Juan Verdugo Zamarrón

Expediente 17/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 30 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
17/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Juan Verdugo Zamarrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexo de cuenta, agréguense a sus autos para que conste como legalmente corresponde; atento a su contenido téngase al Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitiendo el cuaderno incidental 17/2021 y copia del auto de treinta y uno de julio del presente año, dictado en el amparo en revisión 100/2021 de su índice, por el cual declaró firme el auto mediante el cual desechó el recurso de revisión hecho valer por el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y la Jefa del Departamento de Transporte en esta ciudad. Remítase el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiuno de junio del año en curso, en el presente juicio, a través de la cual se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el expediente electrónico y libro de gobierno respectivo, agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, una vez transcurridos tres años. En cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo en mención, transcurridos seis meses es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de junio de dos mil veintidós. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo********************/2021-VII, promovido por ********************, por conducto de su apoderado legal, contra actos del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua, y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. En la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Juárez, el catorce de enero de dos mil veintiuno, se recibió la demanda, la que fue enviada por razón de turno el quince de enero siguiente. En el escrito inicial el quejoso ******************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra un acto del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua, con sede en esa ciudad y otras autoridades, de quienes reclama: "ACTOS RECLAMADOS.- En mi calidad de tercero extraño, reclamo del SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, sito en Chihuahua capital, la resolución emitida el pasado 4 de noviembre de 2020 y publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el día 3 de diciembre de 2020, por la que ordena la cancelación de mi concesión identificada con el siguiente consecutivo: ********************; así como la falta de notificación al procedimiento de donde deriva esa determinación. De las diversas responsables reclamo la inminente ejecución de dicha orden de cancelación de concesiones de la cual el suscrito soy titular." SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 5º, 14, 16 y******************** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración de la demanda de amparo, el cuatro de febrero de dos mil veintiuno la demanda de amparo se registró con el número********************/2021, en dicho acuerdo se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y resolución de cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Contra dicha sentencia se interpuso recurso de revisión, y en resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, emitida en el amparo en revisión administrativo ********************, se revocó la sentencia recurrida y se ordenó reponer el procedimiento, a fin de que se recaben copia de las constancias que conforman el procedimiento administrativo de cancelación de la concesión ********************, sustanciado ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua, en contra del quejoso. En cumplimiento a lo encomendado en dicha ejecutoria, se requirieron y recabaron esas constancias (fojas 236 a 323); luego, en audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia administrativa en el que se reclaman actos cuya ejecución tuvo lugar en esta ciudad. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción II de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, la parte quejosa reclama: La resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, emitida por el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua por la que se canceló la concesión ********************, que se publicó para su notificación el tres de diciembre de dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes el acto reclamado consistente en la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, por la que se canceló la concesión ********************, reclamada al Director de Transporte del Estado de Chihuahua, Jefa del Departamento de Transporte en Juárez, Chihuahua y Coordinador General de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, Chihuahua, por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Al rendir informe, las autoridades responsables Director de Transporte del Estado de Chihuahua, Jefa del Departamento de Transporte en Juárez, Chihuahua y Coordinador General de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, Chihuahua, indicaron que no han ordenado, ni ejecutado la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, por las que se canceló la concesión ********************. Además, el Director de Transporte del Estado de Chihuahua y la Jefa del Departamento de Transporte en Juárez, Chihuahua agregaron que dichos actos no se encuentran dentro de su esfera de facultades. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que, si una autoridad niega los actos, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar tal certeza. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En este sumario la parte quejosa exhibió como pruebas impresión de la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, por la que se canceló la concesión ********************, que se publicó el dos de diciembre de dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua; además, se recabaron dichas constancias relativas al expediente de cancelación de la concesión. Así, esta resolutora estima que, tal documental no es idónea para acreditar la existencia de los actos reclamados atribuidos al Director de Transporte del Estado de Chihuahua, Jefa del Departamento de Transporte en Juárez, Chihuahua y Coordinador General de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, Chihuahua, dado que, con ninguna acredita que alguna de dichas autoridades haya emitido la resolución impugnada, sino que lo hizo diversa autoridad. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 19********************-2000, tomo VI, Materia Común, registro 9********************818, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, por la que se canceló la concesión ********************, que se publicó el dos de diciembre de dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua, al rendir informe con justificación indicó que no es cierto el acto que se le imputa; empero, únicamente en relación a la fecha que se indicó se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, pues la fecha correcta ocurrió el dos de diciembre de dos mil veinte. Certeza del acto reclamado que se encuentra corroborado con la impresión de la resolución impugnada, pues de la misma se desprende que efectivamente emitió la determinación en la que canceló la concesión ********************, a nombre del quejoso. Por tanto, se tiene como cierto el acto, dado que, existen pruebas que corroboran la existencia de la resolución de cancelación de concesión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de dos mil dos, Materia Común, visible en la página 903, con registro digital 187728, de rubro y texto: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, se estima que la parte quejosa previo a acudir al juicio de amparo, debió agotar el recurso o medio de defensa legal a su alcance que pudiera modificar el acto. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.] Como se advierte, el citado precepto es claro al establecer que en materia administrativa el amparo procede, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal; que será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes, se suspendan los efectos de dichos actos, ya sea de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. Dicha suspensión deberá contar con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. La norma constitucional dispone como excepción, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Por su parte, la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, dispone lo que sigue: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] El juicio de amparo es un medio de impugnación extraordinario, esto es, procede sólo en casos excepcionales, una vez agotados los recursos o medios impugnación ordinarios mediante los cuales se pueda remediar la irregularidad existente. Así, se considera que el acto reclamado es definitivo por cuanto no puede ser legalmente impugnado por recursos, por medios de defensa legal o por juicios ordinarios, cuya finalidad es que la autoridad lo modifique o lo revoque. Desde el punto de vista del debido proceso legal, un recurso tiene la finalidad de preservar el principio de legalidad y la integridad en la aplicación del derecho, pues asegura la posibilidad de corregir los errores en que pueda incurrirse en la adopción de una determinación, y permite enmendar la aplicación indebida de la ley con el fin de evitar la arbitrariedad, erigiéndose de esa manera en un mecanismo eficaz para evitar los yerros. Es sobre las bases anteriores, en aras de conservar la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo y de lograr la indispensable economía procesal, que el legislador obliga al quejoso a "agotar" los recursos ordinarios que tiene a su alcance. Cobra entonces relevancia la connotación que ha de darse al vocablo "agotar", que el Diccionario de la Lengua Española define como: [.] Agotar. (Del lat. +eguttare, de gutta, gota). 1. tr. Extraer todo el líquido que hay en una capacidad cualquiera. U. t. c. prnl. 2. tr. Gastar del todo, consumir. Agotar el caudal, las provisiones, el ingenio, la paciencia. U. t. c. prnl. Agotarse una edición 3. tr. Cansar extremadamente. U. t. c. prnl. [.] Al tenor de las definiciones apuntadas, para cumplir con el principio de definitividad es necesario que el recurso sea susceptible de agotarse, esto es, de concluirse completamente con sus etapas (léase interposición, trámite y resolución), de manera que, una vez cumplido con ese requisito, el acto impugnado no sea susceptible de ser modificado, revocado o nulificado. Esta situación atiende al imperativo de conservar la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, lo que se logra exigiendo el carácter definitivo del acto reclamado porque, de no ser así, dicho juicio de control constitucional perdería su índole extraordinaria y se convertiría en ordinario, ya que la impugnación que por medio de él se hiciera del acto reclamado correría pareja con la impugnación ordinaria de manera que su eventual acogimiento no se apoyaría en la inconstitucionalidad del acto sino en sus vicios de carácter legal ordinario. Así, el dispositivo transcrito establece el principio de definitividad, tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Y, la actualización de la hipótesis de improcedencia invocada requiere del cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que contra dicho acto proceda algún recurso , juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; c) Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan; d) Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. En el caso, tenemos que, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, emitida por el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua por la que se canceló la concesión ********************, que se publicó para su notificación el dos de diciembre de dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua; se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de lo siguiente: a. El acto reclamado fue emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en atención a que los actos reclamados se atribuyen a autoridades administrativas, a saber, el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua. b. Los actos reclamados son susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, con fundamento en el artículo 3, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, que señala: 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] X. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. [.] En efecto, a través del juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 60, de la Ley de Justicia Administrativa en el Estado de Chihuahua, pueden ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, pues dicho numeral señala -en esencia- que la sentencia definitiva del juicio podrá reconocer la validez de la resolución impugnada, o declarar la nulidad de la resolución impugnada, ya sea de manera lisa y llana o para los efectos previstos por esa norma. c. El Capítulo IV "De las medidas cautelares", artículo 31, en relación con el diverso numeral 36, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, establece, regula y permite la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo. d. La Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Tal aseveración se demuestra con el cuadro comparativo que se ejecuta enseguida: Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua Ley de Amparo Plazo para proveer la provisional: 24 horas (artículo 36, fracción III, inciso c) 24 horas (artículo 112) Requisitos: Que sea solicitada. Que no se afecte el interés social, ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 36, fracción I) Que sea solicitada. Que no se afecte el interés social, ni contravenga disposiciones de orden público Plazo para rendir el informe: 48 horas (artículo 36, fracción III, inciso d) 48 horas (artículo 138, fracción III) Periodo en el cual se puede solicitar: Desde el escrito inicial o en cualquier momento antes del dictado de la sentencia definitiva (artículo 36, fracción III, inciso a) En cualquier momento mientras no se dicte sentencia ejecutoriada (artículo 130) Como un argumento a mayor abundamiento, es dable indicar que el artículo 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua es de contenido esencialmente similar al numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El precepto citado en segundo término fue analizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano que determinó que tal norma no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de la ejecución del acto impugnado. Lo anterior consta en la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de dos mil trece, Tomo 2, Materias Común, Administrativa, visible en la página 1446, con registro digital 2004553, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Hasta lo aquí expuesto, queda evidenciado que se colman los requisitos de para la actualización de la hipótesis de improcedencia que se prevé en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, que como ya quedó asentado líneas atrás no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Entonces, es que no asiste la razón al quejoso en su capítulo de procedencia, en el que adujó que no tenía necesidad de atacar el acto reclamado con el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Transportes del Estado de Chihuahua, pues como se ha visto, es otro el recurso que debe interponerse. Ahora, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiterados criterios, como la propia Ley de Amparo, prevé excepciones al principio de definitividad, tales como: 1. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. Tal excepción no se actualiza, pues al quejoso están directamente dirigidas en la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, emitida por el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua. En tal determinación se canceló la concesión ******************** que el accionante tenía autorizada. Además, dicha determinación se notificó al promovente del amparo, el tres de diciembre de dos mil veinte, con su publicación en el Periódico del Estado de Chihuahua. El accionante, respecto de este punto en su demanda dijo que tenía la calidad de tercero extraño al procedimiento. Tal aseveración, resulta inexacta, virtud a que de la resolución impugnada, valorada con antelación y de las manifestaciones hechas por la solicitante del amparo, así como de las constancias recabadas, consistentes en copia certificadas del trámite que conforman el procedimiento administrativo de cancelación de la concesión ********************, sustanciado ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua; de lo anterior, se tiene que, sí tuvo conocimiento del procedimiento de referencia e inclusive compareció al mismo. Es así, toda vez que la parte quejosa, por conducto de su apoderado legal, el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se apersonó a dicho trámite administrativo al exhibir escrito donde ofreció pruebas y alegatos, según se aprecia el sello de recibido del ocurso oficialía (fojas 289 a 293). Además, en la resolución administrativa reclamada de cuatro de noviembre de dos mil veinte, relativa al procedimiento de cancelación de concesión instaurado contra el quejoso, en lo conducente se aprecia en la parte del resultando identificado con el número tres, lo siguiente: "[.] 3. El día 28 de septiembre de 2020, comparece mediante escrito el señor ********************, en su carácter de apoderado legal de ********************, personalidad que acredito mediante credencial de elector y copia del instrumento legal otorgado el día 13 de junio de 2016 ante la fe del notario público número veintidós del Distrito Judicial Bravos que lo acredita como apoderado legal, a través de dicho escrito manifestó sus alegatos y ofreció como como pruebas [.]" De ahí a que contrario a lo aducido por el quejoso, queda desvirtuado el carácter de tercero extraño al procedimiento, y como consecuencia, no se da la excepción al principio de definitividad. 2. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige exige mayores requisitos que los que prevé la ley de amparo, para suspender su ejecución. Tal como quedó evidenciado en el cuadro comparativo expuesto en líneas precedentes, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos impugnados. 3. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha excepción no resulta aplicable, dado que el acto reclamado es en materia administrativa, de modo que se descarta la posibilidad de que hayan surgido violaciones de índole penal a los derechos consagrados en la Constitución. 4. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. En este asunto no se reclama de manera destacada como acto la normativa que la autoridad responsable Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua aplicó para fundar la emisión de la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, por las que se canceló la concesión ********************, que se publicó para su notificación el tres de diciembre de dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. En otras palabras, al no tratarse de un amparo en contra de normas consideradas como inconstitucionales, trae como resultado que no se actualice la excepción en comento. 5. Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como lo son entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. Se insiste, en el hecho de que los actos reclamados emanan de un procedimiento administrativo, de modo que, es evidente que no se trata de los actos enunciados en el párrafo anterior. Además, tampoco el quejoso alega alguna violación relativa a ese tipo de actos. 6. Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. No se actualiza la excepción, porque del estudio integral de la demanda se desprende que la verdadera intención de la parte quejosa fue reclamar, entre otras cuestiones, que el acto reclamado fue indebidamente fundado y motivado, y no así que carece de fundamentación. Además, se corrobora con la lectura de las resoluciones impugnadas, pues de su contenido se evidencia que la autoridad sí invocó los fundamentos legales y expuso los argumentos por los que consideró que tales preceptos resultaban aplicables; los que el quejoso alega son insuficientes. De modo que, dado que la indebida fundamentación no constituye una excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, es que no se actualiza esa excepción. 7. En los actos que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que cuando el accionante del amparo únicamente aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. En cambio, cuando además de hacer valer violaciones directas a la Constitución se aduce vulneración a los preceptos de leyes secundarias, el quejoso debe, en los casos en que proceda, interponer los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Lo anterior, se estableció en el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen********************5-180, Tercera Parte, Materias Común, visible en la página 119, con registro digital 237480, de rubro y texto, siguientes: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. 8. Los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. No se actualiza la excepción porque el juicio contencioso administrativo está previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, y no en un reglamento. Además, no existe incertidumbre jurídica derivada del hecho de desconocer con precisión cuál es el medio de impugnación ordinario procedente, pues si bien, la autoridad responsable al dictar la resolución que en esta vía se impugna señaló que contra la resolución impugnada procede el recurso de inconformidad; lo cierto es que, bastaba con imponerse del contenido del artículo 3, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, para que el promovente advirtiera la procedencia del recurso. Se insiste que, si el acto reclamado resulta ser la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, dictada en procedimiento de cancelación de concesiones (previstos en el artículo 112 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, vigente), en la que se determinó la cancelación de la concesión para la prestación de servicio de transporte público ********************; entonces, se actualizaba la procedencia del juicio ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, al tratarse de una resolución dictada por las autoridades administrativas que puso fin a al procedimiento administrativo. Máxime que el juicio contencioso administrativo está previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, y no en un reglamento, por lo que era necesario acudir a dicha normativa, para verificar su procedencia. Por todo lo anterior, este juzgado estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, puesto que en contra del acto que por esta vía reclama el accionante de amparo, está legitimado para instar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua; por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligado a cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo, pues no opera alguna de las excepciones planteadas. Aunado a lo anterior, se indica que, la circunstancia de que el acto pueda ser de imposible reparación no es obstáculo para la improcedencia en estudio; toda vez que los medios de defensa ordinarios que tiene a su alcance la accionante de amparo, así como la suspensión de la que dispone al interponer el juicio administrativo, es idóneo. Conviene la cita de la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materias Común, Civil, que visible en la página 729, con registro digital 2001155, del tenor siguiente: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. A mayor abundamiento, debe indicarse que, la presente resolución no vulnera en perjuicio del quejoso lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el alcance de la protección de derechos humanos no puede llegar al extremo de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo dicho, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, que se encuentra en la página 487, con registro digital 20057********************, en la que se dispone: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. No representa obstáculo a la determinación adoptada, el que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con la presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las responsables y la parte quejosa, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, ya que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Encuentra apoyo el aserto anterior en la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, Materias Común, visible en la página 544, con registro digital 211352, de rubro y texto: DEMANDA. LA ADMISION DE LA, NO IMPIDE EL ANALISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías. En ese contexto, esta resolutora se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, dado el sobreseimiento del juicio de amparo. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 24, Tercera Parte, Materias Común, consultable en la página 49, con registro digital 239006, que se lee: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Finalmente, cabe precisar que algunos de los criterios judiciales anteriores a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, citados en esta sentencia, son aplicables al caso concreto y resulta factible invocarlos, pues no se oponen a las prevenciones contenidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, por tanto, se está acorde, en lo conducente con lo dispuesto en el transitorio sexto de la invocada legislación, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a las disposiciones actuales. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, fracción V, 73, 74, 76, 77 y 2******************** de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo********************/2021, promovido por ******************** respectos del acto que reclamó del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua, Director de Transporte del Estado de Chihuahua, Jefa del Departamento de Transporte en Juárez, Chihuahua y Coordinador General de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, Chihuahua; por las razones asentadas en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo enviado por la autoridad responsable, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a través del cual remite copia certificada del procedimiento de cancelación de la concesión número **********; toda vez que dichas constancias resulta ser un complemento del informe justificado, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la audiencia constitucional de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese.- Lo proveyó y firma la licenciada **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado **********, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. MGCJ/Jeam/spm

Quedan 26 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano