indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretendió devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de agosto de dos mil dieciocho al mes de enero de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio entre el índice para el mes de diciembre de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que a la fecha de devolución no se encontraba publicado el índice relativo a enero, por lo que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, considerando que el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil dieciocho fue 99.909; y para el mes de diciembre del mismo año fue de 103.02. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0311 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada de $20,028.32 (veinte mil veintiocho pesos 32/100, moneda nacional), se obtiene que el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago es la cantidad de $20,651.20 (veinte mil seiscientos cincuenta y un pesos 20/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $622.88 (seiscientos veintidós pesos 88/100 moneda nacional), el cual no fue reintegrado al amparista y, por ende, se requirió a la autoridad exactora para que la reintegrara. Luego, mediante auto de uno de abril de este año, se tuvo a la delegada del recaudador responsable, informando que el quejoso Leonardo Salvador Trigueros López, no se había presentado a efectuar el cobro del cheque número 1197 de la institución bancaria Santander puesto a su disposición con motivo de la actualización de la cantidad condenada en la sentencia amparadora. Por tanto, se DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sin que sea óbice a lo anterior, que del análisis de las constancias de autos, no se aprecia que el promovente del amparo haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hiciera entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector respecto de la actualización de la cantidad condenada; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que el peticionario de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto de la actualización del impuesto reclamado. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista otorgada mediante proveído de uno de abril del año en curso (foja 103); en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 37 a 51), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Los artículos 21, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y por inscripción de préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, respecto de la cantidad de************ que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado y por inscripción de préstamo hipotecario, con sustento el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarado inconstitucional, así como también, realice la devolución de los impuestos adicionales erogados por la quejosa, con sustento en los artículos 11, 12 y 13 de la legislación citada. Cantidad anterior que es derivada del pago declarado inconstitucional que figura en la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece las fracciones I y XVIII, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto..". De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley, a fin de que no le fueran aplicados ni en el presente ni en el futuro; y, B) Devolver a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $560.00 (quinientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, respecto de la diversa cantidad de $20,588.32 (veinte mil quinientos ochenta y ocho pesos 32/100 moneda nacional) que erogo con motivo de la inscripción de instrumento público número, así como por inscripción de préstamo hipotecario; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentados por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit (fojas 82 y 83) informó a este juzgado federal la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica (SPEI) de veintitrés de enero del presente año (foja 83), por la cantidad de $20,508.23 (veinte mil quinientos ocho pesos 23/100, moneda nacional) que corresponde al pago de suerte principal y concept de actualización correspondiente; sin embargo, por auto de catorce de marzo pasado, se determinó que dicha suma era incorrecta, toda vez que a la cantidad erogada que originó el presente juicio, a saber $20,028.32 (veinte mil veintiocho pesos 32/100, moneda nacional), debía de encontrarse actualizada, en virtud que de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual indica que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, se consideró que atendiendo a que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el treinta de agosto de dos mil dieciocho y el veintitrés de enero del presente año, se efectúo la devolución indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretendió devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de agosto de dos mil dieciocho al mes de enero de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio entre el índice para el mes de diciembre de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que a la fecha de devolución no se encontraba publicado el índice relativo a enero, por lo que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, considerando que el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil dieciocho fue 99.909; y para el mes de diciembre del mismo año fue de 103.02. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0311 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada de $20,028.32 (veinte mil veintiocho pesos 32/100, moneda nacional), se obtiene que el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago es la cantidad de $20,651.20 (veinte mil seiscientos cincuenta y un pesos 20/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $622.88 (seiscientos veintidós pesos 88/100 moneda nacional), el cual no fue reintegrado al amparista y, por ende, se requirió a la autoridad exactora para que la reintegrara. Luego, mediante auto de uno de abril de este año, se tuvo a la delegada del recaudador responsable, informando que el quejoso Leonardo Salvador Trigueros López, no se había presentado a efectuar el cobro del cheque número 1197 de la institución bancaria Santander puesto a su disposición con motivo de la actualización de la cantidad condenada en la sentencia amparadora. Por tanto, se DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sin que sea óbice a lo anterior, que del análisis de las constancias de autos, no se aprecia que el promovente del amparo haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hiciera entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector respecto de la actualización de la cantidad condenada; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que el peticionario de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto de la actualización del impuesto reclamado. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, UNO DE ABRIL DE DOS MIL DIEICINUEVE. Se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que el quejoso Leonardo Salvador Trigueros López no se ha presentado a recibir el cheque que se encuentra a su disposición en las instalaciones de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, no obstante de encontrarse debidamente notificado para tal efecto, como lo acredita con el anexo que acompaña. En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, dese vista a la parte quejosa con el comunicado de cuenta y anexo, así como, requiérasele para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la secretaría antedicha a fin de que le hagan entrega del cheque de referencia emitido en cumplimiento a la sentencia dictada en autos; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, UNO DE ABRIL DE DOS MIL DIEICINUEVE. Se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que el quejoso Leonardo Salvador Trigueros López no se ha presentado a recibir el cheque que se encuentra a su disposición en las instalaciones de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, no obstante de encontrarse debidamente notificado para tal efecto, como lo acredita con el anexo que acompaña. En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, dese vista a la parte quejosa con el comunicado de cuenta y anexo, así como, requiérasele para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la secretaría antedicha a fin de que le hagan entrega del cheque de referencia emitido en cumplimiento a la sentencia dictada en autos; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

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