Juana Galindo Reyes

Expediente 59/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
59/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
29/07/2016

Partes del expediente

  • Juana Galindo Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de doce de julio del año en curso, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ******* Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil dieciséis y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de julio de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 59/2016-III, promovido por ****, contra actos del Titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y otras autoridades. Resultando: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, **** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Subdelegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Ciudad Juárez, Chihuahua, de quienes reclamó: 1. La omisión de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° Transitorio del "DECRETO por el que se reforman los artículos 43, 44 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado el 6 de enero de 1997", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día doce de enero de dos mil doce, esto es, la omisión de entregar a la quejosa de manera inmediata los recursos correspondientes a la subcuenta de vivienda, propiedad de la suscrita y a los que tengo derecho de recibir con motivo de mi pensión por cesantía. [.] Por escrito de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, la parte quejosa amplió la demanda de amparo y señaló como autoridad responsable al Supervisor de Servicios Jurídicos, de la Subdelegación Juárez del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de quien reclamó: 1. El oficio número DR/II/02/SJ/015/2016 de fecha 04 de mayo de 2016, emitido por el C. Supervisor de Servicios Jurídicos, de la Subdelegación Juárez del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores mediante el cual pretende dar respuesta a la petición de devolución del saldo de la vivienda 92 y 97, el cual fue exhibido al informe justificado rendido por la responsable. 2. Por ende la omisión de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° Transitorio del "DECRETO por el que se reforman los artículos 43, 44 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado el 6 de enero de 1997", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día doce de enero de dos mil doce, esto es, la omisión de entregar a la quejosa de manera inmediata los recursos correspondientes a la subcuenta de vivienda, propiedad de la suscrita y a los que tengo derecho de recibir con motivo de mi pensión por cesantía. SEGUNDO. Derechos humanos que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, se radicó la demanda como juicio de amparo 59/2016-III y se admitió a trámite, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; finalmente, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y termina con el dictado de la presente resolución. Considerando: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez se trata de un asunto contra omisiones atribuidas a autoridades administrativas que desarrollan su actividad dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario precisar los actos reclamados que se desprendan del contenido íntegro del escrito de demanda y de ampliación a la misma, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y, en particular, lo afirmado por la quejosa en el escrito de demanda y la ampliación, bajo protesta de decir verdad, en los siguientes términos: Demanda de amparo [.] 2. Cabe aclarar que en el caso concreto, la suscrita, hoy quejosa, he solicitado en diversas ocasiones la devolución del saldo de vivienda 92 y 97, ante el INFONAVIT, cuyos recursos son de mi propiedad, tan es así que con fecha 13 de marzo de 2012, realicé la solicitud de devolución del saldo de la subcuenta de vivienda, tal y como se acredita con la solicitud impresa, por lo que tengo derecho a recibir el saldo de la subcuenta de vivienda tanto 92 como 97, no obstante ello el INFONAVIT se ha negado a devolverlos por meros trámites administrativos que no dependen de la suscrita. [.] 6. Cabe manifestar que la suscrita he acudido en diversas ocasiones a solicitar la devolución del saldo de la subcuenta de vivienda INFONAVIT 92 y 97, y reitero con fecha 13 de marzo de 2012, llené la solicitud de devolución del saldo de vivienda ante el INFONAVIT, sin que se devolvieran a la suscrita dichos fondos. [.] Por su parte, no existe ninguna justificación para que el INFONAVIT deje de cumplir el DECRETO por el que se reforman los artículos 43, 44 Y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, motivo por el cual me veo en la necesidad de promover el presente medio de defensa y solicitar el Amparo y Protección de la Justicia Federal, por la omisión de la autoridad señala como responsable de dar cumplimiento cabal a dicha disposición y por ende ante su negativa de devolver los recursos de la subcuenta de vivienda a la que tengo derecho de recibir con motivo de mi pensión por cesantía. [.] Ampliación de demanda 2. Una vez que las autoridades responsables fueron emplazadas a juicio, éstas rindieron su informe justificado, exhibiendo para tal efecto el oficio número DR/II/02/SJ/015/2016 de fecha 04 de mayo de 2016, emitido por el C. Supervisor de Servicios Jurídicos de la Subdelegación Juárez del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores mediante el cual pretende dar respuesta a la petición de devolución del saldo de la vivienda 92 y 97, y pretende justificar su negativa de devolver el saldo de la subcuenta de vivienda 92 y 97 a la suscrita, bajo el argumento de que dicho saldo se encuentra en ceros, y que por tanto no hay saldo que devolver. En ese sentido, al realizar el análisis respectivo, se deduce que la parte quejosa no reclama una omisión, sino la negativa de devolverle los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda de su propiedad, con motivo del otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada que le fue otorgada, en términos del artículo 8° transitorio del "DECRETO por el que se reforman los artículos 43, 44 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado el 6 de enero de 1997", publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce. En efecto, el acto reclamado constituye una negativa a devolver los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda de la quejosa, mas no la omisión de dar cumplimiento al precepto legal identificado y será tal negativa la que constituya la materia de análisis de este juicio. Sirve de sustento jurídico a lo antes señalado la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, de Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Subdelegado y Supervisor de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues si bien es verdad que al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que les fueron reclamados, esa negativa se sustentó en la consideración relativa a que su actuar se encontraba apegado a las normas jurídicas que regulan su actividad, aunado que al revisar en el sistema el número de seguridad social perteneciente a la quejosa, su saldo se encuentra en cero, es decir, no hay cantidad alguna sujeta a devolución. Ante esas razones, se colige que tácitamente aceptaron la existencia de la negativa que les atribuyó la impetrante del amparo; de ahí que debe tenerse por cierta su existencia, pues de las propias manifestaciones de las responsables se deduce su certeza. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en la página 231, tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a foja 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del texto siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Improcedencia de los actos reclamados a los funcionarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo Este órgano jurisdiccional advierte oficiosamente que en relación con relación a la negativa reclamada a las autoridades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, éste último aplicado contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, dado que no constituye una autoridad para los efectos del juicio de amparo. Para evidenciar este planteamiento, se acude al contenido de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Del primero de los dispositivos legales que configuran el motivo de improcedencia invocado, destaca que el juicio de amparo es improcedente cuando exista algún motivo que se deduzca de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de la materia. Así, un supuesto de improcedencia es el que se deriva de la interpretación a contrario imperio de lo previsto en el artículo 5, fracción II, de la ley mencionada. En efecto, si bien de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, un particular puede ser autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de derechos fundamentales, cierto es que tal carácter se adquiere siempre que: 1) Realice actos equivalentes a los de autoridad (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria u omitir actuar en determinado sentido); 2) Afecte derechos del particular, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas (en una relación de supra a subordinación); y, 3) Sus funciones estén determinadas en una norma general que le confieran atribuciones (que lo habilite), para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. El concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra a subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal. Esta consideración tiene origen en la tesis P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, de febrero de 1997, Materia común, página 118, del siguiente tenor: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. En la misma línea interpretativa, orienta la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XXXIV, de septiembre de 2011, materia común, página 1089, que establece: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. De acuerdo con estos parámetros, para determinar la procedencia o no del juicio de amparo que ahora se resuelve se debe definir si existe una relación de supra a subordinación y las notas distintivas de autoridad señaladas, tratándose del vínculo que existe entre un trabajador o titular de recursos de la subcuenta de vivienda frente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, respecto a la administración y disposición de tales fondos, específicamente, cuando éste se niega a realizar la devolución de recursos solicitada por estimar que no se cumplen los supuestos para su entrega, o bien, algún requisito para ese fin, o bien, en caso contrario, establecer los motivos por los que no se reúnen las citadas notas distintivas de autoridad para efectos del amparo. Para ello conviene precisar que la Segunda Sala del Alto Tribunal ha señalado que para distinguir que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, en las que los órganos del Estado comprende una actuación con imperio o potestad de derecho público; asimismo, señaló que una de sus características es la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución Federal reconoce derechos a los gobernados como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales, por lo que está en condiciones de sujetar la esfera jurídica del afectado a su determinación, producto del ejercicio de una potestad pública al respecto. A partir de esa base, la citada Segunda Sala determinó que resulta fundamental que el órgano de amparo, al conocer de un reclamo de ese tipo, analice y determine si la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y a quien señala como autoridad responsable, efectivamente proviene de una genuina relación de supra a subordinación, entre gobernante-gobernado, lo cual -en criterio de quien resuelve- no satisface el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En efecto, la negativa de devolución de fondos por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no involucra una relación de supra a subordinación con un particular, es decir, en la que esté de por medio el despliegue de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública, como en el presente caso en el que el referido organismo descentralizado afirmó -al rendir su informe justificado-que no advertía procedente la entrega de recursos de vivienda administrados, por considerar que no se cumplían las hipótesis en que esté obligado a su entrega, aunado a que se encuentra establecido un trámite administrativo a seguir por parte de los derechohabientes que tengan saldo a devolver en su subcuenta de vivienda, pero que revisando en el sistema institucional el número de seguridad social de la quejosa, el saldo en su cuenta está en cero, es decir, no hay cantidad sujeta a devolución. En ese sentido, la controversia al respecto con el particular no la define por sí y ante sí el instituto de vivienda, porque no es quien decide con imperio en tales casos, sobre el destino de los recursos de vivienda, sino ello compete a los órganos de justicia laboral, como es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En efecto, la negativa a devolver los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda respecto de los que figura como su administrador, porque no se reúnen los supuestos para su transferencia o entrega a favor del operario, involucra una relación de coordinación propia de su calidad de administrador de fondos, porque la relación jurídica que une al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con los trabajadores inscritos o sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad. Así se sostiene pues el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución General de la República establece como derecho fundamental de los trabajadores, contar con una vivienda digna y decorosa, reservándose a la ley la regulación de las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones a que tienen derecho. Por su parte, de la interpretación funcional de los artículos 1, 2, 3, 5, 34 y 43 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en lo que a este estudio interesa, se advierte, entre otras cosas, que se crea un organismo de servicio social constituido bajo el principio de solidaridad social, con personalidad y patrimonio propio denominado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual tiene por objeto administrar los recursos del fondo; establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones; construir, reparar, ampliar o mejorar las que posean; o para destinarlo al pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores y que los recursos de la subcuenta de vivienda son patrimonio de los trabajadores. A partir de lo anterior, cuando un trabajador solicita al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores un crédito o la información prevista en la ley, dicho instituto se encuentra en la relación jurídica como ente administrador, porque al resolver cualquier petición sobre ese particular, no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores de forma distinta al papel que asume como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados. Desde esta perspectiva cuando el instituto determina que no está obligado a la devolución de los recursos respecto de los que figura como su administrador o que no se reúnen los supuestos para su transferencia o entrega a favor del operario, involucra una relación de coordinación propia de su calidad de administrador de fondos porque la respuesta emitida no vincula por sí y ante sí, la situación jurídica de la parte quejosa, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de tales fondos. En efecto, bajo ese plano de ente administrador de fondos de vivienda frente al trabajador no actúa como autoridad que puede decidir en definitiva, imperativa y coercitivamente en torno al destino de los señalados recursos en perjuicio del trabajador, al igual que lo conducente a su devolución, pues cualquier determinación que en ese sentido adopte es susceptible de ser objeto de controversia en un juicio laboral como lo prevé el artículo 53 de la legislación del instituto. Como 'organismo de servicio social' constituido bajo el principio de solidaridad social, con personalidad y patrimonio propio, que administra 'recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores' no se encarga de administrar 'bienes del Estado', sino 'recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores', que se destinan a crear y operar el sistema de financiamiento a que se hizo referencia, así que como ente administrador sus actos u omisiones son susceptibles de control jurisdiccional por los órganos de justicia laboral en cuanto a esa esfera de su actuación, pues cuando dicho instituto contesta a un trabajador o sus beneficiarios que no se cumplen los supuestos o requisitos para hacer la entrega de tales recursos, la decisión que adopta al respecto no modifica o extingue por sí y ante sí, ese derecho. Además, en ese plano, el instituto tampoco actúa jurídicamente de manera coercitiva frente al sujeto trabajador, ya que si no puede decidir en forma terminal sobre su devolución, lo que conteste dicho organismo para concluir que no se reúnen los supuestos para la entrega de tales fondos, tampoco obliga o vincula coactivamente al afectado, porque éste válidamente puede demandar a dicho ente administrador para conminarle a que cumpla, como organismo con personalidad y patrimonio propio, con el deber de su devolución, de acreditarse los extremos para ese efecto. Lo anterior refleja que las relaciones jurídicas que se actualizan entre el trabajador o beneficiarios frente al mencionado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia del derecho de disponer sobre los recursos de la subcuenta de vivienda acumulados, es bajo un plano de coordinación entre el ente administrador y el interesado, desde el instante que pueden ser sometidas a la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Luego, una respuesta negativa sobre su entrega no comprende un acto de autoridad para efectos del amparo en tanto no fue elevada por un ente estatal con el cual estuviera comprendida una relación de supra a subordinación, ya que en la legislación que rige tal acto se prevé el procedimiento ordinario necesario para ventilar el conflicto entre el ente administrador y el administrado, como lo ha dispuesto la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, el que en el caso concreto la autoridad responsable no haya dado cumplimiento al contenido del artículo 8° Transitorio del Decreto por el que se reformaron los artículos 43, 44 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el octavo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce, que se traduce en la negativa a entregar a la quejosa de manera inmediata los recursos correspondientes a la subcuenta de vivienda, debe considerarse como una de las hipótesis a que se refieren los artículos 52 y 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del tenor siguiente: 52. En los casos de inconformidad de las empresas, de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el instituto, derecho a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones, se podrá promover ante el propio instituto un recurso de inconformidad. El reglamento correspondiente, determinará la forma y términos en que se podrá interponer el recurso de inconformidad a que se refiere este artículo. 53. Las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios y el instituto, sobre derechos de aquéllos se resolverán por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una vez agotado, en su caso, el recurso que establece el artículo anterior. Las controversias derivadas de adeudos de los trabajadores al instituto por créditos que éste les haya concedido, una vez agotado, en su caso, el recurso a que se refiere el artículo anterior, se tramitarán ante los tribunales competentes. Será optativo para los trabajadores, sus causahabientes o beneficiarios, agotar el recurso de inconformidad o acudir directamente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o a los tribunales competentes. Por lo que dichos tribunales en materia laboral son los que con imperio y coactivamente pueden imponer las consecuencias jurídicas aplicables sobre si procede la entrega de fondos solicitada; entonces, el mencionado organismo descentralizado no puede tener el carácter de autoridad cuando el acto reclamado tiene origen en su calidad de ente encargado de la administración de los recursos de vivienda, sin que esté de por medio el despliegue de una potestad administrativa irrenunciable, cuya naturaleza sea de derecho público. Esto es, en que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales o supeditarse a éstos, ni del consenso de la voluntad del afectado. Es sustento de esta determinación, la jurisprudencia 2a./J. 9/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, de Marzo de 2013, Tomo 2, materia común, página 1283, del siguiente tenor: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, Y NO SE APLIQUE ALGÚN PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. El referido Instituto, como organismo descentralizado, tiene la atribución de administrar el Fondo Nacional de la Vivienda, integrado con las aportaciones realizadas por los patrones en favor de sus trabajadores y que forman parte del patrimonio de éstos, quienes para disponer de esos recursos deben sujetarse a las modalidades establecidas en las leyes. Por ello, cuando un trabajador le solicita un crédito o la información prevista en la ley, dicho Instituto se encuentra en la relación jurídica de ente administrador, en cuanto no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores, de forma distinta al papel que asume como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados. Por tanto, la circunstancia de que tal institución niegue la entrega de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda respecto de los que figura como su administrador, por considerar que aún no se cumplen los supuestos en que esté obligado a su entrega, involucra una relación de coordinación propia de su calidad de administrador de fondos, porque la respuesta emitida no vincula por sí y ante sí la situación jurídica del quejoso, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de tales fondos, es decir, no está de por medio el despliegue de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública, ya que no es quien decide con imperio sobre el destino de los recursos de vivienda, sino que ello compete a los órganos de justicia laboral, como es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo previsto por el artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Así, las relaciones jurídicas entre el trabajador o sus beneficiarios frente al mencionado Instituto, tratándose del derecho a disponer de los recursos de la subcuenta de vivienda acumulados, se dan bajo un plano de coordinación, a diferencia de cuando aplica el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, caso en el que actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que unilateralmente, con fundamento en el mencionado artículo transitorio, transfiere los fondos citados al Gobierno Federal, lo que presupone el ejercicio de una facultad inexcusable prevista en ley, situándolo en una relación de supra a subordinación con el particular, sin que para ello requiera acudir a los órganos jurisdiccionales. No es inadvertido para quien resuelve que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el propio instituto está involucrado en el despliegue de una potestad pública imperativa, que tiene origen en una relación de supra a subordinación, cuando aplica el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, esto es, cuando dicho instituto transfiere al Gobierno Federal los recursos de las subcuentas de vivienda posteriores al tercer bimestre del referido año, con motivo de que un trabajador hubiere accedido a una pensión conforme al régimen de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, como se ve en la jurisprudencia 2a./J. 149/2011, del rubro: "instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores. es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le reclama la omisión de dar respuesta a la petición de información y devolución de los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda, posteriores al tercer bimestre de 1997"; sin embargo, dicha hipótesis no rige en este caso por los siguientes motivos sustanciales: a) La devolución de fondos de vivienda no involucró un acto de aplicación del referido precepto octavo transitorio de la legislación del Infonavit. b) La causa de pedir en la demanda de amparo no involucra la aplicación del precepto referido, sino que señala que la Responsable ha omitido darle cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° Transitorio del "DECRETO por el que se reforman los artículos 43, 44 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado el 6 de enero de 1997", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día doce de enero de dos mil doce, que se traduce en la negativa a entregarle de manera inmediata los recursos correspondientes a la subcuenta de vivienda, con motivo del otorgamiento de su pensión por cesantía. En consecuencia, el conflicto relativo sobre la disponibilidad y entrega de los recursos de las subcuentas de vivienda, entre el órgano administrador frente a quien los solicita, surgió dentro de una relación de coordinación, entre el instituto que estima que no tiene aún la obligación de proveer sobre la devolución de tal ahorro de vivienda, sujeto a una reglamentación específica, aunado a que su cuenta se encuentra en cero y, la quejosa que opina que sí reúne los presupuestos para su entrega, desde su perspectiva, lo que se itera, existe la potestad pública de resolverlo por los órganos de justicia en materia de trabajo, como es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, acorde con el citado artículo 53 de la legislación de tal instituto, porque son dichas juntas las que propiamente pueden decidir unilateral, imperativa y coercitivamente sobre el derecho a disponer de tales recursos en una controversia principal que se dirima ante ellas, no así el instituto de vivienda, quien sólo se concreta a negarse a lo solicitado por el trabajador, como administrador de fondos que es, acorde al régimen jurídico que determina sus funciones en la materia de ahorro para la vivienda. Lo que denota que una negativa de la entrega de recursos como la reclamada no cumple una de las notas distintivas de un acto de autoridad, a saber, que provenga de una relación de supra a subordinación, o bien, que la respuesta emitida al efecto por el órgano respectivo del instituto de vivienda, sea imperativa para el afectado, ni tampoco expresión de una potestad pública administrativa irrenunciable. De ahí que existe la vía ordinaria ante la autoridad del orden común (y no la constitucional) para efectuar en un inicio aquellas reclamaciones vinculadas con la devolución de tales fondo, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo, tal como se evidenció. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, éste último aplicado contrario sensu, todos del citado ordenamiento. Conviene apuntar que esta determinación no prejuzga sobre la legalidad de la negativa que le han formulado las autoridades responsables, ni limita la posibilidad de que la parte quejosa acuda ante las instancias competentes para deducir sus derechos, pues la conclusión a que arribó este Juzgado no involucra el estudio de fondo del citado acto reclamado. En este contexto, resulta innecesario abordar el estudio de las diversas causas de improcedencia propuestas por las autoridades responsables, pues no modificarían el sentido de la presente resolución. Resulta aplicable al presente caso, la jurisprudencia número 2a./J. 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, que señala lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Finalmente, debe decirse que al haberse actualizado la causa de sobreseimiento antes señalada, este Juzgador se encuentra impedido para entrar al estudio de las cuestiones de fondo que hizo valer la parte quejosa en los conceptos de violación que expuso en su demanda de amparo y en la ampliación, acorde a lo establecido en la jurisprudencia sin número, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, tomo 24, tercera parte, materia común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 61, 63, 73, 74, 76, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se Resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ****, respecto de los actos y autoridades precisados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ****, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, en virtud de que no se saldan los extremos del arábigo 117 de la citada legislación, conforme al cual, el informe justificado y las constancias en las que se apoye, deben ser rendidos por lo menos con ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, con el objeto de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses. Esto es así, puesto que, como se advierte de proveído de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, con fundamento en el referido numeral, se ordenó dar vista a las partes con el informe del Supervisor de Servicios Jurídicos de la Subdelegación Juárez del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con relación al término concedido en el citado auto hoy es el tercer día de los ocho días concedidos para los efectos referidos en las líneas que anteceden. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.21/2008, sustentada por el Máximo Tribunal del País, visible en la página 151, tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la aludida audiencia, y se fijan las diez horas con veinte minutos del doce de julio de dos mil dieciséis. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Analista Especializado D, de la Subdelegación en Ciudad Juárez del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en ausencia de la autoridad responsable Supervisor de Servicios Jurídicos de la Subdelegación Juárez del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. *dmjv

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