Lenin Uciel Lopez Florez
Expediente 193/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 193/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 17/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Octaviana Ortiz
- Lenin Uciel Lopez Florez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusieran el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia terminada de engrosar el veintiséis de julio de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el presente sumario constitucional. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la misma, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a las autoridades, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Asimismo se advierte, que en el presente expediente, la parte quejosa exhibió diversa documental; por tanto, con fundamento en el punto décimo primero del mencionado acuerdo 1/2009 requiérasele para que dentro del plazo de noventa días naturales contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca en el local que ocupa este juzgado en días y horas hábiles, debidamente identificada para hacerle entrega de dicha documental, apercibida para el caso de no hacerlo así, se procederá a su destrucción junto con las presentes actuaciones. Finalmente, devuélvase al Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral Adscrito al Centro de Justicia Penal, Cuarta Región, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado, consistente en un disco en formato DVD, mismo que contiene la audiencia inicial, dictada en la causa penal RIV-CV/CP-56/2018, de su índice; solicitando el acuse respectivo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISOS.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA LA SENTENCIA DE FECHA VENTISÉIS DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA, QUE DICE: se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Lenin Uciel López Florez, Octaviana Ortíz y Patricia Flores Castillo, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo de la sentencia que se dicta, por las razones expuestas en el último considerando de la misma. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la razón actuarial de cuenta, mediante la cual la actuaria de la adscripción manifiesta su imposibilidad para emplazar a la víctima, aquí tercera interesada de iniciales M. P. E. R., en el domicilio que señala, por las razones que ahí expone. En tales condiciones, y toda vez que en auto de veintiuno de junio del presente año, se concedió a la fedataria pública de la adscripción, la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendientes a la localización del domicilio de la citada tercera interesada, en caso de que el proporcionado no sea el correcto. En consecuencia, y toda vez que de la razón actuarial de cuenta se advierte que la actuaria de la adscripción, se constituyó en un diverso domicilio, en el cual le manifestaron que ahí es en donde puede llevarse a cabo el emplazamiento de la citada tercera interesada, del cual se ordena el resguardo de la información con la protección adecuada, para no revelar el nombre y datos de dicha persona, misma que no está a disposición de las partes, atendiendo a la clasificación confidencial, en términos de lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. VII/2012 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 655, Tomo I, Febrero de 2012, del Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).", Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información." Por tanto, con apoyo en el artículo 27, fracción lll, inciso b) de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional a fin de que corra traslado con copia simple de la demanda de amparo, del auto que la admitió del proveído de diecinueve de junio del dos mil dieciocho y del presente proveído, y emplace a juicio a la citada tercera interesada, en el domicilio señalado por la actuaria de la adscripción, ubicado en esta ciudad; sin perjuicio, a que en el supuesto de que no se desahogara la diligencia en comento, se acordará lo conducente al domicilio foráneo. Notifíquese, y personalmente a la parte tercera interesada.
- Principal
CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA LOS ACUERDOS DE FECHAS VEINTIUNO DE MAYO, DIECINUEVE Y VEINTICINCO DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A LA TERCERA INTERESADA, QUE DIC: Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte mediante oficio 5821/2018 foja 53 del índice de este Juzgado Federal, se requirió al Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral Adscrito al Centro de Justicia Penal, Cuarta Región, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, para que proporcione el domicilio particular actual y correcto de la tercera interesada María del Pilar Escalera Rubio o bien manifieste su imposibilidad para ello; lo anterior para estar en posibilidades de emplazarla al presente asunto. Por ende, a fin de dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional que estaba fijada para esta fecha y, en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Al respecto, es de invocarse por las razones que informa la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, observable a página 89, relativa al mes de mayo de 1991, tomo VII, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe y contenido siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE. DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO CUANDO ELLO TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO. Si al admitirse una demanda de amparo el a quo tuvo como tercero perjudicado a determinada persona, y de las constancias de autos se desprende que no fue emplazada, pero además dicha omisión trasciende al resultado del fallo, debe revocarse la sentencia que se revisa para el efecto de que se reponga el procedimiento a partir de la violación procesal cometida, ordenando se subsane esa irregularidad y hecho lo anterior, se señale nuevo día y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese. -------------------------------------------------------------------------------- Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Lenin Uciel López Florez, Octaviana Ortiz y Patricia Flores Castillo, contra actos que reclama del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, Adscrito al Centro INTEGRAL DE Justicia Penal de la Cuarta Región, Sala Sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 2, 14, 16, 17, 26, 27, 28, 31 fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 193/2018-I. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1-2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1-2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer de la presente demanda de amparo; en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 1, párrafo primero, 2, 107, 108, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite. Por separado y duplicado, tramítese el incidente de suspensión respectivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir en el plazo de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído y con la oportunidad a que se contrae el primer párrafo del tercero de los numerales invocados, en la inteligencia que de no rendirlo, en la sentencia que se dicte en este asunto, se tomará en cuenta dicha omisión, para los efectos del numeral 117 de la referida legislación, esto es, se presumirá la certeza del acto reclamado. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán acompañar a su informe justificado, las constancias completas y legibles que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional; en la inteligencia que de no rendir dicho informe o no remitir las constancias relativas, se le impondrá una multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Por otra parte, la autoridad responsable de carácter judicial, al momento que rinda su informe con justificación, de señalar que es cierto el acto que reclaman los quejosos, deberá además de lo señalado en el párrafo que antecede, emplazar al Agente del Ministerio Público de su adscripción, corriéndole traslado con copia de la demanda, lo anterior por resultarle su carácter de parte en el presente sumario constitucional, remitiendo la constancia que así lo acredite. Del mismo modo, la autoridad responsable de carácter judicial adscrita a un Tribunal de Juicio Oral, adscrito a un Centro Integral de Justicia Penal (sistema procesal penal acusatorio) al momento que rinda su informe con justificación, de señalar que es cierto el acto que reclama el quejoso, deberá además de lo señalado en los párrafos que anteceden, remitir un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto que por esta vía se reclama, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes, lo anterior en términos del párrafo tercero del artículo 117, de la Ley de Amparo; en la inteligencia que de no remitir el citado índice, se le impondrá una multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba documental, la constancia que anexa a su libelo constitucional, la que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de relacionarla en la audiencia respectiva. Asimismo, por lo que respecta a la documental exhibida por los quejosos, con su contenido dese vista a las partes; además, se ordena realizar la compulsa y certificación del documento que anexa a su escrito de cuenta, a efecto de que sea agregada a los cuadernos incidentales. Hágase saber a las partes que si cesan lo efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato, según lo dispone el artículo 64 de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 251 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. En otro contexto, por ser parte en el juicio de amparo, de acuerdo a lo expuesto por el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, por medio de lista según lo previene al artículo 26, fracción III del citado cuerpo legal, dese la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, haciéndole de su conocimiento que la copia de la demanda queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado. Por otra parte, téngase a los peticionarios de amparo señalando como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Libertad 1304, de la colonia La Pimienta Código Postal 79020, en esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos García Solano; en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Octaviana Ortiz. Ahora, toda vez de que el quejoso no señala el domicilio en donde pueda llevarse a cabo el emplazamiento de la tercera interesada que señala en su demanda de amparo, resérvese proveer respecto a la misma hasta en tanto se reciban las constancias que remitan las autoridades como sustento de su informe. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por el Actuario adscrito a este juzgado, solo en caso de que no le sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Finalmente, se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.Notifíquese y cúmplase. ------------------------------------------------------------------------------ Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la razón actuarial de cuenta, mediante la cual la actuaria de la adscripción manifiesta su imposibilidad para emplazar a la víctima, aquí tercera interesada de iniciales M. P. E. R., en el domicilio que señala, por las razones que ahí expone. En tales condiciones, y toda vez que en auto de veintiuno de junio del presente año, se concedió a la fedataria pública de la adscripción, la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendientes a la localización del domicilio de la citada tercera interesada, en caso de que el proporcionado no sea el correcto. En consecuencia, y toda vez que de la razón actuarial de cuenta se advierte que la actuaria de la adscripción, se constituyó en un diverso domicilio, en el cual le manifestaron que ahí es en donde puede llevarse a cabo el emplazamiento de la citada tercera interesada, del cual se ordena el resguardo de la información con la protección adecuada, para no revelar el nombre y datos de dicha persona, misma que no está a disposición de las partes, atendiendo a la clasificación confidencial, en términos de lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1. VII/2012 10, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 655, Tomo I, Febrero de 2012, del Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL), Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. Por tanto, con apoyo en el artículo 27, fracción lll, inciso b) de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional a fin de que corra traslado con copia simple de la demanda de amparo, del auto que la admitió del proveído de diecinueve de junio del dos mil dieciocho y del presente proveído, y emplace a juicio a la citada tercera interesada, en el domicilio señalado por la actuaria de la adscripción, ubicado en esta ciudad; sin perjuicio, a que en el supuesto de que no se desahogara la diligencia en comento, se acordará lo conducente al domicilio foráneo. Notifíquese, y personalmente a la parte tercera interesada.
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