Karen Radai Rueda Sedano
Expediente 426/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Karen Radai Rueda Sedano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual se declaró cumplido el fallo protector; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que, que por resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictada por éste juzgado, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del Apartado Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el siete de julio de dos mil veintiuno, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta, suscrito por la licenciada Jenny Elizabeth Medina Guzmán, autorizada legal de la quejosa Karen Radal Rueda Sedano, mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de veinticuatro de septiembre del presente año y manifiesta que se encuentra conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorgado por parte de la autoridad responsable; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales. Ahora bien, en atención a lo manifestado por la autorizada de la parte quejosa, este Juzgado de Distrito analizara si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable Director de la Unidad Medicina Familiar Número 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que por resolución emitida el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Karen Radai Rueda Sedano, para el efecto de que la autoridad responsable Director General de la Unidad de Medicina Familiar Número 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, realizara las siguientes acciones: "Dejará insubsistente el oficio de fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno y, con plenitud de jurisdicción, emitiera uno nuevo, conforme a los lineamientos establecidos en la presente sentencia, es decir, diera una respuesta completa y congruente, debidamente fundada y motivada a la solicitud que le formuló la quejosa mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintiuno y, se la notifique en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones." En este contexto, la concesión del juicio de amparo partió de la premisa de que no se le otorgó respuesta de manera completa y congruente, debidamente funda y motivada a la solitud presentada por la aquí quejosa el pasado ocho de junio de dos mil veintiuno. Por su parte, la autoridad responsable Director General de la Unidad de Medicina Familiar Número 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del oficio sin número recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés de septiembre del año en curso, informó el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo y al mismo anexó copia certificada del oficio sin número de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dirigido a la licenciada Jenny Elizabeth Medina Guzmán, autorizada legal de la quejosa Karen Radal Rueda Sedano, el que fue recibido por la misma en esa misma fecha; así como los volantes de pago de incapacidades, las cuales fueron cobradas desde el pasado nueve de septiembre del año que transcurre. Así, del análisis del oficio que cumplimenta la ejecutoria de amparo, se observa que la autoridad responsable en primer lugar dejo sin efectos el oficio de fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno y posteriormente, emitió uno nuevo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, donde se atendieron los lineamientos establecidos considerados en la sentencia de amparo. En ese orden de ideas, este juzgador considera que la autoridad responsable acato en todos sus términos la ejecutoria de amparo, debido a que atendió cada uno de los lineamiento establecidos en la ejecutoria; consecuentemente, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos en términos de lo que establecen los numerales 77 y 192, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el oficio signado por el Director de la Unidad Medicina Familiar Número 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual informa los actos realizados a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte, que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido la sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Karen Radai Rueda Sedano, con fundamento en los numerales 2o., 86 y 192, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la Materia, en términos de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Cabe precisar que por sentencia pronunciada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Karen Radai Rueda Sedano, para el efecto de que la autoridad responsable Director General de la Unidad de Medicina Familiar Número 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, realice las siguientes acciones: Deje insubsistente el oficio de fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno y, con plenitud de jurisdicción, emita uno nuevo, conforme a los lineamientos establecidos en la presente sentencia, es decir, dé una respuesta completa y congruente, debidamente fundada y motivada a la solicitud que le formuló la quejosa mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintiuno y, se la notifique en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones. Lo cual deberá acreditar ante este juzgado de Distrito dentro del término de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192, de la Ley de Amparo. En consecuencia con apoyo en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo, informe sobre el cumplimiento, o bien, los actos que esté realizando para tal efecto, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa que se determinará desde luego y, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se le requiere a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la legal notificación de este proveído, indique a este Juzgado Federal, de cualquier otra autoridad que tenga o deba intervenir en el cumplimiento de la sentencia, cuya obligación provenga del ámbito de su competencia. Es aplicable, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.
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