Karina Jazmin Beltran Urias
Expediente 296/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Karina Jazmin Beltran Urias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación con que se da cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión, contra la resolución de diez de julio de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Como lo establece la fracción II, del numeral Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por resolución de diez de julio de dos mil diecinueve, se sobreseyó en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del numeral noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías, promovido por Lamberto Almeida Castro, apoderado legal de Karina Jazmín Beltrán Urías, en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y los Actuarios Primero, Segundo y Tercero adscritos a dicha junta, con domicilio en esta ciudad, en lo que respecta a estas dos últimas por las razones y términos expuestos en los considerandos tercero y en lo que toca a las dos primeras por los motivos que se indican en el considerando quinto de esta sentencia.
- Principal
Vistos los oficios signados por los Integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con domicilio en esta ciudad y Actuarios Primero, Segundo y Tercero adscritos a dicha junta, mediante los cuales rinden informe justificado y el primero de ellos remite diversas documentales; agréguese al presente juicio de garantías, para que surtan sus efectos legales. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes justificados solicitados a las autoridades antes mencionadas y por exhibidas las documentales que acompañan los Integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con domicilio en esta ciudad, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, sin perjuicio de poder hacer nuevamente relación de las mismas al momento de la celebración de la audiencia constitucional, dese vista a las partes con los informes que se agregan para que se impongan de su contenido. Para dar margen a lo anterior la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las nueve horas con veinte minutos del diez de julio de dos mil diecinueve. Son aplicables, la Jurisprudencia 2a./J. 21/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 151 del Tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2008, Materia Común, Novena Época, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Y P./J. 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.".
- Principal
Vista la demanda de garantías promovida por Lamberto Almeida Castro, apoderado legal de Karina Jazmín Beltrán Urías, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11, de la Ley de Amparo, pues de las documentales que acompaña se advierte que tiene reconocida la misma en los autos del expediente de origen, contra actos de la Junta Especial Número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad y de otras autoridades; con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1° fracción I, 15, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 109, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda; en consecuencia, fórmese expediente; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese con el número 296/2019-2B sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión toda vez que no lo solicita; pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibido que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hacen sin remitir en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva, se le impondrá una multa a la omisa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta días, en términos de los preceptos 64 y 251, de la Ley Amparo. Se señalan las nueve horas con diez minutos del veinticuatro de junio de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción III, inciso b) y IV de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al PROTECCIÓN Y ALARMAS PRIVADAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con sede en esta ciudad, y como parte al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Orienta el criterio la Tesis 1a./J. 90/2010, emitida por la Primera Sala, visible en la página 448 del Tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero 2011, Materia Común, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado. De acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo se comisiona al actuario de este juzgado para que emplace a juicio al tercero interesado PROTECCIÓN Y ALARMAS PRIVADAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con sede en esta ciudad, a través de quien legalmente la represente, quién deberá identificarse fehacientemente con los documentos de identidad relativos y acreditar su personalidad, en el domicilio ubicado en calle Guillermo Prieto número 871 norte, entre Rafael Buelna y R. T. Loaiza, en esta ciudad, corriéndole traslado con una copia simple de la demanda de garantías e informarle la fecha de la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales que anexa la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración en su momento procesal oportuno. Hágase saber a la promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso está obligado a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en callejón Hermenegildo Galeana 270 altos, despacho interior 13, edificio Sor Juana de esta ciudad. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8°, 18, fracción II y 21, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Juzgado, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.
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