Julio César Nájera Román
Expediente 196/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 196/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 20/10/2022
Partes del expediente
- Julio César Nájera Román
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Que feneció el término para interponer recurso de queja en contra del auto de dos de junio de dos mil veintidós, ya que se notificó por medio de lista a la parte quejosa el tres de junio del mismo año, notificación que surtió efectos al día hábil siguiente en que fue hecha; por lo que el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del siete al trece de junio de la presente anualidad, con exclusión de los correspondientes días inhábiles. Asimismo, que no obran documentos originales en el presente juicio.Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes, en Tijuana, Baja California, veinte de octubre de dos mil veintidós. Doy fe. Gerardo Castillo Riedel Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en TijuanaEl veinte de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de dos de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal a pesar de haberse desechado, es catalogado como depurable, en un plazo de tres años, ello conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales de resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ello toda vez que se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargada del Despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia autorizada del Titular, quien actúa ante Gerardo Castillo Riedel, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de junio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, los oficios que remite el Titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en acuerdo de veinticinco de mayo de la presente anualidad, remite copia certificada del oficio de salida definitiva del país con número 0453/2021, de once de marzo del año en que transcurre. DESECHAMIENTO Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir del quejoso, se obtiene que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en: "[.] a) Del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Tijuana, Baja California, reclamo: 1. El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración también conocida como "Estación Migratoria La Esmeralda" 2. La inminente deportación y/o expulsión de los Estados Unidos Mexicanos del quejoso 3. La ausencia de asesoría legal del quejoso, en consecuencia, la negativa de permitir el de acceso a su representante legal a la estación migratoria para entrevistarse de manera personal y directa. De acuerdo a lo previsto en el artículo 107 fracción VIII de la Ley de Migración. b). Del Director de la Estación Migratoria de la Ciudad de Tijuana, Baja California del Instituto Nacional de Migración reclamo: 1. El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración también conocida como "Estación Migratoria La Esmeralda" 2. La inminente deportación y/o expulsión de los Estados Unidos Mexicanos del quejoso 3. La ausencia de asesoría legal del quejoso, en consecuencia, la negativa de permitir el de acceso a su representante legal a la estación migratoria para entrevistarse de manera personal y directa. De acuerdo a lo previsto en el artículo 107 fracción VIII de la Ley de Migración. 4. La omisión de proporcionar alimentos de calidad y de conformidad con sus necesidades de nutrición. Lo anterior en términos del artículo 107 fracción II de la Ley de Migración. 5. Las condiciones de hacinamiento en las que se encuentra el quejoso, incumpliendo con los protocolos de sana distancia, lo que pone en riesgo su salud e incluso su vida, derivado de la pandemia mundial por el virus COVID19.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción VI de la Ley de Migración." Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, se tiene que la autoridad responsable remitió copia certificada del oficio de salida definitiva del país con número 0453/2021, de once de marzo del año en que transcurre. Documental pública a la que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los numerales 93, fracción II, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que, resulta evidente que, quejoso quedó en libertad para regresar a su país de origen. Aunado a ello, de la constancia de once de marzo de este año, signada por el Actuario de la adscripción, se advierte que al constituirse en la Estación Migratoria de esta ciudad, fue informado por personal del Instituto Nacional de Migración, que el directamente agraviado ya no se encontraban en los separos de esa estación, sin especificar el motivo del egreso, no obstante ello, lo voceó en el lugar sin que alguna persona contestara a su llamado. De lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado; toda vez que se dejaron sin efecto los actos que en esta vía se combaten, como si no hubieran invadido la esfera jurídica del directamente agraviado; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que los actos reclamados en este juicio de amparo, consisten en: "[.] a) Del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Tijuana, Baja California, reclamo: 1. El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración también conocida como "Estación Migratoria La Esmeralda" 2. La inminente deportación y/o expulsión de los Estados Unidos Mexicanos del quejoso 3. La ausencia de asesoría legal del quejoso, en consecuencia, la negativa de permitir el de acceso a su representante legal a la estación migratoria para entrevistarse de manera personal y directa. De acuerdo a lo previsto en el artículo 107 fracción VIII de la Ley de Migración. b). Del Director de la Estación Migratoria de la Ciudad de Tijuana, Baja California del Instituto Nacional de Migración reclamo: 1. El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración también conocida como "Estación Migratoria La Esmeralda" 2. La inminente deportación y/o expulsión de los Estados Unidos Mexicanos del quejoso 3. La ausencia de asesoría legal del quejoso, en consecuencia, la negativa de permitir el de acceso a su representante legal a la estación migratoria para entrevistarse de manera personal y directa. De acuerdo a lo previsto en el artículo 107 fracción VIII de la Ley de Migración. 4. La omisión de proporcionar alimentos de calidad y de conformidad con sus necesidades de nutrición. Lo anterior en términos del artículo 107 fracción II de la Ley de Migración. 5. Las condiciones de hacinamiento en las que se encuentra el quejoso, incumpliendo con los protocolos de sana distancia, lo que pone en riesgo su salud e incluso su vida, derivado de la pandemia mundial por el virus COVID19.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción VI de la Ley de Migración." Actos que han cesado sus efectos, toda vez que de las constancias que remite la autoridad responsable, consistentes en la copia certificada del oficio de salida definitiva del país con número 0453/2021, de once de marzo del año en que transcurre; se advierte que la autoridad señalada como responsable otorgó la salida definitiva del país, esto dentro del procedimiento administrativo EM/BC/TIJ/1914/08-03-2022 de su índice. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama el quejoso, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para el directamente agraviado que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada por éste) pues aún cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del fallo ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el directamente agraviado esté en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese; y por lista al quejoso.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido del licenciado Gerardo Castillo Riedel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, dentro del término otorgado para tal efecto, en el sentido de que remitiera por la vía ordinaria a este Juzgado, copia certificada del expediente administrativo de su índice, integrado a nombre del quejoso Julio César Nájera Román; ello, no obstante de encontrarse debidamente notificado para tal efecto. En ese contexto, requiérase de nueva cuenta al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente a aquél en que reciba el oficio con transcripción del presente acuerdo, dé cumplimiento al mandato judicial precisado en el párrafo que antecede. Con el apercibimiento que de no cumplir dentro del término señalado, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional). Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el artículo 194 de la ley de la materia, requiérase al Dr. Francisco Garduño Yáñez, en su carácter de Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le transcribe este proveído, ordene cumplir al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, para que remita por la vía ordinaria a este Juzgado, copia certificada del expediente administrativo de su índice, integrado a nombre del quejoso Julio César Nájera Román; ello, no obstante de encontrarse debidamente notificado para tal efecto. En ese sentido, para que esté en posibilidad de realizarlo, se le remite copia de la demanda de amparo, y del oficio con registro 3726, mediante el cual la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B", del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, adjuntó copia digital de la citada documentación que ahora se requiere se remita en copia certificada por la vía ordinaria. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del término que se le otorga sin justificación alguna, se le impondrá la multa equivalente a 100 (cien) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional). Para sustentar el criterio de que aun cuando el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad de México, no es autoridad responsable, se encuentra obligado a cumplir con dicho requerimiento, se cita por analogía la jurisprudencia 1/J. 57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, tomo XXV, mayo de 2007, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 172605, de rubro y texto siguiente: Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós, informa que no cuenta con domicilio alguno en donde pueda ser localizado el directo quejoso Julio César Nájera Román. Atento a ello, se tiene a la responsable oficiante, dando cumplimiento parcial al mandato judicial precisado en el párrafo que antecede; ello, toda vez que en el citado proveído, igualmente se requirió a la responsable para que remitiera vía ordinaria copia certificada del expediente administrativo de su índice, integrado a nombre del mencionado quejoso, sin que la autoridad responsable hubiere remitido constancia alguna al respecto, y sin que tampoco haya manifestado si existía alguna imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a ello. En consecuencia, requiérase nuevamente a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente auto, remitan vía ordinaria copia certificada del expediente administrativo de su índice integrado a nombre del quejoso Julio César Nájera Román. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Notifíquese.
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