Julian Hernandez Bolaños
Expediente 810/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Julian Hernandez Bolaños
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 810/2020-I Puebla, Puebla, tres de noviembre de dos mil veinte. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin embargo, el quejoso no se inconformó contra el auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictado en este juicio, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. La notificación al quejoso del referido auto, se realizó el veintidós de octubre de dos mil veinte, por lo cual la notificación surtió efectos al día siguiente, de manera que el plazo para impugnarlo transcurrió del veintiséis al treinta de octubre del año en curso. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 - publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Luego, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Incidente de suspensión. En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, debido a que se desechó la demanda, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones en los libros de gobierno. Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Revisión del expediente. Por último, se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 810/2020-V Puebla, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Formación de expediente Se recibe la demanda de amparo (en su versión digitalizada) promovida por ****, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema ..., el quejoso afirma que, como consecuencia en su perjuicio se cometieron hechos con apariencia de delitos, formuló la querella con base en la cual se formó la carpeta de investigación ***, de la cual conoce el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, señalada como autoridad responsable en la demanda de amparo. De esa manera, dice el promovente, motu proprio y en cumplimiento a un requerimiento del referido agente del Ministerio Público, aportó a la aludida carpeta de investigación diversos medios de prueba. Pese a ello, sin razón alguna, los actos tendentes a averiguar y constatar lo denunciado, relativos a la carpeta de investigación *** se paralizaron; de ahí que, mediante escrito que presentó el seis de diciembre de dos mil veinte, pidió al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, que ejercitara la correspondiente acción penal. Ahora, acude a esta instancia de control constitucional para reclamar la falta de respuesta a ese escrito. Sin embargo, el íntegro análisis de la demanda de amparo revela que de lo que en realidad se queja el promovente es de la actitud pasiva del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, al abstenerse de desarrollar los actos de investigación pertinentes y necesarios para lograr la judicialización de la carpeta de investigación *** Bajo ese orden de ideas, antes de acudir al juicio de amparo, ***, debió interponer ente el Juez de Control correspondiente el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales...., si las víctimas u ofendidos resienten algún impacto a sus derechos fundamentales por omisiones o resoluciones atribuibles al Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, deben acudir con un juez de control para reclamar ese tipo de actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Incluso, el recurrir a aludido medio ordinario de defensa, permite al quejoso alcanzar su objetivo en un tiempo menor que en el juicio de amparo, pues en esos casos, el Juez de control convoca a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. Más aún, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las víctimas u ofendidos pueden solicitar al juez de control -en esa ruta ordinaria de impugnación- que examine las actuaciones u omisiones del Ministerio Público que tiendan a paralizar, suspender o terminar una investigación. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, que el Ministerio Público reanude la investigación en forma activa hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Ello se desprende de la contradicción de tesis ***, que tiene validez para regir el sentido de este acuerdo pese a que esté pendiente de engrose y publicación en el Semanario Judicial de la Federación. Es importante destacar que el aludido recurso no sólo procede contra las omisiones enunciadas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales o que tengan como efecto paralizar la investigación, ya que no se trata de una serie de hipótesis limitativa sino que es procedente contra todas aquellos actos que se cometan en la carpeta de investigación, como en el caso, la omisión de responder un escrito; incluso, ese medio ordinario de defensa procede contra actos que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público. Por consiguiente, es válido afirmar que los actos reclamados por el quejoso -la omisión de responder el escrito por el que se le pide que ejercite la acción penal ante la paralización de la investigación- deben llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad. En otras palabras, el quejoso debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación y, si la resolución que emitiera el juez de control fuera adversa a sus intereses o considerara que se emitió sin observar los derechos fundamentales previstos en la constitución federal, podrá promover el juicio de amparo indirecto -contra la resolución del juez de control-. Por tanto, es válido considerar en este acuerdo que el acto reclamado por el quejoso, actualiza una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo cual atiende a que la omisión reclamada en la demanda de protección constitucional, debe ser impugnada primero en la ruta ordinaria de impugnación, que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales -ello ante un juez de control-. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 113, en relación con la fracción XX del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección constitucional, porque se encuentra en forma manifiesta e indudable, la causal antes indicada. Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda (ubicado en esta ciudad de Puebla), así como autorizados para tales afectos a Isabel Cervantes Herrera, Álvaro Martínez Gómez, Cinthya Itzel Herrera Campillo y Maricruz García Hernández, porque así fue solicitado de manera expresa. Luego, se tiene como autorizados en todos los términos previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fernando Martínez Tlapanco, José Ricardo Serrano Bustillos y Raúl Hernández Corona, dado que el quejoso les confirió facultades amplias y por estar registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Sin pasar por alto que también proporciona un correo electrónico; sin embargo, ese medio de comunicación sólo se utilizará como forma de contacto en caso de que así se requiera, ya que las notificaciones que se le practiquen sólo se realizarán a través de las formas autorizadas en la Ley de Amparo..., procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento en los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma, habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Mención especial respecto a la recepción de la demanda original, en su caso Por otra parte, cabe precisar que para el caso de recibirse la demanda que se provee, pero ahora de física, lo cual se ha advertido en otros juicios de amparo de este índice, por cuestiones de organización administrativa de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, adoptadas ante la contingencia sanitaria en que nos encontramos por la presencia de la enfermedad CVID-19, se instruye al secretario encargado y a su personal operativo de apoyo encargados de la tramitación de este expediente para que, una vez recibida físicamente la demanda de amparo, sin ulterior acuerdo, se glose a los presentes autos. Notifíquese; de manera personal al quejoso y cúmplase.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÒN A LA PARTE QUEJOSA: JUICIO DE AMPARO 810/2020-V Puebla, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Formación de expediente Se recibe la demanda de amparo (en su versión digitalizada) promovida por ****, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema ..., el quejoso afirma que, como consecuencia en su perjuicio se cometieron hechos con apariencia de delitos, formuló la querella con base en la cual se formó la carpeta de investigación ***, de la cual conoce el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, señalada como autoridad responsable en la demanda de amparo. De esa manera, dice el promovente, motu proprio y en cumplimiento a un requerimiento del referido agente del Ministerio Público, aportó a la aludida carpeta de investigación diversos medios de prueba. Pese a ello, sin razón alguna, los actos tendentes a averiguar y constatar lo denunciado, relativos a la carpeta de investigación *** se paralizaron; de ahí que, mediante escrito que presentó el seis de diciembre de dos mil veinte, pidió al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, que ejercitara la correspondiente acción penal. Ahora, acude a esta instancia de control constitucional para reclamar la falta de respuesta a ese escrito. Sin embargo, el íntegro análisis de la demanda de amparo revela que de lo que en realidad se queja el promovente es de la actitud pasiva del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, al abstenerse de desarrollar los actos de investigación pertinentes y necesarios para lograr la judicialización de la carpeta de investigación *** Bajo ese orden de ideas, antes de acudir al juicio de amparo, ***, debió interponer ente el Juez de Control correspondiente el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales...., si las víctimas u ofendidos resienten algún impacto a sus derechos fundamentales por omisiones o resoluciones atribuibles al Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, deben acudir con un juez de control para reclamar ese tipo de actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Incluso, el recurrir a aludido medio ordinario de defensa, permite al quejoso alcanzar su objetivo en un tiempo menor que en el juicio de amparo, pues en esos casos, el Juez de control convoca a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. Más aún, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las víctimas u ofendidos pueden solicitar al juez de control -en esa ruta ordinaria de impugnación- que examine las actuaciones u omisiones del Ministerio Público que tiendan a paralizar, suspender o terminar una investigación. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, que el Ministerio Público reanude la investigación en forma activa hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Ello se desprende de la contradicción de tesis ***, que tiene validez para regir el sentido de este acuerdo pese a que esté pendiente de engrose y publicación en el Semanario Judicial de la Federación. Es importante destacar que el aludido recurso no sólo procede contra las omisiones enunciadas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales o que tengan como efecto paralizar la investigación, ya que no se trata de una serie de hipótesis limitativa sino que es procedente contra todas aquellos actos que se cometan en la carpeta de investigación, como en el caso, la omisión de responder un escrito; incluso, ese medio ordinario de defensa procede contra actos que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público. Por consiguiente, es válido afirmar que los actos reclamados por el quejoso -la omisión de responder el escrito por el que se le pide que ejercite la acción penal ante la paralización de la investigación- deben llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad. En otras palabras, el quejoso debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación y, si la resolución que emitiera el juez de control fuera adversa a sus intereses o considerara que se emitió sin observar los derechos fundamentales previstos en la constitución federal, podrá promover el juicio de amparo indirecto -contra la resolución del juez de control-. Por tanto, es válido considerar en este acuerdo que el acto reclamado por el quejoso, actualiza una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo cual atiende a que la omisión reclamada en la demanda de protección constitucional, debe ser impugnada primero en la ruta ordinaria de impugnación, que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales -ello ante un juez de control-. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 113, en relación con la fracción XX del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección constitucional, porque se encuentra en forma manifiesta e indudable, la causal antes indicada. Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda (ubicado en esta ciudad de Puebla), así como autorizados para tales afectos a Isabel Cervantes Herrera, Álvaro Martínez Gómez, Cinthya Itzel Herrera Campillo y Maricruz García Hernández, porque así fue solicitado de manera expresa. Luego, se tiene como autorizados en todos los términos previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fernando Martínez Tlapanco, José Ricardo Serrano Bustillos y Raúl Hernández Corona, dado que el quejoso les confirió facultades amplias y por estar registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Sin pasar por alto que también proporciona un correo electrónico; sin embargo, ese medio de comunicación sólo se utilizará como forma de contacto en caso de que así se requiera, ya que las notificaciones que se le practiquen sólo se realizarán a través de las formas autorizadas en la Ley de Amparo..., procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento en los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma, habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Mención especial respecto a la recepción de la demanda original, en su caso Por otra parte, cabe precisar que para el caso de recibirse la demanda que se provee, pero ahora de física, lo cual se ha advertido en otros juicios de amparo de este índice, por cuestiones de organización administrativa de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, adoptadas ante la contingencia sanitaria en que nos encontramos por la presencia de la enfermedad CVID-19, se instruye al secretario encargado y a su personal operativo de apoyo encargados de la tramitación de este expediente para que, una vez recibida físicamente la demanda de amparo, sin ulterior acuerdo, se glose a los presentes autos. Notifíquese; de manera personal al quejoso y cúmplase.
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