Juana Saenz Romero

Expediente 1303/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1303/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/01/2022

Partes del expediente

  • Juana Saenz Romero

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1303/2021-III. Puebla, Puebla, dieciocho de enero de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada la demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. ANOTACIONES INTERNAS. Se instruye a la Oficial Judicial A para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. ARCHIVO En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido, por tanto se orden su archivo. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, esta juzgadora estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a quien hubiera presentado la demanda. INEXISTENCIA DE ANEXOS. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte promovente, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído habrá de notificarse por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. SIN CUADERNOS INCIDENTALES. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese.

  2. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. JUICIO DE AMPARO 1303/2021-III. Puebla, Puebla, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Se recibe la copia digitalizada de la demanda de protección de derechos que suscribe *** propio derecho, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro D ESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. E n el presente caso, se observa que la demanda presentada por la quejosa debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo consiste en lo siguiente:...la ilegal resolución dictada en el PROCEDIMIENTO ABREVIADO el día veintiocho de enero del año dos mil veintiuno, correspondiente a la resolución que resuelve sobre mi participación en la comisión del delito de EXTORCIÓN que se ventilo en la causa penal*** la autoridad responsable Juez de control resolvió ." De modo que los actos reclamados por la quejosa, convergen en: 1) la sentencia condenatoria dictada en el procedimiento abreviado, el veintiocho de enero del año dos mil veintiuno, correspondiente a la causa penal * donde se impuso a la quejosa una pena de prisión de dos años, dos meses, atribuida al Juez de Control, de la Región Centro con sede en Puebla; y 2) la determinación de siete de diciembre del año en curso, dictada en autos de la carpeta de ejecución número * donde se requirió a *que de forma voluntaria se internara al Centro Penitenciario de Puebla, ante la omisión de pagar el beneficio de conmutación de la pena otorgada en la sentencia referida en el inciso anterior, reclamado al Juez de Ejecución de la Región Centro con sede en Puebla, y notificada el veintitrés del mismo mes y año. Sin embargo, respecto de los actos reclamados por la quejosa se actualiza una causa de improcedencia, con las características de indudable y manifiesta, prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que la quejosa no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo para impugnar los actos reclamados en la vía ordinaria, previo acudir al juicio de amparo. Para analizar la actualización de dicha causa, es conveniente citar el contenido textual de dicho dispositivo: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:[.]XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales,administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ey ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas,revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) ..; d) ...De donde se advierte que, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer la persona gobernada, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia : AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Entonces, bajo ese contexto se analiza el primero de los actos reclamados en el escrito inicial, para ello, es necesario establecer el contenido de los artículos 467 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevén el recurso de apelación, que a la letra dicen: Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: [.] X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o. Artículo 479. Sentencia La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. De lo transcrito se conoce que una resoluciones en materia penal respecto de las que procede el recurso de apelación corresponde a la sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado. Esto es, el legislador dispuso la procedencia del recurso de apelación contra la sentencia definitiva emitida en el procedimiento abreviado, con el propósito de que un tribunal de alzada analice el fallo y con base en ello, resuelva confirmarlo, modificarlo o revocarlo. O sea, el legislador, previó el derecho de las partes de dolerse ante un organismo superior, de las actuaciones del juzgador de primera instancia. En efecto, constituye un derecho fundamental de las partes en el proceso promover el recurso de apelación contra el fallo condenatorio emitido en el procedimiento abreviado, y dicha prerrogativa no es opcional. De ahí que, en contra del acto reclamado, precisado en el inciso 1), es improcedente el juicio de amparo, pues la quejosa debió interponer el recurso de apelación establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se afirma lo anterior porque, de los antecedentes expuestos por la quejosa -bajo protesta de decir verdad- se advierte que una vez que le fue dictada a la quejosa sentencia condenatoria, dentro del procedimiento abreviado, no combatió la misma a través del medio ordinario de defensa previsto en el artículo 467, fracción X, del Código Nacional de Procedimientos Penales; contrario a ello decidió promover el juicio de amparo indirecto aun cuando tuvo la posibilidad de que un tribunal de alzada efectuara un análisis del fallo reclamado. Por consiguiente, debe operar la improcedencia en este juicio. Además, tal y como se desprende de la jurisprudencia PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CUESTIONES QUE PUEDEN SER REVISABLES EN LA APELACIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL, el medio de impugnación procedente contra la sentencia de procedimiento abreviado lo es el recurso de apelación. Además, el acto reclamado no se encuentra previsto en alguna de las excepciones previstas en los incisos a), b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, como para no tener la obligación de agotar el principio de definitividad. Todo lo cual robustece la aplicación de la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad, respecto de ese acto reclamado, pues la quejosa debió agotar el recurso ordinario antes de acudir a este juicio constitucional, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde intervengan como partes. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Aunado a todo lo anterior, es importante remarcar a la quejosa que en caso de estar inconforme con el fallo que en su caso llegara a emitir el tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, al tener la característica de ser una resolución que pone fin al juicio, en contra de esa nueva determinación procede el juicio de amparo en la vía directa, en términos de la fracción I, del artículo 170, de la Ley de Amparo. Tal y como se advierte de la tesis aislada 1a. CCX/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 788, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto: PROCEDIMIENTO ABREVIADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONSIDERACIONES QUE PUEDEN SER MATERIA DE CUESTIONAMIENTO CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL. ... De no considerarse así, no existirá firmeza en lo acordado con el acusado respecto a la aceptación de su participación en el delito a partir de los datos de prueba recabados durante la investigación y, menos aún, seguridad jurídica para la víctima u ofendido del delito, quien espera que, de acuerdo con el daño inicialmente aceptado por el acusado, obtenga una reparación proporcional a la afectación que le generó la comisión del delito. Respecto del segundo acto reclamado, identificado en el inciso 2) consistente en el acuerdo emitido por el Juez de Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, en la carpeta de ejecución *** también se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo porque la quejosa debió agotar el recurso ordinario previsto en la legislación aplicable. Tal afirmación descansa en el análisis integral efectuado a la demanda, pues éste permitió advertir que la quejosa no combatió el acuerdo reclamado a través del medio ordinario de defensa previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. (el resaltado es propio) Ese recurso fue dispuesto por el legislador, contra las resoluciones de mero trámite que emita la autoridad judicial, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal -incluido el de ejecución-, con el propósito de que el propio juzgador analice de nueva cuenta su determinación y con base en ello, resuelva confirmarla, modificarla o revocarla. La única salvedad que se introdujo para la procedencia de ese recurso quedó circunscrita a las resoluciones emitidas sin sustanciación, esto es, que hubieran sido pronunciadas por la autoridad judicial durante una audiencia o en un proveído escrito, sin haber seguido un procedimiento específico en el cual se hubiera emplazado a las partes para debatir y otorgado plazos. Esto es, una determinación de mero trámite, donde no se hayan analizado cuestiones de fondo ni se haya ejercido control horizontal entre las partes donde hayan debatido sus propias posturas. Así lo interpretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 331/2019, que generó la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.) consultable en la página 2760, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. ", pues el juez de ejecución requirió a la quejosa el cumplimiento de la sentencia dictada en su contra (en lo relativo a la pena de prisión impuesta) sin haber seguido un procedimiento específico en el cual hubiera emplazado a las partes y otorgado plazos, pues se limitó a requerirla para efecto que se internara voluntariamente en el centro penitenciario ante la omisión de exhibir el pago para acceder al beneficio de conmutación de la pena otorgado en la sentencia. Sin embargo, la quejosa omitió interponer la revocación contra el proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno en el que se le requirió que se internara de forma voluntaria al Centro Penitenciario del Estado de Puebla. En su lugar, decidió promover el juicio de amparo indirecto aun cuando tuvo la posibilidad de que el juez responsable efectuara un nuevo análisis de su decisión. Por consiguiente, también debe operar la improcedencia en este juicio respecto de ese acuerdo reclamado pues la omisión de impugnar ese proveído no se encuentra prevista como una de las excepciones al principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. En particular, porque de los antecedentes del acto reclamado, manifestados bajo protesta de decir verdad, se deduce que dicho acto deriva cumplimiento de una sentencia condenatoria en materia penal, por lo tanto, aunque pudiera afectar la libertad de Juana Saenz Romero al requerirla para que se interne de forma voluntaria en el centro penitenciario, como deriva de una sentencia definitiva en el proceso penal, no es aplicable el inciso b) de la disposición legal referida en el párrafo anterior, que dice: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;[.] De la interpretación realizada en sentido contrario de dicha disposición se obtiene que: cuando se pretende reclamar un acto de autoridad que afecte la libertad personal del quejoso pero éste deriva de una sentencia definitiva en el proceso penal, debe agotarse el medio de impugnación establecido en la ley penal. Por consiguiente, la quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, al derivar, el acto reclamado de una sentencia definitiva dictada en un proceso penal. Ahora, con independencia de que contra ese acuerdo, emitido en la etapa de ejecución del proceso penal el Código Penal para el Estado de Puebla dispone la procedencia de un recurso ordinario, resulta imprescindible mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyo ámbito de aplicación aplica en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, conforme a lo señalado en su artículo 2°; también prevé que, en contra de las determinaciones de mero trámite dictado por el juez de ejecución, también procede el recurso de revocación, como lo indica el artículo 130, que a la letra dice: Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido. Por último, es importante precisar que el artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el recurso de apelación debe interponerse por escrito ante el mismo juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partid de aquél en que surta efectos la notificación si se tratara de un auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de defensa definitiva. De los antecedentes manifestados bajo protesta de decir verdad se desprende que la sentencia condenatoria dictada en el procedimiento abreviado a la quejosa Juana Saenz Romero, en autos de la causa penal ***fue emitida el veintiocho de enero de dos mil veintiuno y nunca indicó haber interpuesto el recurso de apelación contra la misma, tan es así que optó por interponer el juicio de amparo en la vía indirecta contra la misma el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, como se desprende del sello asentado en la demanda inicial. Eso permite afirmar que la sentencia condenatoria no fue no fue recurrida mediante el recurso de apelación dentro del plazo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto puede decirse que la quejosa consintió la sentencia condenatoria. Tan es así que el Juez de Ejecución responsable inició el trámite de ejecución de sentencia, por lo tanto, el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintiuno en el que se requirió a la sentenciada (aquí quejosa) se internara de forma voluntaria en el centro penitenciario, adquiere la peculiaridad de derivar de otro consentido (la sentencia), actualizando también, la causal de improcedencia contemplada por el artículo 61, XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, los cuales refieren: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. El contenido de dichos numerales se relaciona con la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.3 Asimismo, con la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. La jurisprudencia que establece que debe sobreseerse cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, ha sido modificada en el sentido de que el sobreseimiento sólo debe decretarse, cuando se trata de repetición del mismo acto, o de actos que son consecuencia necesaria y legal del que debe considerarse como consentido, y cuando el acto de que es consecuencia el segundo, lleva implícito o comprendido a este último. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues los actos reclamados por la quejosa a las autoridades responsables, encuentran las causales de improcedencia previstas en la fracciones XIII y XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la quejosa, porque se encontraron causales de improcedencia manifiesta e indudable. Con independencia de lo anterior, es importante destacar que el requerimiento para que la quejosa se internara en el Centro Penitenciario de Puebla se debió a la omisión de exhibir el pago del monto para acceder al beneficio de conmutación de la pena otorgado en la sentencia, por lo que quedan expeditos sus derechos para acogerse a tal beneficio, pues aquél subsiste hasta en tanto no quede consumada ésta. ? DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en su escrito de demanda, ubicado en esta ciudad. Se tienen como autorizados en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a María Guadalupe Alonso Portada y a Salvador Reyes Zenteno, porque omitió conferirles las facultades amplias referidas en dicho numeral. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1303/2021-III. Puebla, Puebla, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Se recibe la copia digitalizada de la demanda de protección de derechos que suscribe *** propio derecho, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro D ESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. E n el presente caso, se observa que la demanda presentada por la quejosa debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo consiste en lo siguiente:...la ilegal resolución dictada en el PROCEDIMIENTO ABREVIADO el día veintiocho de enero del año dos mil veintiuno, correspondiente a la resolución que resuelve sobre mi participación en la comisión del delito de EXTORCIÓN que se ventilo en la causa penal*** la autoridad responsable Juez de control resolvió ." De modo que los actos reclamados por la quejosa, convergen en: 1) la sentencia condenatoria dictada en el procedimiento abreviado, el veintiocho de enero del año dos mil veintiuno, correspondiente a la causa penal * donde se impuso a la quejosa una pena de prisión de dos años, dos meses, atribuida al Juez de Control, de la Región Centro con sede en Puebla; y 2) la determinación de siete de diciembre del año en curso, dictada en autos de la carpeta de ejecución número * donde se requirió a *que de forma voluntaria se internara al Centro Penitenciario de Puebla, ante la omisión de pagar el beneficio de conmutación de la pena otorgada en la sentencia referida en el inciso anterior, reclamado al Juez de Ejecución de la Región Centro con sede en Puebla, y notificada el veintitrés del mismo mes y año. Sin embargo, respecto de los actos reclamados por la quejosa se actualiza una causa de improcedencia, con las características de indudable y manifiesta, prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que la quejosa no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo para impugnar los actos reclamados en la vía ordinaria, previo acudir al juicio de amparo. Para analizar la actualización de dicha causa, es conveniente citar el contenido textual de dicho dispositivo: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:[.]XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales,administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ey ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas,revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) ..; d) ...De donde se advierte que, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer la persona gobernada, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia : AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Entonces, bajo ese contexto se analiza el primero de los actos reclamados en el escrito inicial, para ello, es necesario establecer el contenido de los artículos 467 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevén el recurso de apelación, que a la letra dicen: Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: [.] X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o. Artículo 479. Sentencia La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. De lo transcrito se conoce que una resoluciones en materia penal respecto de las que procede el recurso de apelación corresponde a la sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado. Esto es, el legislador dispuso la procedencia del recurso de apelación contra la sentencia definitiva emitida en el procedimiento abreviado, con el propósito de que un tribunal de alzada analice el fallo y con base en ello, resuelva confirmarlo, modificarlo o revocarlo. O sea, el legislador, previó el derecho de las partes de dolerse ante un organismo superior, de las actuaciones del juzgador de primera instancia. En efecto, constituye un derecho fundamental de las partes en el proceso promover el recurso de apelación contra el fallo condenatorio emitido en el procedimiento abreviado, y dicha prerrogativa no es opcional. De ahí que, en contra del acto reclamado, precisado en el inciso 1), es improcedente el juicio de amparo, pues la quejosa debió interponer el recurso de apelación establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se afirma lo anterior porque, de los antecedentes expuestos por la quejosa -bajo protesta de decir verdad- se advierte que una vez que le fue dictada a la quejosa sentencia condenatoria, dentro del procedimiento abreviado, no combatió la misma a través del medio ordinario de defensa previsto en el artículo 467, fracción X, del Código Nacional de Procedimientos Penales; contrario a ello decidió promover el juicio de amparo indirecto aun cuando tuvo la posibilidad de que un tribunal de alzada efectuara un análisis del fallo reclamado. Por consiguiente, debe operar la improcedencia en este juicio. Además, tal y como se desprende de la jurisprudencia PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CUESTIONES QUE PUEDEN SER REVISABLES EN LA APELACIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL, el medio de impugnación procedente contra la sentencia de procedimiento abreviado lo es el recurso de apelación. Además, el acto reclamado no se encuentra previsto en alguna de las excepciones previstas en los incisos a), b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, como para no tener la obligación de agotar el principio de definitividad. Todo lo cual robustece la aplicación de la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad, respecto de ese acto reclamado, pues la quejosa debió agotar el recurso ordinario antes de acudir a este juicio constitucional, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde intervengan como partes. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Aunado a todo lo anterior, es importante remarcar a la quejosa que en caso de estar inconforme con el fallo que en su caso llegara a emitir el tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, al tener la característica de ser una resolución que pone fin al juicio, en contra de esa nueva determinación procede el juicio de amparo en la vía directa, en términos de la fracción I, del artículo 170, de la Ley de Amparo. Tal y como se advierte de la tesis aislada 1a. CCX/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 788, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto: PROCEDIMIENTO ABREVIADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONSIDERACIONES QUE PUEDEN SER MATERIA DE CUESTIONAMIENTO CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL. ... De no considerarse así, no existirá firmeza en lo acordado con el acusado respecto a la aceptación de su participación en el delito a partir de los datos de prueba recabados durante la investigación y, menos aún, seguridad jurídica para la víctima u ofendido del delito, quien espera que, de acuerdo con el daño inicialmente aceptado por el acusado, obtenga una reparación proporcional a la afectación que le generó la comisión del delito. Respecto del segundo acto reclamado, identificado en el inciso 2) consistente en el acuerdo emitido por el Juez de Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, en la carpeta de ejecución *** también se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo porque la quejosa debió agotar el recurso ordinario previsto en la legislación aplicable. Tal afirmación descansa en el análisis integral efectuado a la demanda, pues éste permitió advertir que la quejosa no combatió el acuerdo reclamado a través del medio ordinario de defensa previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. (el resaltado es propio) Ese recurso fue dispuesto por el legislador, contra las resoluciones de mero trámite que emita la autoridad judicial, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal -incluido el de ejecución-, con el propósito de que el propio juzgador analice de nueva cuenta su determinación y con base en ello, resuelva confirmarla, modificarla o revocarla. La única salvedad que se introdujo para la procedencia de ese recurso quedó circunscrita a las resoluciones emitidas sin sustanciación, esto es, que hubieran sido pronunciadas por la autoridad judicial durante una audiencia o en un proveído escrito, sin haber seguido un procedimiento específico en el cual se hubiera emplazado a las partes para debatir y otorgado plazos. Esto es, una determinación de mero trámite, donde no se hayan analizado cuestiones de fondo ni se haya ejercido control horizontal entre las partes donde hayan debatido sus propias posturas. Así lo interpretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 331/2019, que generó la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.) consultable en la página 2760, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. ", pues el juez de ejecución requirió a la quejosa el cumplimiento de la sentencia dictada en su contra (en lo relativo a la pena de prisión impuesta) sin haber seguido un procedimiento específico en el cual hubiera emplazado a las partes y otorgado plazos, pues se limitó a requerirla para efecto que se internara voluntariamente en el centro penitenciario ante la omisión de exhibir el pago para acceder al beneficio de conmutación de la pena otorgado en la sentencia. Sin embargo, la quejosa omitió interponer la revocación contra el proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno en el que se le requirió que se internara de forma voluntaria al Centro Penitenciario del Estado de Puebla. En su lugar, decidió promover el juicio de amparo indirecto aun cuando tuvo la posibilidad de que el juez responsable efectuara un nuevo análisis de su decisión. Por consiguiente, también debe operar la improcedencia en este juicio respecto de ese acuerdo reclamado pues la omisión de impugnar ese proveído no se encuentra prevista como una de las excepciones al principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. En particular, porque de los antecedentes del acto reclamado, manifestados bajo protesta de decir verdad, se deduce que dicho acto deriva cumplimiento de una sentencia condenatoria en materia penal, por lo tanto, aunque pudiera afectar la libertad de Juana Saenz Romero al requerirla para que se interne de forma voluntaria en el centro penitenciario, como deriva de una sentencia definitiva en el proceso penal, no es aplicable el inciso b) de la disposición legal referida en el párrafo anterior, que dice: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;[.] De la interpretación realizada en sentido contrario de dicha disposición se obtiene que: cuando se pretende reclamar un acto de autoridad que afecte la libertad personal del quejoso pero éste deriva de una sentencia definitiva en el proceso penal, debe agotarse el medio de impugnación establecido en la ley penal. Por consiguiente, la quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, al derivar, el acto reclamado de una sentencia definitiva dictada en un proceso penal. Ahora, con independencia de que contra ese acuerdo, emitido en la etapa de ejecución del proceso penal el Código Penal para el Estado de Puebla dispone la procedencia de un recurso ordinario, resulta imprescindible mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyo ámbito de aplicación aplica en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, conforme a lo señalado en su artículo 2°; también prevé que, en contra de las determinaciones de mero trámite dictado por el juez de ejecución, también procede el recurso de revocación, como lo indica el artículo 130, que a la letra dice: Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido. Por último, es importante precisar que el artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el recurso de apelación debe interponerse por escrito ante el mismo juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partid de aquél en que surta efectos la notificación si se tratara de un auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de defensa definitiva. De los antecedentes manifestados bajo protesta de decir verdad se desprende que la sentencia condenatoria dictada en el procedimiento abreviado a la quejosa Juana Saenz Romero, en autos de la causa penal ***fue emitida el veintiocho de enero de dos mil veintiuno y nunca indicó haber interpuesto el recurso de apelación contra la misma, tan es así que optó por interponer el juicio de amparo en la vía indirecta contra la misma el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, como se desprende del sello asentado en la demanda inicial. Eso permite afirmar que la sentencia condenatoria no fue no fue recurrida mediante el recurso de apelación dentro del plazo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto puede decirse que la quejosa consintió la sentencia condenatoria. Tan es así que el Juez de Ejecución responsable inició el trámite de ejecución de sentencia, por lo tanto, el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintiuno en el que se requirió a la sentenciada (aquí quejosa) se internara de forma voluntaria en el centro penitenciario, adquiere la peculiaridad de derivar de otro consentido (la sentencia), actualizando también, la causal de improcedencia contemplada por el artículo 61, XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, los cuales refieren: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. El contenido de dichos numerales se relaciona con la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.3 Asimismo, con la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. La jurisprudencia que establece que debe sobreseerse cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, ha sido modificada en el sentido de que el sobreseimiento sólo debe decretarse, cuando se trata de repetición del mismo acto, o de actos que son consecuencia necesaria y legal del que debe considerarse como consentido, y cuando el acto de que es consecuencia el segundo, lleva implícito o comprendido a este último. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues los actos reclamados por la quejosa a las autoridades responsables, encuentran las causales de improcedencia previstas en la fracciones XIII y XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la quejosa, porque se encontraron causales de improcedencia manifiesta e indudable. Con independencia de lo anterior, es importante destacar que el requerimiento para que la quejosa se internara en el Centro Penitenciario de Puebla se debió a la omisión de exhibir el pago del monto para acceder al beneficio de conmutación de la pena otorgado en la sentencia, por lo que quedan expeditos sus derechos para acogerse a tal beneficio, pues aquél subsiste hasta en tanto no quede consumada ésta. ? DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en su escrito de demanda, ubicado en esta ciudad. Se tienen como autorizados en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a María Guadalupe Alonso Portada y a Salvador Reyes Zenteno, porque omitió conferirles las facultades amplias referidas en dicho numeral. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa.

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