Julia Ruiz Sierra

Expediente 1088/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1088/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
01/12/2017

Partes del expediente

  • Julia Ruiz Sierra

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído, ha quedado firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por ********************, contra actos del Juez Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 1088/2017. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, el suscrito estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la hipótesis prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". De la lectura íntegra de la demanda de amparo y anexos, se advierten los siguientes antecedentes: En mayo de dos mil diecisiete, ********************, presentó demanda contra ********************, en ejercicio de la acción plenaria de posesión respecto de una fracción del inmueble ubicado en calle ******************** número ********************, zona Centro de Uriangato, Guanajuato; la cual fue radicada en el Juzgado Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, bajo el juicio ordinario civil ********************. El veintiuno de septiembre del año en curso, la parte actora en dicho juicio solicitó que también se emplazara a ******************** (quejosa) como parte demandada, en virtud de que a esta última se le había entregado en donación el inmueble materia del reclamo en el juicio de origen. La diligencia de emplazamiento se practicó el doce de octubre del presente año, por lo que la aquí quejosa dio contestación a la demanda en esa misma fecha. El dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, el Juez señalado como responsable tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma. Por escrito presentado el diecinueve de octubre siguiente, la parte actora, entre otras cuestiones, solicitó que se tuviera a ******************** por confesando expresamente, lo referido en el hecho segundo de su escrito de contestación, en relación con las medidas y colindancias del inmueble materia de reclamo en el juicio subyacente y por tanto, que se tuviera por acreditada la plena identidad del dicho bien. El veinte de octubre, se ordenó abrir el juicio a prueba, se señaló fecha para la audiencia final de juicio y se tuvo por objetando la documental. Por escrito de veintitrés de octubre, el actor solicitó la regularización del procedimiento, a efecto de que se realizara pronunciamiento en relación con la petición reseñada en el inciso e). El veinticuatro de septiembre de dos mil diecisiete, el Juez del procedimiento emitió un proveído en el que declaró por confesa expresamente a la codemandada ********************, respecto a lo referido en el hecho segundo de su escrito de contestación de demanda y tuvo por acreditada plenamente la identidad del inmueble materia de la litis (éste es el acto reclamado). La causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que la parte solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se reitera que en el caso, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto debatido -al ser parte demandada en el juicio de origen- la quejosa, estaba obligada a agotar los medios ordinarios de defensa correspondientes, esto es, el recurso de apelación, conforme a lo previsto en el numeral 129 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; ello, previamente a intentar esta instancia constitucional, lo que no hizo. El artículo 129, del código adjetivo civil para el Estado de Guanajuato, dispone: "ARTÍCULO 129. El auto que declare confesa a una parte y el que niegue esta declaración son apelables." El citado numeral pone de manifiesto que el auto que declara confesa a una parte o niega esa declaración, puede ser impugnado mediante el recurso de apelación. Por tanto, es inconcuso que contra el acto reclamado, procede el recurso de apelación, mediante el cual puede modificarse o revocarse. Por tanto, si antes de acudir al amparo en la vía indirecta, la inconforme no interpuso contra el acto reclamado el medio ordinario de defensa en cita, se concluye que no observó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional y, en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Además debe ponerse de relieve que sobre los actos que se combaten no se actualiza los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Así como, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la diversa tesis jurisprudencial 2a./J. 44/2012 (10a.), con registro 2001155, aprobada en sesión de dieciocho de enero de dos mil doce, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Finalmente, no pasa inadvertido el hecho de que, en caso de que la aquí quejosa hubiera apelado el auto que reclama en esta instancia constitucional, el presente juicio de amparo indirecto también sería improcedente, ya que se trata de un acto intraprocesal que, en caso de no obtener resolución favorable a sus intereses en la sentencia definitiva que se emita en el juicio subyacente, podría reclamar a través de la instancia uniinstancial, como violación procesal. En las relatadas condiciones, es decir, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ********************. Toda vez que la quejosa señaló los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones, hágase esta notificación y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción III, de la ley de la materia. De igual forma, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para recibir notificaciones a ********************, por así haberlo solicitado. De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos.

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