JULIA Ramírez Francisco

Expediente 556/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
556/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
10/08/2023

Partes del expediente

  • JULIA Ramírez Francisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 556/2023-VI.. Puebla, Puebla, diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual inserta el acuerdo de presidencia de ocho de agosto de dos mil veintitrés, en el que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, contra del proveído de seis de julio de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; el cual quedó registrado con el número R-230/2023 de su índice y se acusa recibo de las constancias enviadas. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Se remite recurso de revisión al Tribunal Colegiado, en turno. Del estado procesal de las actuaciones, se advierte que ha quedado integrada la revisión porque las actuaciones contienen las notificaciones a las partes de la resolución recurrida y del acuerdo por el que se tuvo interpuesto el medio de impugnación referido. Por tanto, se ordena remitir el presente expediente al encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, para que turne el recurso al órgano correspondiente. Asimismo, se solicita en forma atenta al Magistrado Presidente del tribunal colegiado al que sea turnada la revisión, acuse el recibo del expediente original y anexo que se remiten. Integración del expediente físico. Por otra parte, de manera respetuosa, se hace saber al Tribunal Colegiado que por turno le toque conocer del presente asunto que, el expediente físico sólo tiene las promociones que se presentaron de manera física (no digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación), así como las actuaciones que se realizaron de manera presencial (como lo son las comparecencias o los acuses de los oficios que se entregaron de manera física en las oficinas de las autoridades responsables). Lo anterior, en observancia a lo dispuesto por el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Sobre todo porque la fracción III del citado numeral 3, establece en forma expresa que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente (como lo son los autos y la sentencia dictados), constará únicamente en el expediente electrónico y no debe imprimirse ni agregarse al juicio de amparo (físico). En efecto, así se desprende del invocado artículo 3, fracción III, que dice: "Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: I. Todo documento electrónico o digitalizado que ingrese a un expediente electrónico deberá ser firmado con una Firma Electrónica que cuente con los permisos necesarios; II. El expediente electrónico se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente respectivo. El expediente electrónico permitirá distinguir las constancias digitalizadas de generadas electrónicamente para efecto de poder comparar las primeras con las integradas físicamente; III. La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso." Vinculación del expediente. En mérito de lo anterior, desde este momento, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano" para que el tribunal colegiado al que por turno le corresponda conocer del recurso de revisión, esté en oportunidad de consultarlo y consiga visualizar las constancias que estime necesarias

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Recurso de revisión. Agréguese al expediente el ocurso firmado por la quejosa *, mediante el cual interpone recurso de revisión y expresa agravios, contra la determinación de seis de julio del año en curso, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. En ese sentido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el mencionado recurso. Traslado a las demás partes. Distribúyanse las copias del escrito de agravios entre las demás partes y, previa constancia de esto último, remítase el medio de impugnación con los anexos respectivos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, para que turne el recurso al tribunal colegiado respectivo. Ello dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que se integre debidamente la revisión. Lo determinado con antelación, tiene sustento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, que establece que el órgano jurisdiccional por medio del cual se hubiere presentado el recurso de revisión, distribuirá entre las partes las copias del escrito de agravios y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, remitirá el original del escrito de agravios y el cuaderno principal al tribunal colegiado en turno. * Notificación del recurso a la fiscal adscrita. Asimismo, deberá entregarse copia del escrito de agravios a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, a fin de que en atención al principio de unidad del Ministerio Público por el cual este constituye una institución indivisible, se haga sabedora de la interposición del mencionado medio de impugnación. Anotaciones internas y cuaderno de antecedentes. Se instruye hacer las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Asimismo, se ordena que en su oportunidad se forme el cuaderno de antecedentes, a fin de evitar el uso innecesario de recursos materiales y la duplicidad de actuaciones. Notificación quejoso y terceros interesados. Se deja establecido que es innecesario notificar a la parte quejosa este acuerdo en forma personal, porque el sentido del mismo implica que se dio trámite al recurso de revisión interpuesto. De ahí que sólo será notificada de este acuerdo, por lista.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, seis de julio de dos mil veintitrés. Agente del Ministerio Público informa. Agréguese al expediente el comunicado de cuenta, por medio del cual el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Tepeaca, Puebla, rinde su informe justificado. De lo que se toma conocimiento, y se descarta dar vista a las partes con tal informe, en atención a lo que se acuerda en párrafos siguientes Cabe destacar que para sustentar su dicho, el juez oficiante remite diversas copias autorizadas que obran en la carpeta judicial administrativa * Documentales que por ser públicas, se les confiere eficacia probatoria plena en términos de los artículos 93, fracciones II y VII, 188, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición del segundo párrafo de su artículo 2 * Sobreseimiento fuera de audiencia. La información proporcionada en la misiva y anexo de cuenta, implica la actualización de una causal de improcedencia que descansa en la figura de definitividad, cuyo estudio es obligatorio conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo; causal prevista en el diverso 61, fracción XVIII, de dicha legislación, que establece lo siguiente * La causal que se menciona contempla el principio de definitividad tratándose de actos jurisdiccionales, rector del juicio de amparo, esto es, en dicha fracción se impone a la quejosa la obligación de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca. En particular aquellos que mediante su promoción o interposición pueda conseguir la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, pues la intención del legislador con la creación del juicio de amparo fue que este se concibiera como un medio de defensa extraordinario y que, por ende, fuese la última instancia a la que tiene acceso el gobernado, cuando por motivo de un acto de autoridad se vulneren sus derechos fundamentales. Así, el principio de definitividad tiene como fin preservar el carácter extraordinario del juicio de tutela. Por tanto, el acto reclamado debe revestir el carácter de definitivo, es decir, que la peticionaria del amparo hubiese agotado los medios de defensa ordinarios, antes de instar el último medio de tutela de derechos humanos. Sólo existe una ruta de excepción en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que se actualiza cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues en ese caso el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de protección constitucional. En ese sentido, se hace notar que los jueces de control pueden revisar sus determinaciones mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone * Como puede verse, el recurso de revocación previsto en el transcrito numeral 465, posibilita el acceso a la jurisdicción del Estado, para que una autoridad judicial revise la determinación que haya emitido en una causa penal. De modo que la autoridad de primera instancia, puede revisar el acuerdo donde haya impuesto una multa a una de las partes en el procedimiento, siempre que la promovente de ese medio de impugnación le presente la revocación prevista en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quien podrá revocar, modificar o confirmar su determinación. Además, la interposición del recurso de revocación no tiene excepciones, es decir, resulta obligatorio agotarlo para cumplir el principio de definitividad, que rige el acceso al control extraordinario de constitucionalidad (el juicio de amparo indirecto) * En el presente caso, de la lectura íntegra del escrito de demanda y escrito aclaratorio, se observa que la quejosa pretende reclamar: ? El acuerdo de tres de abril de dos mil veintitrés, dictado dentro de la causa penal *, donde la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Tepeaca, Puebla le impuso una multa consistente en ochenta unidades de medida y actualización, equivalentes a ocho mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 moneda nacional ($8,299 00/100 M.N.). * Sin embargo, ese acuerdo es susceptible de ser impugnado con un medio de defensa ordinario, esto es, el recurso de revocación previsto en el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre todo porque constituye una resolución de mero trámite, porque no determina el inicio, conclusión o modificación de una fase procesal, tampoco la naturaleza o calidad de las partes que intervienen, ni de las cuestiones que integran la litis en el proceso, además, no requiere sustanciación y que implica que no se realizó un estudio de fondo. A pesar de lo anterior, esta juzgadora de tutela advirtió que la quejosa soslayó el aludido recurso de revocación previsto en el ordinal 465, del código nacional que se cita, porque ejerció la acción de tutela contra el proveído en el que la jueza local le impuso una multa, sin haber agotado el referido medio ordinario de impugnación, razón por la cual es evidente que desatendió el principio de definitividad que rige el acceso al juicio de amparo indirecto. Más aún, la impetrante soslayó el recurso de revocación, aun cuando el acuerdo a través del cual le fue impuesta una multa no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución * federal, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Así como tampoco involucra una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, auto de formal prisión, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto. Pues de constancias se desprende que dicha multa se impuso a la promovente derivado de una defensa deficiente que ejerció en contra de un imputado en la causa penal de origen. Luego, es válido concluir que la quejosa tenía la obligación de agotar el recurso de revocación, contra el acuerdo en el que se le impuso la multa de la que se duele, para cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto. Sin que sea impedimento el hecho de que en el mismo acuerdo por el que se impuso a la quejosa la multa reclamada, se le revocó el nombramiento de defensora particular del imputado *, en la causa penal de origen, lo que implica que ya no es parte en tal expediente. No obstante, como se dijo, la referida multa le fue aplicada derivado de una defensa deficiente que ejerció en contra de dicho imputado, para mayor claridad se cita textualmente, en lo que interesa, lo dicho por la jueza de control responsable * Lo que evidencia que la sanción que le fue aplicada se debió a actos que realizó en tanto fungía como defensora particular de un imputado, esto es, cuando actuó como parte procesal dentro del procedimiento de origen, figura contenida en el artículo 105, del Código Nacional de Procedimientos Penales: * Por lo que la circunstancia de que luego de haber realizado actos en el ejercicio de defensa, haya sido revocada, no la exime de agotar el referido principio de definitividad previsto en la Ley de Amparo, antes de acudir a esta instancia. * Lo anterior, se insiste, porque la multa impuesta a la promovente ocurrió en tanto ejercicio actos como parte dentro de la causa penal de origen, como defensora particular de un imputado, por lo que debió agotar el medio ordinario de defensa relativo al recurso de revocación. Por tanto, se declara que el acuerdo reclamado en la demanda, consistente en el proveído de tres de abril de dos mil veintitrés, dictado dentro de la causa penal *, por el que la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Tepeaca, Puebla, impuso a la impetrante una multa consistente en ochenta unidades de medida y actualización, equivalentes a ocho mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 moneda nacional ($8,299 00/100 M.N.), encontró de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque desatendió el recurso ordinario de revocación que debía agotar contra la determinación reclamada. En consecuencia, debe operar la improcedencia en este juicio por dicho acto, por la desatención al principio de definitividad que se estudió. Entonces, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia relatada en párrafos precedentes (cesación de efectos), con fundamento los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de la Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente controvertido constitucional promovido por * Se deja sin efectos audiencia. En tales condiciones, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondiente

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