Karla Noemi Archila Moreno
Expediente 31/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 18 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 09/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Karla Noemi Archila Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la parte quejosa, a la fecha, hubiere interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el precepto 214 de la ley de la materia, archívese el presente como asunto concluido. Ahora bien, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de doce de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó atención médica; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29, del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de siete de octubre del presente año, del oficio suscrito por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el doce de mayo de dos mil veintiuno, en el sentido de conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Karla Noemí Archila Moreno, misma que el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, causa ejecutoria y se dio vista a la parte quejosa con oficio suscrito por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en el cual dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el doce de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: ( La concesión del amparo y justicia de la unión solicitado es para el efecto de que los integrantes de la Junta Especial número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Culiacán, Sinaloa, emita el proyecto de laudo, y como consecuencia el laudo definitivo, en los autos del expediente laboral número 1247/2016. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficios recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el seis y cinco de octubre del presente año, el Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, remitió copias certificadas del proyecto del laudo de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, y del laudo de fecha uno de octubre del año en curso, dictado en el expediente EXP.LAB.NUM.1247/2016, de su índice. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, realice lo siguiente: "emita el proyecto de laudo, y como consecuencia el laudo definitivo, en los autos del expediente laboral número 1247/2016". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Vistos los oficios de cuenta, suscritos por la Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante los cuales comunica el cumplimiento del ejecutoria de amparo y exhibe documentales que lo acreditan; agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, toda vez que en proveído de siete de octubre del presente año, se acordó lo conducente.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Presidente de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual solicita ampliación de prórroga para el cumplimiento de ejecutoria; agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, toda vez que en proveído de seis de septiembre del presente año, se acordó lo conducente.
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