Juan Manuel Ramos Becerril
Expediente 1355/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1355/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Manuel Ramos Becerril
Actuaciones
- Principal
En treinta y uno de agosto de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con los escritos con registros 17173 y 17174, ambos con copias que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta y uno de agosto de dos mil quince. Agréguense a los autos para que obren como corresponda los escritos signados por los quejoso JULIO CÉSAR CERVANTES LÓPEZ y DELFINO CERVANTES LARA, mediante los cuales interponen recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el trece de agosto de dos mil quince; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, párrafos primero y tercero, y 89, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por interpuesto el referido medio de impugnación. Ahora bien, una vez que se encuentre debidamente integrado el juicio de garantías en que se actúa y se cuente con las constancias relativas a la referida sentencia y notificación del presente proveído a las partes, remítase este expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, junto con los escritos originales de expresión agravios y las copias correspondientes para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado, así como el duplicado del proceso penal 10/1014 y el toca A.P. 538/2014, que en su oportunidad remitieron el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villa de Cois, Zacatecas y la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 116/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 306, tomo XX, Septiembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido literal siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios".. Por último, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables, personalmente al tercero interesado y por lista a las demás partes. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.
- Principal
En catorce de agosto de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez, con un escrito con registro 15903 con siete copias y tres anexos que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de agosto de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por Juan Manuel Ramos Becerril, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, que considera violatorios en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1355/2015 que por su orden le corresponde; y en atención a su contenido, se acuerda: En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.)" Con base en las porciones normativas trascritas, contenidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es posible colegir que, contrario a como se establecía en la Ley de Amparo abrogada, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten al quejoso trascendiendo al resultado del fallo, y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, únicamente cuando los actos en el juicio sean de imposible reparación, entendido dicho concepto como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Precisado lo anterior, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que en el presente asunto el quejoso reclama el acuerdo de siete de julio de dos mil quince, inserto en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, llevada a cabo en el juicio laboral 1007/2014, en el que se le tuvo por perdido su derecho para ofrecer pruebas, así como el diverso proveído de trece de julio de dos mil quince, en el que nuevamente se reitera que ha perdido ese derecho. Atendiendo a lo anterior, se considera que el presente amparo indirecto es improcedente, en razón de que conforme a la redacción de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo vigente, los autos antes precisados, no constituyen actos cuya repercusión sobre el hoy accionante del amparo se considere como de imposible reparación, por no afectar materialmente sus derechos sustantivos previstos en la Constitución General o en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en los términos destacados por el legislador ordinario, pues sólo constituyen una violación procesal que no repercute en dichas prerrogativas. En efecto, conforme a la redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente (a diferencia de la fracción IV del numeral 114 de la Ley de Amparo abrogada), el legislador ordinario dio contenido al concepto denominado "imposible reparación", pues al afecto determinó que por ello debe entenderse como los actos ".que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, bajo la directriz establecida por el constituyente derivado, al darle contenido a ese concepto, se considera que conforme a la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), en relación con el artículo 107, fracción V, de la Constitución Federal, los actos aquí reclamados no pueden ser considerados como de aquéllos que afecten derechos sustantivos, toda vez que tanto el acuerdo de siete de julio de dos mil quince, inserto en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, llevada a cabo en el juicio laboral 1007/2014, en el que se le tuvo por perdido su derecho para ofrecer pruebas, así como el diverso proveído de trece de julio de dos mil quince, en el que nuevamente se reitera que ha perdido ese derecho, constituyen violaciones procesales subsanables si obtiene laudo favorable en ese procedimiento laboral, ya que así desaparecerían las consecuencias originadas por cualquier vicio procesal que se hubiera cometido al emitir la determinación reclamada. Sin que sea obstáculo para concluir lo anterior, que el debido proceso pueda considerarse como un derecho sustantivo, pues de así aceptarlo se podría llegar a considerar que cualquier violación procesal afectaría ese derecho y, por ende, sería procedente el juicio de amparo contra cualquier acto intraprocesal que afecte el curso normal del procedimiento, independientemente de la magnitud de la violación procesal de que se trate, dado que ello incide de una u otra forma en su curso normal; extremos que se consideran jurídicamente improcedentes, al tenor del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor que se analiza, que postula que el juicio de control constitucional sólo procede contra actos que afecten derechos sustantivos; de ahí que resulta improcedente contra actos que únicamente tienen efectos intraprocesales, en tanto que sus consecuencias pueden desaparecer con motivo del dictado de una sentencia favorable en el juicio de origen de que se trate. Para ilustrar lo antes expuesto, se cita la tesis IV.2o.C.5 K (10a.), registro 2005729, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto se lee: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Unidos (sic) Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." De lo hasta aquí expuesto se obtiene que para efectos del juicio de amparo indirecto resulta improcedente para combatir los actos aquí reclamados, consistentes en el acuerdo de siete de julio de dos mil quince, inserto en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, llevada a cabo en el juicio laboral 1007/2014, en el que se le tuvo por perdido su derecho para ofrecer pruebas, así como el diverso proveído de trece de julio de dos mil quince, en el que nuevamente se reitera que ha perdido ese derecho, pues, se insiste, dichos actos impugnados en esta vía constitucional no tienen como consecuencia afectación alguna, ni directa ni inmediata, a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en los términos que se precisan en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, en tanto que sus efectos son sólo intraprocesales y no de imposible reparación, dado que sus posibles resultados pueden ser reparados mediante la obtención de un laudo favorable, o bien, de serle adversa, tal violación podría quedar subsanada con el eventual cumplimiento que se otorgue a la ejecutoria que se pronuncie en el juicio de amparo directo que contra tal fallo se promueva, en caso de serle favorable, pues tales violaciones procesales podrían hacerse valer como conceptos de violación en el supuesto de que la Litis ahora sub judice llegue a ser materia de amparo directo. Es aplicable al tema la Jurisprudencia 24/92 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de 1992, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido literal siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, es aplicable a este proceder, por las razones que la informan, la jurisprudencia 774, consultable en la página 523, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 1995, del rubro y texto siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado pueden revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva.". En las condiciones apuntadas; atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, los actos reclamados no ocasionan afectación de ejecución irreparable a los derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que sólo producen efectos procesales o adjetivos; por tanto, debe concluirse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto deviene notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Juan Manuel Ramos Becerril. En obvio de mayores dilaciones, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el precepto 21 de la Ley en cita. Como lo solicita la parte quejosa, dada la materia laboral del presente asunto se tiene como autorizada en los amplios términos del artículo 12, párrafo Segundo de la Ley de Amparo vigente a la licenciada Glorisela García Gómez y como domicilio para tal efecto el ubicado en Avenida Rayón, número trescientos veinte (320), Colonia Centro de esta ciudad de Zacatecas. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo vigente, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Secretario que autoriza licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Vista la demanda de garantías promovida por Juan Manuel Ramos Becerril, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, que considera violatorios en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1355/2015 que por su orden le corresponde; y en atención a su contenido, se acuerda: En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.)" Con base en las porciones normativas trascritas, contenidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es posible colegir que, contrario a como se establecía en la Ley de Amparo abrogada, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten al quejoso trascendiendo al resultado del fallo, y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, únicamente cuando los actos en el juicio sean de imposible reparación, entendido dicho concepto como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Precisado lo anterior, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que en el presente asunto el quejoso reclama el acuerdo de siete de julio de dos mil quince, inserto en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, llevada a cabo en el juicio laboral 1007/2014, en el que se le tuvo por perdido su derecho para ofrecer pruebas, así como el diverso proveído de trece de julio de dos mil quince, en el que nuevamente se reitera que ha perdido ese derecho. Atendiendo a lo anterior, se considera que el presente amparo indirecto es improcedente, en razón de que conforme a la redacción de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo vigente, los autos antes precisados, no constituyen actos cuya repercusión sobre el hoy accionante del amparo se considere como de imposible reparación, por no afectar materialmente sus derechos sustantivos previstos en la Constitución General o en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en los términos destacados por el legislador ordinario, pues sólo constituyen una violación procesal que no repercute en dichas prerrogativas. En efecto, conforme a la redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente (a diferencia de la fracción IV del numeral 114 de la Ley de Amparo abrogada), el legislador ordinario dio contenido al concepto denominado "imposible reparación", pues al afecto determinó que por ello debe entenderse como los actos ".que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, bajo la directriz establecida por el constituyente derivado, al darle contenido a ese concepto, se considera que conforme a la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), en relación con el artículo 107, fracción V, de la Constitución Federal, los actos aquí reclamados no pueden ser considerados como de aquéllos que afecten derechos sustantivos, toda vez que tanto el acuerdo de siete de julio de dos mil quince, inserto en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, llevada a cabo en el juicio laboral 1007/2014, en el que se le tuvo por perdido su derecho para ofrecer pruebas, así como el diverso proveído de trece de julio de dos mil quince, en el que nuevamente se reitera que ha perdido ese derecho, constituyen violaciones procesales subsanables si obtiene laudo favorable en ese procedimiento laboral, ya que así desaparecerían las consecuencias originadas por cualquier vicio procesal que se hubiera cometido al emitir la determinación reclamada. Sin que sea obstáculo para concluir lo anterior, que el debido proceso pueda considerarse como un derecho sustantivo, pues de así aceptarlo se podría llegar a considerar que cualquier violación procesal afectaría ese derecho y, por ende, sería procedente el juicio de amparo contra cualquier acto intraprocesal que afecte el curso normal del procedimiento, independientemente de la magnitud de la violación procesal de que se trate, dado que ello incide de una u otra forma en su curso normal; extremos que se consideran jurídicamente improcedentes, al tenor del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor que se analiza, que postula que el juicio de control constitucional sólo procede contra actos que afecten derechos sustantivos; de ahí que resulta improcedente contra actos que únicamente tienen efectos intraprocesales, en tanto que sus consecuencias pueden desaparecer con motivo del dictado de una sentencia favorable en el juicio de origen de que se trate. Para ilustrar lo antes expuesto, se cita la tesis IV.2o.C.5 K (10a.), registro 2005729, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto se lee: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Unidos (sic) Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." De lo hasta aquí expuesto se obtiene que para efectos del juicio de amparo indirecto resulta improcedente para combatir los actos aquí reclamados, consistentes en el acuerdo de siete de julio de dos mil quince, inserto en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, llevada a cabo en el juicio laboral 1007/2014, en el que se le tuvo por perdido su derecho para ofrecer pruebas, así como el diverso proveído de trece de julio de dos mil quince, en el que nuevamente se reitera que ha perdido ese derecho, pues, se insiste, dichos actos impugnados en esta vía constitucional no tienen como consecuencia afectación alguna, ni directa ni inmediata, a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en los términos que se precisan en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, en tanto que sus efectos son sólo intraprocesales y no de imposible reparación, dado que sus posibles resultados pueden ser reparados mediante la obtención de un laudo favorable, o bien, de serle adversa, tal violación podría quedar subsanada con el eventual cumplimiento que se otorgue a la ejecutoria que se pronuncie en el juicio de amparo directo que contra tal fallo se promueva, en caso de serle favorable, pues tales violaciones procesales podrían hacerse valer como conceptos de violación en el supuesto de que la Litis ahora sub judice llegue a ser materia de amparo directo. Es aplicable al tema la Jurisprudencia 24/92 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de 1992, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido literal siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, es aplicable a este proceder, por las razones que la informan, la jurisprudencia 774, consultable en la página 523, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 1995, del rubro y texto siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado pueden revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva.". En las condiciones apuntadas; atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, los actos reclamados no ocasionan afectación de ejecución irreparable a los derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que sólo producen efectos procesales o adjetivos; por tanto, debe concluirse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto deviene notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Juan Manuel Ramos Becerril. En obvio de mayores dilaciones, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el precepto 21 de la Ley en cita. Como lo solicita la parte quejosa, dada la materia laboral del presente asunto se tiene como autorizada en los amplios términos del artículo 12, párrafo Segundo de la Ley de Amparo vigente a la licenciada Glorisela García Gómez y como domicilio para tal efecto el ubicado en Avenida Rayón, número trescientos veinte (320), Colonia Centro de esta ciudad de Zacatecas. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo vigente, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico.".
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