Karla Fabiola Corral Castillo
Expediente 222/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Karla Fabiola Corral Castillo
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, doce de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio número 9852/2023 suscrito por la Actuaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada por este Juzgado y se avocó al conocimiento del asunto; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. En otro orden de ideas, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, acorde al artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que este juzgado se declaró incompetente para conocer del presente juicio el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, y por auto de diez de abril del año en curso, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, aceptó la competencia planteada; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que en auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó su integración, con motivo de haberse declarado incompetente para conocer del asunto, además, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Karla Fabiola Corral Castillo, Vocal de Organización Electoral, adscrita a la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral, con sede en la Ciudad de Navojoa, y miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, contra actos de la Cámara de Diputados, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; en consecuencia, fórmese el expediente y regístrese con el número 222/2023 que es el que cronológicamente le corresponde. Incompetencia Ahora bien, toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de amparo, se procede al análisis correspondiente. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia a saber: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. En el caso, la competencia que interesa, es la competencia por territorio, que surge en función de las normas jurídicas sustantivas que deberán aplicarse para dirimir o solucionar la controversia, conflicto o litigio. En la especie, la parte quejosa acudió ante los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, señalando como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Tienen el carácter de autoridades responsables las siguientes: CONGRESO DE LA UNIÓN: 1.1. H. CÁMARA DE DIPUTADOS, ubicada en Palacio Legislativo de San Lázaro, Av. Congreso de la Unión, núm. 66, Col. El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México. 1.2. H. CÁMARA DE SENADORES, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma 135, Esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtéimoc, Código Postal 06030, Ciudad de México. 2. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con domicilio en Palacio Nacional, Plaza de la Constitución S/N, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06060, Ciudad de México. IV. ACTOS RECLAMADOS. A) Del CONGRESO DE LA UNIÓN, la expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobadas en sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados del 6 y el 15 de diciembre de 2022, y en la Cámara de Senadores en las sesiones ordinarias del 15 de diciembre de 2022 y el 22 de febrero de 2023. Dicho Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo del presente año. B) Del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, la promulgación y orden de publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el Diario Oficial de la Federación." Por otra parte, la quejosa de mérito comparece en su carácter de Vocal de Organización Electoral, adscrita a la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral, y miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, con sede en la Ciudad de Navojoa; refiere que las reformas el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que combate, viola en su perjuicio diversos derechos humanos, a saber: El derecho humano al trabajo, derecho humano a la irretroactividad de la ley, derecho humano a la progresividad, entre otros. Aduce, entre otros aspectos, y en lo que al caso trasciende que la reforma a la Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales, avaló y aprobó la eliminación de las 300 subdelegaciones (juntas distritales ejecutivas). De igual forma, la eliminación del cargo de Vocal ejecutivo Distrital; de los cargos de vocales, organización electoral, del Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral y educación Cívica y secretario. Externa también la quejosa, que la eliminación de las dependencias descritas, entre otras, en la que desempeña sus funciones, es violatoria de su derecho humano de acceso al trabajo, lo que redunda también en transgresión a otros derechos humanos, como son la alimentación, protección de la salud, el disfrute de vivienda digna y decorosa, entre otros. Ahora bien, resulta evidente que si bien la persona quejosa reclama disposiciones de carácter autoaplicativo, éstas ameritan una ejecución material en el lugar en el que el gobernado, en este caso la quejosa, deba dar cumplimiento a sus prescripciones. De lo que se sigue que el lugar donde la quejosa debe dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es en la Ciudad de Navojoa Sonora, donde éste desempeña sus funciones de Vocal de Organización Electoral, adscrito a la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral. En efecto, la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral, tiene su asiento en la Ciudad de Navojoa, lo que se puede apreciar en la información existente en la página oficial de dicha dependencia, lo cual se invoca como un hecho notorio para esta juzgadora. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XX.2o. J/24, consultable en la página 2470, del tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la federación con registro digital 168124, novena época, de rubro y contenido siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular". Es por ello, y en atención a la naturaleza del acto reclamado, se estima que la competencia para conocer y resolver del presente juicio de amparo, le sobreviene a un Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, que ejerce jurisdicción en la Ciudad de Navojoa, Sonora, donde la peticionaria de amparo debe acatar las determinaciones derivadas de la reforma a la ley que combate. Al respecto es menester señalar que el Máximo Tribunal ha destacado que no se puede considerar que las leyes autoaplicativas sean identificadas como aquellas que no requieren una ejecución material y, por ende, el juicio de amparo promovido en su contra deba ser del conocimiento del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó. Pues lo cierto es que una disposición autoaplicativa constituye un acto en sentido amplio que sí amerita ejecución material en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. Lo que resulta del hecho de que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de la hipótesis de su aplicación y debe proceder por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad a acatarlas. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a. 11, con número de registro digital 206498, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación a Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 193, misma que a la letra señala lo siguiente: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos." Dicho lo anterior, se reitera que las disposiciones reclamadas deberán ser cumplidas en el lugar en donde la quejosa debe dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es decir, en la Ciudad de Navojoa Sonora, donde éste desempeña sus funciones de Vocal de Organización Electoral, adscrita a la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral. Por lo que se concluye que este juzgado no es competente por territorio, toda vez que el ámbito de aplicación territorial de las normas reclamadas, respecto de la persona quejosa, se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado. Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo; 51 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; fracción V, del punto cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Sinaloa, declara carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la presente demanda de amparo. Por ende, remítase al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en ciudad Obregón, en turno, el juicio de amparo 222/2023, que contiene, la demanda de amparo de cuenta, sus anexos, presentados vía electrónica, solicitándole que tan pronto como sea posible, remita el acuse de recibo de estilo correspondiente y comunique su determinación. Ello en atención a que se estima competente para conocer de la presente demanda de amparo, pues ejerce jurisdicción territorial en la Ciudad de Navojoa, Sonora, donde la quejosa desempeña sus funciones de Vocal de Organización Electoral, adscrita a la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral. Debe precisarse que no ha lugar a proveer sobre la suspensión, toda vez que no se está en el supuesto de los actos mencionados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Por otra parte, dado que el presente asunto será remitido por conducto de la Oficina de Correspondencia Común que le presta auxilio al citado Juzgado de Distrito, con el objeto de proteger los principios de impartición de justicia pronta y expedita contenidos en el numeral 17 constitucional, gírese atento oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en ciudad Obregón, para que dentro del plazo de veinticuatro horas informe a este órgano jurisdiccional a qué Juzgado de Distrito se turnó la incompetencia declinada. Lo que podrá comunicar al suscrito juzgador preferentemente mediante el envío del oficio correspondiente al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx; o, en su defecto, vía ordinaria. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 27/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Marzo de 2007, Novena Época, con número de registro 173,071, página 30, la cual establece lo siguiente: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Cuaderno de antecedentes Ahora bien, con copia de la demanda fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Habilitación de días y horas inhábiles En el entendido de que se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el órgano ejecutor de este juzgado, lleve a cabo las diligencias judiciales necesarias relacionadas con sus funciones de notificador, durante el curso del procedimiento en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3º de la Ley de Amparo, así como 89 y 90 del Acuerdo General conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a realizar la digitalización del presente auto y promoción acordada en el mismo, en el expediente electrónico.
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