Karla Noemi Archila Moreno

Expediente 349/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
349/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
23/10/2020

Partes del expediente

  • Karla Noemi Archila Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio de la misma, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 349/2020-4B, promovido por María Susana Bojórquez Bojórquez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sinaloa y otra autoridad. En ese contexto, con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables el informe previo, el cual deberán rendir por duplicado a través de medios magnéticos, del fax institucional al número telefónico 01 668 8153208 o, bien, al correo electrónico oficial 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, en el término de cuarenta y ocho horas; para lo cual deberán expresar, en su caso, si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen y podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; por tal motivo, anéxense copias de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio de la mima y de los anexos a los mismos. En el entendido de que, se apercibe a las autoridades responsables que de no acatar esta determinación dentro del plazo señalado, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva y, además, se le impondrá al omiso una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del numeral 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, se señalan las doce horas con cincuenta y cinco minutos del tres de noviembre de dos mil veinte, para el verificativo de la audiencia incidental. Pues bien, analizados la demanda y el escrito aclaratorio de la misma, se advierte que la quejosa María Susana Bojórquez Bojórquez, ostenta el carácter de tercero extraña y señaló como acto reclamado la posesión que les otorga el Juez Mixto de Primera Instancia de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, mediante el desahogo de la diligencia de apeo y deslinde de quince de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente de jurisdicción voluntaria 75/2019, en forma ilegal a Joaquín Francisco Peña Escobar y Carlos Rafael Peña Llanos, del terrero ubicado a espaldas de su negociación de comida denominado Birriería Puro Sinaloa. En ese sentido, la quejosa solicita la suspensión provisional del acto reclamado, y en su momento la definitiva, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan. Al respecto, la quejosa -tercera extraña al procedimiento de origen- acompañó a la demanda de amparo, entre otros documentos en copia simple, copia simple del título de propiedad, croquis y fotografías, de la negociación de la cual menciona ser propietaria, la cual al ser copia simple resulta insuficiente para acreditar su propiedad. En ese orden, para decidir acerca de la procedencia de la suspensión provisional del acto reclamado, el estudio debe partir de la base establecida en la fracción X, del artículo 107, de la Constitución Federal, que a la letra establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes.". La Constitución General de la República establece la base normativa fundamental para permitir que los actos reclamados en el juicio de amparo puedan ser objeto de suspensión "en los casos y mediante las condiciones" que determine la ley reglamentaria, con lo que se hace una remisión expresa al legislador. Por su parte, la suspensión es una institución de naturaleza procesal, la cual, como medida cautelar, tiene por objeto mantener viva la materia del amparo, es decir, trata de impedir que se consumen irreparablemente el acto o los actos reclamados y, de esta manera, no llegue a resultar inútil para el quejoso la protección de la Justicia Federal que pretende, pues en algunos casos si efectúa su ejecución durante la secuela del juicio de amparo, de nada serviría al quejoso la eventual sentencia que llegare a pronunciarse a su favor. En este tenor, el objeto de la suspensión en el juicio de amparo es el de detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consumen destruyendo la materia del amparo o, bien, produzcan detrimentos de difícil o imposible reparación al quejoso, siempre que se reúnan los requisitos para la procedencia de la suspensión. Sobre el tema, los preceptos 125 y 128 de la Ley de Amparo prevén: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso.". "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: (Párrafo reformado DOF 14-07-2014) I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. (Párrafo adicionado DOF 17-06-2016) Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. (Párrafo adicionado DOF 14-07-2014).". De lo transcrito se obtiene que, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, la suspensión puede decretarse de oficio o a petición de parte, siempre que no se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. En esas condiciones, se niega la suspensión provisional solicitada por María Susana Bojórquez Bojórquez, al no reunirse los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, dado que con copias simples no acreditó de manera alguna, ni aun presuntivamente, su interés suspensional para poner de manifiesto que el acto reclamado le causa daños y perjuicios de difícil reparación. En efecto, la quejosa no aportó pruebas idóneas a fin de acreditar el interés suspensional, pues si bien, acompañó a la demanda de amparo copia simple del título de propiedad, croquis y fotografías, de la negociación de la cual menciona ser propietaria; lo cierto es que dichas documentales no resultan suficientes para acreditar el interés suspensional, ya que solo se advierte la existencia de una copia simple de un título por una superficie de 108.00 m2 en copia simple, pero eso no demuestra el titulo original exista, por ende, no acredita la propiedad o posesión legítima que aduce ejercer la quejosa sobre la negociación de comida denominada Birriería Puro Sinaloa, con sede en Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sinaloa. Es aplicable, la Jurisprudencia 1a./J. 71/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 33 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2003, Materia Común, Novena Época, de los siguientes rubro y texto: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste". Cierto, para conceder la medida cautelar solicitada es necesario que la parte quejosa acredite contar con derechos que puedan resultar perjudicados con la ejecución de los actos que estima inconstitucionales, lo cual no aconteció en el caso particular, dado que la quejosa únicamente exhibió copia simple del título de propiedad, croquis y fotografías, de la negociación de la cual menciona ser propietaria, no así documento apto para acreditar que ejerce algún derecho real sobre el bien inmueble controvertido, circunstancia que resulta necesaria para otorgar la suspensión del acto reclamado. Por tal motivo, al no exhibir la quejosa pruebas aptas y suficientes para demostrar que tiene dicho interés para obtener la medida cautelar solicitada, esto es, que goce de un derecho actual y real en relación con al terreno en el cual se ubica la negociación de comida denominada Birriería Puro Sinaloa, resulta improcedente conceder la suspensión provisional solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada visible en la página 328 del Tomo XII-Septiembre, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, bajo la siguiente voz: "SUSPENSION, INTERES JURIDICO EN EL INCIDENTE DE. El hecho de promover un juicio de amparo bajo protesta de decir verdad no implica necesariamente una presunción juris tantum que acredite el interés jurídico del quejoso y proceda, por ello, el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados, pues ningún precepto de la Ley de Amparo dispone que la sola presentación de la demanda y la relación de los hechos afirmados en ella, bajo protesta de decir verdad, traiga aparejada esa presunción, sino que únicamente significa que se cumple con uno de los requisitos que debe contener la demanda de garantías. Por lo que el interés jurídico de quien se dice ser extraño a un procedimiento, para obtener la suspensión provisional, debe probarlo siquiera presuntivamente.". De igual modo, cabe citar el criterio contenido en la tesis visible en la página 491, del Tomo V Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro versa: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERES JURIDICO. Para solicitar la suspensión de los actos reclamados con el fin de evitar que las consecuencias o resultado del mismo se realicen en tanto dure el juicio de amparo, debe el quejoso demostrar que es titular de los derechos que se le pretenden afectar con la ejecución del acto reclamado y con ello su interés jurídico.". Lo anterior es así pues a fin de establecer que el acto reclamado le ocasiona un perjuicio la quejosa con el objeto de que aquél sea suspendido, debe acreditar encontrarse en el supuesto jurídico que le causaría el perjuicio, en la especie, debía demostrar la calidad con la que se ostenta respecto del bien inmueble (propietario y/o poseedor); sin embargo, en el caso concreto dicha circunstancia no se demostró, pues de las documentales allegadas al escrito inicial de demanda, sólo se advierte que la autoridad responsable llevó a cabo la diligencia de apeo y deslinde el día quince de mayo de dos mil diecinueve, no así la existencia de algún derecho de propiedad o posesión legítima sobre dicho bien inmueble ubicado a espaldas del terrero donde se llevó a cabo la citada diligencia, a la que se causen perjuicios de difícil reparación con el desahogo de la citada diligencia. En ese contexto, es claro que no se surten todos y cada uno de los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no acreditó con los documentos aptos que tenga un derecho jurídico sobre el bien inmueble ubicado a espaldas del terreno donde se llevó a cabo la diligencia de apeo y deslinde el quince de mayo de dos mil veinte; de ahí que, es improcedente conceder la suspensión provisional solicitada por la quejosa María Susana Bojórquez Bojórquez. En consecuencia, se niega la suspensión provisional solicitada, dado que para ello, la quejosa debió acreditar la calidad con la que se ostenta respecto de la negociación de comida denominada Birriería Puro Sinaloa. En diverso orden de ideas, hágase saber a la promovente del amparo que en caso de la inexistencia de alguna autoridad o, bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella; lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en el sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Por último, en razón de la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional y, a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en los artículos 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones de carácter personal derivadas de este asunto. Notifíquese por lista electrónica y mediante oficio a las autoridades

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  3. Principal

    ES NOTIFICACION PERSONAL PARA LAS PARTES.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, mediante el cual comunica las gestiones que esta realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese para que surta sus efectos legales conducentes.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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