Juana Lachica Gutierrez

Expediente 536/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
536/2016
Año
2016
Actuaciones
20
Última actuación
04/10/2016

Partes del expediente

  • Juana Lachica Gutierrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de doce de septiembre del año en curso, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de septiembre de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. En la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad el treinta de junio de dos mil dieciséis se recibió la demanda que dio origen al juicio, misma que fue turnada el mismo día, a este Juzgado de Distrito. En el escrito inicial la quejosa ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Quinto de lo Civil por Audiencias en la Ciudad de Chihuahua, del Juez Tercero de lo Civil por Audiencia de Ciudad Juárez, Chihuahua y del Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chihuahua, en Juárez, Chihuahua, a quienes les reclamó actos siguientes: IV. ACTO RECLAMADO.- De las autoridades señaladas como responsables, se reclama todos los acuerdos, decretos, autos, resoluciones y actuaciones emitidos en juicio civil numero ******* del índice del Juzgado Quinto de lo Civil por Audiencia de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua y el exhorto ******* Juzgado tercero de lo Civil por Audiencia de Ciudad Juárez, Chihuahua incoados en contra del señor *******, ya que jamás fui llamada legalmente a juicio ni se cumplió con las garantías constitucionales de legalidad. Notificación de la resolución. El día 16 de mayo próximo pasado, se presentaron en mi domicilio dos personas, una de ellas se presento como Actuario de Juzgados, con mis vecinos mostrándoles un expediente del Juzgado Tercero de lo Civil por Audiencia de Ciudad, Juárez, promovido por un BANCO en contra del señor *******, y expresando este funcionario judicial que venían a embargar lo que se encuentra en el domicilio ubicado en *******, en Ciudad Juárez, Chihuahua, mismo que es en donde tengo mi casa habitación. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración de la demanda, mediante auto de catorce de julio de dos mil dieciséis, la demanda se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; además, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia civil en el que se reclama un acto que tiene ejecución material en el lugar sobre el cual ejerce jurisdicción este juzgador. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción VI de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el quejoso reclama del Juez Quinto de lo Civil por Audiencias en Chihuahua, Chihuahua; Juez Tercero de lo Civil por Audiencia de Ciudad Juárez, Chihuahua y de los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del distrito judicial Bravos, en Juárez, Chihuahua, lo siguiente: a. Todo lo actuado en el juicio civil ******* del índice del Juzgado Quinto de lo Civil por Audiencia de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y de manera relevante la falta de emplazamiento al mismo. b. Lo actuado en el exhorto ******* Juzgado Tercero de lo Civil por Audiencia de Ciudad Juárez, Chihuahua. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, los que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del distrito judicial Bravos, en Juárez, Chihuahua, manifestaron que no son ciertos los actos de los que se duele la accionante. Dada la negativa expresada por las autoridades responsables, en principio, la quejosa es a quien corresponde desvirtuar su aseveración. En el contradictorio, la quejosa ofertó como medio de prueba el siguiente: a) copias certificadas del juicio sumario civil *******, promovido por *******, en contra de *******, del índice del Juzgado Sexto Civil del distrito judicial Bravos, Chihuahua (fojas 6 a 36); En términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, este juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de la prueba rendida y para determinar su valor. Así, a juicio de quien esto resuelve, dichas pruebas se consideran ineficaces para acreditar que los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del distrito judicial Bravos, en Juárez, Chihuahua, hayan realizado alguna diligencia de notificación en la que se hubiese afectado el inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. En mérito de lo expuesto, es válido inferir que no son ciertos los actos que se endilgan a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del distrito judicial Bravos, en Juárez, Chihuahua, por tanto, se estima procedente sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria, que textualmente establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Quinto de lo Civil por Audiencias en Chihuahua, Chihuahua y Juez Tercero de lo Civil por Audiencia de Ciudad Juárez, Chihuahua, al rendir sus informes justificados aceptaron, respectivamente, que en los órganos que presiden se tramitan el juicio civil ******* y el exhorto *******, que deriva del primero. En tal tesitura, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo debe tenerse por cierta su existencia, dado que no existe prueba que la desvirtúe y, por el contrario, se encuentra robustecida con las copias certificadas que las autoridades remitieron al rendir su informe con justificación. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 750, sustentada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, tomo II, materia común, página 831, con registro 1002816, del siguiente contenido: INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías. QUINTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, el suscrito resolutor determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la que se establece lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del dos mil once, con entrada en vigor a los ciento veinte días de su publicación (cuatro de octubre de dicha anualidad), se advierte que el artículo 107, fracción I, prevé que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca: a) ser titular de un derecho, o; b) contar con un interés legítimo individual o colectivo, dichos supuestos fueron recogidos por la actual Ley de Amparo. El interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Corrobora lo anterior, la tesis aislada 2a. LXXX/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de dos mil trece, Tomo 3, Materia Común, con registro 2004501, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Precisado lo anterior, procede analizar si en el presente juicio el quejoso se ubica en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio, es decir, si la conducta de las autoridades responsables es susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado sea de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia III.4o.(III Región) 17 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el viernes veinticuatro de enero de dos mil catorce, Décima Época, con registro 2005381, que dice: INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio. También, sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, abril de dos mil trece, Tomo 3, Materia(s): Común, con registro 2003293, del tenor siguiente: INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. La parte impetrante reclama todo lo actuado en el juicio civil 199/2016 del índice del Juzgado Quinto de lo Civil por Audiencia de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y de manera relevante la falta de emplazamiento al mismo, así como lo actuado en el exhorto 46/2016 Juzgado Tercero de lo Civil por Audiencia de Ciudad Juárez, Chihuahua, que deriva del primer juicio en mención. Los actos que reclama son de aquellos que pueden engendrar una situación jurídica concreta en perjuicio de los gobernados, al ser de esos que con su emisión afectan a la persona o su patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, por ello, se estima que el juicio de amparo es procedente respecto de este tipo de actos, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte que acredita le perjudica el acto, en términos del artículo 5º de la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170500, publicada en la página doscientos veinticinco, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. También la jurisprudencia 854, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página quinientos ochenta y dos, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación a mil novecientos noventa y cinco, con registro 394810, que preceptúa: INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Por las razones expuestas, se infiere que para la promoción del presente juicio, la parte solicitante debió demostrar la afectación a su interés jurídico durante el transcurso del presente asunto, pues en el caso, no aplica la promoción del juicio por interés legítimo. Ahora, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente, no inferirse con base en presunciones y la carga de demostrarlo fehacientemente corresponde a la quejosa; por ello, corresponde al tribunal de amparo analizar las probanzas con las que se pretenda demostrarlo por ser una cuestión de orden público la procedencia del juicio de amparo. Cobra vigencia, la jurisprudencia 293, formulada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de País, publicada en la página doscientos cuarenta y dos, tomo VI, Octava Época, del citado apéndice, compilación al dos mil, con registro 917827, que señala: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Asimismo, la jurisprudencia diversa 1/2002, pronunciada por la aludida Primera Sala, visible en la página 15, tomo XV, Novena Época, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 187777, que dispone: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Sentado lo precedente, es conveniente precisar que de la copia certificada del las diligencias de jurisdicción voluntaria ******* del índice del Juzgado Quinto de lo Civil por Audiencia de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, se desprenden, en lo que aquí interesa, los siguientes datos: 1. ******* en su carácter de apoderado legal de *******, promovió diligencias de jurisdicción voluntaria a fin de que se interpelar a *******(foja 105 a 108). 2. El veintinueve de marzo de dos mil seis, el Juez Quinto Civil por audiencias del distrito judicial Morelos, admitió a trámite las diligencias; le asignó el número de expediente ******* y ordenó notificar judicialmente a ******* el contrato de cesión de derechos de crédito efectuado por la institución bancaria, para lo cual, giró exhorto al juez civil en Juárez, Chihuahua, dado que el domicilio para realizar tal diligencia está en esta ciudad (fojas 136 a 137). Como se ve, la quejosa es tercero extraña stricto sensu a las diligencias de jurisdicción voluntaria, dado que las partes en el expediente ******* son ******* e *******. De manera que, dado que la promovente del amparo es ajena al expediente ******* del índice del Juzgado Quinto de lo Civil por Audiencia de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, lo actuado en el mismo y en el exhorto ******* de índice del Juzgado Tercero de lo Civil por Audiencia de Ciudad Juárez, Chihuahua, que deriva del primero, no le depara perjuicio a su esfera de derechos y al no causarle un agravio personal y directo el juicio de amparo es improcedente. Sobre el particular, por su idea jurídica, tiene aplicación la jurisprudencia 1764 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que se publicó en el Apéndice 1917- Septiembre 2011 al Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Civil, visible en la página 2015, con registro 1003643, de texto y rubro siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, en términos del diverso numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo ******* promovido por *******, en relación con los actos endilgados al Juez Quinto de lo Civil por Audiencias en Chihuahua, Chihuahua, Juez Tercero de lo Civil por Audiencia de Ciudad Juárez, Chihuahua y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del distrito judicial Bravos, por las razones expresadas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Incidental

    Sentencia Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo *******, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el treinta de junio del presente año, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Juez Quinto de lo Civil por Audiencia en la Ciudad de Chihuahua, Juez Tercero de lo Civil por Audiencia de Ciudad Juárez y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos a quienes les reclamó todo lo actuado en el juicio ******* del índice del Juzgado Quinto de lo Civil por audiencia de Chihuahua, Chihuahua y el exhorto ******* del Juzgado Tercero de lo Civil por audiencia en esta ciudad, así como el embargo o desposesión del bien inmueble ubicado en ******* en esta ciudad. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de catorce de julio del año en curso, se tramitó el incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se difirió para esta fecha únicamente por lo que respecta al Juez Quinto de lo Civil por audiencias del distrito judicial Bravos y en esta fecha se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. Juez Quinto de lo Civil por Audiencia en la Ciudad de Chihuahua, al rendir su informe previo manifestó que es cierto el acto reclamado, por lo que de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo se tiene por cierto. En virtud de que del análisis del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión a fin de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran y no le desalojen o desposean del inmueble en mención; para los efectos de la presente medida suspensional, sólo dichos actos serán materia del presente incidente de conformidad con el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a./J. 111/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 98, tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. Respecto de la suspensión que solicita, debe precisarse que el artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos que deben reunirse previo a conceder la medida suspensional, los cuales son los siguientes: a). Que la suspensión sea solicitada por el agraviado; b). Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. En esa tesitura, debe acreditarse que es agraviada, en el caso, dada la prontitud que se requiere para su emisión, es necesario únicamente acreditar de manera indiciaria que se es titular del derecho que se invoca. De manera indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, al realizar una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además, de que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. En atención a que la quejosa en su demanda de amparo, adjuntó copia certificada de lo actuado en el juicio ******* del índice del Juzgado Sexto de lo Civil del distrito judicial Bravos, tal circunstancia acredita, el interés jurídico suspensional en el presente juicio. En ese orden, con fundamento en el artículo 128 de legislación de la materia, y debido a que la medida cautelar solicitada no causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y porque de ejecutarse el acto reclamado, se causarían a la parte agraviada daños y perjuicios de difícil reparación; se concede la suspensión definitiva de la ejecución de la orden de desalojo del inmueble ubicado en ******* en esta ciudad, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, hasta en tanto las responsables reciban notificación de la resolución que se dicte en el juicio de amparo del que deriva este incidente. La presente medida surte efectos a partir del momento en que se pronuncia el presente acuerdo, no obstante que sea recurrido por las partes, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo. A fin de establecer la cantidad para el efecto señalado en el acápite anterior, es menester traer a contexto el contenido del aludido arábigo 132 de la legislación aludida, a saber: 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para efectos suspensionales, por daño debe entenderse la pérdida o menoscabo que jurídicamente acarrea el hecho de que el tercero perjudicado no pueda disponer, mientras se resuelve el juicio de garantías, de aquello a lo que tiene derecho con motivo de lo resuelto por la autoridad judicial en su favor, esto es, que dicha garantía tiene por objeto únicamente resarcir el menoscabo a su poder adquisitivo por el diferimiento de obtener lo que le corresponde hasta que concluya el juicio constitucional; en tanto que los perjuicios se integran por la privación de las ganancias lícitas que se obtendrían con motivo de la disposición de lo que le pertenece. En la especie, como se vio, la medida suspensional se concedió en contra de las consecuencias jurídicas de la orden de desalojo y desposesión. Consecuentemente, con apoyo en el numeral 132 de la ley reglamentaria, se fija como garantía la cantidad de $*******, a fin de garantizar los perjuicios que con dicha medida cautelar pudieran causarse a los terceros interesados, si la incidentista no obtiene sentencia favorable en el amparo, en virtud de que el posible daño se encuentra garantizado con el bien inmueble embargado. En el entendido que si la garantía se exhibe mediante póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado. Además, deberá contener designación de agente autorizado y domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Asimismo, la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. En su defecto, si se exhibe billete de depósito, éste contendrá los siguientes requisitos: nombre del depositante; en el rubro relativo al concepto: "para garantizar la suspensión definitiva otorgada a la quejosa (nombre de la parte accionante por la que se exhibe el billete), en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto *******; y en el rubro de autoridad: "Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua". La suspensión definitiva decretada no surtirá efecto alguno si la orden de desalojo reclama se llevó a cabo, pues entonces el mismo constituye acto de naturaleza consumada en cuyo caso la suspensión definitiva es improcedente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva que solicitó *******, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HECE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: CAUSA EJECUTORIA LA RESOLUCION DE VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS.

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