Judih Hernández Herrera

Expediente 115/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 27 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
115/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
24/01/2023

Partes del expediente

  • Judih Hernández Herrera y Otros.
  • Judih Hernández Herrera
  • Francisco Ramón Cruz Cárdenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Remítase acuse. Por recibido el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual solicita el acuse de recibo del comunicado ********************, por el cual envió, a través del sistema de interconexión interno, el testimonio del recurso de queja administrativo 493/2022 de la estadística de la alzada. Por tanto, genérese el comunicado correspondiente y remítase vía interconexión.

  2. Principal

    Firmeza del auto de sobreseimiento Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido el proveído de dieciséis de agosto del año en curso, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación causó estado. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes, toda vez que no les irroga perjuicio. Orden de archivo Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Clasificación En cumplimiento a los dispuesto en punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el Acuerdo General citado en el párrafo que antecede, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de dieciséis de agosto pasado (en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio), se ordenó la notificación personal de esa providencia a las partes; sin embargo, no obra constancia de que se hubiese notificado a la parte quejosa y fiscal de la adscripción. Por tanto, instrúyase a los actuarios adscritos para que de inmediato notifiquen la citada resolución a la parte accionante de la tutela federal y representación social de la federación adscrita. En cumplimiento a lo ordenado en el párrafo que precede, se tiene por notificada a la parte quejosa y al fiscal de la adscripción, el proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, que a la letra dice: "Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en determinación de tres de agosto pasado se requirió a la parte quejosa lo siguiente: "[.] Por tanto, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si el menor quejoso ya fue inoculado en las fechas indicadas, es decir, veintisiete, veintiocho de mayo, cuatro y seis de julio, todas las datas de la presente anualidad; ello, en virtud de que al promover el presente juicio de amparo el menor encuadraba en la hipótesis de los infantes de entre cinco y once años de edad y durante la substanciación del asunto transitó al grupo de entre doce y catorce años. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, deberá informar el motivo de ello, y en su caso, justificarlo fehacientemente. Se apercibe a la parte promovente que de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular al infante, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para que sea vacunado y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento de este asunto. Lo que precede revela la posible actualización de una causal de improcedencia, por lo cual se torna necesario recabar los medios de convicción conducentes para constatar su actualización. [.]" Sin embargo, no obstante encontrarse notificada la parte quejosa de lo anterior (según la constancia de notificación generada por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el nueve de agosto actual), ha sido omisa en atender el requerimiento; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido, y se entiende que hay desinterés para que la menor quejosa directa sea vacunada y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento de la parte quejosa, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado: La existencia del acto o ley reclamados Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que la parte quejosa exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar por qué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a), al menos a la fecha de la presentación de la demanda (cuatro de febrero pasado), por cuanto al grupo etario al que pertenece la menor quejosa nacida el catorce de junio de dos mil diez, no existían elementos objetivos que avizoraran su pues la política nacional de vacunación vigente en esa data, no incluía a ese grupo etario. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda, el acto reclamado consistente en la omisión de aplicar el esquema completo a la menor quejosa de identidad reservada de iniciales S.C.H., de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que pueda enfermar gravemente, o incluso, perder la vida. Pues como se dijo, al momento de la interposición del ocurso constitucional que nos ocupa, el grupo etario al que pertenecía el menor quejoso de entre cinco y once años no era considerado como susceptible de ser vacunado y, el diverso grupo en que se encuentra actualmente en razón de su edad, esto es, de entre doce y diecisiete, contemplaba solo a infantes con comorbilidades. Y aun cuando a la presente fecha esos grupos etarios ya fueron incluidos en el documento denominado "Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós, la cual constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; no existe certeza de que, al menos a la aquí quejosa, ya le fuera aplicado el esquiva de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento de tres de agosto del año en curso, se entiende que hay desinterés para que la infante quejosa directa sea vacunada y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que a la infante directa quejosa no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech. Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; inclusive, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. Atento a lo anterior, resulta innecesario celebrar la audiencia constitucional fijada en el sumario. Comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes".

  4. Principal

    Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en determinación de tres de agosto pasado se requirió a la parte quejosa lo siguiente: "[.] Por tanto, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si el menor quejoso ya fue inoculado en las fechas indicadas, es decir, veintisiete, veintiocho de mayo, cuatro y seis de julio, todas las datas de la presente anualidad; ello, en virtud de que al promover el presente juicio de amparo el menor encuadraba en la hipótesis de los infantes de entre cinco y once años de edad y durante la substanciación del asunto transitó al grupo de entre doce y catorce años. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, deberá informar el motivo de ello, y en su caso, justificarlo fehacientemente. Se apercibe a la parte promovente que de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular al infante, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para que sea vacunado y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento de este asunto. Lo que precede revela la posible actualización de una causal de improcedencia, por lo cual se torna necesario recabar los medios de convicción conducentes para constatar su actualización. [.]" Sin embargo, no obstante encontrarse notificada la parte quejosa de lo anterior (según la constancia de notificación generada por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el nueve de agosto actual), ha sido omisa en atender el requerimiento; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido, y se entiende que hay desinterés para que la menor quejosa directa sea vacunada y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento de la parte quejosa, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado: La existencia del acto o ley reclamados Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que la parte quejosa exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar por qué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a), al menos a la fecha de la presentación de la demanda (cuatro de febrero pasado), por cuanto al grupo etario al que pertenece la menor quejosa nacida el catorce de junio de dos mil diez, no existían elementos objetivos que avizoraran su pues la política nacional de vacunación vigente en esa data, no incluía a ese grupo etario. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda, el acto reclamado consistente en la omisión de aplicar el esquema completo a la menor quejosa de identidad reservada de iniciales S.C.H., de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que pueda enfermar gravemente, o incluso, perder la vida. Pues como se dijo, al momento de la interposición del ocurso constitucional que nos ocupa, el grupo etario al que pertenecía el menor quejoso de entre cinco y once años no era considerado como susceptible de ser vacunado y, el diverso grupo en que se encuentra actualmente en razón de su edad, esto es, de entre doce y diecisiete, contemplaba solo a infantes con comorbilidades. Y aun cuando a la presente fecha esos grupos etarios ya fueron incluidos en el documento denominado "Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós, la cual constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; no existe certeza de que, al menos a la aquí quejosa, ya le fuera aplicado el esquiva de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento de tres de agosto del año en curso, se entiende que hay desinterés para que la infante quejosa directa sea vacunada y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que a la infante directa quejosa no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech. Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; inclusive, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. Atento a lo anterior, resulta innecesario celebrar la audiencia constitucional fijada en el sumario. Comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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