Julio César Sorrosa Navarrete

Expediente 460/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
460/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Julio César Sorrosa Navarrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la última notificación a las partes del auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, por conducto de autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia dictada el cinco de octubre de dos mil veintitrés, fue realizada el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, el escrito original de expresión de agravios, y una copia del mismo, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, con sede en Mexicali, para la substanciación del citado medio de impugnación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora, se instruye a la Oficial Judicial "A", a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que haga las modificaciones correspondientes a fin de hacer disponible el expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, que conozca de dicho medio de impugnación, para que esté en aptitud de imponerse del mismo; lo anterior, acorde con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por Bryan Blanco de Alba, autorizado del quejoso Julio César Sorrosa Navarrete, por medio del cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de cinco de octubre del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, 86, 88 y 89, todos de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con el escrito exhibido. En ese tenor, dentro del término de tres días, contado a partir de que se integre debidamente el expediente, dese nueva cuenta para proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    a las nueve horas del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones le notifico por lista fijada en los estrados de este organo jurisdiccional, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de amparo 460/2023 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por Bryan Blanco de Alba, autorizado del quejoso Julio César Sorrosa Navarrete, por medio del cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de cinco de octubre del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, 86, 88 y 89, todos de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con el escrito exhibido. En ese tenor, dentro del término de tres días, contado a partir de que se integre debidamente el expediente, dese nueva cuenta para proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    VISTOS los autos del expediente 460/2023-E, a fin de resolver en sentencia lo relativo al juicio de amparo promovido por ********************, contra actos de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana y otra autoridad más; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, turnado el veintisiete de abril siguiente a este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se trascriben: - Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. - Ayuntamiento de Tijuana. ACTOS RECLAMADOS "1) Al Ayuntamiento de Tijuana Baja California. Le reclamo la aprobación y promulgación del artículo 217 de Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 56, del 06 de diciembre de 2013, sección III, tomo CXX. A la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California. a) Le reclamo el acuerdo de inicio de procedimiento dictado en mi contra dentro del expediente E-339/CSPC/2021, de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. b) Le reclamo la prescripción del procedimiento sustanciado en mi contra dentro del expediente E-339/CSPC/2021, de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. c) La aplicación del artículo 217 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 56, del 06 de diciembre de 2013, sección III, tomo CXX, dentro del acuerdo de inicio de procedimiento dictado en mi contra dentro del expediente E-339/CSPC/2021." Segundo. Trámite. Por acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes, se dio vista al Ministerio Público de la Federación, y se fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve. Segundo. Fijación del acto reclamado. Previo a verificar la certeza de los actos reclamados, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, es preciso señalar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: La inconstitucionalidad del artículo 217 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California, con motivo de su primer acto de aplicación. El acuerdo de inicio del procedimiento administrativo número expediente E-339/CSPC/2021, de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado atribuido al Ayuntamiento de Tijuana, consistente en la aprobación y promulgación del artículo 217 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana. Aunado a lo anterior, no puede soslayarse que atento a la naturaleza de dichos actos, su existencia no está sujeta a prueba, ya que se está en presencia de hechos notorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del párrafo segundo, de su numeral 2°. Cobra aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación4, que a la letra dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Así, como la jurisprudencia 65/2000, por las razones que la conforman, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por su parte, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en acuerdo de inicio del procedimiento administrativo número expediente E-339/CSPC/2021, de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Lo que se corrobora con la copia certificada del expediente E-339/CSPC/2021, que remitió dicha autoridad, en apoyo a su informe justificado, documento público que detenta pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Cuarto. Causas de improcedencia. Como se precisó, la quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 217 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California. En relación al acto reclamado mencionado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. La causa de improcedencia contenida en el precepto citado, dispone que se entenderá consentida tácitamente una ley y, por ende, el juicio de amparo promovido en su contra será improcedente, cuando la parte quejosa no impugne el primer acto de aplicación de esa ley dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17, primer párrafo, de la ley de la materia. Luego, del informe rendido por el Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, se advierte que en el caso, no se trata del primer acto de aplicación del artículo 217 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California; en virtud de que el precepto que aquí impugna, le fue aplicado en el diverso procedimiento, expediente administrativo E-324/CSPC/2021, cuyo acuerdo de inicio reclamó en el diverso juicio de amparo 504/2022, del índice de este órgano jurisdiccional por lo que no es el primer acto de aplicación de tal norma, lo que actualiza el consentimiento de la misma. Efectivamente, se hace constar como hecho notorio que ante este juzgado de Distrito, se tramita el diverso juicio de amparo 504/2022, en el cual, el hoy quejoso señaló como acto reclamado el acuerdo de diez de marzo de dos mil veintidós, correspondiente al inicio de procedimiento de responsabilidad E-324/CSPC/2021, en cuyo considerando segundo, se analizó lo relativo a la oportunidad de la presentación de la solicitud, y se fundamentó precisamente en el artículo 217 que ahora reclama. Documental que adquiere valor probatorio pleno, en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por ende, se concluye que el acto de aplicación del numeral reclamado, se materializó en la fecha indicada. Consecuentemente, el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo número expediente E-339/CSPC/2021, de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, no es el primer acto de aplicación, sino que constituye uno ulterior, pues como se ha precisado, le fue aplicado desde el diez de marzo de dos mil veintidós. Es aplicable la tesis 2a. IV/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a foja 227, de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. EL PLAZO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DEMUESTRE LA NOTIFICACIÓN DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, SI AQUÉLLA NO SE DESVIRTÚA." Por lo tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento en cita. Quinto. Estudio de fondo de la inconstitucionalidad. Previamente, resulta necesario destacar que en el presente asunto no se está ante el supuesto de suplencia de la queja, que derive en el análisis del fondo del asunto, aún ante la ausencia de conceptos de violación, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en atención a los razonamientos lógico jurídicos que emanan de la ejecutoria de la contradicción de tesis 228/2014, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 7/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el epígrafe: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA." , en donde se hizo la precisión que atendiendo al régimen especial que impera las relaciones laborales de los agentes policiacos con el Estado, habría que distinguir dos tipos de procedimientos bajo los cuales se puede llegar a la separación del cargo, a saber: a) El procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, el que podría eventualmente llevar a la separación del servicio por imposibilidad para continuar en él; y, b) El procedimiento administrativo como causa de responsabilidad que amerite la imposición de una sanción administrativa. En el primero se dirimen temas relativos a la relación que surge entre el Estado como patrón y el servidor público como empleado; y en el procedimiento de responsabilidad administrativa se analiza si la conducta de un servidor público en el ejercicio de sus funciones afectó o no, los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen a la función pública. Por lo que derivado de lo anterior, se concluyó que la suplencia de la queja deficiente ahí analizada, correspondió únicamente al primero de los supuestos, esto es, disímil a los actos atribuidos al quejoso, en donde el tópico no radica con relación al ingreso o permanencia, sino el relativo a la infracción a sus obligaciones, particularmente el relativo a velar por la vida e integridad de las personas detenidas y que encuadra en el segundo de los supuestos descritos, y consecuencia, improcedente la suplencia de la queja. En tal virtud, los conceptos de violación serán atendidos en estricto sentido a como fueron expuestos en la demanda de garantías, los cuales se consideran inoperantes. Expone el quejoso en sus conceptos de violación que la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, en el acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa consideró como fecha de inicio para el cómputo de la prescripción, aquella en que la Sindicatura Municipal de Tijuana, tuvo conocimiento de los hechos y no así la de la comisión de tales hechos, en observancia del artículo 217 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California. Como se anticipó, los conceptos de violación son inoperantes. Lo anterior es así, ya que el aspecto que en él se destaca, y que ha sido precisado en párrafos precedentes, fue ponderado por el Pleno del Decimoquinto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 8/2017, ejecutoria en la que, en lo que aquí interesa, establece: "Este Pleno de Circuito considera que es correcta en parte la apreciación del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Los Mochis, Sinaloa, que intervienen, en el sentido de que el plazo de prescripción de un año con el que cuenta la Sindicatura Municipal de Tijuana y/o la Contraloría Interna para que lleve a cabo las investigaciones relativas a la falta que se atribuye a un servidor público y presente la denuncia, se interrumpe una vez que se presenta la referida denuncia ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera (antes Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública). Lo apuntado atendiendo al contenido de los preceptos legales, que en su orden comprenden la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, Reglamento del Servicio de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California, los cuales enseguida se transcriben: En lo que ve al primer ordenamiento legal invocado: (Transcribe artículos 183, 184, 185 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, artículos 92, 93 y 94 del Reglamento del Servicio de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California, artículos 217, 218, 219 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana). De la reproducción de esos preceptos se obtiene, como lo argumentó el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, en lo que interesa, que existen dos hipótesis para que se actualice la prescripción en los procedimientos seguidos en contra de miembros policiales adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California. I. Incide en la facultad de la Contraloría Interna o Sindicatura Municipal para solicitar a la comisión el inicio del procedimiento respectivo, supuesto en el que se estableció para que opere, el transcurso de un año a partir de que se tenga conocimiento de los hechos que hagan presumir que algún miembro ha dejado de cumplir con los requisitos de permanencia. II. Versa respecto a la facultad de la comisión para emitir la resolución definitiva y notificarla al afectado, evento en el que se requiere para su actualización, el transcurso de dos años. En ese contexto, es evidente que el legislador estableció con precisión el término para que operare la prescripción de la facultad de la Contraloría Interna o Sindicatura Municipal para solicitar a la comisión el inicio del procedimiento respectivo. De manera que los preceptos analizados son claros, al prever que a la Contraloría Interna le prescribe en un año, a partir de que tenga conocimiento de hechos que hagan presumir que algún miembro ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos de permanencia o que pudiese haber incurrido en responsabilidad administrativa grave, para solicitar el inicio de procedimiento de separación definitiva. Por ello, el accionar de la Contraloría Interna o Sindicatura Municipal se agota, precisamente, al solicitar el inicio del procedimiento de esa naturaleza y, por ende, la data en que se hubiere desplegado ese actuar es la que debe ponderarse, a fin de apreciar si esa facultad se encuentra prescrita o no". Y dichos razonamientos dieron origen a la jurisprudencia PC.XV. J/26 A (10a.), que se consulta en la página 1608, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo III, Materia Constitucional, Décima Época, que dispone lo siguiente: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. EL PLAZO CON QUE CUENTA LA SINDICATURA MUNICIPAL PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN DE DESARROLLO POLICIAL EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CONTRA LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, SE INTERRUMPE AL PRESENTARSE LA SOLICITUD O DENUNCIA CORRESPONDIENTE. El plazo de un año con el que cuenta la Sindicatura Municipal de Tijuana, Baja California, para solicitar a la Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del propio Municipio el inicio del procedimiento contra los miembros de las instituciones policiales a que aluden los artículos 217 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, 183 de la Ley de Seguridad Pública de la entidad y 92 del Reglamento del Servicio de Seguridad Pública para dicho Municipio, abrogado, se interrumpe al momento en que presenta la solicitud o denuncia correspondiente ante la Comisión referida y no hasta que ésta dicte el auto de inicio del procedimiento respectivo". De lo expuesto se obtiene que la fecha que deberá tomarse en consideración para efectos de solicitar a la Comisión responsable el inicio del procedimiento respectivo, es de un año a partir de que tenga conocimiento de los hechos; de ahí que si el recurrente aduce diversa premisa a fin de emitir el cómputo correspondiente, ésta resulta inoperante al existir criterio de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/9 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, página 2546, que es de rubro y contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. RESULTA INNECESARIO SU ANÁLISIS, CUANDO SOBRE EL TEMA DE FONDO PLANTEADO EN LOS MISMOS YA EXISTE JURISPRUDENCIA. Resultan inoperantes los conceptos de violación y, por ende, innecesario su análisis, en los que en relación con el fondo del asunto planteado en ellos, ya existe jurisprudencia que es obligatoria en su observancia y aplicación para la autoridad responsable, que la constriñe a resolver en el mismo sentido fijado en esa jurisprudencia, por lo que, en todo caso, con su aplicación se da respuesta integral al tema de fondo planteado; luego, si esa jurisprudencia es contraria a los intereses de la quejosa, ningún beneficio obtendría ésta el que se le otorgare la protección constitucional para que el tribunal de apelación estudiara lo planteado en la demanda, así como en los agravios que se hicieron valer en relación con el tema de fondo que es similar al contenido en dicha jurisprudencia, pues por virtud de su obligatoriedad, tendría que resolver en el mismo sentido establecido en ella". Lo anterior sin soslayar que la jurisprudencia 47/2005 que el quejoso utiliza de argumento, resulta inaplicable, a virtud de que aborda una disposición distinta a la que se analizó en la litis constitucional, a saber, el artículo 154, segundo párrafo, de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco; por tanto, dado que el Pleno del Decimoquinto Circuito avaló el contenido del artículo 217 en estudio, en cuanto a la forma en que se realizará el cómputo para solicitar el inicio del procedimiento sancionatorio aludido, se colige que la determinación a la que arribó la responsable para determinar que el plazo para que opere la prescripción de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, no había fenecido, no trastoca el derecho a la seguridad jurídica que prevé el artículo 16 del Pacto Federal, por lo que procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el quejoso. Tampoco se pasa por alto el sentido del fallo emitido en el diverso juicio de amparo 1023/2023, del índice de este juzgado de Distrito, ya que en él se analizó un acto consistente en la inconstitucionalidad der una norma diversa a la que se señala en el concepto de violación en este juicio, así como la jurisprudencia a la que se hizo alusión previamente. Sexto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75 y 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra acto atribuido al Ayuntamiento de Tijuana, en términos del cuarto considerando de esta sentencia. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********************, contra el acto que reclamó a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, conforme a lo establecido en el quinto considerando de esta sentencia. Tercero. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hoy cinco de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado; asistida por el Secretario José Alejandro Ortiz Monroy, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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