Juan Manuel Rivera Soto
Expediente 951/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 05/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Manuel Rivera Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Téngase por recibido oficio el oficio que remite el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el acusa recibo del diverso por el que le fue enviado el original del juicio de amparo 951/2017, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Gobernador del estado de Zacatecas, contra la sentencia emitida en al referido juicio.
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En veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 11135. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por Roberto Velázquez Loera, apoderado del quejoso Juan Manuel Rivera Soto, por el que interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro de mayo del año en curso, y con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 87, 88 y 89, de la Ley de Amparo en vigor; distribúyanse entre las demás partes copia simple del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este juicio de garantías y dentro del término legal remítase el mismo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, debiendo acompañarse el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo. Fórmese cuadernillo de antecedentes y hágase la anotación correspondiente en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 951/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, Juan Manuel Rivera Soto, a través de su apoderado legal Roberto Velázquez Loera, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. La demanda fue recibida y admitida mediante proveído de veintidós de junio de dos mil diecisiete por el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito de Vigésimo Tercer Circuito, al cual quedó registrada como A.D.C. 697/2017 y mediante sesión de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete se resolvió carecer de competencia legal para conocer el juicio de amparo, por lo que ordenó remitir el original de la demanda de garantías y demás anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Tercer Circuito del Estado de Zacatecas, para que conociera de la misma el juez de Distrito en turno. SEGUNDO. Trámite. Así mediante proveído de seis de noviembre de dos mil diecisiete éste órgano jurisdiccional aceptó asumir el conocimiento del asunto, por lo que conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos emitidos por una autoridad judicial con residencia dentro del territorio donde tiene competencia este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, de la demanda de amparo este juzgador considera que la parte quejosa reclama: 1. De la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas: La resolución de veintisiete de abril de dos mil diecisiete dictada en el toca de apelación civil 177/2017, que confirmó la interlocutoria de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete emitida por el juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, en el juicio ejecutivo mercantil 264/2005. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo anterior por así desprenderse de las constancias que conforman el juicio de amparo, toda vez que el quejoso fue notificado del acto reclamado el dos de mayo de dos mil diecisiete (según se desprende de la certificación de la autoridad responsable en foja 14 vuelta del juicio de amparo); surtiendo efectos dicha notificación al día siguiente de conformidad con el artículo 1075 del Código de Comercio, por lo tanto, el plazo para la interposición del amparo transcurrió del cuatro al veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, con descuento de los días cinco, seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de mayo del año en cita, por haber sido días inhábiles; consecuentemente si la demanda de amparo se presentó el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La magistrada presidenta de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado (foja 4 del juicio de amparo), aceptó la existencia del acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 264/2005 (dos tomos de pruebas) y del toca de apelación civil 177/2017; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haber analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, no se advierte que en el caso se actualice algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni que las partes hubieren hecho valer, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Ahora bien, previo al análisis de los motivos de disenso aducidos por la parte quejosa, se hace menester el relato de los antecedentes relevantes del caso, a efecto de una mejor compresión del asunto, y se reseñan a continuación: 1.- El uno de septiembre de dos mil cinco, Rito Eduardo Garza Rojas en su calidad de endosatario en procuración de Rolando Javier Cerrillo Rodríguez, en ejercicio de la acción cambiaria directa, demandó en la vía ejecutiva mercantil a Norma Mayela de Ávila Cortez y Juan Manuel Rivera Soto, éstos en su calidad de deudor y aval, respectivamente, la cantidad de $ 1, 090,000.00 (un millón noventa mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, así como el pago de los intereses moratorios generados a razón del cinco por ciento mensual y, por último, el pago de gastos y costas generados con la tramitación del juicio. 2.- La anterior demanda quedó registrada con el número de expediente 264/2005 y radicada ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas; así, una vez seguido y culminado el proceso en todas sus etapas, mediante sentencia de veinte de septiembre de dos mil seis resolvió procedente la vía ejecutiva intentada por el actor, condenando a la parte demandada al pago de las prestaciones relatadas en el párrafo anterior; ordenándose, además, el remate del bien embargado (fojas 136 a 139 del expediente de origen). 3.- Con motivo de la anterior resolución, el dos de julio de dos mil siete, Norma Mayela de Ávila Cortez interpuso recurso de apelación, el cual no fue acordado de conformidad pues mediante proveído de la misma fecha, se reservó el mismo hasta en tanto se recibiera diverso exhorto remitido al Juez del Ramo Civil de la Ciudad de Torreón, a efecto de notificar la resolución controvertida (foja 145 del expediente de origen). 4.- El veintiuno de junio de esa anualidad, en razón del domicilio de los demandados, el Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil con residencia en la Ciudad de Torreón, Coahuila, notificó la sentencia descrita en el antecedente 2) a los demandados (foja 166 del expediente de origen). 5.- Posteriormente, ante la falta de actividad procesal de las partes, mediante oficio 756 de diecisiete de junio de dos mil once, el expediente fue remitido al Archivo General del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, el cual fue solicitado por la parte actora el siete de junio de dos mil dieciséis y recibido en el juzgado de origen el doce de julio siguiente. 6.- El seis de octubre de dos mil dieciséis, el endosatario en procuración de la parte actora solicitó al juez natural que declarara que la sentencia definitiva causó ejecutoria, lo cual fue acordado de conformidad mediante proveído de la misma fecha (foja 183 del expediente de origen). 7.- El diecinueve de enero de dos mil diecisiete, Juan Manuel Rivera Soto, a través de su apoderado legal Roberto Velázquez Loera, solicitó al juez de origen que se pronunciara en relación a la prescripción de la ejecución de la sentencia, por lo que mediante proveído de veinticinco de enero siguiente ordenó dar vista a la parte contraria. 8.- Mediante sentencia interlocutoria de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, el juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Miguel Azua, Zacatecas, resolvió que no había operado la prescripción de la ejecución de la sentencia (fojas 136 a 140 del expediente de origen). 9.- Con motivo de la resolución anterior, la parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue registrado con el toca 177/2017 y radicado ante la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien mediante sentencia de veintisiete de abril de dos mil diecisiete resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- SE CONFIRMA la SENTENCIA INTERLOCUTORIA pronunciada el dieciséis de febrero del presente año, por el C. Juez de Primera Instancia y de los Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, dentro del expediente 264/2005 relativo al juicio MERCANTIL EJECUTIVO incoado por el licenciado RITO EDUARDO GARZA ROJAS como endosatario en procuración del señor ROLANDO JAVIER CERRILLO RODRÍGUEZ en contra de Norma Mayela de Ávila Cortez y Juan Manuel Rivera Soto. - - - SEGUNDO. En su oportunidad, remítase testimonio de la presente resolución al juzgado de origen y archívese el presente toca como asunto legalmente concluido. - - - TERCERO. Notifíquese personalmente y cúmplase." (Acto reclamado en el presente juicio de amparo) Aduce la parte quejosa, en el primer concepto de violación, que el diez de junio de dos mil once se reformó el artículo 1° constitucional, transcribiendo únicamente dicho numeral sin realizar manifestación alguna en relación al mismo; además, afirmó que la parte actora en el juicio natural manifestó que sufrió hostigamiento hacia su persona de parte de los directivos de la Feria y el Club de Rotarios, ambos de Torreón, en virtud de que los meses posteriores inician las elecciones de nuevos consejos directivos de diferentes asociaciones. Ahora bien, la Ley de Amparo no exige que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes, sino que basta que los mismos sean razonamientos que expresen con claridad la causa de pedir, señalando cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el juez de Amparo deba estudiarlo. En ese sentido, a juicio de este órgano jurisdiccional el primer concepto de violación resulta inoperante, pues la transcripción del artículo 1° constitucional y la afirmación que realizó resultan simples aseveraciones de su parte que no tienen relación alguna con la Litis constitucional que en esta vía se estudia, además de que no expresan en forma alguna la causa de pedir o el agravio que el acto reclamado les causa. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada 2a. XXXII/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en la página 1205 del Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Novena Época, de rubro y textos siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE. Los agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos respecto a cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través de razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos y conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de los preceptos constitucionales o legales que se consideran violados no puede ser suficiente para formular un agravio, pues no basta la simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan producido. En ese sentido, si el recurrente únicamente se limita a manifestar que la sentencia impugnada viola en su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o legales y las transcribe, careciendo de una estructura lógico-jurídica, dicho agravio debe calificarse de inoperante." Por otra parte, en el segundo concepto de violación el quejoso afirma que la resolución reclamada transgrede los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que los numerales 1079 y 1397 del Código de Comercio hacen procedente la prescripción de la ejecución de la sentencia, pues disponen que la misma operará en tres años contados a partir de que la resolución es notificada a las partes para su ejecución. Lo anterior es infundado. En efecto, es conveniente transcribir el contenido de los numerales 1079 y 1397 del Código de Comercio: "Artículo 1079.- Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial, o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: I. Ocho días, a juicio del juez, para que dentro de ellos se señalen fechas de audiencia para la recepción de pruebas, reconocimiento de firmas, confesión, posiciones, declaraciones, exhibición de documentos, juicio de peritos y práctica de otras diligencias, a no ser que por circunstancias especiales, creyere justo el juez ampliar el término; II. Nueve días para interponer el recurso de apelación contra sentencia definitiva, seis días cuando se trate de interlocutoria o auto de tramitación inmediata, y tres días para apelar preventivamente la sentencia interlocutoria o auto de tramitación conjunta con la definitiva, en los términos del artículo 1339 de este Código; III. Tres días para desahogar la vista que se les dé a las partes en toda clase de incidentes que no tengan tramitación especial; IV. Tres años para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos, juicios orales y demás especiales que se prevean en las leyes mercantiles y de los convenios judiciales celebrados en ellos; V. Cinco años para la ejecución de sentencias en juicios ordinarios y de los convenios judiciales celebrados en ellos, y VI. Tres días para todos los demás casos. [.]" "Artículo 1397.- Si se tratare de sentencia, no se admitirá más excepción que la de pago si la ejecución se pide dentro de ciento ochenta días; si ha pasado ese término, pero no más de un año, se admitirán además las de transacción, compensación y compromiso en árbitros; y transcurrido más de un año, serán admisibles también la de novación, comprendiéndose en ésta la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación, y la de falsedad del instrumento, siempre que la ejecución no se pida en virtud de ejecutoria, convenio o juicio constante en autos. Todas estas excepciones, sin comprender la de falsedad, deberán ser posteriores a la sentencia, convenio o juicio, y constar por instrumento público, por documento judicialmente reconocido o por confesión judicial." Así, el citado numeral 1079 dispone su fracción IV que el término de prescripción para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos será de tres años. Por otra parte, el segundo numeral referido por la parte quejosa contempla diversas excepciones que puede oponer la parte demandada tratándose de que, el documento que traiga aparejada ejecución, lo sea una sentencia ejecutoriada, lo cual podrá realizar una vez que se haya practicado la diligencia de embargo, requerimiento de pago y emplazamiento a que se refiere el diverso artículo 1394 del mismo código citado, pues tratándose de dicho supuesto y dependiendo del tiempo de ejecución de la misma, la parte demandada podrá optar en elegir las diversas excepciones para oponer en el juicio ejecutivo mercantil. En ese sentido, el numeral 1397 del Código de Comercio no tiene relación alguna con la prescripción de la acción de ejecución de una sentencia en materia mercantil, pues como ya se dijo dicho numeral obedece a diversa etapa del juicio ejecutivo, sin que dicho precepto tenga aplicación alguna en el presente juicio de amparo. Por lo tanto, como correctamente lo afirmó el tribunal de apelación, se concluye que el derecho para solicitar la ejecución de una sentencia firme y obtener lo reconocido en ésta puede extinguirse a través de la figura de la prescripción, tal y como lo dispone la fracción IV del artículo 1079 del Código de Comercio, la cual establece un término de tres años para que opere dicha figura en juicios ejecutivos. Sirve de sustento a lo anterior, lo resuelto en la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 99/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 292 del Tomo XXXIII, febrero de 2011, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DERIVADA DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL DERECHO PARA SOLICITARLA PRESCRIBE EN EL TÉRMINO DE TRES AÑOS. El derecho para solicitar la ejecución de una sentencia firme y obtener lo reconocido en ésta es de naturaleza sustantiva, por lo cual se extingue mediante la figura de la prescripción. Así, el derecho a solicitar la ejecución de una sentencia derivada de un juicio ejecutivo mercantil prescribe en el término de tres años, conforme al artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, que prevé una norma específica para tal supuesto frente al término genérico de diez años contenido en el artículo 1047 del mismo Código, el cual debe aplicarse en los casos en que no se señalen plazos más cortos para la prescripción." Una vez establecido lo anterior, es pertinente resolver el problema jurídico que plantea la parte quejosa, esto es, a partir de cuándo debe computarse el término de la prescripción de una sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil. Para ello, el quejoso afirma que si la sentencia de veinte de septiembre de dos mil seis le fue notificada el veintiuno de junio de dos mil siete, el término de tres años debió correr a partir del día siguiente de que tuvo conocimiento y fenecer hasta el veintidós de septiembre de dos mil nueve, de esto que si la parte actora no realizó actuación tendiente para la ejecución, la prescripción debió operar y, por tanto, el incidente debió ser procedente. Además sostiene que la firmeza de una sentencia debe declararse a los quince días hábiles posteriores a la notificación de la resolución correspondiente. Lo anterior es infundado. En principio, tenemos que la prescripción negativa es una institución jurídica establecida en beneficio del deudor para verse liberado de la obligación por el transcurso del tiempo sin que se le haya exigido su cumplimiento por el acreedor, el cual genera en su favor una acción o una excepción perentoria. Asimismo, el término para solicitar la ejecución de una sentencia en un juicio mercantil constituye un derecho de naturaleza sustantiva, que consiste en el derecho de obtener lo reconocido en sentencia firme. En ese sentido, debe traerse a colación lo dispuesto en el artículo 1040 del Código de Comercio que establece: "Artículo 1040.- En la prescripción mercantil negativa, los plazos comenzarán a contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio." Así, del contenido del numeral 1040 del Código de Comercio, se tiene que la prescripción negativa en materia mercantil, comenzará a contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en el juicio. En ese orden de ideas, una sentencia definitiva puede ser legalmente ejercitada en el juicio a partir de que la misma se encuentra firme. Una sentencia firme es aquella que no es susceptible de ser revocada o modificada, ya sea que la ley no conceda un recurso ordinario para recurrirla o que contemplándolo las partes no lo ejerciten e incluso cuando expresamente las partes lo consientan. Corolario a lo anterior, los artículos 356 y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 356.- Causan ejecutoria las siguientes sentencias: I.- Las que no admitan ningún recurso; II.- Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y III.- Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante." "ARTÍCULO 357.- En los casos de las fracciones I y III del artículo anterior, las sentencias causan ejecutoria por ministerio de la ley; en los casos de la fracción II se requiere declaración judicial, la que será hecha a petición de parte. La declaración se hará por el tribunal de apelación, en la resolución que declare desierto el recurso. Si la sentencia no fuere recurrida, previa certificación de esta circunstancia por la Secretaría, la declaración la hará el tribunal que la haya pronunciado, y, en caso de desistimiento, será hecha por el tribunal ante el que se haya hecho valer." De esa manera, se debe afirmar que en el presente caso se actualiza el supuesto previsto en la fracción II del artículo 356 citado, puesto que la sentencia dictada el veinte de septiembre de dos mil seis en el expediente 264/2005 por el juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, admitía el recurso de apelación previsto en 1344 del Código de Comercio, por tanto, para que causara ejecutoria la misma, y al no interponerlo alguna de las partes, se necesitaba de la declaración del mismo tribunal que la pronunció. Por lo anteriormente expuesto, este órgano jurisdiccional concluye que el término de tres años para la prescripción de la ejecución de la sentencia (término al que se refiere la fracción IV del artículo 1079 del Código de Comercio), debe comenzar a partir de una sentencia se encuentra firme; lo cual en el caso concreto ocurrió el seis de octubre de dos mil dieciséis y fenecerá el siete de octubre de dos mil diecinueve, de esto que, al día de hoy no ha operado la prescripción de la ejecución de la sentencia. Por otra parte, no asiste la razón al quejoso al sostener que la firmeza de una sentencia debe declararse a los quince días hábiles posteriores a la notificación de la resolución correspondiente, puesto que, como así lo dispone en numeral 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los casos en que las sentencias admitan algún recurso y no fueren recurridas, éstas causarán ejecutoria, a petición de parte y mediante declaración judicial, lo cual así aconteció en el presente asunto. Razonamientos que en forma acertada usó la Ad Quem al resolver que el término para declarar la prescripción del derecho del actor para ejecutar la sentencia derivaba del contenido del artículo 1040 del Código de Comercio previamente citado; por lo que a juicio de este órgano de Amparo, la resolución sujeta a revisión constitucional se encuentre debidamente fundada y motivada Por último, no pasa desapercibido por este Juzgado de Distrito que la parte quejosa señaló que el juez de origen negó un recurso legal ordinario, pues a su consideración el mismo fue extemporáneo, lo cual fue confirmado por el tribunal de alzada y produjo violaciones procesales que violaron sus derechos fundamentales. Lo anterior es inoperante. En efecto, si bien en el proceso de origen la parte demanda recurrió la sentencia definitiva de veinte de septiembre de dos mil seis y su tramitación quedó pendiente de acordarse, la misma no debió causar ejecutoria mediante proveído de seis de octubre de dos mil dieciséis (foja 183 del expediente de origen), sin embargo dicho aspecto no forma parte de la Litis que en el presente juicio constitucional se analiza, que el caso la resolución del Ad quem que determinó que el término de prescripción para la ejecución de una sentencia en materia mercantil es de tres años, pues se advierte que dicho auto fue consentido por quien le afectada el mismo, esto es, la parte demandada, de esto que devenga inoperante dicho motivo de disenso al no ser una consideración debatida en la resolución que se analiza su constitucionalidad. Por último, no tienen aplicación la tesis citadas por la parte quejosa de rubro: "CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL", "CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", "CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN", "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALDIAD" y "DIGNIDAD HUMANA. DEFINICIÓN", por no guardar relación alguna con lo resuelto en el presente juicio de amparo. Bajo esas condiciones, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación hechos valer y no advertir motivo alguno por el que deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone negar el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. OCTAVO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicable, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión NO ampara ni protege a Juan Manuel Rivera Soto, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos vertidos en el diverso séptimo de esta resolución. Notifíquese, personalmente a las partes. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo juez Primero de Distrito en Zacatecas, asistido del secretario Armando Agustín Solís Monroy quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy cuatro de mayo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 04 D EMAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión NO ampara ni protege a Juan Manuel Rivera Soto, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos vertidos en el diverso séptimo de esta resolución. Notifíquese, personalmente a las partes. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo juez Primero de Distrito en Zacatecas, asistido del secretario Armando Agustín Solís Monroy quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy cuatro de mayo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado.
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