Julia Aleida Gonzalez Tovar
Expediente 578/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 578/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Julia Aleida Gonzalez Tovar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el escrito signado por ***, autorizado en términos restringidos de la ley de amparo, por medio del cual solicita la devolución de los documentos originales exhibidos con la demanda de amparo; sin que haya lugar a proveer de conformidad, dado que no cuenta con las facultades para promover en el presente asunto. No obstante lo anterior, dígasele que mediante auto de quince de diciembre de dos mil veinte, se dejaron a disposición de la quejosa, dichos documentos. De igual forma, se hizo del conocimiento que para recibir la documentación original exhibida en autos, será necesario que la promovente del amparo o sus autorizados en términos amplios, agenden una cita en los términos indicados en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; dentro de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes, al ser el horario asignado por el Consejo de la Judicatura Federal para que este órgano jurisdiccional realice labores presenciales.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintitrés de noviembre del presente año por el que se desechó la demanda promovida por xxxxxxxx, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes.
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa respecto del proveído de quince de diciembre de dos mil veinte, que a la letra dice: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintitrés de noviembre del presente año por el que se desechó la demanda promovida por xxxxxxxx, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, que establece: "Recepción que desahoga prevención. A sus autos el escrito signado por la quejosa ********************, mediante el cual desahoga un punto de la prevención formulada en auto de treinta de octubre del presente año, en el que especifica bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. De igual forma, del estado de autos, se desprende que a través del escrito presentado el once de noviembre de la presente anualidad (registro 7009), desahogó los restantes puntos de la aludida prevención. En consecuencia, con los citados ocursos, se le tiene por desahogada en tiempo y forma la prevención formulada en autos; en el entendido que la demanda quedó registrada con el número 578/2020-II. Desechamiento de demanda. Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y atentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, se advierte que se actualiza de forma notoria e indudable la causal de improcedencia relacionada con la extemporaneidad en la presentación de la demanda. Se explica: La causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, tocante a que la quejosa tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que tuviera conocimiento del acto que reclama, permite obtener el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días (fracción I); Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años (fracción II); Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; (fracción III); y, Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo (fracción IV). De acuerdo con los citados preceptos, se entiende que tal causa de improcedencia se actualiza cuando la parte quejosa no promueve oportunamente su acción de amparo respecto del acto de autoridad que refiere violatorio de sus derechos fundamentales, por lo que precluye su derecho para reclamarlo una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. En el caso, el acto reclamado no se encuentra en los supuestos de excepción previstos en el numeral 17 de la ley en la materia, por lo que resulta aplicable el término genérico de quince días para promover el juicio de amparo. De esta forma, señalan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que la demanda deberá interponerse dentro de los quince días siguientes, contados de la manera siguiente: a) Desde el día siguiente al en que la parte quejosa le hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado, de acuerdo con la ley que rija dicho acto; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto reclamado; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado el inconforme sabedor de dicho acto. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al quejoso el acto reclamado. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación del acto reclamado-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de aquél, el cual debe producir la convicción de que el quejoso se enteró del mismo en forma directa, plena y completa. Por su parte, el último supuesto establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso "se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución", lo cual implica una expresión exclusiva de este, quien manifiesta que conoce la actuación combatida, conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. En esa tesitura, en este caso, para la interposición de la demanda de amparo debe computarse el plazo legal conforme al supuesto especificado en el inciso b), esto es, desde el día siguiente al en que la quejosa hubiese tenido conocimiento del acto reclamado. Ahora bien, del estudio integral de la demanda constitucional se desprende que ******************** señala como acto reclamado: "De las autoridades responsables señaladas como ordenadoras y ejecutoras, se reclama el aseguramiento de la cuenta bancaria ******************** aperturada por la suscrita en el mes de octubre de dos mil 2004 dos mil cuatro (verificar si es la misma fecha de contrato) en la Institución Bancaria BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANCOMER con domicilio (al momento donde fue aperturada la cuenta bancaria) en Celaya Guanajuato Oficina principal BLVD. Adolfo López Mateos 815, Colonia Centro Celaya Guanajuato". Al respecto, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad: "Desde este momento manifiesto bajo protesta de decir verdad que desconozco con exactitud el acto reclamado, pues como se podrá observar a lo largo de lo que será manifestado en la demanda de amparo indirecto, las autoridades responsables en ningún momento me han notificado razón alguna por la cual decretaron el aseguramiento de la cuenta bancaria propiedad de la suscrita, por lo que NO CONOZCO con exactitud los fundamentos y motivos del acto de autoridad violatorio de mis derechos fundamentales, y por tales motivos no será hasta que con motivo al informe previo y justificado de la autoridad responsable, es que se estará en aptitudes de conocer a cabalidad el mismo y procederé a ampliar la presente demanda de amparo." Sin embargo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, punto nueve, señaló bajo protesta de decir verdad: "[.] V. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. [.] 9.- Así entonces me comuniqué vía correo electrónico con las personas encargadas del área de bloqueo de cuentas de la Institución Bancaria (BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANCOMER), los cuales únicamente mencionaron lo siguiente, que para mayor precisión, cito en lo conducente: 'Buenas tardes Sra Julia Le comento que no es posible desbloquear su cuenta con nosotros directamente, tendrá que acercarse a la CNBV y preguntar acerca del siguiente oficio ******************** de la Procuraduría General de la República'." Lo anterior motivó que se formulara el punto dos de la prevención de treinta de octubre de dos mil veinte, en el sentido de que indicara la fecha de cuando tuvo conocimiento del aseguramiento de su cuenta bancaria. Respecto del cual no dio respuesta en su escrito registrado con número 7009, por lo que en proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, se le indicó que le subsistía la prevención en el aludido punto, así como el plazo para desahogarlo. Ahora, en el escrito que se atiende, la quejosa manifiesta: "En ese sentido, esta parte quejosa, manifiesta que cobre conocimiento sobre el acto reclamado mediante el correo electrónico de emitido por la Institución Bancaria el pasado 28 de agosto de 2019, en donde manifestaron la imposibilidad de desbloquear la cuenta (Véase punto 9 del capítulo de antecedentes de la demanda de amparo inicial), como se cita a continuación: 'Buenas tardes Sra Julia Le comento que no es posible desbloquear su cuenta con nosotros directamente, tendrá que acercarse a la CNBV y preguntar acerca del siguiente oficio ******************** de la Procuraduría General de la República'." Tal manifestación merece eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por involucrar un hecho propio de la agraviada expresado en el ocurso desahogo de prevención de demanda. Ante tal manifestación es indudable que el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, a partir del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Lo anterior se corrobora con la impresión del aludido correo que la quejosa exhibió con su escrito inicial de demanda (foja 15 de autos). Por tanto, en el caso concreto, fue a partir de ese momento que tuvo conocimiento que no se podía desbloquear su cuenta bancaria, pues para ello debía acudir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acerca del siguiente oficio ******************** de la Procuraduría General de la República; cuestión que no realizó según lo manifiesta bajo protesta de decir verdad al desahogar el punto tres de la prevención formulada. En ese sentido -si tal como le refiere-, aun no se le ha notificado la determinación que ordenó su aseguramiento o bloqueo, no puede estimarse una fecha distinta de conocimiento del acto reclamado, pues se encuentra en una situación idéntica a la fecha en que se enteró por parte del banco donde aperturó su cuenta, que esta no se podía desbloquear. De manera, que desde ese momento estuvo en aptitud de promover el presente juicio de amparo, por más que alegue que se debe computar el plazo de la presentación de la demanda de amparo, hasta que tenga un conocimiento exacto del mismo, lo que alega debió ser a través de la notificación correspondiente, la cual no existe; sin embargo, como se precisó, tuvo conocimiento de que su cuenta estaba bloqueada desde el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Luego, si la demanda que nos ocupa fue presentada hasta el veintinueve de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, como se advierte de la razón estampada en el escrito de demanda, debe decirse que transcurrieron en forma excesiva los quince días a que alude la regla descrita. Es decir, si el plazo de quince días con que contaba para presentar la demanda comenzó el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, la fecha límite para su presentación fue el veinte de septiembre de dos mil diecinueve; lo anterior hace patente sin lugar a dudas, que la presentación del ocurso que se atiende, es notoriamente extemporáneo. Además, como se anticipó, en el caso no se está en presencia de alguna de las excepciones que contempla el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se reclama una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición (fracción I), no se reclama una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión (fracción II), no se promueve en contra de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados (fracción III), ni el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (fracción IV). Lo anterior lleva a concluir que la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea por no estar dentro del plazo que prevé el citado numeral y resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo."
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