Julián Espejel Rentería (representante legal)
Expediente 617/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 617/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Julián Espejel Rentería (representante legal) y Otros.
- Investigacion AgròPecuaria Y Fomento A la Educacion A.C
- Julián Espejel Rentería (representante legal)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintinueve de octubre pasado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin que lo hubiera hecho Por tanto, se atiende a los elementos que obran en el expediente, y de oficio, se procede a analizar si la sentencia se encuentra o no cumplida. Mediante sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, para el efecto de que la autoridad responsable director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad: "[.] Dentro del término de cinco días hábiles notifique y entregue la resolución recaída a la solicitud de prórroga del título de concesión ******************, recibida por esa 23 autoridad bajo el número de expediente ********************. [.]" El veinte de octubre siguiente, causó ejecutoria la anterior determinación y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia de amparo. Mediante misiva registrada con el número 9238 el director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, por conducto del subdirector de Administración del Agua, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, anexó copia certificada de la resolución recaida a la solicitud de prórroga del título de concesión ****************** y su notificación a la parte quejosa, por conducto de su autorizado. Por tanto, si la protección federal se otorgó para ese preciso efecto, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso ni defecto, en términos del numeral 196 de la ley de la materia. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional. Devolución de documentos. Se dejan a disposición de la parte quejosa, los documentos que en copia certificada anexó a su demanda para efectos de su devolución. En la inteligencia de que, para poder ingresar a este órgano jurisdiccional, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y acudir en un horario de doce treinta a dieciocho treinta horas, que es el horario designado por el Consejo de la Judicatura Federal, para las labores presenciales de este juzgado.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el subdirector de Administración del Agua, en suplencia por ausencia del director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua en esta ciudad al que adjunta, en respuesta al requerimiento de autos, copia certificada de las constancias con las que señala dar cumplimiento al fallo protector emitido en autos. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con lo de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o este juzgado dictará resolución en que se declare si el fallo protector se encuentra o no cumplido.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según el artículo 2°, se declara que dicha sentencia causa ejecutoria. Háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente. Por ende, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la siguiente forma: "[.] Dentro del término de cinco días hábiles notifique y entregue la resolución recaída a la solicitud de prórroga del título de concesión ***, recibida por esa autoridad bajo el número de expediente **** [.]." En el entendido, que deberá remitir copia certificada de las constancias con las que acredite el cumplimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a cien días, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que de no acatar lo ordenado, además de la multa, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación al juez penal competente por la comisión del delito de desacato.
- Principal
En la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las quince horas con veinte minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo número 617/2021, promovido por *** y ****, en su carácter de apoderados legales de la persona moral denominada ***; se encuentra en audiencia pública el licenciado en derecho Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, en funciones de juez, de conformidad con los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado a través de oficio CCJ/ST/2678/2021 de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de Luz María Martínez Vega, secretaria que autoriza y da fe, la declara abierta de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin comparecencia de las partes, ni persona alguna que las represente legalmente. Se pone en relieve que ninguna de las partes solicitó que esta audiencia se verificara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma; asimismo, la secretaria certifica que se celebra mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que la firma se realizará de forma digital. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias existentes en autos, entre las que destacan: el escrito inicial de demanda; auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en el que se admitió a trámite la demanda propuesta, se dio la intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia de ley y con el informe justificado de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad. A lo que el secretario en funciones de juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que se indica para los efectos legales conducentes y por rendido el citado informe de la autoridad. A continuación, se abre el período probatorio en el que se tienen por desahogadas la documentales, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones ofrecidas por la autoridad; con lo que se cierra este periodo. Enseguida, se abre la etapa de alegatos, en donde se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho; con lo que se cierra esta etapa y se da por concluida la audiencia, para enseguida dictar resolución: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 617/2021; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito acordado el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, *** y ****, en su carácter de apoderados legales de la persona moral denominada ****, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: La actitud omisiva del Titular de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Guanajuato, AL NO EMITIR RESOLUCIÓN a la solicitud ingresada en forma respetuosa, pacífica en fecha 08 DE NOVIEMBRE DE 2018, respecto a un trámite de "PRORROGA (SIC) DEL TÍTULO DE CONCESIÓN **** al cual se le asignó el número de expediente ****, violentando mi derecho consagrado en el artículo 8º de la Constitución General de la República." En ese ocurso el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, esta potestad admitió la demanda propuesta; formó el expediente y lo registró bajo el número 617/2021; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado es una omisión de respuesta, respecto a una solicitud de trámite presentada ante una autoridad con sede en esta ciudad, reclamo que carece de ejecución material; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, que es del tenor: 1 Novena Época, con número de registro 181810, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255. 2 Novena Época, número de registro 192097, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 32. "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias remitidas, se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión de emitir respuesta definitiva a la solicitud presentada el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, referente a la solicitud de prórroga del título de concesión ****, recibido por esa autoridad bajo el número de expediente GUA ****. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable al rendir su informe justiciado negó la existencia de los actos reclamados, alegando que en respuesta a la solicitud de prórroga de referencia, emitió el oficio ****(DIC) de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el cual se encuentra pendiente de notificación. En tal virtud, se desvirtúa la negativa esgrimida por la responsable, teniendo en cuenta que si ella misma refiere que no ha notificado a la promovente la resolución recaída, resulta evidente que ésta no ha conocido de la misma, ni tampoco ha podido imponerse de su contenido. Así, artículo 8o. de la Constitución Federal y de los criterios jurisprudenciales que lo han interpretado, se desprende que en torno al derecho de petición deben actualizarse las siguientes premisas: la existencia de una petición de un particular ante una autoridad, formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; y las correlativas obligaciones de la autoridad de emitir acuerdo en breve término, en el que dé contestación de manera congruente a la petición formulada y de notificar al gobernado en el domicilio señalado para tal efecto, la resolución correspondiente. Ello se traduce en que la falta de notificación de la contestación correspondiente, implica también, la falta de conocimiento de la forma y términos en los que la autoridad contestó la petición formulada, en el entendido de que aun cuando se haya dictado la resolución respectiva, si ésta no fue notificada debidamente provoca, en principio, la creencia de la omisión de su dictado. En ese sentido, se entiende cierta la omisión atribuida a la responsable, Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la contienen, la tesis3 sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." 3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, Julio de 1994, página 391. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, que se obtienen de los propios esgrimidos por la parte quejosa, así como de los obtenidos de las constancias que obran en autos, siendo los siguientes: 1. El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, la ahora quejosa presentó ante la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, la solicitud de prórroga del título de concesión ****, el cual fue recibido por esa autoridad bajo el número de expediente ****. 2. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la autoridad local responsable emitió resolución respecto a dicho trámite. Sin que a la fecha se haya notificado a la parte interesada. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. La parte quejosa en sus conceptos de violación sostiene que la autoridad responsable director Local Guanajuato, de la Comisión Nacional del Agua, viola los derechos humanos contenidos en el numeral 8 constitucional, al no haber resuelto de manera definitiva la solicitud de prórroga del título de concesión ****, recibido por esa autoridad bajo el número de expediente ****. Se estima que el concepto de violación hecho valer es esencialmente fundado y suficiente para el fin pretendido, según se explica: El artículo 8 constitucional dispone que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, así como que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Para que se dé cabal cumplimiento al derecho fundamental previsto por el numeral 8 de nuestra Carta Magna, es necesario que a toda petición que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, recaiga un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo en breve término al peticionario. Para que dé cabal cumplimiento a dicho derecho fundamental, es necesario que la respuesta sea congruente con la solicitud. Lo anterior es así, puesto que en el derecho fundamental de petición reconocido en el precepto que cita conformado no por uno sino varios derechos que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa a saber: ? De dar respuesta por escrito a la petición del gobernado. ? De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado. ? De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término. Cobrando aplicación la jurisprudencia4 de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL 4 Criterio con número de registro IUS 160206, décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro VI, de marzo de 2012, tomo 2, materia constitucional, tesis VI.1o.A. J/54 (9a.), página 931. JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido." Por su parte, los diversos numerales 16 y 17, segundo párrafo, constitucionales reconocen el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, y el acceso efectivo a la administración de justicia, que obliga a las autoridades del estado a resolver cualquier procedimiento sujetándose a los plazos y términos que fijen las leyes; prerrogativa que tiene el alcance de obligar a las autoridades a resolver los procedimientos administrativos que ante ellas se tramiten dentro de los plazos que establecen las normas aplicables. Bajo ese contexto, se considera que en el particular es fundado el concepto de violación hecho valer, pues trascurrieron casi tres años, desde que se hizo la solicitud hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo, tiempo por demás suficiente para que la autoridad responsable emitiera y notificara la resolución correspondiente a la parte interesada. Lo anterior es así, puesto que el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, estatuye que "la Autoridad del Agua" debe contestar las solicitudes dentro de un plazo que no exceda de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación, si está debidamente integrado el expediente; mientras el diverso 35 del reglamento de dicha ley, prevé que presentada la solicitud si dentro de los veinte días hábiles siguientes no requiere a los interesados para que subsanen las deficiencias que pudieran existir, se considerara integrado el expediente. En consecuencia, se concluye que el actuar de la responsable conculca los derechos fundamentales previstos en los artículos 8º, 16 y 17, segundo párrafo, constitucionales, en perjuicio de Investigación Agropecuaria y Fomento a la Educación, asociación civil, lo que conduce a otorgarle el amparo y protección de la justicia federal solicitado, a efecto de que la autoridad responsable, director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua: 2. Dentro del término de cinco días hábiles notifique y entregue la resolución recaída a la solicitud de prórroga del título de concesión ****, recibida por esa autoridad bajo el número de expediente ****. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal ampara y protege a ******, en contra de los actos que reclamó de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, en términos de lo expuesto en el considerando quinto de la presente resolución.
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