Julio César Sorrosa Navarrete
Expediente 504/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 40 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 03/10/2023
Partes del expediente
- Julio César Sorrosa Navarrete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 504/2022-B, promovido por Julio César Sorrosa Navarrete, por su propio derecho, contra actos de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante demanda presentada el cinco de julio de dos mil veintidós, en la anterior Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y turnado al día hábil siguiente a este órgano jurisdiccional, el quejoso Julio César Sorrosa Navarrete, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridad cuya denominación correcta a continuación se señala: Autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Actos reclamados "Le reclamo el acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa dictado en mi contra dentro del expediente E324/CSPC/2021, de fecha diez de marzo de dos mil veintidós. (.)" Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa estimó que con el actuar de la autoridad responsable, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagran los artículos 1º, 5º, 14, 16, 21 y 123, apartado B, fracción XIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión de demanda y trámite del juicio. Por acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo por los actos y autoridad señalada con anterioridad; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; y, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que se celebró al tenor del acta que antecede, turnándose los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; al reclamarse actos que tienen ejecución en la circunscripción territorial en la que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, consiste en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, dictado el diez de marzo de dos mil veintidós, en el expediente E-324/CSPC/2021. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, en su informe justificado, refirió que no eran ciertos los actos reclamados, sin embargo, a continuación hizo manifestaciones que evidencian su certeza; motivo por el cual, se tiene por desvirtuada dicha negativa y se tienen por ciertos los actos materia de reclamo, para los efectos legales a que haya lugar. Apoya lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, página 391, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que se corrobora, con las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran el procedimiento de responsabilidad administrativa con número de expediente E-324/CSPC/2021, seguido en contra del quejoso y otro, mismo que aún se encuentra en trámite. Documentales que adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, ya que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, hayan sido objetadas en su autenticidad. Valoración que se robustece con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por las partes, o que este Juzgado Federal advierta de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en virtud de que es el momento idóneo para analizar los actos tildados de inconstitucionales, se procede al estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que resulte necesario realizar su transcripción, además de no haber disposición que obligue a ello. En consecuencia, en su oportunidad se procederá al análisis de dichos motivos de inconformidad que expone el promovente del amparo en su demanda. QUINTO. Estudio de fondo. Es esencialmente fundado uno de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa y suficiente para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, sin que en el caso proceda la suplencia de la queja. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 190/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 705, cuyo rubro y contenido dicen lo siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL. Para que proceda la aplicación de la suplencia de la queja deficiente a que se refiere la indicada porción normativa, es menester no sólo que el quejoso tenga la calidad de trabajador o empleado sino que, además, se trate de un asunto cuya materia derive de un conflicto laboral, es decir, que tenga incidencia, de manera directa e inmediata, en algún derecho previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar si el origen de la relación de subordinación deriva de una relación regulada por leyes laborales o administrativas, pues basta con que se afecte algún interés fundamental tutelado por el precepto constitucional aludido y que en el amparo intervenga un trabajador o empleado en defensa de aquél para que surja la obligación del órgano de control constitucional de aplicar la institución de mérito a su favor. Por tanto, como el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae aquel precepto constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), es claro que en los juicios de amparo cuya materia se ciña a algún acto dictado en ese tipo de procedimientos no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo". En sus motivos de inconformidad, el peticionario del amparo argumenta lo siguiente: 1. Que la autoridad responsable vulneró sus derechos de audiencia y debido proceso, ya que al momento de notificarle el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, no le corrió traslado con copia de los medios de convicción que se tomaron en cuenta para su dictado. 2. Que el acto reclamado carece de debida fundamentación y motivación, en virtud de que la Comisión responsable sólo hizo referencia a la conducta que se le atribuye de manera genérica o englobada conjuntamente con la de su compañero, a quien se le imputaron los mismos hechos y conductas materia de reproche; ello, cuando los artículos 109, fracción I, y 180, fracción II, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California (vigente hasta el veintiocho de diciembre de dos mil veinte), establece que la Comisión está obligada a citar la disposición normativa infringida en la que se establece la descripción de la conducta tipificada como falta o infracción grave, y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevó a cabo la conducta atribuida, para encuadrarla exactamente en la hipótesis normativa correspondiente. 3. Que la responsable no realizó una correcta valoración de las pruebas presentadas por la Contraloría Interna, pues no se analizó su legalidad, idoneidad y relación con los hechos que se le atribuyen al aquí quejoso. Como se anticipó, es fundado el concepto de violación indicado en el arábigo 2 que antecede, por las consideraciones siguientes: El artículo 14 Constitucional establece que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En la inteligencia que dichas formalidades consisten en otorgar al gobernado la oportunidad de defenderse y de probar lo que a su interés convenga; de modo que la sentencia que se dicte en un procedimiento de cualquier índole, en su carácter de acto jurídico público unitario, no puede carecer de las mismas. A su vez, del diverso artículo 16 Constitucional, de su contenido se desprende que todo acto de autoridad que pretenda incidir válidamente en la esfera jurídica de un gobernado, debe reunir los siguientes requisitos: Ser emitido por autoridad competente; y, Que se encuentre debidamente fundamentado y motivado. Por cuanto hace a la fundamentación y motivación, indistintamente se deben reunir los extremos siguientes: Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación); Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación); y, Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Así, para cumplir con el imperativo constitucional, la autoridad debe expresar con precisión los preceptos legales que apoyan la emisión del acto, las razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para ello y justificar la adecuación entre los motivos aducidos en el acto de autoridad y las normas aplicadas. La finalidad de dicho dispositivo constitucional estriba en evitar dejar al gobernado en estado de indefensión a causa de que desconozca la disposición que faculta a la autoridad para emitir la resolución que le afecta y el carácter con que la emite, pues es evidente que de dejar de precisar esa causa se impediría al gobernado de la oportunidad de examinar si la actuación de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo y si es o no conforme a la Constitución Federal o a la ley aplicable al caso concreto. Así, para estimar satisfecho el derecho constitucional a la debida fundamentación que consagra el artículo 16 constitucional (por lo que hace a la competencia del acto de molestia), es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora. En esa intelección, las resoluciones que emitan las autoridades que causen molestia a los gobernados deben cumplir con la garantía de legalidad contenida en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis; es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia 260, visible en la página 175, del Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas" En ese sentido, el Pleno del Decimoquinto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 4/2020, precisó -en lo que aquí interesa-, lo siguiente: "[.] De los preceptos transcritos, debe destacarse que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California establece que para conocer y resolver toda controversia que se suscite en relación con el régimen disciplinario de los miembros de la carrera policial, se deben establecer instancias colegiadas, como es la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Mexicali, regulada en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de ese Municipio, quien es competente para resolver sobre el inicio de un procedimiento de remoción. Procedimiento de remoción que inicia a solicitud del titular de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, en la que debe señalarse la o las faltas administrativas graves que hubiere cometido el presunto infractor, así como los elementos de convicción y razonamientos jurídicos en los que se soporte. Solicitud que la Comisión de Honor y Justicia debe analizar y determinar si existen elementos suficientes para iniciar el procedimiento de remoción; y, en su caso, el acuerdo de inicio debe contener, entre otros requisitos, la mención de las causas o motivos imputados para iniciarlo, así como las disposiciones normativas infringidas. Requisito de expresar las causas o motivos y las disposiciones normativas infringidas, que conlleva el deber de citar la disposición normativa infringida en la que se establece la descripción de la conducta tipificada como falta o infracción grave, y las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que se llevó a cabo la conducta del presunto infractor, individualizándola y encuadrándola exactamente en la hipótesis normativa, sin que sea lícito ampliar ésta ni por analogía ni por mayoría de razón. El parámetro de detalle en la motivación será de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, de tal suerte que si la presunta infracción o falta cometida se atribuye, por ejemplo, a los policías que elaboraron y firmaron el informe policial respectivo en el que consta la detención, traslado e internamiento reprochados, la motivación necesaria será distinta en comparación a los casos en los que, como en el particular aconteció, se consideran cometidas por policías distintos a los que elaboraron y firmaron el informe policial, pero en todo caso se deben expresar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevó a cabo la conducta del presunto infractor, individualizándola y encuadrándola exactamente en la hipótesis normativa. Una posición contraria daría margen a la arbitrariedad de la autoridad administrativa que da inicio al procedimiento administrativo sancionador y a dejar en estado de indefensión al presunto infractor, al no hacérsele saber clara y exactamente cuál es la acción u omisión concreta que se le atribuye, de manera que encuadre exactamente en la conducta tipificada como infracción, para que esté en aptitud de defenderse de manera adecuada, ya sea desvirtuando la conducta o justificándola. Sirve de ejemplo lo que aconteció en el procedimiento de remoción que originó esta contradicción de tesis, en el que las mismas tres infracciones (contempladas en el artículo 20, fracciones XXXI, XXXV y LVIII, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali)(12) y conductas supuestamente constitutivas de esas infracciones, en el acuerdo de inicio reclamado en los amparos subyacentes, les fue atribuida a veinticuatro agentes de la Policía Municipal Preventiva de Mexicali, sin precisar ni individualizar la conducta concreta que llevó a cabo cada uno de ellos, y sin encuadrarla de manera exacta en las hipótesis normativas. Es así, porque una cosa es que el resultado de una investigación administrativa conduzca a la conclusión o presunción -como en el acuerdo de inicio de que se trata se indicó-, de que existió la comisión de una infracción administrativa de carácter grave, y otra distinta, es que esa infracción fue cometida por uno, por dos o por más servidores públicos de manera conjunta; y otra más, es quién o quiénes participaron en su comisión, ya que en uno u otro caso la motivación debe ser de tal grado que no deje en estado de indefensión a cada uno de los presuntos infractores a los que se les inicia el procedimiento de remoción de su cargo. Luego, la misma exigencia debe cumplirse si a veinticuatro policías municipales se les reprocha haber participado en la detención de una persona dentro de un domicilio particular sin contar con una orden de cateo o con la autorización del dueño del lugar (que fue otra de las infracciones supuestamente cometidas y por las cuales se inició el procedimiento de remoción que originó esta contradicción de tesis), ya que deben necesariamente precisarse las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que cada uno de los veinticuatro infractores participó en esa detención. Cualquier dificultad para cumplir ese requisito de manera exhaustiva y exacta es motivo para que la Comisión de Honor y Justicia declare improcedente iniciar el procedimiento administrativo de remoción, puesto que ello sólo puede surgir por insuficiencia de pruebas o por inexistencia de la conducta ilícita, lo cual debe dilucidarse de manera previa en el procedimiento de investigación interna que debe desahogarse ante la Dirección de Responsabilidades Administrativas, conforme a lo previsto en el artículo 238, fracción II, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Mexicali Baja California. Otro punto es el inherente a que el mismo motivo por el que se considera que el acuerdo de inicio del procedimiento de remoción de un miembro de una institución policial es un acto de imposible reparación y, por ello, es procedente el juicio de amparo indirecto en su contra, es el que amerita que el parámetro de motivación respecto de la conducta típica reprochada (constitutiva de la infracción) sea suficiente y justificada, de manera que permita ejercer una defensa adecuada. Así lo es, ya que no debe perderse de vista que no habrá otra oportunidad para ello debido a que conforme a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de un policía fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido, de manera que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Bajo ese contexto, se debe partir de la premisa de que el principio de tipicidad se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes; exigencia que se cumple cuando en la norma existe una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción. Y, al considerar actualizada la conducta típica, deben precisarse las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que el presunto infractor participó (en el caso, la de cada uno de los veinticuatro infractores acusados) y, por tanto, no basta con englobar la conducta que supuesta y presuntamente realizó, para dar cumplimiento al principio de legalidad, y los diversos de tipicidad y de exacta aplicación de la ley que lo conforman, de tal suerte que es necesario individualizar la conducta y encuadrarla de manera exacta en la hipótesis de infracción reprochada. De no hacerlo, es decir, si únicamente se engloban las conductas que supuesta y presuntamente realizaron los presuntos infractores, sin individualizarlas y sin encuadrar cada una de ellas en la hipótesis de infracción reprochada, se les deja en estado de indefensión al no permitirles conocer cuál es la conducta concreta que deben desvirtuar o justificar. Por tanto, acorde con los principios de legalidad, tipicidad y exacta aplicación de la ley, previstos para la materia penal en el artículo 14 de la Constitución Federal y aplicables al derecho administrativo sancionador, al emitir el auto de inicio de un procedimiento de remoción de un miembro de una institución policial municipal, conforme a lo previsto en los artículos 109, fracción I y 180, fracción II, de (sic) Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California (vigente hasta el veintiocho de diciembre de dos mil veinte) y sus correlativos 233 y 238 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Mexicali, la Comisión de Honor y Justicia está obligada a citar la disposición normativa infringida en la que se establece la descripción de la conducta tipificada como falta o infracción grave, y las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que se llevó a cabo la conducta del presunto infractor, para encuadrarla exactamente en la hipótesis normativa. Sin que sea jurídicamente aceptable que sólo se haga referencia a esa conducta reprochable de manera genérica, o englobarla conjuntamente con la de otro u otros presuntos infractores, ya que siempre se debe individualizar y encuadrar exactamente en la hipótesis normativa correspondiente, sobre todo en los casos en los que una misma conducta e infracción le es imputada a más de un servidor público. [.]" (Lo resaltado es propio). De la contradicción de tesis antes mencionada derivó la jurisprudencia PC.XV.J/2A (11a), con número de registro digital 2023374, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, página 2088, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REMOCIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES. EL ACUERDO DE INICIO DEBE CONTENER LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR EN QUE TUVO LUGAR LA CONDUCTA REPROCHADA, DE MANERA QUE ENCUADRE EXACTAMENTE EN LA HIPÓTESIS TIPIFICADA COMO FALTA GRAVE. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al pronunciarse sobre el parámetro de motivación que debe cumplir el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de remoción de un policía municipal de Mexicali, respecto de la mención de las causas o motivos imputados para iniciarlo, y si se debe o no precisar de manera individualizada la acción u omisión concreta realizada por el servidor público que tipifica la infracción que se le reprocha. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de remoción de un policía municipal de Mexicali, debe contener las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tuvo lugar la conducta reprochada de manera que encuadre exactamente en la hipótesis tipificada como falta grave. Justificación: Conforme a lo previsto en los artículos 109, fracción I y 180, fracción II, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California (vigente hasta el 28 de diciembre de 2020) y sus correlativos 233 y 238 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Mexicali, la Comisión de Honor y Justicia debe analizar y determinar si existen elementos suficientes para iniciar el procedimiento de remoción; y, en su caso, el acuerdo de inicio debe contener, entre otros requisitos, la mención de las causas o motivos imputados para iniciarlo, así como las disposiciones normativas infringidas; exigencia que, interpretada de manera acorde con los principios de legalidad, tipicidad y exacta aplicación de la ley, previstos para la materia penal en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y aplicables al derecho administrativo sancionador, conlleva la obligación de precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta realizada por el presunto infractor y encuadrarla exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida como infracción o falta grave que se le atribuye. Sin que sea jurídicamente aceptable que sólo se haga referencia a esa conducta reprochable de manera genérica, o englobarla conjuntamente con la de otro u otros presuntos infractores, ya que siempre se debe individualizar y encuadrar exactamente en la hipótesis normativa, sobre todo en los casos en los que una misma conducta e infracción le es imputada a más de un servidor público." Por lo anterior, es que se estima fundado el argumento en estudio, pues al imponerse del contenido del acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa, dictado el diez de marzo de dos mil veintidós, dentro del expediente E-324/CSPC/2021, se advierte que carece de una adecuada motivación, pues en el mismo la Comisión responsable no estableció pormenorizadamente las razones particulares por las cuales consideró necesario iniciar tal procedimiento en contra del miembro policial Julio César Sorrosa Navarrete, aquí quejoso. En efecto, en el acuerdo reclamado se estableció que se acreditaban las conductas por incumplimiento a las obligaciones de Julio César Sorrosa Navarrete y otro miembro policial, previstas en el artículo 25, fracciones XXXII y LV del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California, situación que concluyó de esa forma con base en el análisis efectuado de los medios probatorios que le fueron remitidos por la Sindicatura Procuradora Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, en los términos siguientes: "[.] TERCERO.- Imputación de la Sindicatura Procuradora Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Por consiguiente, se atenderá la procedencia de la solicitud de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa realizada por la Sindicatura en contra de los miembros policiales, en atención a la investigación administrativa que les fue realizada a los antes citados, bajo el número de queja INV-P-548/2020, y tomando como consideraciones las esgrimidas en la resolución que emitió en fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en las que principalmente consideró lo siguiente: (.) Ahora bien, del análisis de los autos y de las imputaciones realizadas por Henry Kevyn Miranda Martínez, también se advierten elementos suficientes para presumir que los oficiales Julio César Sorrosa Navarrete y Kevin Arturo Bandilla Alvarado, incumplieron con la obligación prevista en el artículo 25 fracción XXXII, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California. (.) Para sustentar tal afirmación la Sindicatura Procuradora Municipal, ordenó llevar a cabo las diligencias que resultaren necesarias allegándose de los siguientes elementos de convicción: 1.- Declaración del Denunciante.- a cargo de Henry Kevyn Miranda Martínez, ante la Dirección de Investigación y Determinación de la Sindicatura Procuradora del H. XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, la cual se tiene por reproducida en este apartado como si a la letra se insertase, en obvio de transcripciones innecesarias para los efectos legales conducentes, visible a foja uno a cinco de autos. Por lo que dichas probanzas adminiculadas entre sí, son valoradas y hacen prueba plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 285 fracciones II, III, IV, VII, VIII, 318, 319, 322, fracción II, y V, 323, 368, 405, 414, todos del Código en relación con el artículo 162 del Reglamento. En este orden de ideas y por las consideraciones esgrimidas, esta Comisión procede a entrar al estudio del probable incumplimiento de obligaciones que se les atribuyen a los miembros policiales, previstas en el artículo 25 fracciones XXXII y LV del Reglamento, mismos que ha han quedado mencionados en párrafos que anteceden. "Artículo 25.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, los miembros de la Secretaría se sujetaran a las siguientes obligaciones: (...) XXXII. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas. Asimismo evitar excederse en el uso de la fuerza física en el acto de la detención y en su conducción ante las autoridades correspondientes." (...) LV. Abstenerse de presentar documentación, información falsa o alterada ante cualquier autoridad en el desempeño de su función." (.) Lo que se afirmó con las documentales descritas con anterioridad; lo que resulta suficiente para imputar la conducta; por lo antes expuesto y conforme a los hechos denunciados, se puede afirmar presuntivamente que los miembros policiales, no velaron por la vida e integridad física de Henry Kevin Miranda Martínez; así como también presentaron documentación, información falsa o alterada ante la autoridad competente; conducta que se corrobora con las documentales descritas con antelación. Por lo cual, se tiene por acreditado el presunto incumplimiento a la obligación prevista en el artículo 25 fracciones XXXII y LV del Reglamento, por lo tanto, resulta procedente decretar el Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, bajo número de expediente E-324/CSPC/2021, en contra del miembro policial, de conformidad con lo previsto en los numerales 122 y 123 del Reglamento. [.]" Como se ve, en la emisión del acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa dictado dentro del expediente E-324/CSPC/2021 el diez de marzo de dos mil veintidós, iniciado en contra del miembro policial Julio César Sorrosa Navarrete y otro, como presunto infractor de las fracciones XXXII y LV del artículo 25 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California, no se estipuló de manera particular qué conducta se le atribuyó; es decir, en qué fecha, lugar y modo tuvieron lugar acciones u omisiones realizadas personalmente para ser merecedor de la apertura del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en su contra. Se dice lo anterior, porque la Comisión responsable para emitir el acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa únicamente transcribió las consideraciones que emitió la Sindicatura Procuradora Municipal de Tijuana, Baja California dentro de la resolución emitida el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno dentro del expediente INV-P-548/2020 y refirió que dichas pruebas estaban adminiculadas entre sí y que valoradas hacían prueba plena en términos de los artículos ahí precisados. Así también, dicha Comisión procedió a entrar al estudio del probable incumplimiento de obligaciones que se les atribuyó a los dos miembros policiales -entre los que se encuentra el aquí quejoso-, previstas en el artículo 25 fracciones XXXII y LV del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California. Para lo anterior, la autoridad tomó en consideración que la Sindicatura Procuradora para solicitar el inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa se basó en la declaración de Henry Kevin Miranda Martínez de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, lo que a su consideración, se afirmó con las documentales descritas en dicho acuerdo de inicio, y concatenadas entre sí, resultaban suficientes para "imputar la conducta"; por lo que consideró que conforme a los hechos denunciados, se podía afirmar presuntivamente que los miembros policiales, "no velaron por la vida e integridad física de Henry Kevin Miranda Martínez", y que éstos presentaron documentación, información falsa o alterada ante la autoridad competente, conducta que se corroboraba con la documentación ahí descrita. Entonces, al concatenar la información obtenida de los medios probatorios transcritos en el aludido acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa, la Comisión responsable precisó que se tenía por acreditado el presunto incumplimiento a la obligación prevista en el artículo 25 fracciones XXXII y LV del citado reglamento, por lo que resultaba procedente decretar el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, bajo el número de expediente E-324/CPSC/2021 en contra del aquí quejoso y otro miembro policial, de conformidad con los previsto por los numerales 122 y 123 del Reglamento en cita. De lo antes expuesto se pone de manifiesto que la autoridad responsable no estableció conclusión alguna de la que se permita inferir que en efecto, el aquí quejoso haya cometido las conductas que se le imputan y que en consecuencia ponga de manifiesto que efectivamente infringió lo dispuesto en dichas porciones normativas, pues de manera genérica tomó en cuenta el señalamiento realizado por la Sindicatura Procuradora para solicitar el inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa con base en las probanzas que remitió para tal efecto, sin individualizar, se insiste, lo que se le atribuye de manera específica de cada uno de los miembros policiales (toda vez que como se anticipó la investigación realizada por la Sindicatura Procuradora fue en contra del aquí quejoso y otro miembro policial). Es decir, la responsable se limitó a aseverar de manera genérica que el aquí quejoso y otra persona eran presuntos infractores de las fracciones XXXII y LV del artículo 25 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California por existir suficientes indicios; empero, esas manifestaciones no cumplen con la exigencia constitucional de pormenorizar cómo es que en el caudal probatorio ya destacado, el aquí quejoso incurrió en las hipótesis que se le atribuyen, así como el lugar, fecha y modo en que habría llevado la conducta que se le reprocha, a fin de que esté en aptitud de ejercer su derecho de defensa ante la potestad de la autoridad responsable. Por tanto, se itera, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, realizó un señalamiento genérico al determinar los motivos por los cuales consideró que existía la presunción de que el aquí quejoso hubiera incumplido con las obligaciones previstas en las fracciones XXXII y LV del artículo 25 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California, y que como consecuencia, haya incurrido en responsabilidad que lo hiciera merecedor de un procedimiento de responsabilidad administrativa, sin que se hubiere individualizado la conducta desplegada por ésta, concatenada con los medios probatorios conducentes, para así advertir lo que le fue reprochado, y que de esa manera, éste estuviera en oportunidad de elaborar una debida defensa dentro del procedimiento de origen. Para ello, resultaba importante que la responsable expusiera en específico qué actos u omisiones cometió de manera concreta, en qué momentos, lugares y forma, y qué pruebas se emplearon para llegar a dicha conclusión, que la posicionara en la hipótesis prevista en las fracciones del aludido numeral. Ello, a fin de dar a conocer el ahora quejoso de manera pormenorizada los detalles de lo reprochado y así éste estuviera en condiciones de fincar una debida defensa, desvirtuando, en su caso, y llegado el momento procesal oportuno, lo sostenido por la responsable en el acuerdo de inicio de procedimiento reclamado. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/2018 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo I, página 691, cuyo rubro y contenido dicen lo siguiente: "PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. EL ESTUDIO DE LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN, ASÍ COMO EL RELATIVO A LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD ENCARGADA DE SUSTANCIAR DICHO PROCEDIMIENTO, SON OBLIGATORIOS DESDE EL ACUERDO DE INICIO. Conforme al artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (abrogada), las facultades punitivas de la autoridad administrativa tienen un plazo de prescripción genérico de 3 años y otro de 5 años para el caso de que la infracción se considere grave. En ese sentido, en atención al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los agentes del Ministerio Público Federal pueden ser removidos de su cargo en caso de que la Visitaduría General considere que se actualiza alguna de las conductas consideradas como graves, por lo que es obligatorio que desde el acuerdo de inicio del procedimiento, se analice lo atinente a la gravedad de la conducta o infracción atribuida al servidor público, así como la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad encargada de sustanciarlo, toda vez que la gravedad de la infracción complementa la protección a los principios de seguridad y certeza jurídicas, en la medida en que el servidor público sujeto a investigación tiene conocimiento pleno de los hechos u omisiones que se le imputan, con la finalidad de que pueda trazar la estrategia jurídica necesaria para desvirtuarlos, aspectos que impactan en la figura de la prescripción, la cual también es de estudio preferente y obligatorio, ya que ningún fin práctico tendría sustanciar el procedimiento administrativo en todas sus etapas, si en realidad las facultades para imponer las sanciones correspondientes ya prescribieron, con lo cual también se garantiza el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita del servidor público sujeto a un procedimiento de esta índole, evitando con ello que la autoridad pueda actuar arbitrariamente". La determinación que ahora se adopta en modo alguno prejuzga sobre la conducta desplegada por el miembro policial, ahora quejoso, en los hechos motivo de la investigación de origen, pues esa es una cuestión que con plenitud de jurisdicción debe dilucidar la autoridad responsable, con base en los elementos probatorios que obren en dicha indagatoria, cumpliendo con las exigencias constitucionales plasmadas en esta sentencia. Apoya lo razonado, la jurisprudencia 96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 63, tomo IV, Séptima Época del Apéndice de 1995, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTÍA DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA. La garantía de audiencia consiste fundamentalmente en la oportunidad que se concede al particular de intervenir para poder defenderse, y esa intervención se puede concretar en dos aspectos esenciales, a saber: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se finque la defensa; y la de producir alegatos para apoyar esa defensa con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes. Esto presupone, obviamente, la necesidad de que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que puede culminar con privación de derechos, sean del conocimiento del particular, lo que se traduce siempre en un acto de notificación que tiene por finalidad que aquél se entere de cuáles son esos hechos y así esté en aptitud de defenderse. De lo contrario la audiencia resultaría prácticamente inútil, puesto que el presunto afectado no estaría en condiciones de saber qué pruebas aportar o qué alegatos formular a fin de contradecir los argumentos de la autoridad, si no conoce las causas y los hechos en que ésta se apoya para iniciar un procedimiento que pudiera afectarlo en su esfera jurídica". Así, al no haber expuesto la autoridad responsable en el acuerdo de inicio de procedimiento reclamado, las razones particulares o causas inmediatas de por qué la conducta activa u omisión atribuida al quejoso, según los resultados obtenidos de las pruebas de la investigación de origen, es considerada como grave y merecedora del inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa, es que se concluye que dicho acto carece de una debida motivación. Por consiguiente, es patente la trasgresión del derecho fundamental contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la debida fundamentación y motivación de todo acto de autoridad. Por tanto, procede conceder al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, para los efectos que se precisan en el siguiente considerando. SEXTO. Efectos. Con fundamento en el artículo 77 fracción I, y primer párrafo de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo son para que la Comisión responsable realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto de diez de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente E-324/CSPC/2021, por el que se inició el procedimiento de responsabilidad administrativa, así como las subsecuentes actuaciones, únicamente en relación con el aquí quejoso Julio César Sorrosa Navarrete; y, En su lugar, dicte otro en el que, con libertad de jurisdicción, ya sea en el mismo sentido o en uno diverso, pero de manera fundada y motivada, exponga si de acuerdo con los datos obtenidos de la investigación realizada por la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, considera si el elemento de seguridad pública, aquí quejoso, incumplió con alguna obligación o cometió alguna falta establecida en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California, suficiente para iniciar algún tipo de procedimiento o establecer una sanción en su contra; y de considerar que sí lo es, entonces, precise las circunstancias de modo, tiempo y lugar de tales hechos. En el entendido de que la concesión del amparo no impide que en caso de subsanarse dichos requisitos formales, pueda iniciarse de nueva cuenta el procedimiento de responsabilidad administrativa; por lo que, si determina iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del aquí quejoso, debe exponer de manera clara la conducta que se le reprocha a éste y con qué pruebas se acredita, a fin de que el impetrante del amparo esté en aptitud de ejercer su derecho de defensa. SÉPTIMO. Transparencia. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Atento a lo expuesto, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 74, 75, 76 y 78 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. La Justicia Federal ampara y protege a Julio César Sorrosa Navarrete, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable, por las razones apuntadas en el considerando quinto, y para los efectos precisados en el sexto considerando de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución constitucional. Notifíquese personalmente.
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Tijuana, Baja California, veinte de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito presentado por el quejoso ********************; en atención a su contenido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, hágase la devolución de los documentos que indica, previa copia certificada que se deje autos para constancia, autorizando para recogerlos a la persona que indica. Finalmente, fórmese el tomo II del juicio de amparo en que se actúa, ello, con la finalidad de llevar un mejor manejo del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida del licenciado Gerardo Castillo Riedel, Secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. MBV/GCR/ansn
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Tijuana, Baja California, seis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que aún no transcurre el término de cinco días hábiles establecido en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de queja en contra del proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el que se dejó sin efectos el carácter de tercero interesado a ********************, toda vez que el mismo se encuentra en vías de notificación. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las once horas con diez minutos del cuatro de julio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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Tijuana, Baja California, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, con fundamento en el ordinal 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se reconoció el carácter de tercero interesado a ********************; y se comisionó al actuario de la adscripción a efecto de practicar el emplazamiento de ley. Asimismo, del estado que guardan los autos, se advierte que el quejoso ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California, que hizo consistir en: "Le reclamo el acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa dictado en mi contra dentro del expediente ********************, de fecha diez de marzo de dos mil veintidós." Ahora bien, tomando en consideración que si bien ********************, fue el denunciante de los hechos que dieron origen al inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa del que se duele la parte quejosa, lo cierto es que la finalidad de dicho procedimiento disciplinario es la de preservar una prestación óptima del servicio público de que se trata, y si bien la Ley otorga a los particulares la facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, como en el caso que nos ocupa, ello no lo faculta a exigir de la autoridad responsable una determinada conducta respecto de sus pretensiones; de lo que se obtiene, que el referido denunciante carece de interés jurídico contrario al de la parte quejosa, para acudir al juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena regularizar el procedimiento del presente juicio de amparo, a fin de dejar sin efecto el carácter de tercero interesado a ********************, por lo que deberá continuarse la secuela procesal en el presente asunto sin su intervención. En ese sentido, igualmente se deja sin efectos la determinación emitida en proveído de siete de febrero de dos mil veintitrés, en la que se ordenó el emplazamiento de ********************, por medio de edictos; y, en consecuencia, queda sin materia el incidente no especificado para acreditar la insolvencia económica del quejoso ********************, a fin de determinar si este último se encuentra o no en condiciones de sufragar los costos de los edictos que se habían ordenado en autos, con la finalidad de emplazar al primero en mención, cuya audiencia se encontraba señalada para las once horas con veinticinco minutos del día de hoy; lo anterior, pues como se determinó en párrafos precedentes, ******************** no es parte en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
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