Julio César Juárez Alcantar

Expediente 365/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
365/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/07/2021

Partes del expediente

  • Julio César Juárez Alcantar

Actuaciones

  1. Principal

    Primero. Por escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, Julio César Juárez Alcantar, de propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: ES LA OMISION DE PREVEER RESPUESTA ALGUNA ANTE FORMAL RECURSO INCIDENTAL, EN EL CUAL SE PROMUEVEN GARANTIAS LEGALES. CON EL FIN DE OBTENER UN BENEFICIO DENOMINADO "PRISION PREVENTIVA "QUANTUM"A LA CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO A PROVEIDO DE RESPUESTA NI LE A DADO SEGUIMIENTO DE DILIGENCIA A LA TRAMITACION INCIDENTAL PROMOVIDA OMITIENDO SUS RELACIONES DE MANERA PRONTA COMPLETA HE IMPARCIAL (SIC)." Segundo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, registrándola con el número de expediente 365/2021; mediante auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, Considerando Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados podrían tener ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual, es preciso efectuar un análisis conjunto de la demanda, por ser un todo considerado, en términos de la tesis P.VI/2004, registro 181810, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, página 255; cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado destacado consiste en la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada por el quejoso el diez de marzo de dos mil veintiuno, relativa a la bonificación del quantum de la prisión preventiva ante el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate. Tercero. Existencia de los actos reclamados. No obstante la negativa de los actos, este se estima cierto; lo anterior, es en ese sentido ya que la petición elevada por el quejoso ante el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, el diez de marzo de dos mil veintiuno, no fue atendida sino hasta el diez de junio del año en curso, lo que pone en relieve que la autoridad responsable había sido omisa en atender dicha solicitud, y que proveyó al respecto con posterioridad a la presentación de la demanda que dio origen a este juicio. Lo que se corrobora con las fotocopias certificadas de las constancias que integran el cuadernillo de ejecución 178/2021 del índice de la autoridad responsable, mismas que adquieren pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, ya que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, hayan sido objetadas en su autenticidad. Valoración robustecida en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Causas de improcedencia. Antes de entrar al estudio del asunto planteado, lo procedente es analizar las causas de improcedencia, ya que es cuestión de orden público y por ende, de estudio preferente, pues el examen en comento puede realizarse aún de oficio, acorde a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, no obstante la certeza de los actos reclamados, quien resuelve advierte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. Tal improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Ahora, como se anticipó, en el presente asunto, el quejoso reclama la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada diez de marzo de dos mil veintiuno, relativa a la bonificación del quantum de la prisión preventiva; lo anterior fue solicitado ante el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate. En ese contexto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable relativas al cuaderno de ejecución 178/2021 se advierte que el diez de junio de dos mil veintiuno (posterior a la presentación de la demanda de amparo), se pronunció respecto al inicio del procedimiento ordinario de ejecución con base en la solicitud de la bonificación del quantum de la prisión preventiva instada por el aquí quejoso, proveyendo respecto a las diligencias necesarias para allegarse de elementos que le permitan resolver tal petición. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado, en el caso, se traduce en que el acto de molestia consistente en no dar respuesta a la solicitud de la bonificación del quantum de la prisión preventiva, que le fue hecha a la autoridad responsable, dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, pues con posterioridad a la presentación de su demanda de amparo, en acuerdo de diez de junio de dos mil veintiuno, el Juez responsable dio trámite a la solicitud presentada por el aquí quejoso el diez de marzo del año en curso; entonces, el acto de molestia reprochado, ha cesado en forma definitiva. Por ello, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues aquella situación jurídica, consistente en la omisión citada de dar respuesta a la solicitud presentada por la parte quejosa se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional; de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. En tales circunstancias, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 61, fracción XXI en relación con el artículo 63, fracción V ambos de la Ley de Amparo, por lo que a dicha autoridad y actos se refiere. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Quinto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75 y 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: Resuelve Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Julio César Juárez Alcantar, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Coordinación Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad; atento a su contenido téngase a dicha institución designando a los profesionistas que menciona en su ocurso, a fin de que asesoren al quejoso en la tramitación del presente juicio de amparo; así como señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere para tal efecto. En atención a lo expuesto, con fundamento en los artículos 1 y 14 constitucionales, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, a los profesionistas designados, para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que la misma deba ser examinada de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 43/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Por consiguiente, resulta procedente turnar los autos al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que se sirva notificar en forma personal el contenido del presente proveído así como de todos los acuerdos que integran este juicio, a los citados defensores adscritos a la Coordinación Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, en el domicilio procesal proporcionado para tal efecto, a fin de proporcionar la asistencia jurídica al quejoso privado de su libertad. Ahora, tomando en cuenta que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California; y atendiendo a la situación actual de emergencia sanitaria, decretada por la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes. Por lo anterior, se instruye al actuario judicial que corresponda realizar la notificación en términos del Acuerdo General 12/2020, de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y demás disposiciones aplicables dictadas por esa autoridad, es decir, por medios electrónicos y si esto resulta imposible, deberá hacerlo presencialmente tomando las medidas de sanidad que corresponda para el seguro y buen desempeño de su encomienda, ante la contingencia por el virus COVID-19. Para dar margen a lo anterior, y toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas con treinta minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese; y personalmente al quejoso, así como a sus asesores jurídicos.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Así mismo, refiere que adjunto al informe envía por la vía ordinaria las constancias que integran el cuaderno de ejecución 178/2021, de su índice; en consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la legislación aplicable, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días legalmente computado, remita fotocopia certificada de las constancias que integran el referido cuadernillo. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. En ese contexto, ya de que el quejoso, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a la actuaria de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante los medios electrónicos establecidos en el acuerdo general 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura integra del presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Julio César Juárez Alcantar, de propio derecho, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Partido Judicial de Tecate, Baja California, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 8º y 17 constitucionales; por lo tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 365/2021-B. Incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las doce horas con treinta minutos del veinticinco de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de las partes acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que se requiere a los intervinientes a efecto de que si es su interés acudir a la celebración de la misma, o de las actuaciones subsecuentes se tenga que desahogar alguna prueba que implique la presencia de alguna persona, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado con la debida anticipación para estar en condiciones de realizar los trámites necesarios de acceso al órgano jurisdiccional, y ordenar su desahogo mediante videoconferencia, acorde con lo establecido en los artículos 6 fracción I y 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ministerio Público Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y de ser el caso, remita fotocopia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos que se reclaman, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisa, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Se autoriza a la responsable para que envíe su informe justificado por medio de correo electrónico institucional, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo emita, así como, de ser el caso, los anexos respectivos debidamente digitalizados, a la dirección 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria que estime conveniente. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigidos aun y cuando su denominación no sea la actual, pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, libro XVI, Enero de 2013, tomo 2, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en este juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por la importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, la que podrá ser consultada directamente por dicha autoridad, sus delegados o autorizados. Causas de sobreseimiento Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a las disposiciones establecidas en la parte final del párrafo anterior al precedente. Conocimiento previo Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Requerimiento de correo institucional Asimismo, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Intercambio de Información Oficial a través de Correo Electrónica Institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el diecisiete de abril del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación, requiérase a las autoridades responsables para que proporcionen su correo institucional, a efecto de que se les realicen las subsecuentes notificaciones por dicho medio y no se propicie el riesgo de contagio de la referida enfermedad. Tercero interesado Dada la naturaleza del acto reclamado, no ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado, y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Domicilio En términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que se indica en el proemio de la demanda de amparo, es decir, el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California, por lo que, tomando en consideración la situación actual por el virus SARS (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a la actuaria de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante los medios electrónicos establecidos en el acuerdo general 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura integra del presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello. Designación de defensor En virtud que el agraviado se encuentran privado de la libertad, y a fin de salvaguardar sus derechos y no dejar al peticionario del amparo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador del Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, anexando copia simple de la demanda, con la finalidad que de inmediato, asigne al quejoso un defensor público, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a./J. 43/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2020495, de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Días y horas inhábiles En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Comunicación con los justiciables durante la vigencia Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones por la misma vía en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause estado la presente resolución. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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