Lauro Lara Martínez

Expediente 238/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 21 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
238/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
03/09/2019

Partes del expediente

  • Lauro Lara Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a tres de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la pieza postal devuelta de cuenta, que contiene el oficio número 9736/2019, del índice de este Juzgado Federal, dirigido a la autoridad responsable Delegación Regional Cuarto de la Fiscalía General del Estado, con sede en Rioverde, San Luis Potosí, mediante el cual, se le pretende notificar la sentencia dictada el uno de agosto de dos mil diecinueve, mismo que el Administrador de Correos de México, devuelve con la leyenda "Rehusado no existe el destinatario"; en consecuencia, a fin de no producir mayor dilación en la remisión de dicho oficio, reexpídase el mismo dirigido al domicilio correcto el cual se ubica en calle Jorge Ferretiz sin número, colonia Frailes, en Rioverde, San Luis Potosí. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el uno de agosto de dos mil diecinueve (fojas 91 a 100), en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la misma, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a las autoridades responsables para la interposición del recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, ya que en la sentencia se determinó sobreseer en el juicio de amparo y, por ende, no les causa perjuicio alguno, en términos del artículo 87 del mismo ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J./ 22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, tomo XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 183709, que dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir". Del mismo modo, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en la que sobreseyó en el juicio (foja 91 a 100), en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  3. Principal

    se R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo número 238/2019-III, promovido por Lauro Lara Martínez, en contra de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por las razones precisadas en el último considerando de esta determinación. Notifíquese.

  4. Incidental

    se: R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a Lauro Lara Martínez, la suspensión definitiva en contra de los actos atribuidos a las autoridades responsables y por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.

Quedan 17 actuaciones en este expediente

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