Juan Manuel Ortiz Carlos

Expediente 1320/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1320/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
08/10/2018

Partes del expediente

  • Juan Manuel Ortiz Carlos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a ocho de octubre de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICA lo siguiente: a) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. b) Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veinte de septiembre al tres de octubre de dos mil dieciocho, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución emitida dentro del presente juicio de amparo 1320/2018. c) Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión. d) No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó el juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. SDelgado

  2. Principal

    VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 1320/2018, promovido por Juan Manuel Ortiz Carlos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, el que fue turnado a este juzgado el dos de julio siguiente, Juan Manuel Ortiz Carlos, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que enseguida se describe. Autoridad responsable: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Actuarios adscritos al mencionado Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Acto reclamado: La omisión de ordenar el cumplimiento del segundo requerimiento de pago respecto de las prestaciones a que fue condenada la demandada en el juicio laboral 502/2013. Acto que, a su parecer, es violatorio de los derechos contenidos en los artículos 13, 14, 16, 17, 18, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de tres de julio de dos mil dieciocho (fojas 15 a 18), se registró la demanda con el número 1320/2018 y se admitió a trámite; asimismo, se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se ordenó dar la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridad que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de garantías, consiste en: De la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. La omisión de ordenar el cumplimiento del segundo requerimiento de pago respecto de las prestaciones a que fue condenada la demandada en el juicio laboral 502/2013. De los actuarios adscritos al mencionado Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. La omisión de llevar a cabo el citado cumplimiento. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, así como la actuaria adscrita al mismo, manifestaron que la existencia del acto reclamado era parcialmente cierta, ello, en atención a que el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, la primera de dichas responsables dictó el segundo auto de requerimiento de pago; pero refiere que la ejecución de dicho auto es a petición de parte, por lo que se requiere que la parte que obtuvo, solicite una fecha con el actuario adscrito a ese órgano para que la acompañe a requerir el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral de origen (fojas 23). Circunstancia, la relativa a la emisión del auto de diecinueve de abril y la omisión de ordenar su cumplimiento, que se desprende de las constancias relativas al expediente laboral 502/2013, que en copia certificada remitió la autoridad responsable como justificación de sus actos. Documentales a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia de los actos reclamados. Lo anterior, sin que pase inadvertida la circunstancia de que se haya señalado como autoridad responsable ordenadora al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y que al mismo se le haya solicitado el informe justificado respectivo, ya que fue la Magistrada Presidenta del propio tribunal quien rindió dicho informe y admitió la existencia del acto reclamado, por haber sido ella quien emitió el acuerdo cuya omisión de cumplimiento se reclama. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. a) El catorce de agosto de dos mil diecisiete se dictó el laudo respectivo en el expediente laboral 502/2013, en el que se condenó a la parte demandada municipio de Luis Moya, Zacatecas, al pago de las prestaciones que se relacionan en el resolutivo segundo de dicho laudo. b) Posteriormente, en atención a la solicitud presentada por el actor, aquí quejoso, la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, emitió acuerdo de nueve de noviembre de dos mil diecisiete dentro del expediente laboral 502/2013, por el que ordenó primer requerimiento a efecto de que la parte demandada diera cumplimiento al resolutivo segundo del laudo de referencia, es decir, realizara el pago de las prestaciones a que fue condenada; diligencia que fue realizada por el actuario adscrito al tribunal laboral de mérito, el catorce de marzo de dos mil dieciocho. c) Luego, atendiendo a nuevo escrito del ahora quejoso, el diecinueve de abril del año en curso, se emitió acuerdo que contiene el segundo requerimiento de pago, sin que de las constancias remitidas por la responsable se advierta que se hubiera ordenado la ejecución del mismo. La omisión de ordenar el cumplimiento del acuerdo anterior constituye la materia de la litis constitucional. QUINTO. Procedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Ahora bien, en el caso, con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, es decir, el doce de septiembre del año en curso, se recibió oficio registrado con el folio 18641, suscrito por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, mediante el cual informa, que en el juicio ordinario laboral 502/2013, del que emana el acto reclamado, en diligencia realizada por el actuario adscrito a ese tribunal el trece de agosto de dos mil dieciocho, se dio cumplimiento al segundo requerimiento para el cumplimiento al laudo dictado en dicho juicio, de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Asimismo, que en atención a la solicitud presentada por el actor, aquí quejoso el catorce de agosto pasado, el veintiocho siguiente, se emitió acuerdo en el que, con fundamento en el artículo 285 de la Ley de Servicio Civil del Estado de Zacatecas, se ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, a efecto de que, de la partida presupuestal correspondiente al municipio de Luis Moya, Zacatecas, le descuente la cantidad a que fue condenado éste en el laudo dictado en el juicio laboral de referencia, cuyo oficio fue remitido en la misma fecha y se tuvo por recibido por dicha secretaría el seis de septiembre actual. Para acreditar lo anterior, la responsable de mérito remitió copia certificada de las referidas actuaciones. Así pues, de constancias a que se alude se advierte, que en el juicio en que se actúa se ha actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo expuesto se sigue, que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituyen los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Es sustento de lo considerado por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Novena Época, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Como quedó precisado, el quejoso Juan Manuel Ortiz Carlos, reclama omisión de la responsable ordenar el cumplimiento del segundo requerimiento de pago respecto de las prestaciones a que fue condenada la demandada en el juicio laboral 502/2013. Por otra parte, de las constancias que en copia certificada remitió la autoridad responsable con su oficio registrado con el folio 18641, a que se hizo referencia en párrafos precedentes, a las que también se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo; se advierte que, en diligencia practicada el trece de agosto del año en curso, se dio cumplimiento al segundo requerimiento, de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, realizado a la demandada en el juicio laboral de origen, para que diera cumplimiento al laudo que en el mismo se emitió. Asimismo, que en atención a la solicitud presentada por el aquí quejoso el catorce de agosto pasado, el veintiocho siguiente, se emitió acuerdo en el que, con fundamento en el artículo 285 de la Ley de Servicio Civil del Estado de Zacatecas, se ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, a efecto de que, de la partida presupuestal correspondiente al municipio de Luis Moya, Zacatecas, le descuente la cantidad a que fue condenado en el laudo de mérito, y que el oficio respectivo se tuvo por recibido por dicha secretaría el seis de septiembre actual. Luego, lo anterior, implica que ya fue ordenada la ejecución del acuerdo de diecinueve de abril que contiene el segundo requerimiento de pago y que además se llevó a cabo la misma, para lo cual el actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, practicó la diligencia correspondiente; y, además, se ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas del Estado, para que de la partida presupuestal del municipio demandado, realice el pago de las prestaciones a que fue condenado. De lo anterior se colige que el promovente del amparo fue restituido en el pleno goce del derecho que estimó vulnerado en su perjuicio; por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. En las condiciones apuntadas, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, con en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías promovido por Juan Manuel Ortiz Carlos. Sin que constituya obstáculo a la anterior determinación, el hecho de que las documentales referidas, se hayan recibido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, porque si bien conforme a los artículos 119, 121 y 122 de la Ley de Amparo, por regla general, las pruebas documentales en el juicio biinstancial deben ofrecerse y desahogarse a más tardar en dicha audiencia; ello resulta inaplicable cuando a través de las mismas se demuestra algún supuesto de sobreseimiento. Apoyan lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Manuel Ortiz Carlos, contra el acto que reclamó de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas y actuario de su adscripción; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza, hoy trece de septiembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, tres de agosto de dos mil dieciocho, Juan García Trejo, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas. Certifica: Que se encuentran fijadas las nueve horas con diez minutos para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables magistrada presidenta y actuaria, ambas adscritas al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con residencia en la misma ciudad. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Juan García Trejo. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos del presente asunto y promociones con folios 15435, 15458 y 15459. Doy fe. Zacatecas, Zacatecas, tres de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con diez minutos para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; así como que está transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables magistrada presidenta y actuaria, ambas adscritas al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con residencia en la misma ciudad; por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes." Agréguense a sus autos para que obren como correspondan el escrito y pedimentos de cuenta signados, el primero por el aquí quejoso y el resto por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por cuanto hace a la solicitud que formula la fiscal en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito, previa constancia que por su recibo se asiente en autos Finalmente, respecto a la manifestación que realiza en cuanto a que renuncia expresamente al termino de ocho días y que no se difiera la audiencia dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que antecede en razón de que la vista se mandó dar a todas las partes Notifíquese. Así lo proveyó y firma José de Jesús Martínez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2608/2018 de cinco de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Luisa.

  4. Principal

    El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se da cuenta con las promociones con folios 14880 y 14882. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. Agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan los oficios de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de las autoridades responsables magistrada presidenta y actuaria, ambas adscritas al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con residencia en la misma ciudad; sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en el desahogo de la audiencia respectiva. Con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene ofrecida como prueba de la mencionada en primer término la copia certificada del procedimiento ordinario laboral 502/2013; misma que dada su propia y especial naturaleza se tiene por desahogada, sin perjuicio de su relación que se haga al momento de la audiencia respectiva. Notifíquese; Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Luisa

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