Juana Vargas Velázquez
Expediente 1035/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1035/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juana Vargas Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta, enviado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con trascripción del proveído de diez del presente mes y año, emitido en el amparo directo civil *** de su estadística, mediante el cual comunica que aceptó la competencia planteada a su favor por este órgano jurisdiccional federal de la demanda de amparo promovida por **********, y se avocó al conocimiento de la misma. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que firma el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito; en atención a su contenido, este juzgado federal toma conocimiento que dicho tribunal ordenó realizar las notificaciones a la parte quejosa, derivadas del amparo directo de su estadística, incluso las de índole personal, a través de las listas que se publican en el local de esa potestad federal, así como en el portal del internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta, por el que el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, informa que dicho órgano jurisdiccional tuvo por recibido el juicio de amparo número 1035/2018-VI, promovido por ******, y que previo a resolver sobre la determinación a que alude el numeral 47 de la Ley de Amparo, requirió a la autoridad responsable la certificación respecto de la fecha en que fue notificada a la parte quejosa la resolución reclamada, así como la presentación del escrito de demanda, para lo cual, ordenó la remisión del original de la demanda de amparo. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente al archivo y valoración del presente expediente, estese a la espera de la determinación de la superioridad; para lo cual, mediante oficio que derive del presente, solicítese comedidamente al tribunal oficiante que en su oportunidad tenga a bien informar lo anterior.
- Principal
Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por **********por su propio derecho y en representación de los menores de iniciales *********. de apellidos **********., en contra de actos de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y otra autoridad; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 1035/2018-VI. Incompetencia. Ahora bien, para estar en aptitud de determinar si este órgano jurisdiccional es el competente para conocer de la citada demanda, por razón de la vía propuesta, cabe mencionar que el primer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Por su parte, los ordinales 34, párrafo primero y 170, fracción I de la Ley de la materia, disponen: Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. De los numerales trascritos se aprecia que si un juez de Distrito recibe una demanda de amparo en la que se señale como acto reclamado una sentencia definitiva o resolución que da por concluido el juicio de origen y respecto del cual la ley común no concede ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, debe rechazar su competencia y remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito para que ante éste se ventile el juicio de amparo, el que decidirá en última instancia y sin necesidad de que lo soliciten las partes, por no haber sido emplazados a juicio aún la autoridad responsable ni el tercero interesado, si es que éste existe, si va a conocer y resolver ese juicio de amparo o se declara incompetente. Así, del análisis de la demanda planteada, se desprende que la quejosa reclama de la magistrada propietaria de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, el acto que hace consistir en lo siguiente: a).- Se reclama de la responsable H. magistrada propietaria de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, la resolución de fecha 14 de noviembre de 2018, dictada dentro de los autos del toca de apelación número 634/2018, formado con motivo del recurso de denegada apelación interpuesto por esta parte procesal, en contra del auto dictado el 08 de octubre de 2018, por la juez Civil de Partido especializada en materia familiar de Comonfort, Guanajuato, dentro del juicio oral ordinario número ***promovido por ********* en ejercicio de la patria potestad que ejerce sobre los menores ************, en contra de *********** Resolución mediante la cual se confirmó el auto de fecha 08 de octubre de 2018, y donde la autoridad responsable ejecutora resolvió no admitir el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fondo emitida el día 19 de septiembre de 2018. S reclama de la autoridad responsable ejecutora, la ejecución que haga de la resolución de segunda instancia, así como la ejecución de la sentencia de fondo emitida en el juicio oral ordinario de origen, de la sentencia de fondo emitida el día 19 de septiembre de 2018. Acto que estimó atentatorio de sus derechos fundamentales inmersos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el presente caso, de los antecedentes que la parte quejosa narra bajo protesta de decir verdad, se desprende que: La parte quejosa en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos, promovió juicio oral ordinario en contra de ***********, sobre pérdida de la patria potestad, así como la suspensión de convivencias, guarda y custodia definitiva derivado del abuso sexual y maltratos físicos y psicológicos de los que fueron objeto los menores; demanda que fue radicada ante el Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar en Comonfort, Guanajuato, bajo el número de expediente ***. Seguido el procedimiento en cada una de sus etapas, el diecinueve de septiembre del año en curso, se emitió la sentencia correspondiente. Inconforme con la sentencia emitida, la parte actora aquí quejosa, interpuso recurso de apelación, el cual fue desechado en proveído de ocho de octubre del año en curso. En desacuerdo con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de denegada apelación, el cual fue radicado ante la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato bajo el número de toca***; y el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, la magistrada propietaria de la sala citada determinó confirmar en sus términos el proveído recurrido. Resolución que en esta instancia constituye el acto reclamado. De lo narrado anteriormente se advierte que la sala responsable al resolver el recurso de denegada apelación, confirmó el auto de ocho de octubre del año en curso, por el que el juez responsable desechó de plano el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada en autos del juicio ordinario civil sobre patria potestad y otras prestaciones ***, promovido por la aquí quejosa en representación de sus menores hijos y en contra de *************Por lo tanto, en congruencia con lo anterior, se concluye que la determinación que desecha el recurso de denegada apelación y deja firme el desechamiento de la apelación intentada en contra de una sentencia definitiva constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo y es competente para conocer el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, dentro de la demarcación territorial en que se encuentra la autoridad que lo dicta. Sustenta lo anterior por identidad de criterio, la jurisprudencia 1a./J. 97/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones V y VI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por los tribunales judiciales que pongan fin al juicio y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan modificarse o revocarse; asimismo, los artículos 44 y 46 de la Ley citada señalan que puede promoverse amparo contra resoluciones que pongan fin al juicio, precisando que éstas son las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario. En congruencia con lo anterior, se concluye que la determinación que desecha o declara infundado el recurso de denegada apelación y deja firme el desechamiento de la apelación intentada contra una sentencia definitiva constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, pues al dejar intocada la sentencia de primera instancia que resolvió el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio, además de que tanto los artículos 307 y 308 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, como los diversos 435 a 442 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal que aluden al indicado recurso, no prevén algún medio de defensa en su contra Ahora bien, el artículo 176 de la Ley de Amparo establece en lo que interesa, que el amparo directo, deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes, y en el diverso numeral 47 de la ley de la materia, se dice que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Bajo ese contexto, resulta evidente que este juzgado federal carece legalmente de competencia para conocer de la demanda que nos ocupa; razón por la cual, se declara incompetente de plano, por lo que se ordena remitir el expediente que se formó, dos copias del escrito inicial de demanda, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, en turno, para los efectos del numeral 47 de la Ley de la materia, solicitándole comedidamente el acuse de recibo correspondiente y, en su oportunidad, tenga a bien informar si confirma la presente determinación. Fórmese cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias que integran el expediente que se formó. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte promovente el que indica en su demanda de amparo. Asimismo, con apego en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos amplios del numeral citado a ***********, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, según se desprende de la certificación de cuenta; y como autorizado en términos restringidos del numeral citado, a ************* por no acreditar lo anterior Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. En cumplimiento a lo previsto en los artículos 8º, tanto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, como del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la aludida ley, infórmese a la parte promovente el derecho que le asiste a oponerse a que se asiente su nombre y datos personales, al hacerse pública la resolución que se pronuncie en este asunto; en la inteligencia de que la falta de oposición, conlleva su consentimiento para que la misma se publique sin supresión de datos.
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