Karlo Ivan Cortes Osegueda

Expediente 565/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
565/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Karlo Ivan Cortes Osegueda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a los autos el escrito de cuenta firmado por el quejoso ********************, autorizado legal del quejoso, mediante el cual desahoga la vista de trece de noviembre de dos mil veintitrés, y expone que el once del citado mes y año, acudió ante la responsable para que se le practicara cirugía (en cumplimiento al fallo constitucional), pues se fijó esa data para la intervención en comento; sin embargo, se le informó que el día correcto para la cirugía es el veintiséis del citado mes y año. En atención a lo anterior, se ordena girar oficio a la responsable Director del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Los Mochis, Sinaloa, con copia de escrito de cuenta para que en el término de tres días (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo), contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informe lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacerlo así, se le aplicará una multa por el equivalente a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de los numerales 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, subsiste la prevención hecha a la responsable Director del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Los Mochis, Sinaloa, en auto de trece de noviembre del año en curso, para el efecto de que, en cuanto se lleve a cabo la cirugía al aquí quejoso (programada para el veintiséis de noviembre de dos mil veintitrés), remita las constancias que así lo acrediten, para que este órgano de control constitucional esté en condiciones de proveer respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales, el oficio y anexo, signado por el Director del Hospital General de Zona Número 49 de Los Mochis, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Sinaloa, con domicilio en esta ciudad, mediante el cual informa que en cumplimiento a la sentencia de amparo, está programada para el veintiséis de noviembre del año en curso, cirugía en la persona del directo quejoso, y se llevó a cabo atención preoperatoria. Sin que haya lugar a dar vista a la parte quejosa con lo antes citado, quedando subsistente la vista que se hizo por auto de trece de noviembre de dos mil veintitrés, a la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona Número 49 de los Mochis, con domicilio en esta ciudad, donde se le requirió para que una vez que se lleve a cabo la cirugía al aquí quejoso, programada para el veintiséis de noviembre de dos mil veintitrés, remita las constancias que así lo acrediten, para que este juzgado esté en condiciones de proveer respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por el Director del Hospital General de Zona Número 49 de los Mochis, con domicilio en esta ciudad, mediante el cual, en atención al oficio 14520/2023, de seis de noviembre de dos mil veintitrés, informa los trámites realizados para cumplir con la sentencia ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, y al efecto expone que la aquí quejosa tiene cirugía programada para el veintiséis de noviembre de dos mil veintitrés; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. De acuerdo a lo anterior, téngase al Director del Hospital General de Zona Número 49 de los Mochis, con domicilio en esta ciudad, informando acerca de los trámites realizados a fin de otorgar cumplimiento a la sentencia constitucional. En atención a lo anterior, dese vista a la parte quejosa con lo antes manifestado por la autoridad responsable, para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, y en el término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, haciéndole entrega al quejoso del oficio y anexo de cuenta. No obstante lo anterior, requiérasele a la autoridad oficiante Director del Hospital General de Zona Número 49 de los Mochis, con domicilio en esta ciudad, para que una vez que lleve a cabo la cirugía al aquí quejoso, programada para el veintiséis de noviembre de dos mil veintitrés, remita las constancias que así lo acrediten, para que este juzgado esté en condiciones de proveer respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se le apercibe a la responsable que de no otorgar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, acorde a lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en sentencia de diez de agosto de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión, a la parte quejosa. Ahora, mediante acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el fallo constitucional y se requirió su cumplimiento, a la autoridad responsable Director General del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social; no obstante, a la fecha citada autoridad ha sido omisa al respecto. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director General del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorguen cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, vía fax al número 01 668 815 32 08, o bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx. En el entendido de que la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable Director General del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, realizara lo siguiente: ". ************** ." Para lo cual se le apercibe a la responsable que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria dentro del plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, acorde a lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Asimismo, se invoca al respecto la Jurisprudencia 54/2014, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.".

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