Leobardo Pacheco Vargas

Expediente 279/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
279/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
20/09/2018

Partes del expediente

  • Leobardo Pacheco Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusieran el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Sin que se haya soslayado el hecho de que el impetrante se encuentra interno en un centro carcelario, lo que se traduce en la imposibilidad que tiene para poder ocurrir ante este juzgado federal, por lo que se consideró un lapso de tiempo mayor, a efecto de resolver sobre la impugnación, en su caso, de la sentencia dictada en este sumario. Tiene aplicación al caso, la tesis número XVI.P.2 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página 1746, Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "PROMOCIONES EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, POR LAS QUE DAN CUMPLIMIENTO A PREVENCIONES PERSONALÍSIMAS. CUÁNDO DEBEN TENERSE POR PRESENTADAS, SI SON EXHIBIDAS ANTE LA OFICINA PÚBLICA DE COMUNICACIONES. De la interpretación amplia del artículo 23 de la Ley de Amparo, acorde con el principio pro persona contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de cumplir con las obligaciones de promover y garantizar los derechos humanos, específicamente el de acceso a la justicia consagrado en el numeral 17 de la Carta Magna; considerando la imposibilidad física y jurídica del quejoso recluido en un Centro Federal de Readaptación Social, para entregar las promociones por las que da cumplimiento a prevenciones personalísimas, directamente en la oficialía del juzgado que conoce del juicio de amparo, o ante el Servicio Postal Mexicano, se concluye que en esta hipótesis pueden presentarse ante "la oficina pública de comunicaciones" del lugar en que reside, es decir, la oficialía de partes del referido reclusorio, siempre que no exista otra oficina para ello, desde la cual se despachará la correspondencia de mérito, según disponen los artículos 70 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y 30 del Manual de Seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social; de ahí que la promoción respectiva se tendrá por presentada desde la data en la que se haya recibido en la citada oficina; de no contar con esa información deberá estarse a la fecha de suscripción y en ausencia de ambas presumir oportuna su presentación." Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a las autoridades responsables, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Resulta aplicable por identidad de razón la tesis número I.1o.A.37 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el viernes 10 de Agosto de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017556, que a la letra dice: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CARECEN DE ÉSTA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYERON. Conforme al artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les reclame. Así, de la interpretación de esa disposición se colige que cuando el Juez de Distrito niega la protección de la Justicia Federal respecto de los actos que a aquéllas se atribuyeron, carecen de legitimación para instar el medio de defensa indicado, pues esa determinación no les depara perjuicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que los agravios propuestos estén encaminados a demostrar la improcedencia del juicio, ya que aun cuando se pudiera considerar que el sobreseimiento tendría consecuencias jurídicas de diversa naturaleza que les reportarían un beneficio distinto, ese examen sólo sería posible si el quejoso interpone el recurso para impugnar la negativa del amparo, supuesto en el que las responsables estarán en posibilidad de hacer valer, vía revisión adhesiva, motivos de improcedencia o robustecer los que abordó y desestimó el juzgador, en virtud de que, de prosperar los alegatos del promovente, se dejaría insubsistente la decisión que, en principio, les favoreció." Ahora bien, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la constancia de notificación practicada al quejoso el veintidós de agosto del año en curso (foja 184), se desprende que el peticionario de amparo manifestó ante la presencia de la fedataria pública federal adscrita a este Juzgado, su voluntad de desistirse en su perjuicio de la demanda de amparo; en tales condiciones se provee: el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que para la prosecución del juicio de amparo se requiere de instancia de parte agraviada, tal precepto, salvaguarda el principio de libertad del ejercicio de la acción que rige nuestro sistema jurídico, de donde resulta evidente que quien puede accionar, puede de igual manera desistirse de hacerlo, en cualquier momento anterior a la resolución del procedimiento, máxime que, respecto de la acción de amparo, el único requisito que se exige cuando el desistimiento se hace directamente por la parte quejosa, es que el mismo sea ratificado ante la presencia judicial o funcionario con fe pública, conforme a la jurisprudencia de rubro: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.", visible en la página 247, del Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad de la parte quejosa en el sentido de no proseguir o no continuar con el juicio de amparo que promovió, el cual debidamente ratificado origina una resolución con la que finaliza el amparo, sin que el órgano jurisdiccional tenga que resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ello en términos del artículo 63 fracción I de la Ley de Amparo. Ello, es así, dado que la ratificación no constituye una mera formalidad, ya que tiene como finalidad, por una parte, cerciorarse de la identidad del que se desiste y, por otra, saber si el quejoso presenta su propósito inicial de dar por concluido el procedimiento que inicio; puesto que, cuando la parte quejosa desiste de la acción de amparo, tiene como consecuencia el sobreseimiento del juicio en términos del precepto legal invocado. Ahora Bien, de autos se advierte que el quejoso Leobardo Pacheco Vargas, se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad Luego, de la constancia de notificación practicada al quejoso el veintidós de agosto del año en curso (foja 184), se desprende que el peticionario de amparo manifestó ante la presencia de la Fedataria Pública Federal adscrita a este Juzgado, su voluntad de desistirse en su perjuicio de la demanda de amparo y, toda vez que éste se encuentra recluido, resulta ocioso que este Órgano Jurisdiccional lo requiera para que ratifique, en aras de que este Órgano se cerciore de la identidad del que se desiste, aunado a que su propósito de concluir dicha instancia Constitucional lo realizó ante la servidora pública de mérito quien goza de Fé Pública. En tales condiciones, resulta inconcuso que existe consentimiento del quejoso, de no continuar con el trámite del presente juicio de amparo; por ende, se tiene por desistido en su perjuicio de la demanda de amparo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia Constitucional del presente sumario. De ahí que, se dejen sin efecto alguno las providencias decretadas en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Funda la anterior consideración las razones que informan la jurisprudencia número P./J. 3/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, Tomo III, Febrero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejecutabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados." En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional (nueve horas con cincuenta minutos del día de hoy). Notifíquese personalmente y, al quejoso en el lugar de su reclusión.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director y el Responsable del Departamento Medico, ambos del Centro Estatal de Reinserción Social de esta ciudad, mediante los cuales, rinden su respectivo informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de sus contenidos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia respectiva. Asimismo, con fundamento en el numeral 119, de la ley de la materia, se tienen como pruebas de las responsables de mérito, las documentales que allegan, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el Asesor Jurídico del quejoso Leobardo Pacheco Vargas, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos en su favor, con ellos dese nueva cuenta en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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