Lee Willard Pue Solórzano
Expediente 577/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 577/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Lee Willard Pue Solórzano
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Se recibe oficio Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, que contiene inserto el auto de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, del que se advierte que el juzgado oficiante no tiene respuesta del pronunciamiento del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con sede en Tampico, con respecto al planteamiento de competencia por conocimiento previo para conocer de la demanda de amparo de que se trata; no obstante, refiere que está a la espera de dicha determinación, lo que comunicará una vez que reciba la misma. Circunstancia de la que se toma conocimiento; por tanto, se está a la espera de que el juzgado oficiante comunique la determinación correspondiente. Cúmplase.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Se recibe oficio Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, que contiene inserto el auto de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, del que se advierte que el juzgado oficiante reservó hacer pronunciamiento sobre la aceptación o no de la incompetencia por razón de territorio planteada; ello, al considerar que se surte competencia por conocimiento previo a favor del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, por lo que ordenó remitir los autos originales del juicio de amparo de que se trata. En esa medida, mediante oficio que derive de este proveído solicítese atentamente al órgano jurisdiccional oficiante, que de no existir impedimento legal alguno, informe el tratamiento dado a la declinatoria de competencia por conocimiento previo planteada al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico. Cúmplase. ...
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Demanda de amparo e identificación de las partes Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra la omisión que reclama de la Junta Especial Número 39 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que considera violatoria del derecho fundamental reconocido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 577/2023. ...Incompetencia Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, como se demuestra enseguida. Marco normativo ... Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Interpretación del marco normativo La competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso. Del segundo precepto transcrito se obtienen tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la tercera regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Caso concreto Ahora, como se indicó, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Junta Especial Número 39 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de emitir respuesta a su escrito de siete de julio de dos mil veintitrés, recibido por la responsable el once siguiente, en el expediente ******************** de su índice, del cual anexó el acuse del que se advierte que solicitó a la autoridad responsable se cerrara la etapa de instrucción y ordenara la formulación del proyecto del laudo; además, como se destacó, el quejoso en el apartado de antecedentes del acto reclamado expuso que a pesar de que en el procedimiento de origen concluyó el desahogo de pruebas, "no se ha continuado con la secuela del procedimiento y lograr con ello que se emita el laudo correspondiente". Así, se colige que el quejoso es el promovente en el juicio laboral natural y su contraparte ********************; además, no existen pruebas pendientes por desahogar, sin que se haya declarado cerrada la etapa de instrucción con la consecuente elaboración del proyecto de laudo. Por lo anterior, se está ante la presencia del reclamo de la paralización del procedimiento de génesis, lo que actualiza la hipótesis de competencia a que se refiere el inciso a) antes precisado, consistente en que es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde tiene ejecución el acto reclamado; ello, porque no obstante que se reclama la omisión de dar contestación a un escrito presentado en el expediente ******************** del control de la Junta Especial Número 39 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, lo cierto es que su pretensión es que la autoridad responsable continúe el procedimiento y declare cerrada la instrucción a efecto de que se formule el proyecto de laudo correspondiente; actuaciones que tienen ejecución material y sus efectos inciden en la residencia de la autoridad que debe proseguir con la secuela procesal. En efecto, el acto reclamado tiene un principio de ejecución material en tanto sus efectos se actualizan dentro del procedimiento laboral de referencia, radicado ante la Junta Especial Número 39 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tampico. Cierto, como lo explica la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión, puesto que en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación; en ese sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Desde la Sexta Época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entendía que dentro de los actos negativos se encuentran las decisiones, ejecuciones u omisiones. En su jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los actos negativos -omisivos- en realidad producen efectos meramente declarativos, es decir, que no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular, consecuentemente, carecen de ejecución material, empero, ha precisado que los actos negativos -omisivos- con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo, producen un cambio en la realidad o modifican un estado existente en las cosas. Ahora, para fijar la competencia por cuestión de territorio, respecto de actos que requieren de ejecución material, no basta que los actos omisivos únicamente produzcan efectos positivos en virtud de un cambio en la realidad o modifiquen un estado existente en las cosas, sino que esos efectos generen o puedan generar materialmente una ejecución. Sentado lo anterior, es inconcuso que el reclamo de la parte quejosa versa en un "no hacer" de la autoridad respecto de algo que inminentemente tiene la obligación de efectuar, en la especie, dar contestación al escrito de la parte quejosa y con ello, continuar con el trámite del procedimiento laboral ********************, con lo que se afectan los derechos subjetivos del quejoso. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Entonces, de conformidad a la forma en que se plantea el acto reclamado y se exponen los antecedentes del mismo en la demanda de amparo, se advierte que el reclamo del quejoso recae sobre actos que tienen la naturaleza jurídica de un acto omisivo con efectos positivos, ya que controvierte la paralización del procedimiento, a través de la falta de respuesta al escrito con el que solicitó su continuidad, lo cual en apariencia es un acto puramente de carácter omisivo; empero, lo cierto es que ese "no hacer" y sus consecuencias tienen efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad responsable continúe con la abstención que se le atribuye, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa, como son los de seguridad jurídica y de acceso a la justicia; ya que se dilata el cierre de la instrucción y con ello la formulación del proyecto del laudo respectivo. Además, resulta de relevancia mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la omisión de pronunciar el laudo constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una afectación en la esfera jurídica del particular, pues con ello se difiere la resolución del juicio, por lo que se deja de garantizar el derecho de acceso efectivo a la administración de justicia, de manera pronta y expedita, a que se refiere el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, es dable concluir que el juzgado competente es el del Distrito cuya residencia se encuentre en el lugar de la autoridad que deba proseguir con la secuela procesal y emitir el acuerdo respectivo a fin de que se resuelva el conflicto laboral, de conformidad con la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame tenga ejecución. Por lo que, de conformidad con el criterio invocado, resulta legalmente competente para conocer de la acción constitucional intentada, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde tiene ejecución el acto reclamado; esto es, el que ejerce jurisdicción en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, que en el caso lo es alguno de los residentes en ese Municipio, como lo establece el Acuerdo General 3/2013. Conclusión En consecuencia, en términos del artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo. Remítase este expediente y las copias de la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico y Ciudad Madero, para que proceda a turnarlo al Juzgado de Distrito que corresponda, a fin de que esté en aptitud de resolver lo que en su opinión proceda, dejándose en su lugar, el cuaderno de antecedentes correspondiente; lo anterior, previa notificación a la parte promovente de este proveído. Por lo cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juzgado de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. Notificación a la parte quejosa Ahora bien, notifíquese personalmente a la parte quejosa este acuerdo, por única ocasión en el domicilio designado para tal efecto en la demanda de amparo que se provee.Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN AL QUEJOSO QUE DICE: Número de expediente: 577/2023 Acuerdo: Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Demanda de amparo e identificación de las partes Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra la omisión que reclama de la Junta Especial Número 39 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que considera violatoria del derecho fundamental reconocido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 577/2023. ...Incompetencia Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, como se demuestra enseguida. Marco normativo ... Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Interpretación del marco normativo La competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso. Del segundo precepto transcrito se obtienen tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la tercera regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Caso concreto Ahora, como se indicó, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Junta Especial Número 39 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de emitir respuesta a su escrito de siete de julio de dos mil veintitrés, recibido por la responsable el once siguiente, en el expediente ******************** de su índice, del cual anexó el acuse del que se advierte que solicitó a la autoridad responsable se cerrara la etapa de instrucción y ordenara la formulación del proyecto del laudo; además, como se destacó, el quejoso en el apartado de antecedentes del acto reclamado expuso que a pesar de que en el procedimiento de origen concluyó el desahogo de pruebas, "no se ha continuado con la secuela del procedimiento y lograr con ello que se emita el laudo correspondiente". Así, se colige que el quejoso es el promovente en el juicio laboral natural y su contraparte ********************; además, no existen pruebas pendientes por desahogar, sin que se haya declarado cerrada la etapa de instrucción con la consecuente elaboración del proyecto de laudo. Por lo anterior, se está ante la presencia del reclamo de la paralización del procedimiento de génesis, lo que actualiza la hipótesis de competencia a que se refiere el inciso a) antes precisado, consistente en que es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde tiene ejecución el acto reclamado; ello, porque no obstante que se reclama la omisión de dar contestación a un escrito presentado en el expediente ******************** del control de la Junta Especial Número 39 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, lo cierto es que su pretensión es que la autoridad responsable continúe el procedimiento y declare cerrada la instrucción a efecto de que se formule el proyecto de laudo correspondiente; actuaciones que tienen ejecución material y sus efectos inciden en la residencia de la autoridad que debe proseguir con la secuela procesal. En efecto, el acto reclamado tiene un principio de ejecución material en tanto sus efectos se actualizan dentro del procedimiento laboral de referencia, radicado ante la Junta Especial Número 39 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tampico. Cierto, como lo explica la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión, puesto que en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación; en ese sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Desde la Sexta Época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entendía que dentro de los actos negativos se encuentran las decisiones, ejecuciones u omisiones. En su jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los actos negativos -omisivos- en realidad producen efectos meramente declarativos, es decir, que no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular, consecuentemente, carecen de ejecución material, empero, ha precisado que los actos negativos -omisivos- con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo, producen un cambio en la realidad o modifican un estado existente en las cosas. Ahora, para fijar la competencia por cuestión de territorio, respecto de actos que requieren de ejecución material, no basta que los actos omisivos únicamente produzcan efectos positivos en virtud de un cambio en la realidad o modifiquen un estado existente en las cosas, sino que esos efectos generen o puedan generar materialmente una ejecución. Sentado lo anterior, es inconcuso que el reclamo de la parte quejosa versa en un "no hacer" de la autoridad respecto de algo que inminentemente tiene la obligación de efectuar, en la especie, dar contestación al escrito de la parte quejosa y con ello, continuar con el trámite del procedimiento laboral ********************, con lo que se afectan los derechos subjetivos del quejoso. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Entonces, de conformidad a la forma en que se plantea el acto reclamado y se exponen los antecedentes del mismo en la demanda de amparo, se advierte que el reclamo del quejoso recae sobre actos que tienen la naturaleza jurídica de un acto omisivo con efectos positivos, ya que controvierte la paralización del procedimiento, a través de la falta de respuesta al escrito con el que solicitó su continuidad, lo cual en apariencia es un acto puramente de carácter omisivo; empero, lo cierto es que ese "no hacer" y sus consecuencias tienen efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad responsable continúe con la abstención que se le atribuye, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa, como son los de seguridad jurídica y de acceso a la justicia; ya que se dilata el cierre de la instrucción y con ello la formulación del proyecto del laudo respectivo. Además, resulta de relevancia mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la omisión de pronunciar el laudo constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una afectación en la esfera jurídica del particular, pues con ello se difiere la resolución del juicio, por lo que se deja de garantizar el derecho de acceso efectivo a la administración de justicia, de manera pronta y expedita, a que se refiere el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, es dable concluir que el juzgado competente es el del Distrito cuya residencia se encuentre en el lugar de la autoridad que deba proseguir con la secuela procesal y emitir el acuerdo respectivo a fin de que se resuelva el conflicto laboral, de conformidad con la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame tenga ejecución. Por lo que, de conformidad con el criterio invocado, resulta legalmente competente para conocer de la acción constitucional intentada, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde tiene ejecución el acto reclamado; esto es, el que ejerce jurisdicción en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, que en el caso lo es alguno de los residentes en ese Municipio, como lo establece el Acuerdo General 3/2013. Conclusión En consecuencia, en términos del artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo. Remítase este expediente y las copias de la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico y Ciudad Madero, para que proceda a turnarlo al Juzgado de Distrito que corresponda, a fin de que esté en aptitud de resolver lo que en su opinión proceda, dejándose en su lugar, el cuaderno de antecedentes correspondiente; lo anterior, previa notificación a la parte promovente de este proveído. Por lo cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juzgado de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. Notificación a la parte quejosa Ahora bien, notifíquese personalmente a la parte quejosa este acuerdo, por única ocasión en el domicilio designado para tal efecto en la demanda de amparo que se provee.Notifíquese.
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