Juan Velázquez Arcos

Expediente 299/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
299/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Juan Velázquez Arcos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente y el original del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado y se negó la medida cautelar solicitada, de conformidad con lo establecido por el artículo 20, en sus fracciones I) y III), respectivamente, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 299/2023, ello, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintisiete de julio de dos mil veintitrés.********************Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 299/2023-VI, y********************RESULTANDO********************PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado vía electrónica el trece de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, turnado a este Juzgado, en esa misma data,********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Director Ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, en esta ciudad.********************SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 3º, 6º, 8º, y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************TERCERO. Trámite de la demanda. El catorce de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables, y se llevó a cabo el emplazamiento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.********************Asimismo, mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa, por un plazo de quince días con el fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, la parte quejosa no realizó manifestación alguna al respecto; por tanto, a través del diverso auto de quince de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por precluido ese derecho; igualmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferida, se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia.********************CONSIDERANDO:********************PRIMERO. Competencia. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.********************SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados a las autoridades responsables.********************Del análisis de la demanda y de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la parte quejosa reclama al Director Ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, en esta ciudad, lo siguiente:********************La falta de habilitación en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET), para realizar manifestaciones, preguntas o proposiciones, relativas al procedimiento de contratación número LO-67-021-908069995-N-6-2023, relativo a la licitación pública de la construcción de línea de distribución de agua recuperada 8" del tramo II, en la calle Baudelio Pelayo-Senecu, entre el Boulevard Tomás Fernández y Rincones de San Marcos, en esta ciudad.****************************************Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes:********************ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.******************** TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Director Ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, en esta ciudad, al rendir informe justificado, manifestó que no son ciertos los actos reclamados, argumentando que el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET), es administrado y operado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y que lo relativo a la habilitación de dicha página no correspondía a dicho organismo.********************Lo anterior, sin que la parte quejosa, aportara prueba alguna tendiente a fin de desvirtuar dicha negativa.********************En razón de lo antes expuesto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto a los actos reclamados al Director Ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, en esta ciudad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece:********************63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:********************[.]********************IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y********************[.]********************Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que estatuye:********************INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.********************CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Director Ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, en esta ciudad, al rendir informe justificado, como se precisó, manifestó que la plataforma electrónica (COMPRANET), es administrada y operada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.********************Además, en los artículos 56, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 74, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación con el Transitorio Décimo Tercero del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, se estableció que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, denominado CompraNet.********************Por tanto, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados únicamente para efectos de resolver el presente asunto.********************QUINTO. Improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. ********************En el caso, la suscrita advierte que debe sobresee en el juicio de amparo, toda vez que se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con la fracción III del numeral 108 y fracción II del numeral 5°, todos de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados a contrario sensu, que establecen lo siguiente:********************" 5°. Son partes en el juicio de amparo: ********************[.] ********************II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ********************Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ********************61. El juicio de amparo es improcedente:******************** [.] ********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ********************108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: ********************[.] ********************III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." ********************De los preceptos transcritos, se desprende que el juicio es improcedente cuando el quejoso en su demanda de derechos fundamentales no señala a la autoridad responsable que haya emitido, ordenado, ejecutado o trate de ejecutar el acto reclamado, pues, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de su actuar, porque no se le ha llamado al juicio y, por ende, no puede ser vencida en él. ********************Ahora, como se precisó, del análisis integral del escrito inicial de demanda, se desprende que la parte promovente reclama la falta de habilitación en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET), para realizar manifestaciones, preguntas o proposiciones, relativas al procedimiento de contratación número LO-67-021-908069995-N-6-2023, relativo a la licitación pública de la construcción de línea de distribución de agua recuperada 8" del tramo II, en la calle Baudelio Pelayo-Senecu, entre el Boulevard Tomás Fernández y Rincones de San Marcos, en esta ciudad.********************Al respecto, es oportuno reiterar en los artículos 56, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 74, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación con el Transitorio Décimo Tercero del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, se estableció que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, denominado CompraNet.********************Sin embargo, como se precisó mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa, por un plazo de quince días con el fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; sin que la parte quejosa realizara manifestación alguna al respecto.********************Por tanto, no es jurídicamente factible examinar la constitucionalidad del acto reclamado en esta instancia, consistente en la falta de habilitación en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET), para realizar manifestaciones, preguntas o proposiciones, relativas al procedimiento de contratación número LO-67-021-908069995-N-6-2023, relativo a la licitación pública de la construcción de línea de distribución de agua recuperada 8" del tramo II, en la calle Baudelio Pelayo-Senecu, entre el Boulevard Tomás Fernández y Rincones de San Marcos, en esta ciudad.********************Ello, porque proceder en esos términos se dejaría a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en completo estado de indefensión, al no darle la oportunidad de defender la legalidad de su actuación, precisamente, al no habérsele llamado al presente juicio.********************Entonces, dado que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, no tiene el carácter de autoridad responsable en el presente asunto, es claro que se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con la fracción III del numeral 108 y fracción II del numeral 5°, todos de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados a contrario sensu y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal. ********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o. J/44, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página sesenta y siete, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número setenta y cuatro, febrero de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, registro 213345, que señala: ********************AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal. ********************De igual forma, en lo conducente apoya las consideraciones anteriores, la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento trece, tomo IV, enero de mil novecientos noventa y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 194684, de contenido siguiente (énfasis añadido): ********************DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento.********************Así, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia examinada y procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo en términos de los numerales 61, fracción XII, 5º, fracción I, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo.********************Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría, máxime cuando se estima que la estudiada, por prelación, es la que debe prevalecer; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos.********************Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice:********************SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución.********************Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece:********************SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente.********************En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:********************Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por********************, por las razones precisadas en los considerandos tercero y quinto de la presente determinación.********************Notifíquese por lista electrónica y personalmente a las partes.********************Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez, hoy veintisiete de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa, por un plazo de quince días con el fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo. Asimismo, de la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en el término concedido para el efecto citado en el párrafo precedente; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se ordena continuar con la tramitación del presente juicio de amparo en los términos planteados en el escrito inicial de demanda, de conformidad con los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo. Por otro lado, del propio estado de autos se desprende que en el escrito inicial de demanda la parte quejosa ofreció la prueba documental pública consistente en el expediente administrativo de contratación de la licitación pública nacional *******. Al respecto, indíquese al promovente que el artículo 121 de la Ley de Amparo, establece que a fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen; hará uso de los medios de apremio y agotados éstos, si persiste el incumplimiento denunciará los hechos al Ministerio Público de la Federación. Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de las partes. En ese sentido, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para esta data, y en su lugar se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veinte de julio de dos mil veintitrés, para su desahogo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos, específicamente del informe justificado rendido por el Director de Agua y Saneamiento de Juárez, se advierte la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, quien administra el Sistema CompraNet, en el acto reclamado en esta instancia, sin que dicha autoridad hubiera sido designada como autoridad responsable. Vista a quejosa para ampliar Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 111, de la Ley de Amparo, con el contenido del informe justificado, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda respecto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, en cuyo caso deberá exhibir las copias necesarias de su escrito de ampliación de demanda, a fin de estar en posibilidad de correr traslado con las mismas a las partes, debiendo ajustarse a lo establecido por el artículo 108 de la Ley de Amparo; apercibida que de no cumplir con lo que este auto ordena, se continuará el trámite del presente juicio de amparo únicamente respecto de los actos y autoridad precisados en su demanda inicial. Diferimiento audiencia constitucional A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y se fijan las diez horas del quince de junio de dos mil veintitrés, para su desahogo Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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