Karla Rojas Castillo

Expediente 618/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
618/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • Karla Rojas Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, con la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente proveído y sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción II, del Apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de ocho de noviembre de dos mil diecinueve se sobreseyó en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del Apartado Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el nueve de octubre de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    UNICO. SE SOBRESEE

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Presidente de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; agréguese al presente juicio de amparo, para que surta sus efectos legales conducentes. De conformidad con los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad antes mencionada y por recibida en este acto las documentales que anexa, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional, en tal razón dese vista a las partes con el mismo, para que se impongan de su contenido.

  4. Principal

    Visto el ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 125, 128, último párrafo y, demás relativos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite a trámite la demanda de garantías promovida por Karla Rojas Castillo, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 618/2019-1B; sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado; pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo por escrito, además de la vía ordinaria, por fax al número 01 668 8 15 32 08, o al correo electrónico oficial 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibida que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hace sin remitir en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva se le impondrá multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. Se señalan las nueve horas del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción IV, de la Ley de la materia, se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano. Asimismo, con el numeral 5º, fracción III, inciso e) de la Ley de la materia, se tiene como terceo interesado al Agente del Ministerio Público del Fuero Común. De igual forma, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, incisos c) de la Ley de Amparo, se tiene como terceros interesados para los efectos de este juicio a Centro de Negocios Historiadores, Sociedad Anónima de Capital Variable, Comercial de Juegos de la Frontera, Sociedad Anónima de Capital Variable y quien resulte ser propietario de la fuente de trabajo, consistente en un casino de juegos que para identificación al público le llaman "BIG BOLA". Por tanto, con lo dispuesto en el precepto 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria judicial adscrita, para que emplace a juicio al tercero interesado Centro de Negocios Historiadores, Sociedad Anónima de Capital Variable, Comercial de Juegos de la Frontera, Sociedad Anónima de Capital Variable y quien resulte ser propietario de la fuente de trabajo, consistente en un casino de juegos que para identificación al público le llaman "BIG BOLA", a través de su representante legal, con domicilio en Boulevard Centenario entre el Boulevard Rosales y Rio Fuerte frente al oxxo de la plaza encuentro, de esta ciudad, Los Mochis, Sinaloa, debiendo correrle traslado con una copia de la demanda de amparo e informarle la fecha de la celebración de la audiencia constitucional. De acuerdo con lo establecido en el precepto 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la documental que el promovente anexó a su demanda de garantías, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia de ley y tenerla por recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Hágase saber a la parte quejosa, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad o, bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligado a señalar con precisión a la autoridad responsable, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Doroteo Arango 176 Norte, Colonia Tabachines Uno de esta ciudad, y como sus autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado Manuel de Jesús Ruiz Corrales, y únicamente para imponerse de autos a Kathia Selene Ruiz Gaxiola y al pasante en derecho Marco Antonio Gonzales Urías, en razón de que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8°, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Tribunal, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.

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