Lenin Uciel Lopez Flores

Expediente 388/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 21 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
388/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
06/02/2019

Partes del expediente

  • Lenin Uciel Lopez Flores
  • Lenin Uciel Lopez Flores y Otros.
  • Octaviana Ortíz
  • Patricia Flores Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de febrero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrita al Centro Integral de Justicia Penal, de la Cuarta Región con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le remitieron los discos versátiles digitales (DVD), que acompañó a su informe justificado y al desahogo del requerimiento efectuado por este órgano de control constitucional. En virtud de lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 214 de la Ley de la Materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de enero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos interpusieran el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de siete de enero de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no realice el computo respectivo a la tercera interesada y las autoridades responsables, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, toda vez que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Por otra parte, devuélvanse al Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Cuarta Región en esta ciudad, los discos versátiles digitales (DVD) que se sirvió acompañar a su informe justificado y al desahogo del requerimiento efectuado por este órgano de control constitucional, los cuales derivan de la causa penal RIV-CV/CP-56/2018, de su índice; solicitando el acuse respectivo. Finalmente, una vez que obre el acuse de recibo de referencia, provéase lo relativo al archivo del presente expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de enero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Cuarta Región, Sala Sede Ciudad Valles, San Luis Potosí, mediante el cual informa que el trece de noviembre de dos mil dieciocho, se aperturó la audiencia inicial de la causa penal RIV-CV/CP-56/2018, de su índice, en la cual el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Común para Delitos Patrimoniales, retiró la solicitud para formular imputación en contra de los aquí quejosos, en atención a que el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se sostuvo un acercamiento entre las partes dentro del proceso de origen en el que se hizo de manifiesto la voluntad de las mismas de someterse a un mecanismo alterno de solución de controversia, poniendo tal circunstancia fin al procedimiento. Ahora bien, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el disco versátil digital anexo contiene una videograbación y un archivo en formato de documento portátil (PDF. Por sus siglas en inglés), de los cuales fue posible consultar a través de los medios electrónicos con los que cuenta este órgano jurisdiccional, mismos que contienen la audiencia inicial en la cual el Agente del Ministerio Público retiró la solicitud para formular imputación en contra de los aquí quejosos; el cual para su resguardo, déjese en la secretaria de este juzgado en sobre cerrado, mismo que se tiene admitido y desahogado por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Por tanto, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable aludida, en la especie con el contenido de la videograbación inserta en el disco versátil digital, dese vista a las partes, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en los formatos digitales en cualquier momento procesal y manifestar lo que su derecho convenga. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama la parte quejosa, en lo medular es el siguiente: La orden de citación a Audiencia inicial de Formulación de Imputación. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional evidencian una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" Los actos consumados de modo irreparable, son aquellos en los que al haberse emitido y ejecutado, sean materialmente imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía constitucional violada, al otorgarse la protección constitucional, como lo ordena el artículo 77 de la ley de la materia, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos, volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Esta situación radica en que no podría cumplirse con la finalidad del amparo, que es precisamente volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, y por lo tanto genera indiscutiblemente la improcedencia del mismo. Así pues, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, debe atenderse a los efectos y consecuencias de su ejecución, y no a un criterio temporal. Luego, de la reproducción de la copia certificada del disco versátil, que contiene el audio y video de la audiencia inicial celebrada el trece de noviembre de dos mil dieciocho, en la causa penal RIV-CV/CP-56/2018, instruida en contra de los aquí quejosos Lenin Uciel Lopez Florez, Octaviana Ortíz, Patricia Flores Castillo, Marisol Quiroz Pineda, Nicolasa Pineda Gutiérrez, Nelly Rodríguez Pineda y/o Villeda, Catalina Gutiérrez Azua y Nicanora Martínez Flores, se advierte que en esa data el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Común para Delitos Patrimoniales, retiró la solicitud de formulación de imputación en su contra (minuto 11:41), en atención a que el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se sostuvo un acercamiento entre las partes dentro del proceso de origen en el que se hizo de manifiesto la voluntad de las mismas de someterse a un mecanismo alterno de solución de controversia en términos del artículo 188 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que consistió en un acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido, el cual fue desahogado en su totalidad el cinco de noviembre del año pasado (minuto 11:40), actualizando con ello una causa de extinción de la acción penal y poniendo tal circunstancia fin al procedimiento. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia número 226, visible del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, cuyo título y rubro indican: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada en la página 703 del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época con registro: 2004362 de contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En efecto, un acto se considerará consumado de modo reparable, cuando a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), restituyendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional cometida. En cambio, los actos consumados de modo irreparable, son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio constitucional en su contra en términos de la fracción invocada del ordinal 61 de la Ley de Amparo. En ese contexto, como ya se precisó, sí existió una orden de citación, esto es, el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, misma que tuvo verificativo hasta el trece de noviembre de dos mil dieciocho, en donde el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Común para Delitos Patrimoniales, retiró la solicitud de formulación de imputación en su contra (minuto 11:41), en atención a que el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se sostuvo un acercamiento entre las partes dentro del proceso de origen en el que se hizo de manifiesto la voluntad de las mismas de someterse a un mecanismo alterno de solución de controversia en términos del artículo 188 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que consistió en un acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido, el cual fue desahogado en su totalidad el cinco de noviembre del año pasado (minuto 11:40), actualizando con ello una causa de extinción de la acción penal y poniendo tal circunstancia fin al procedimiento. En las relatadas circunstancias, es claro que, debe considerarse irreparablemente consumado el acto reclamado, pues sería imposible restituir a la parte quejosa de sus garantías al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada-(orden de citación)-, y restituirla en el uso y goce del derecho fundamental violado, sin afectar la nueva situación jurídica; toda vez que es imposible retrotraer el tiempo al momento anterior al en que se cometieron. De lo anterior se evidencia que en el caso, ya se ejecutó la orden de citación en contra de los aquí quejosos, y ésta quedó consumada irreparablemente única y exclusivamente para los efectos del juicio de amparo. De ahí que, es inconcuso que se actualice la causa de improcedencia invocada, pues no es objeto de revertir su efecto y restituir a los quejosos en su derecho humano violado; pues es evidente que los actos reclamados en esta vía, se han consumado de modo irreparable, por haberse ejecutado la orden de citación, con la finalidad de celebrar la audiencia inicial, en donde se retiró la solicitud de formulación de imputación. Apoya lo anterior, la Tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, 163-168 Sexta Parte, página catorce, de la Séptima Época, con el siguiente rubro y texto: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. Por consumados de un modo irreparable deben entenderse aquellos actos que una vez efectuados no permiten restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de cometida la violación que se reclama, para reintegrar así al agraviado en el goce y disfrute de sus garantías, situación que no se da si el acto que se reclama es susceptible de ser reparado mediante la restitución del agraviado en el goce y disfrute de las propiedades y posesiones de las cuales fue lanzado con la consiguiente violación de sus garantías individuales. El anterior criterio se encuentra apoyado en la tesis de ejecutoria visible en la página 24 del Tomo Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice de 1975 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es como sigue: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE.- La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquéllos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud de amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno." En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por los artículos 61, fracción XVI y 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo por operar de manera notoria, plena e indubitable consumación de modo irreparable del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades responsables ejecutoras, ya que el acto de ejecución no fue reclamado por vicios propios. En tales condiciones, déjese sin efectos la hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE). Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA ****, LA DETRRMINACIÓN DE SIETE DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de enero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Cuarta Región, Sala Sede Ciudad Valles, San Luis Potosí, mediante el cual informa que el trece de noviembre de dos mil dieciocho, se aperturó la audiencia inicial de la causa penal RIV-CV/CP-56/2018, de su índice, en la cual el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Común para Delitos Patrimoniales, retiró la solicitud para formular imputación en contra de los aquí quejosos, en atención a que el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se sostuvo un acercamiento entre las partes dentro del proceso de origen en el que se hizo de manifiesto la voluntad de las mismas de someterse a un mecanismo alterno de solución de controversia, poniendo tal circunstancia fin al procedimiento. Ahora bien, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el disco versátil digital anexo contiene una videograbación y un archivo en formato de documento portátil (PDF. Por sus siglas en inglés), de los cuales fue posible consultar a través de los medios electrónicos con los que cuenta este órgano jurisdiccional, mismos que contienen la audiencia inicial en la cual el Agente del Ministerio Público retiró la solicitud para formular imputación en contra de los aquí quejosos; el cual para su resguardo, déjese en la secretaria de este juzgado en sobre cerrado, mismo que se tiene admitido y desahogado por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Por tanto, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable aludida, en la especie con el contenido de la videograbación inserta en el disco versátil digital, dese vista a las partes, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en los formatos digitales en cualquier momento procesal y manifestar lo que su derecho convenga. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama la parte quejosa, en lo medular es el siguiente: La orden de citación a Audiencia inicial de Formulación de Imputación. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional evidencian una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" Los actos consumados de modo irreparable, son aquellos en los que al haberse emitido y ejecutado, sean materialmente imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía constitucional violada, al otorgarse la protección constitucional, como lo ordena el artículo 77 de la ley de la materia, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos, volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Esta situación radica en que no podría cumplirse con la finalidad del amparo, que es precisamente volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, y por lo tanto genera indiscutiblemente la improcedencia del mismo. Así pues, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, debe atenderse a los efectos y consecuencias de su ejecución, y no a un criterio temporal. Luego, de la reproducción de la copia certificada del disco versátil, que contiene el audio y video de la audiencia inicial celebrada el trece de noviembre de dos mil dieciocho, en la causa penal RIV-CV/CP-56/2018, instruida en contra de los aquí quejosos Lenin Uciel Lopez Florez, Octaviana Ortíz, Patricia Flores Castillo, Marisol Quiroz Pineda, Nicolasa Pineda Gutiérrez, Nelly Rodríguez Pineda y/o Villeda, Catalina Gutiérrez Azua y Nicanora Martínez Flores, se advierte que en esa data el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Común para Delitos Patrimoniales, retiró la solicitud de formulación de imputación en su contra (minuto 11:41), en atención a que el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se sostuvo un acercamiento entre las partes dentro del proceso de origen en el que se hizo de manifiesto la voluntad de las mismas de someterse a un mecanismo alterno de solución de controversia en términos del artículo 188 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que consistió en un acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido, el cual fue desahogado en su totalidad el cinco de noviembre del año pasado (minuto 11:40), actualizando con ello una causa de extinción de la acción penal y poniendo tal circunstancia fin al procedimiento. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia número 226, visible del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, cuyo título y rubro indican: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada en la página 703 del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época con registro: 2004362 de contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En efecto, un acto se considerará consumado de modo reparable, cuando a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), restituyendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional cometida. En cambio, los actos consumados de modo irreparable, son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio constitucional en su contra en términos de la fracción invocada del ordinal 61 de la Ley de Amparo. En ese contexto, como ya se precisó, sí existió una orden de citación, esto es, el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, misma que tuvo verificativo hasta el trece de noviembre de dos mil dieciocho, en donde el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Común para Delitos Patrimoniales, retiró la solicitud de formulación de imputación en su contra (minuto 11:41), en atención a que el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se sostuvo un acercamiento entre las partes dentro del proceso de origen en el que se hizo de manifiesto la voluntad de las mismas de someterse a un mecanismo alterno de solución de controversia en términos del artículo 188 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que consistió en un acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido, el cual fue desahogado en su totalidad el cinco de noviembre del año pasado (minuto 11:40), actualizando con ello una causa de extinción de la acción penal y poniendo tal circunstancia fin al procedimiento. En las relatadas circunstancias, es claro que, debe considerarse irreparablemente consumado el acto reclamado, pues sería imposible restituir a la parte quejosa de sus garantías al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada-(orden de citación)-, y restituirla en el uso y goce del derecho fundamental violado, sin afectar la nueva situación jurídica; toda vez que es imposible retrotraer el tiempo al momento anterior al en que se cometieron. De lo anterior se evidencia que en el caso, ya se ejecutó la orden de citación en contra de los aquí quejosos, y ésta quedó consumada irreparablemente única y exclusivamente para los efectos del juicio de amparo. De ahí que, es inconcuso que se actualice la causa de improcedencia invocada, pues no es objeto de revertir su efecto y restituir a los quejosos en su derecho humano violado; pues es evidente que los actos reclamados en esta vía, se han consumado de modo irreparable, por haberse ejecutado la orden de citación, con la finalidad de celebrar la audiencia inicial, en donde se retiró la solicitud de formulación de imputación. Apoya lo anterior, la Tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, 163-168 Sexta Parte, página catorce, de la Séptima Época, con el siguiente rubro y texto: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. Por consumados de un modo irreparable deben entenderse aquellos actos que una vez efectuados no permiten restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de cometida la violación que se reclama, para reintegrar así al agraviado en el goce y disfrute de sus garantías, situación que no se da si el acto que se reclama es susceptible de ser reparado mediante la restitución del agraviado en el goce y disfrute de las propiedades y posesiones de las cuales fue lanzado con la consiguiente violación de sus garantías individuales. El anterior criterio se encuentra apoyado en la tesis de ejecutoria visible en la página 24 del Tomo Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice de 1975 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es como sigue: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE.- La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquéllos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud de amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno." En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por los artículos 61, fracción XVI y 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo por operar de manera notoria, plena e indubitable consumación de modo irreparable del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades responsables ejecutoras, ya que el acto de ejecución no fue reclamado por vicios propios. En tales condiciones, déjese sin efectos la hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE). Notifíquese y personalmente.

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