Judith Torres Sosa
Expediente 968/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 968/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Judith Torres Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que la quejosa omitió recurrir el auto de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO; por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, así como a que carece de relevancia documental.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DEL AUTO VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, POR LO CUAL SE NOTIFICA POR LISTA EL SIGUIENTE AUTO: Del estado procesal que guarda el expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido a la quejosa, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de once de octubre de dos mil dieciocho, transcurrió del diecinueve al veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, sin que hubiera presentado escrito aclaratorio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo en cita y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección
- Principal
Del estado procesal que guarda el expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido a la quejosa, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de once de octubre de dos mil dieciocho, transcurrió del diecinueve al veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, sin que hubiera presentado escrito aclaratorio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo en cita y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección.
- Principal
Se recibe la demanda de protección de derechos signada por + por propio derecho, contra actos del Director de Agencias del ministerio Público Metropolitana Zona Norte Mesa I y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. De la lectura integral de la demanda se advierten las siguientes irregularidades. En el apartado de autoridades responsables se advierte que señala con tal carácter al Director de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Zona Norte con domicilio bien conocido en esta ciudad de Puebla Mesa I, II, III, IV, V, VI, VII. Director de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Zona Sur con domicilio bien conocido en esta ciudad de Puebla. Mesa I, II, III, IV, V, VI, VII . Entonces se entiende que la denominación de las autoridades señaladas son, Director de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Zona Norte y lo mismo respecto de la Zona Sur; con domicilio bien conocido en esta ciudad de Puebla, Mesa I, y así consecutivamente hasta la mesa V y VII respectivamente, sin embargo dichas denominaciones son inexistentes en el organigrama de la Fiscalía General del Estado, pues inexisten cinco y siete Directores de cada zona. De igual forma, respecto a las autoridades señaladas en con los números catorce 14 a veinticuatro 24, también son inexistentes porque se refiere a las mesas de trámite y delegaciones que se han fusionado. Se afirma lo anterior porque desde hace algunos años, se han realizado cambios en las denominaciones de las autoridades en la ahora Fiscalía General del Estado, debido a las reformas que determinaron la transformación de la Procuraduría General de Justicia. Por tal motivo las denominaciones que refiere la quejosa son inexistentes en el organigrama de la Fiscalía General del Estado por lo que impide determinar cuál es la denominación completa, correcta y actual de las autoridades a las que señala como autoridades responsables o por lo menos alguna que concuerde con las del organigrama de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Lo que imposibilitará emplazar a juicio a las autoridades de referencia, como ha sucedido en otros asuntos de este juzgado que también han involucrado, pero han terminado en sobreseimiento por la falta de una responsable concreta y de acordar en determinado sentido, sería incierto y podría generar una transgresión a los derechos de la quejosa. De ahí que sea indispensable que la quejosa aclare las denominaciones actuales de las autoridades responsables que pretende involucrar en este juicio, y más porque los antecedentes de otros juicios reflejan la imposibilidad que ha existido para notificar a las referidas autoridades con la denominación indicada. Incluso porque los órganos de protección carecen de facultades para elegir la autoridad que debe ser llamada a un juicio de amparo. Como se ve resulta imprecisa la denominación de las autoridades responsables, pues los términos en que está redactada la demanda de amparo son confusos. Dicha aclaración se realiza en beneficio de la promovente, porque en nada queda claro a qué autoridad le atribuye el acto reclamado, tal y como se especificó en párrafos que anteceden y se le dejaría en estado de indefensión. Por otra parte se advierte que los actos que reclama son la orden de búsqueda, aprehensión detención, presentación o comparecencia. Sin embargo la quejosa se limita a señalar autoridades con carácter de ejecutoras, pues los agentes del ministerio público carecen de facultades para librar una orden de aprehensión. Por tanto, con apoyo en los artículos 108, fracción III y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa, para que en el plazo de cinco días, siguientes a que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, manifieste bajo protesta de decir verdad las siguientes aclaraciones 1. Señale las denominaciones completas correctas y actuales de las autoridades. 2. Para evitar confusión respecto de las autoridades que señale como responsables, en su escrito aclaratorio deberá señalar todas y cada una de las autoridades que pretende señalar como responsables en este juicio de amparo. 3. Manifieste si insiste en señalar como acto reclamado la orden de aprehensión librada en su contra, y solo en caso afirmativo deberá señalar alguna autoridad judicial y en su caso manifestar bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado. Se hace saber a la quejosa que al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; una para cada autoridad que señale como responsable una más para la persona que en su caso tenga el carácter de terceros interesados en términos del artículo 5, fracción III, de la ley de la materia y dos más para el incidente de suspensión. Asimismo se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento que antecede en el plazo otorgado para tal efecto por las irregularidades e impresiones mencionadas, se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Además se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a + por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Y solo para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere por así haberlo solicitado. Por otra parte se informa pueden hacer uso de los medios electrónicos que estén a su alcance tal y como lo dispone la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que las partes y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, podrán imponerse de los acuerdos dictados en los juzgados de distrito y tribunales de circuito del poder judicial de la federación, mediante el uso de aparatos como son las cámaras, grabadoras o lectores óptico. Sin embargo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla se deberá suprimir la información que en su caso resultare ser de carácter confidencial y reservado. Empero tal supresión se realizará solo si lo permiten las constancias que se desee fotografiar, de lo contrario deberá solicitar copia certificada de las constancias respecto de las cuales, también suprimirán los datos personales. Apoya lo anterior la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 470, del tenor literal siguiente COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE procédase en su momento a la digitalización del presente asunto escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
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