Juana Amparan Ortega

Expediente 82/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 34 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
82/2023
Año
2023
Actuaciones
34
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Juzgado Trigésimo Sexto de lo Civil en la Ciudad de México
  • Juana Amparan Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente como constancia legal, el escrito de cuenta secretarial, suscrito por el licenciado, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que mediante auto de diez de noviembre de este año, se acordó lo conducente a su contenido. Notifíquese en lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta secretarial, suscrito por el licenciado , autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual realiza diversas solicitudes; agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda y acuérdese lo conducente en líneas que suceden. En tal virtud, en relación sus peticiones identificadas bajo los números uno y tres, dígasele que el recurso de revisión interpuesto por la parte que representa, aún no se encuentra integrado a fin de mandarlo al Tribunal de Alzada para su substanciación correspondiente. Lo anterior, ya que no se cuenta con los acuses de recibo relativos a los oficios mediante los cuales se ordenó notificar la sentencia y auto de veinte de septiembre de este año -en el cual se tuvo interpuesto el citado medio de impugnación- a las autoridades responsables Juzgado Trigésimo Sexto de lo Civil en la Ciudad de México y Actuario de su adscripción. Por otro lado, tocante a su segunda petición, hágasele del conocimiento que a partir del proveído admisorio, se ha hecho disponible para su consulta el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. No obstante lo anterior, se comisiona a uno de los Actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que realice los ajustes correspondientes en el referido sistema, a fin de que de que sea visible en su totalidad la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual el autorizado legal de la parte quejosa solicita se aclare si los efectos protector del amparo excluyen o no la aplicación de la jurisprudencia P./J. 9/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo III, Febrero de 1996, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con registro 20021, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO." Al respecto, para acordar lo conducente, en principio se especifica los efectos por los cuales se concedió el amparo en el presente juicio: "OCTAVO. Efectos. En ese sentido, ante la vulneración del derecho de audiencia, lo procedente es, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, conceder la protección constitucional instada para el efecto de que la autoridad responsable Juez Trigésimo Sexto de lo Civil de Proceso Escrito, con residencia en la Ciudad de México, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el emplazamiento relativo, esto es, el efectuado únicamente a la demandada Juana Amparan Ortega, aquí quejosa, así como todas las actuaciones posteriores en el juicio especial hipotecario 112/2014, de su índice. 2. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción procede como legalmente corresponda." Del contenido de lo anterior, se aprecia que se encomendó dejar insubsistente el emplazamiento efectuado únicamente a la quejosa ***, así como todas las actuaciones posteriores en el juicio hipotecario 112/2014; y con libertad de jurisdicción el juez responsable procediera legalmente como corresponda en ese expediente. Se hace la acotación de que si bien, la responsable deberá dejar insubsistente el emplazamiento practicado a la quejosa, que obviamente comprende la reposición del procedimiento, esta parte de ninguna manera tiene como efecto beneficiar también al codemandado. Pues, al margen de existir la figura de un litisconsorcio pasivo necesario entre los demandados, la primera notificación de cada justiciable se verifica de forma independiente, por lo cual, en el supuesto de dejar insubsistente el emplazamiento de uno de ellos, en modo alguno conlleva a invalidar el llamamiento del otro. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 72/2011 (9a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro 160821, de rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado." De ahí que solamente se dijo al juez responsable que dejara insubsistente únicamente el emplazamiento efectuado a la demandada Juana Amparan Ortega (quejosa), así como todas las actuaciones posteriores en el juicio especial hipotecario 112/2014, de su índice. Respecto a la segunda parte de los efectos, es decir, que una vez realizado lo anterior con libertad de jurisdicción procediera como legalmente corresponda. Debe precisarse que es bien sabido que al tratarse de la figura de litisconsorcio pasivo necesario, el litisconsorte (Lorenzo Márquez Rodríguez) que no acudió al presente juicio se ve beneficiado con la concesión del amparo otorgada a uno de ellos (quejosa), toda vez que esto no es sino la consecuencia lógica y natural de que al existir dicho litisconsorcio, la reposición de autos debe afectar a toda esa comunidad, tanto porque pueden gozar de plazos comunes, según la ley aplicable al caso, como porque han de ver resuelta su situación jurídica en una misma sentencia, en la que se habrán de valorar de nueva cuenta, los elementos que obren en el expediente y los que aporte la litisconsorte que obtuvo el amparo. Como se especifica en la jurisprudencia P./J. 9/96, señalada por el autorizado de la quejosa. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a la parte quejosa y tercero interesado, por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma ***, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante ***, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 82/2023-VII, promovido por ***, contra actos del Juez Trigésimo Sexto de lo Civil, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades responsables, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, *** promovió juicio de amparo contra los actos del Juez Trigésimo Sexto de lo Civil, con residencian en la Ciudad de México, y el actuario adscrito a dicho juzgado, que hizo consistir en la omisión de emplazar personalmente a juicio a la ahora quejosa en el expediente 112/2014 de su índice, así como la nulidad de todo lo actuado en dicho expediente, incluyendo la sentencia y los acuerdos de ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que los actos reclamados transgreden en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El veinticinco de enero de dos mil veintitrés se admitió la demanda de amparo y se registró con el número 82/2023; el dos de mayo del año en curso se admitió la ampliación de la demanda de amparo, por diversas autoridades; se solicitó a las responsables sus informes justificados, se dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó al tercero interesado, por último se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud que la conducta se atribuye a autoridad residente en esta ciudad, lugar sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo, los informes justificados y las pruebas que obran en el juicio de amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables lo siguiente: El emplazamiento practicado en el juicio especial hipotecario 112/2014, y como consecuencia el dictado de la sentencia, así como su ejecución. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Juez Trigésimo Sexto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, y el actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional; así como el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos (autoridad sustituta motivos expuestos en auto de veintidós de mayo del año en curso) y los oficiales notificadores y ministros ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, ambos con residencia esta ciudad, pues así lo reconocieron al rendir su respectivo informe justificado. Se corrobora lo anterior, con la copia certificada de los autos del juicio especial hipotecario 112/2014, que adjuntó el juez foráneo; constancias que cuentan con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Debido a que esta juzgadora no advierte la existencia de alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, ni que las partes la hubieran alegado, se analizará el fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Antecedentes de los actos reclamados que se advierten de la copia certificada del juicio especial hipotecario 112/2014, en lo conducente, son: 1. Se promovió demanda de juicio especial hipotecario contra la parte demandada *** y la aquí quejosa *** (fojas 1 a 7) 2. Mediante auto de catorce de febrero de dos mil catorce, el juez responsable foráneo, admitió a trámite la vía propuesta por la actora y se ordenó emplazar a la demandada, aquí quejosa y otro, a través de exhorto (fojas 42 a 44). 3.- Por exhorto 117/2014, diligenciado por el Juzgado Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, se emplazó a la parte demandada *** (fojas 78 a 88). 4.- En acuerdo de uno de junio de dos mil quince, se tuvo por acusada la rebeldía a la parte demandada (foja 91). 5.- El veintiuno de agosto de dos mil quince, se dictó sentencia donde resultó procedente la vía y fundada la acción propuesta por la parte actora (fojas 94 a 103). 6.- Dicho fallo causó ejecutoria el cinco de noviembre de dos mil quince (foja 312). 7.- Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo al demandado ***, apersonándose al juicio, y se autorizó al abogado que designó intervenir en las etapas procesales, comprendiendo la de alzada y la de ejecución (fojas 393 a 396). 10.- Por exhorto se notificó a la parte demanda la ejecución de la sentencia y se le hizo conocer del cesionario del crédito, aquí tercero interesado (411 y 412). SEXTO. Innecesario transcribir los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación que se hacen valer, pues la falta de transcripción ningún perjuicio ocasiona a la parte quejosa, dado que se estudiarán las cuestiones de legalidad o inconstitucionalidad efectivamente planteadas y se resolverá con base en los principios de exhaustividad y congruencia tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior conforme a la Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, de rubro:"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Examen constitucional del acto reclamado. Resulta fundado uno de los conceptos de violación, y suficiente para conceder el amparo solicitado por la parte quejosa. Previo a analizar los motivos de disenso, se precisa que la quejosa le reviste el carácter de tercero extraño por equiparación al juicio especial hipotecario 112/2014, del índice del Juzgado Trigésimo Sexto de lo Civil, con residencia en la Ciudad de México, donde es demandada; aunado a que señaló como acto la falta de emplazamiento al citado expediente, y como consecuencia, todo lo actuado con posterioridad, incluyendo la sentencia y su ejecución. Ahora bien, esencialmente la quejosa señaló que se transgrede en su perjuicio el derecho fundamental de previa audiencia y el debido proceso, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisando en lo conducente los siguientes conceptos de violación: Primero. Que se violentó el derecho humano al debido proceso por la existencia de actos privativos en perjuicio de la esfera patrimonial, sin que haya sido emplazada a juicios, reitera los artículos 14 y 16 de la Constitución. Segundo. Que los actos reclamados no se encuentran fundados ni motivados. Tercero. Violación al artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución. Cuarto.- Que del contenido de la razón actuarial no se aprecia que la fedataria haya acudido al domicilio de la demandada. Quinto. No se realizó el emplazamiento personalmente con la quejosa. Sexto. Tampoco la actuaria se cercioró que el domicilio correspondiera a la demandada. Séptimo. Del contenido de la razón actuarial no consta la firma de la persona que atendió la diligencia, sin que se haya justificado tal situación. Octavo. Se omitió certificar la entrega de copias de traslado, así como la descripción de dichas constancias. Resulta fundado el último concepto de violación, (quinto del escrito de ampliación de la demanda) y suficiente para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado. Para evidenciar lo anterior, es necesario citar el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "(.) Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Disposición legal que prevé el derecho de previa audiencia como parte integral de la seguridad jurídica, al establecer los requisitos que todo acto de autoridad debe contener para privar a cualquier persona de su libertad, propiedades, posesiones o derechos, y la necesidad de agotar un procedimiento ante los tribunales previamente establecidos, en que se habrán de cumplir las formalidades esenciales y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; esto a fin de que el gobernado tenga posibilidad de ser oído en juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que el mínimo de formalidades esenciales que toda autoridad debe respetar antes del acto de privación, son las siguientes: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; c) La oportunidad de alegar; y d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia P./J. 47/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." Como se ve, la notificación del inicio del procedimiento es la primera de las formalidades esenciales y resulta indispensable para garantizar una defensa adecuada; por ello, se exige el cumplimiento de diversos requisitos, a fin de que el emplazamiento al juicio satisfaga su cometido. De ahí que, el derecho de previa audiencia se traduce en una obligación a cargo de las autoridades, en el sentido de abstenerse de cometer actos que priven de la propiedad o posesión de determinados bienes de los gobernados, sin que se satisfaga el derecho en comento. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido criterio en el sentido de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento será válido sólo cuando, al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, precisa o establece cuáles son los anexos con los que corrió traslado. Exigencia que consistente en que el actuario certifique en el acta de notificación, que entregó copias de traslado de los documentos que se adjuntaron a la demanda y describa, precise o indique cuáles fueron tales documentos, a fin de permitir al emplazado acceder, de forma cierta, a aquella información que le permitirá ejercer plenamente su derecho a la defensa. Ello, ante la obligación de los órganos jurisdiccionales de respetar y garantizar los derechos de audiencia, defensa, debido proceso, legalidad y certeza jurídica de las partes del proceso judicial. Consideraciones plasmadas en la jurisprudencia 1a./J. 39/2020, de rubro y contenido: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado." Precisado lo anterior, se procede analizar si en la diligencia verificada el diecisiete de octubre de dos mil catorce, donde se realizó el emplazamiento de la demandada, aquí quejosa Juana Amparan Ortega al juicio especial hipotecario 112/2014, se cumplieron los elementos antes señalados, en lo conducente es el siguiente: En ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las doce horas con cuarenta minutos del día diecisiete del mes de octubre del año dos mil catorce, la Suscrita Oficial Notificador y Ministro Ejecutor C. Licenciada (o) ****, adscrita (o) a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos, hago constar que me constituí en el domicilio señalado en autos *** de esta ciudad, en busca del (la) ***, cerciorada de que es el domicilio correcto en virtud de la nomenclatura que existe en el exterior del inmueble y por así manifestarlo de viva y propia voz la persona que me atiende de nombre Juana Amparan Ortega quien sí se identifica con credencial para votar con foto número ***, Clave de Elector ***, Año de Registro 199102, procedo a notificarle de forma íntegra el auto de fecha catorce y veintiocho, ambos del mes de febrero y ambos del año dos mil catorce, del Juzgado Trigésimo Sexto Civil, México, Distrito Federal, así como el auto de fecha Quince de Octubre del año dos mil catorce, del Juzgado Octavo Civil Distrito Judicial Bravos, Ciudad Juárez, Chihuahua, y con las copias simples de ley debidamente selladas y cotejadas por la Secretaría del Juzgado de origen contenidas en (254) doscientas cincuenta y cuatro fojas útiles y completas, le corro traslado y lo emplazo a juicio para que en el término de (15) quince días más (10) diez días por razón de la distancia, conteste la demanda entablada en su contra, apercibido que en caso de no hacerlo se le tendrá por presuntamente confeso de los hechos que de la misma dejare de contestar y se le declarara rebelde, y las notificaciones le surtirán sus efectos por lista fijada en los tableros de avisos del Juzgado, aun las de carácter personal. A lo que manifiesta la persona que me atiende que lo oye, lo entiende y queda enterada, recibe las fojas de traslado que le entrego. Con lo que termina la presente diligencia firmando la suscrita así mismo le requiero al demandado (a) que firme para constancia y manifiesta que no firma por no ser su deseo.* Del contenido de lo anterior, se advierte que el fedatario a las doce horas con cuarenta minutos del diecisiete de octubre de dos mil catorce, se constituyó al domicilio señalado de la demandada, ubicado en ****, en esta ciudad, lugar donde emplazó personalmente a la demandada ***, del juicio especial hipotecario 112/2014; además, le informó que contaba de quince días, más un plazo de diez días, con motivo de la distancia, para que contestara la demanda promovida en su contra, corriéndole traslado con las copias de la demanda, anexos debidamente sellados y cotejados. No obstante, se estima que en el caso se incumplen los requisitos necesarios para estimar válido el emplazamiento efectuado en diligencia de diecisiete de octubre de dos mil catorce, donde se le hizo saber a la demandada, aquí quejosa, el inicio del juicio seguido en su contra, a pesar de que la actuaria se constituyó en el domicilio señalado por la parte actora y practicó la diligencia de emplazamiento al juicio hipotecario e informó a la demandada del plazo concedido para dar contestación a la demanda. Pues, de la descripción de las constancias con las cuales se le corrió traslado a la demandada, aquí quejosa, la notificadora fue omisa en especificar en dicha acta, de forma que permitiera a la demandada identificarles, a qué constancias se refieren esas doscientas cincuenta y cuatro fojas, con las cuales dicha autoridad tuvo por debidamente emplazada a la quejosa. Sin embargo, conforme al criterio jurisprudencial invocado, era requisito indispensable, que la actuaria, en la diligencia de emplazamiento especificara que le corría traslado con copia de la demanda, y que describiera de manera suficiente los documentos que adjuntó, esto es, de tal forma que permitiera al demandado tener certeza de lo que se le estaba entregando, a fin de que estuviere en posibilidad de conocer su contenido, lo que da certeza jurídica de contar con todos los elementos para ejercer su debida defensa y que se considerare legal el emplazamiento. De ahí que, al no llevarse la diligencia de emplazamiento en esos términos, lo conducente es considerar que asiste razón jurídica a la parte quejosa, cuando alega que, en el caso, los actos reclamados vulneraron en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia previsto en el artículo 14 Constitucional, al no especificarse de forma clara cuáles son anexos con lo que se le corrió traslado a la demandada, aquí quejosa. Sin que pase inadvertido que el anterior criterio (1a./J. 39/2020) fue publicado el dieciocho el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, y el emplazamiento que es motivo de análisis en este juicio, tuvo verificativo el diecisiete de octubre de dos mil catorce, sin embargo, se estima que dicho criterio no es aplicado de manera retroactiva en perjuicio del aquí tercero interesado. Efectivamente, en términos de lo establecido en el artículo 217 último párrafo de la Ley de Amparo, para que una jurisprudencia se considere que se ha aplicado de forma retroactiva, deben actualizarse los supuestos siguientes: 1.- Al inicio de un juicio o procedimiento exista jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional. 2.- Antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emita una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y 3.- La aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables De ahí que, si previamente a la fecha en que se practicó el emplazamiento personalmente que constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo del que deriva este recurso, no existía ningún criterio jurisprudencial en el que se eximiera al Actuario Judicial de describir o especificar los anexos que como documentos se acompañaron a la demanda y con los cuales se corrió traslado al solicitante del amparo, es evidente que la jurisprudencia aquí aplicada no sustituyó a otra y, en esa medida, no se surten las hipótesis mencionadas para considerar que su aplicación es retroactiva. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 199/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2013494, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 464, que versa: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo al citado principio, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: (I) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y (III) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta -ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica-, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual, se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo." Asimismo, se comparte la Jurisprudencia PC.II.C. J/2 C (11a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito, de Registro digital: 2025929, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que versa: "JURISPRUDENCIA. NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 39/2020 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO EXISTIR UNA JURISPRUDENCIA PREVIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar si era aplicable o no, con efectos retroactivos, la jurisprudencia mencionada, al analizar la validez del emplazamiento reclamado en el juicio de amparo, cuando dicha diligencia se llevó a cabo con anterioridad a la emisión de la tesis aludida. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito considera que no se generan efectos retroactivos en la aplicación de la tesis 1a./J. 39/2020 (10a.), al no existir jurisprudencia previa que interpretara la misma porción normativa relacionada con la certificación que debe llevar a cabo el notificador al desahogar el emplazamiento y corra traslado con las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda. Justificación: Conforme al artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que presupone la existencia de un criterio jurisprudencial previo que interprete la misma hipótesis jurídica que la nueva jurisprudencia, pues sólo en ese supuesto los órganos jurisdiccionales están obligados a resolver un caso conforme al criterio anterior; de ahí que ante la falta de jurisprudencia previa, el juzgador puede hacer uso de su autonomía interpretativa. Así, la aplicación en el juicio de la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO.", no tiene efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, ya que no existía una jurisprudencia previa que interpretara o definiera esa hipótesis específica, sino una práctica judicial reiterada por un determinado tribunal que, incluso, podría ser distinta a la que adoptara otro tribunal en casos similares." En consecuencia, el hecho de que el emplazamiento se realizara sin cumplir los requisitos necesarios, es suficiente para declarar ilegal todo el procedimiento seguido contra la aquí quejosa y por ende conceder el amparo solicitado, pues no llegó a constituirse la relación jurídica procesal entre el actor y la demandada Juana Amparan Ortega, es decir, no quedó entablada la litis en el juicio de origen y por ende, la quejosa, no estuvo en condiciones de proveer la defensa de sus intereses, lo cual lo convierte en la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, pues dio origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Así las cosas ante lo fundado del concepto de violación planteado por la quejosa ***, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. OCTAVO. Efectos. En ese sentido, ante la vulneración del derecho de audiencia, lo procedente es, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, conceder la protección constitucional instada para el efecto de que la autoridad responsable Juez Trigésimo Sexto de lo Civil de Proceso Escrito, con residencia en la Ciudad de México, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el emplazamiento relativo, esto es, el efectuado únicamente a la demandada ***, aquí quejosa, así como todas las actuaciones posteriores en el juicio especial hipotecario 112/2014, de su índice. 2. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción procede como legalmente corresponda. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***, respecto del acto de las autoridades responsables precisado en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo, y para los efectos señalados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma la licenciada ***, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, hasta el día de hoy, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron, ante el secretario ***, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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