Julio Frías Fernández
Expediente 742/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/12/2021
Partes del expediente
- Julio Frías Fernández
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial, se hace constar que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal; en virtud que el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se notificó vía electrónica a la parte quejosa, el dos de diciembre de dos mil veintiuno, transcurriendo el citado término del seis al diez de diciembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha causado estado. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial, se hace constar que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa subsanara la prevención de fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno; el cual se notificó vía electrónica a la parte quejosa, el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, transcurriendo el citado término del veintitrés al veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, y se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 114, de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que en veinte de octubre del año en curso, se requirió a ******************** en su carácter de apoderado legal de ********************, para que en el plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del citado proveído, diera cumplimiento a lo ordenado en autos, apercibido que de no hacerlo se tendría por no presentada la demanda de amparo; sin que a la fecha obre constancia de notificación. En consecuencia a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, túrnese nuevamente los autos al actuario de la adscripción para que en obvio de mayores dilaciones procesales lleve a cabo la notificación del proveído de veinte de octubre del año en curso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa el auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 742/2021-A. Ahora, previo a acordar lo que en derecho proceda en relación con la admisión de la demanda de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase al directo promovente Jesús Alberto Casillas Picos, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad, subsane su demanda de amparo en los términos siguientes: De la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que la demanda que dio origen fue presentada vía electrónica; asimismo, el promovente refiere ser apoderado legal de la parte actora Julio Frías Fernández, con personalidad acreditada y reconocida dentro de autos del juicio natural y en el apartado de pruebas de su escrito de demanda, precisó que acompañaba diversas documentales, para acreditar dicha personalidad; sin que el promovente haya realizado bajo protesta de decir verdad, la naturaleza de dichas documentales. Luego, el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en su artículo 3, fracción V, es preciso en señalar que los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica, únicamente producen los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Mientras que, la fracción VI del referido precepto 3 del Acuerdo General en consulta, establece que los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso; al respecto, la juzgadora o juzgador que conozca del asunto podrá solicitar, de manera oficiosa o a petición de algunas de las partes legitimadas para tal efecto, el cotejo con el documento original, o su incorporación al expediente hasta el momento procesal oportuno. Es por ello que, en el caso concreto las circunstancias destacadas, en debida relación con la normatividad en cita, no permiten distinguir la naturaleza de las probanzas ofrecidas en el escrito de demanda y verificar su concordancia con aquéllas que se adjuntaron en copia digital; lo que, evidentemente, se traduce en una irregularidad en la demanda que debe aclararse previo su admisión. Lo anterior, en virtud de que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, incluyendo los anexos de la misma, ya que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda, cuando es obscura o imprecisa; así, los anexos pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 183/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 778, Tomo XXIII, Enero de 2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; el desarrollo de este criterio permite considerar que el estudio integral de la demanda incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda, cuando es obscura o imprecisa; así, los anexos pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por ende, en los casos en que del análisis integral de la demanda y sus anexos, el Juez advierta alguna irregularidad o imprecisión, debe prevenir a la parte quejosa en términos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que formule la aclaración correspondiente, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que podría trascender al resultado de la sentencia, por lo que con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, llevaría a ordenar la reposición del procedimiento." Sirve de sustento lo anterior, la Tesis XX.1o. J/44, emitida por el Primer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Circuito, publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, Novena Época, página: 519, con número de registro 197919, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, por tanto, la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto legal alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda." En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: Exhiba la copia impresa y certificada de dichas documentales "de forma legible y completas" ante este órgano jurisdiccional, o bien, o bien, Bajo protesta de decir verdad señale que los documentos digitalizados respectivos son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos. Lo anterior, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en posibilidad de pronunciarse en relación con la personalidad con la que se ostenta el promovente como apoderado legal de Julio Frías Fernández. Se apercibe a la parte quejosa que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/20171 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Con el apercibimiento de que de no dar cumplimiento a lo anterior, en el término y condiciones antes apuntadas, se procederá conforme lo dispone el artículo 114 de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada la demanda relativa Señalamientos de autorizados y domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; asimismo, se tiene como autorizado de su parte únicamente para oír y recibir notificaciones a Kitzahyra Margarita González Sánchez, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Acceso vía electrónica. Por otra parte, solicita se autorice sólo para consulta vía internet del presente expediente al usuario "LicPerez1963". Atento a lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza al usuario señalado en la certificación secretarial de cuenta, el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" Encargada del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto de dicho usuario únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Finalmente, a fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaria. Notifíquese personalmente al promovente.
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