Juana Pérez Roldán

Expediente 737/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
737/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Juana Pérez Roldán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 737/2022-VII. Puebla, Puebla, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; pues, ninguna de las partes se inconformó contra el auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. Entonces, con fundamento en los artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós se sobreseyó fuera de audiencia -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Carátula del expediente Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Anotaciones en los libros de gobierno. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial "A", que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído por el cual se sobreseyó fuera de audiencia. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. En virtud de que en el presente juicio no se apertura incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, se descarta hacer mayor pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 737/2022-VII. Puebla, Puebla, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Se ordena notificar de manera personal a la quejosa la diligencia de aceptación de cargo del defensor público. Se agrega al expediente la versión escrita de la audiencia celebrada por videoconferencia, el día diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en la que , aceptó el cargo de defensor público de la quejosa. Por lo que se ordena notificar de manera personal a la quejosa dicha designación. Además, debe indicarse que la decisión de notificar este proveído de manera personal a la quejosa , se debe a que se encuentra recluida en el Centro de Readaptación Social de Puebla. Notifíquese personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 737/2022-VII.. Puebla, Puebla, doce de agosto de dos mil veintidós. Se agregan al expediente los oficios de cuenta, uno signado por la Directora General de Defensoría Pública de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, por el cual cumple con el requerimiento formulado en acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, pues informa haber designado a +++++++, como defensor público de la quejosa. En ese contexto, se tiene cumplido el requerimiento formulado en el auto de mérito y se deja sin efectos el apercibimiento de multa decretado a la citada funcionaria. El otro oficio signado por el Defensor ++++++, mediante el cual proporciona correo electrónico, número telefónico y adjunta impresión de su cédula profesional electrónica y copia de credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y 5, fracción II, del Acuerdo General 20/2021 (ampliado en su vigencia por el diverso 16/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, cítese al licenciado Julio Arturo Gómez Peña, defensor público adscrito a la Dirección General de Defensoría Pública, Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, a las once horas con treinta minutos del viernes diecinueve de agosto de dos mil veintidós, para que acceda a la videoconferencia y realizar la diligencia a fin de protestar el cargo de defensor público del quejoso, para el que fue designado. Para tal efecto, en la fecha y hora señaladas deberá ingresar a la plataforma Cisco Webex, con el código de reunión +++++ y contraseña ++++++ en el entendido de que el hipervínculo correspondiente le será remitido, un día anterior, al correo electrónico proporcionado. Para ello deberá contar con equipo de cómputo que cumpla al menos con los requerimientos tecnológicos necesarios; o a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta); en este último caso, deberá descargar previamente la aplicación "Webex Meetings2 ". Lo anterior, a fin de que se realicen las gestiones pertinentes para que pueda acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia respectiva. Al respecto, es menester precisar que, con la finalidad de permitir prepararse para el desahogo de la diligencia de protesta de defensor público, así como la implementación de la logística operacional, deberá ingresar a dicho enlace a las once horas con quince minutos del viernes diecinueve de agosto de dos mil veintidós, esto es, quince minutos previos al inicio de la audiencia, para ello, bajo protesta de decir verdad, deberá poner a la vista identificación oficial vigente, para corroborar su identidad, personalidad y capacidad procesal -conforme a lo previsto en la ley reglamentaria-. Además, se apercibe a dicho defensor que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el horario y data señalados para tal fin, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace saber al defensor público que, durante el desarrollo de la diligencia no puede intervenir o interrumpir, hasta en tanto -de ser el caso- se le dé el uso de la voz, pues la diligencia que se llevará a cabo, tiene como finalidad la exclusiva la protesta del cargo de defensor público del quejoso. Además, en términos del artículo 28, último párrafo, del Acuerdo General 12/2020, el uso de videoconferencia -en virtud de las políticas de salud pública adoptadas por la presencia del virus COVID19- no faculta a las partes para emitir alegatos orales que no se encuentren previstos en la Ley de Amparo, ni para solicitar entrevistas con servidoras o servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. De ahí que, con la finalidad de mantener el orden y la solemnidad de la referida audiencia, de conformidad con los artículos 236, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte promovente que, en caso incumplimiento a cualquiera de las indicaciones precisadas en este proveído o en el Acuerdo General 12/2020, a guisa de ejemplo: se interrumpa la diligencia o se traten de emitir alegatos de manera oral, se impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario). Ello, con independencia de que, en la propia diligencia, se adopten las medidas que se estimen pertinentes para garantizar el correcto desarrollo de la diligencia. De igual forma, se deja establecido que una vez que el defensor público Julio Arturo Gómez Peña, comparezca a aceptar el cargo, se le notificará al aquí quejoso dicha designación. Con el fin de respetar la política de sana distancia aplicada ante la contingencia de salud pública derivada del virus Covid-19, y con base en lo dispuesto por los acuerdos generales 8/2020 y 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el sentido de que deberá privilegiarse el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias; se ordena a la actuaria judicial que el oficio derivado de este acuerdo sea remitido al indicado defensor público a través del correo electrónico proporcionado por la autoridad oficiante (amparosadvos.defpublica@puebla.gob.mx) debiendo confirmar su recepción y levantar razón de ello. Notifíquese; por oficio al defensor público

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 737/2022-VII. Puebla, Puebla, cinco de agosto de dos mil veintidós. Se recibe despacho sin diligenciar. Se agrega al expediente sin mayor acuerdo el despacho sin diligenciar remitido por el Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla. La decisión de agregarlo sin mayor acuerdo obedece a que en proveído de diecinueve de julio de dos mil veintidós se le tuvo por recibido de manera electrónica y se determinó lo conducente en el mismo. Informe Justificado. De igual forma se agrega al expediente el oficio con anexo signado por el Secretario encargado del Despacho del Juzgado de Ejecución de Sentencias por vacaciones del Titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales, mediante el cual rinde su informe justificado y remite algunas constancias que integran la carpeta única de ejecución +++++ en la que se desprende lo siguiente: ".FUE CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL QUEJOSO RESPECTO DE LA OMISIÓN EN ACORDAR EL ESCRITO PRESENTADO EL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El uno de agosto de dos mil veintidós, ante la presentación del escrito de la sentenciada JUANA PÉREZ ROLDÁN, con el que promovió por propio derecho el beneficio de la reducción de la pena por pago de la reparación del daño, al advertir que no se encuentra a disposición de esta autoridad judicial ejecutora, se emitió un auto en el que se solicitó a la jueza quinto penal del distrito judicial de Puebla, a fin de que informara si a la hoy quejosa se le dictó sentencia condenatoria en el proceso de referencia, (el cual conoce por prórroga de jurisdicción), si la sentencia ha causado ejecutoria y si con motivo de la firmeza de la sentencia, la enjuiciada ha sido puesta a disposición del juez de ejecución y de no encontrarse a disposición de ningún juez de ejecución, se sirva poner a la sentenciada a disposición de esta autoridad judicial para el trámite de ejecución correspondiente, solicitando remitiera las constancias necesarias para integrar la carpeta de ejecución, y así estar en posibilidad de declarase competente y pronunciarse en relación a la admisión de la incidencia planteada." Se descarta dar vista con la recepción del informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: Actualización de una causa de improcedencia. Del estado procesal de este expediente se advierte que la quejosa Juana Pérez Roldán, reclama del Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la ciudad de Puebla, la omisión de acordar el escrito presentado el veinte de junio de dos mil veintidós, mediante el cual promovió incidente no especificado de reducción de la pena de prisión previo el pago de la reparación del daño y la multa, dentro del proceso +++++ del índice del anterior Juzgado Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla, ahora Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla. Ahora bien, el contenido del informe rendido por la autoridad responsable del cual se hizo alusión en párrafos precedentes, obliga a esta autoridad a analizar en este momento la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, porque representa un tema de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso particular, este órgano jurisdiccional considera que acto reclamado es improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, precepto que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia invocada se surte cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, del epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La eficacia de la causa de improcedencia a que se alude, solo se registra cuando la cesación de los efectos del acto reclamado es total, pues subsistiendo uno de ellos, dicha causa no operaría. Esta observación se justifica, si se toma en cuenta que la referida cesación equivale al restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, por lo que, si éste no se realiza cabalmente, no puede afirmarse que los efectos de los actos combatidos hayan dejado de producirse en su integridad. Por tanto, para que se actualice la causa de improcedencia invocada, se requiere lo siguiente: Un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el acto que es materia del juicio de amparo. ? Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado; Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Para demostrarlo, se hace notar que la revisión integral de la demanda -frente a las actuaciones de este juicio- conduce a visualizar que durante la tramitación de este juicio, cesaron los efectos de la omisión de pronunciarse respecto acordar el escrito de veinte de junio de dos mil veintidós Lo anterior, porque -como se ha referido- la autoridad oficiante mediante auto de uno de agosto de dos mil veintidós, ha acordado la petición de la aquí quejosa, en los términos arriba precisados; sin que resulte procedente dar vista a la quejosa con la referida contestación en términos de la jurisprudencia P./J.15/2019 (10ª) toda vez que el referido acuerdo no guarda los atributos de irreparabilidad para efectos de la procedencia del juicio de amparo pues no causa ninguna afectación a derechos sustantivos sino únicamente de índole procesal, en términos de las fracciones IV y V del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta orientador a la anterior determinación la tesis con Registro digital: 206311 Primera Sala, Octava Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 202, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. OFICIO DE REVOCACION NO NOTIFICADO. Si el oficio revocatorio del crédito fiscal impugnado, que en copia al carbón exhibe la responsable, se encuentra debidamente requisitado y fue emitido por la autoridad competente para ello, no existe razón alguna para no otorgarle valor probatorio respecto de la resolución que en él se contiene, así como tampoco para negarle el efecto de hacer cesar el acto reclamado, consistente en la determinación y cobro del impuesto combatido, que revoca, no obstante que no exista constancia o de que en efecto esa resolución no haya sido notificada previamente a la quejosa; pues al exhibirlo la responsable en el juicio y conocerlo la quejosa por habérsele dado vista con el informe justificado, se subsana la posible falta de notificación anterior." Por lo que con tales actuaciones, se llega a la conclusión de que efectivamente han cesado los efectos del acto reclamado, pues ha dejado de verse afectada en sus derechos fundamentales como lo alegó en la demanda y de esa manera se actualiza la causa de improcedencia invocada. Esa circunstancia se equipara a haber obtenido una sentencia favorable en el presente juicio, pues la omisión de referencia, ha sido subsanada, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. De esa forma, se actualiza la causa de improcedencia invocada en párrafos previos, porque la situación jurídica de la quejosa ya no se ve afectada por la omisión reclamada, pues aquélla cesó sus efectos posterior a la presentación de la demanda de amparo, al haberse pronunciado respecto de la omisión de acordar el escrito de veinte de junio de dos mil veintidós. Es aplicable, para efectos ilustrativos debido a la identidad de razones jurídicas que la integran, el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, que este juzgado comparte, publicado en la página 2522, Tomo IV, Agosto de 2016, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente." Sobreseimiento fuera de audiencia Entonces, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia relatadas en párrafos precedentes (cesación de efectos y cambio de situación jurídica), se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de protección, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. La consideración previa encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional en este juicio, que hubieran sido las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Emplazamiento de Terceros Interesados. De autos se advierte que por acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se reservó proveer el emplazamiento de +++++ Asimismo, de las constancias de autos le surge el carácter de tercero interesado en el presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de Puebla. Sin embargo, en razón de que en párrafos previos, se ha decretado el sobreseimiento fuera de audiencia, devienen innecesarios los emplazamientos de referencia. Designación de defensa pública. Por último, toda vez que +++++, omitió designar defensa pública o particular que le represente en esta instancia, se ordena girar oficio a la Directora General de Defensoría Pública del Estado de Puebla, para que le designe defensor público que le preste la asistencia legal correspondiente. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO" Bajo ese contexto, se requiere a la titular de dicho órgano para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente a la notificación del oficio derivado del presente proveído, instruya a la persona designada para representar a la quejosa en este juicio, se apersone ante este juzgado federal a aceptar y protestar el cargo conferido, con cédula profesional que lo ampare como licenciado en derecho e identificación oficial con fotografía. Al respecto, cabe precisar que en términos de los artículos 25 y 26 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, es decir, por ser necesaria para el desahogo de una probanza o diligencia, como en este caso, por regla general, su desahogo se realizará a través de videoconferencias. Por ello, el defensor que sea asignado, deberá, en el mismo plazo, proporcionar un número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como tener equipo de cómputo que cumpla al menos con los requerimientos necesarios; o a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta); en este último caso, deberá descargar previamente la aplicación "Webex Meetings". Lo anterior, tiene como finalidad que se realicen las gestiones pertinentes para que pueda acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia respectiva. El objeto de ello es, a su vez, llevar a cabo la respectiva diligencia a la que debe comparecer el defensor en mención, exhibir el original de su identificación oficial y de su cédula profesional (en original), a efecto de que manifieste si acepta y protesta el cargo de defensor público del quejoso y para que lo asista únicamente para efectos del presente juicio de amparo. Se apercibe a la mencionada directora que, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, en el plazo otorgado para tal fin, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades.

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