Karla Rojas Castillo
Expediente 338/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 338/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Karla Rojas Castillo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión, en contra de la resolución de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente acuerdo sin necesidad de nuevo proveído, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como la fracción II, del numeral Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por la resolución de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del numeral noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Karla Rojas Castillo, contra los actos reclamados de la autoridad responsable y por los motivos que se indican en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio de cuenta signado por la Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en ésta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado y remite diversas documentales. De conformidad con los numerales 117 y 119, de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad responsable de que se trata, y por exhibida las documentales que anexa, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, esto es al momento de resolver la audiencia constitucional; dese vista con dicho informe a las partes para que se impongan de su contenido. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a las partes para que se impongan del informe justificado rendido en líneas que anteceden; en consecuencia, para dar tiempo a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las diez horas del treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Cobra aplicación la Jurisprudencia número 2a./J. 21/2008, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 151 del Tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2008, Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.". Asimismo, la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 5 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Novena Época, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.".
- Principal
Visto el escrito de demanda y anexos, con fundamento en los artículos 103, fracción I y, 107, fracción I, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5°, 6°, 35, 112, 115, 116, 117, 119, 125 y, demás relativos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite la demanda de garantías promovida por Karla Rojas Castillo, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad; sin que haya lugar a tramitarse el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado; pídasele informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibida que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva, se le impondrá al omiso una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se señalan las nueve horas del dieciséis de julio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 5º, fracciones III, incisos b) y IV, de la Ley de Amparo, se tiene como parte en el presente juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, y como tercero interesado para los efectos de este asunto a Centro de Negocios Historiadores, S.A. de C.V. y Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V. En atención a lo anterior, se ordena a la actuaria adscrita a éste juzgado, para que emplace a juicio a los terceros interesados Centro de Negocios Historiadores, S.A. de C.V. y Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V., por conducto de quien legalmente lo represente, en el domicilio ubicado en Boulevard Centenario entre el Boulevard Rosales y Río Fuerte frente al oxxo de la plaza encuentro, de esta ciudad, corriéndoles traslado con una copia de la demanda de amparo y del auto admisorio que para tal efecto se anexen, para los efectos a que haya lugar. Sin que se tenga como tercero interesado a quien resulte ser propietario de la fuente de trabajo, consistente en un casino de juegos que para identificación al público le llaman "BIG BOLA", ya que conforme a la demanda y documental anexa quienes comparecieron a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen son las personas morales ya aludidas con anterioridad y quienes se deben considerar como contrapartes de la quejosa en ese juicio conforme al artículo 5, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo. Con apoyo en el ordinal 119 del mismo ordenamiento legal, se tienen por presentadas las documentales que la impetrante de garantías anexó a su demanda, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional y tenerlas como recibidas en ese acto. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Doroteo Arango, número 176 norte, colonia Tabachines 1, de esta Ciudad y como su autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado Manuel de Jesús Ruíz Corrales y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Kathia Selene Ruíz Gaxiola, en atención a que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8°, 18, fracción II y 21, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Juzgado, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.
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