Juan Manuel Rodríguez Gómez
Expediente 849/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 21 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 849/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 30/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Manuel Rodríguez Gómez
- Mónica Martínez Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
En treinta de diciembre de dos mil quince, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado ------------------------------------------------- C E R T I F I C A : ----------------------------Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del diez al veintitrés de diciembre del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el siete de diciembre de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 849/2015. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta al Secretario en funciones de Juez con estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo en vigor, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en fecha siete de diciembre de dos mil quince, que sobreseyó en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y que de igual forma el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Loreto, Zacatecas, las constancias que adjuntó a su informe justificado. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR MEDIO DE LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, quien actúa con la Secretaria que autoriza licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra.- DOY FE. Lily* En esta fecha se giró el oficio número 39176
- Principal
En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 849/2015, estando en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, asistido del licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En relación con lo anterior, el Secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor; y por legalmente emplazados a los terceros interesados. En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas se da cuenta con las documentales que exhibió el quejoso con su escrito inicial de demanda; y con las que remitió la autoridad responsable como justificación de sus actos, consistentes en copias certificadas deducidas del juicio civil ordinario de reconocimiento de paternidad 626/2012. Al respecto, el Secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza las pruebas antes relacionadas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el cual, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. No existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 849/2015; y, RESULTANDO 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veinte de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, JUAN MANUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que enseguida se precisan. Autoridad responsable: Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas. IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo lo estipulado por la Jueza de Primera Instancia y de lo familiar de Loreto, Zacatecas, mediante el auto de fecha diecisiete de abril del año dos ml catorce (sic), donde señala las doce horas con treinta minutos del día veintitrés de junio del dos mil quince, como nueva fecha para que tenga verificativo la Toma de Muestra de ADN, que correrá a cargo del Doctor RAFAEL GUTIÉRREZ CAMPOS, las cuales serán procesadas en la laboratorio LDI BIOGEN, LABORATORIO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL, donde se cita oportunamente ambas partes para que comparezcan debidamente identificados el día y hora señalados al efecto, debiendo traer A LAS INSTALACIONES DE ESTE Juzgado la parte actora oferente a su menor hijo LUIS EDUARDO FIGUEROA GUEVARA, apercibiendo al demandado de que en caso de incomparecencia injustificada a la diligencia ahí señalada se tendrá por ciertos los hechos que se le imputen, con todos los alcances legales, como si la prueba se hubiera realizado y resultado positivas; acto que me fue notificado por conducto de mi abogado patrono en fecha veintisiete de abril del año dos mil quince, mediante sello receptor por la notificadora del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Juzgado de Loreto, Zacatecas. Así mismo (sic), prevéngase al nombrado perito, por conducto de la oferente, Tutora dativa, para que con toda oportunidad y previa a la celebración de la referida diligencia exhiba la documentación que acredite como perito en la materia genérica, así como la certificación del laboratorio que en se procesaran las muestras de material genético de las partes, a fin de dar debida formalidad y certeza de su debido desahogo en la inteligencia de que de no cumplir con lo anterior, no se estará en condiciones de realizar el desahogo de la referida prueba." Preceptos constitucionales que se consideran violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contemplados en los artículos 14 y 16, de la Constitución General de la República. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo el consecutivo 849/2015; y en auto de veintiuno de mayo de dos mil quince se ordenó su admisión; solicitar informe justificado a las autoridades responsables; dar la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; emplazar a los terceros interesados; y, se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del Acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor y las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el quejoso reclama el auto de catorce de abril de dos mil quince, dictado dentro del Juicio Civil Ordinario de Reconocimiento de Paternidad 626/2012, dictado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas. II.2. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Loreto, Zacatecas, toda vez que así lo reconoció expresamente en el informe justificado que rindió (f. 22). Sobre el particular se invoca la Jurisprudencia siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las documentales que en apoyo a su comunicado remitió la juez responsable, consistentes en copias fotostáticas certificadas de las constancias deducidas del expediente 626/2012, relativo al juicio civil ordinario de reconocimiento de paternidad; documentales a las que se confiere pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de ésta legislación. Al respecto, es aplicable el contenido de la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. La procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que el órgano de control constitucional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Al respecto, es ilustrativa la tesis del rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el presente juicio de garantías, este resolutor considera que se patentiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a las consideraciones que enseguida se expondrán. Se afirma lo anterior, en razón de que previamente al ejercicio de la acción de amparo el quejoso debió interponer el recurso ordinario de revocación previsto en la ley que rige el acto reclamado, como medio idóneo y eficaz para modificar, revocar o nulificar los efectos lesivos que sobre su esfera jurídica considere le hubiera ocasionado tal acto. Los dispositivos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, textualmente disponen: De la Constitución General de la República. "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:" (.) "III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:" (.) "b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y" (.) De la Ley de Amparo: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;" b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;" c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento." Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" (.) Conforme a los normativos reproducidos, el juicio de amparo indirecto por regla general procede en contra de resoluciones dictadas fuera y después de concluido el juicio, o bien, emitidas durante el curso de éste, siempre y cuando su ejecución resulte de imposible reparación, entendida como aquella situación que afecte de manera inmediata y directa los derechos sustantivos de la parte quejosa contemplados en la Carta Magna, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos celebrados por el Estado mexicano. No obstante lo anterior, de acuerdo con los numerales transcritos, previo a la promoción del juicio de garantías se establece como exigencia el deber de agotar los recursos o medios de defensa contemplados en la ley ordinaria, ya que con su interposición sería factible revocar, nulificar o modificar la determinación reclamada. Ahora, como excepción a la regla descrita, el legislador dispuso como no exigible ese deber siempre y cuando se trate de algún acto que importe peligro de privación de la vida del quejoso, afecte su libertad personal fuera de procedimiento, implique incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición o desaparición forzada, así como alguno de los proscritos en numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como cuando el acto reclamado implique por sí afectación a la libertad personal del solicitante de amparo, como lo son: órdenes de aprehensión, de detención, de arraigo; resolución que niegue su libertad personal bajo caución, auto de formal prisión, auto de vinculación a proceso; entre otras. Diversa regla de excepción se actualiza cuando el acto reclamado sea impugnado en la presente vía, por quien se ostente como persona extraña al procedimiento jurisdiccional del cual emanó. En ese sentido, los anteriores supuestos señalados en el último de los numerales reproducidos, constituyen circunstancias particulares que eximen al gobernado de atender al principio de definitividad, antes de ejercer la acción de amparo; excepciones que en el presente asunto no se actualizan. Los numerales 367 y 374 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, establecen: "Artículo 367.- Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles." "374.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias definitivas en toda clase de juicio, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II.- Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la ley no se otorgue a las partes el recurso, o la sentencia definitiva no fuere apelable; III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y IV.- Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juez o se levante por éste. No serán apelables las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicios cuya cuantía no exceda de dos mil quinientos pesos." Del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el promovente del amparo reclama el auto de diecisiete de abril de dos mil quince, mediante el cual la juez responsable señaló hora y fecha para llevar a cabo la toma de muestras de ADN del aquí quejoso, en el expediente 626/2012, relativo al juicio civil ordinario de reconocimiento de paternidad. El proveído impugnado es del tenor siguiente: "Recibido el catorce de abril del dos mil quince. Loreto, Zacatecas, a diecisiete de abril del dos mil quince. Por recibido el escrito que suscribe la licenciada MA. GUADALUPE OSADA VELAZQUEZ, con la personalidad que tiene reconocida en autos, por ser el momento procesal oportuno, atendiendo a que la interlocutoria pronunciada en fecha trece de marzo del año en curso, se encuentra firme, como lo solicita, se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTITRES DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, como nueva fecha para que tenga verificativo la TOMA DE MUESTRAS DE ADN, que correrá a cargo del Doctor RAFAEL GUTIERREZ CAMPOS, las cuales serán procesadas en el laboratorio LDI BIOGEN, LABORATORIO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL, cítese oportunamente ambas partes (sic) para que comparezcan debidamente identificados el día y hora señalados al efecto, debiendo traer a las Instalaciones de este Juzgado la pare actora oferente a su menor hijo LUIS EDUARDO FIGUEROA GUEVARA, apercibiéndose al demandado, de que en caso de incomparecencia injustificada a la diligencia ahí señalada se tendrán por ciertos los hechos que se le imputen, con todos los alcances legales, como si las pruebas se hubieren realizado y resultado positivas. Así mismo (sic), prevéngase al nombrado perito, por conducto de la oferente, Tutora Dativa, para que con toda oportunidad y previo a la celebración de la referida diligencia, exhiba la documentación que lo acredite como perito en la materia de genética, así como la certificación del laboratorio en que se procesaran (sic) las muestras de material genético de las partes, a fin de dar la debida formalidad y certeza de su debido desahogo, en la inteligencia de que, de no cumplir con lo anterior, no se estará en condiciones de realizar el desahogo de la referida prueba. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES, REPRESENTACIÓN SOCIAL Y TUTORA DATIVA Y CÚMPLASE. Fundamento legal: artículos 257, 260, 265 fracción I, V y VII, 266, 271, 279, 292, 303, 315 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. Así lo acordó y firma la ciudadana licenciada VIRGINIA AVALOS ARENAS, Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de este Distrito Judicial, quien actúa legalmente asistido de su Secretaria de Acuerdos en materia Civil, licenciada Bertha Alicia Padilla Solís, quien autoriza y da fe. Doy fe." Pues bien, previamente conviene acotar, que atendiendo al contenido de la determinación reclamada, no es posible combatirla a través del recurso de apelación, por no encontrase en ninguno de los supuestos que establece el precitado artículo 374 del Código Procesal Civil del Estado de Zacatecas; en tanto que el diverso numeral 367 de esa propia legislación consigna que los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles, por lo que, bajo esas premisas, es claro que: Si el quejoso figura como demandado en el juicio ordinario civil de reconocimiento de paternidad 626/2012, que se tramita en el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas; ello pone de manifiesto que no comparece al presente juicio de garantías en su calidad de tercero extraño, sino como parte procesal. Luego, atendiendo a que el peticionario de garantías tiene el carácter de parte procesal; por ende, tiene la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa correspondientes en contra del acto que considera violatorio de garantías, como en la especie lo es el recurso de revocación que establece el ordinal 367 del Código Procesal Civil del Estado, el cual debió hacer valer contra el auto mediante el cual la Juez señalada como responsable fijó hora y fecha para llevar a cabo la toma de muestras de ADN del aquí quejoso. En ese contexto, al ser el promovente del amparo parte formal y material en el expediente de donde emana la determinación reclamada, por tener el carácter de demandado, debió impugnar la determinación que ahora reclama, por medio del recurso de revocación que establece el ordinal 367, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, a través del cual tuvo la posibilidad de lograr que se modificara, revocara o nulificara, dado que ese normativo establece en forma genérica la procedencia del referido recurso, sin excluir expresamente el auto que en esta instancia constitucional se impugna. Consecuentemente, como el garante no hizo valer el indicado medio de impugnación, previo a la promoción del juicio de garantías; por ende, se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, conforme al cual, cuando éste se promueva contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, no debe existir la posibilidad de que sean modificadas o revocadas con motivo de un recurso o medio de defensa que la ley ordinaria regule dentro del procedimiento de que se trate, como en la especie lo es el juicio de reconocimiento de paternidad del que emana la determinación que en esta instancia se combate. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del epígrafe y contenido siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que nos es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías ." De igual manera, para ilustrar el sentido de esta sentencia se invoca la tesis I. 4o. C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, visible en la página 361, cuyo contenido se lee: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.". Sin que pase inadvertido acotar que en el caso concreto no se actualiza alguna de las excepciones que se establecen en los incisos a), b) y c) de la propia fracción XVIII del artículo 61 en comento, dado que los aquí reclamados no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; tampoco el aquí quejoso es persona extraña al procedimiento del que emanan los actos reclamados; ni el recurso de revocación que debió hacer valer previo al amparo, se encuentra sujeto a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo. No es obstáculo para resolver en el sentido que se hace en esta instancia, la circunstancia de que el acto reclamado pudiera considerarse de imposible reparación; habida cuenta que las normas que regulan el juicio de amparo indirecto no establecen como excepción al principio de definitividad el que se trate de actos de esa naturaleza, pues si bien el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, establece que procede el juicio de amparo en contra de los actos cuya ejecución sea de imposible reparación; empero, condiciona su procedencia al agotamiento previo de los recursos ordinarios que en su caso procedan. Así, lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 44/2012, del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Corrobora lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J.113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350 del Tomo I, Libro 1, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se reproduce: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." (Énfasis añadido) También es aplicable al tema, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 1527 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, que a la letra se lee: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SUS EXCEPCIONES, EN ASUNTOS DEL ORDEN CIVIL. En la tesis aislada número 2a. LVI/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, del mes de julio de dos mil, de rubro: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO., se estimó que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman, entre otros, los actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y los que carezcan de fundamentación. Dicho criterio, a pesar de estar ubicado en la materia común, según se desprende de sus datos de localización, y de que resulta tajante al referir dichas excepciones, no se estima aplicable a los asuntos del orden civil. Lo anterior es así, en virtud de que en relación con el primer supuesto de excepción citado, este tribunal considera que del contenido de la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se desprende que esa haya sido la intención del Constituyente, ya que por el contrario, del inciso aludido claramente se evidencia que si bien el juicio de amparo procede contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; sin embargo, ello está condicionado al agotamiento previo de los recursos que en su caso procedan; lo anterior, sin desconocer que existen supuestos de excepción a dicha regla, como los contemplados en el artículo 107, fracciones III, inciso c) (contra actos que afectan a personas extrañas al juicio), IV (los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución) y XII (los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal) y en el diverso 73, fracciones XII (amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación), XIII (los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional) y XV (los que carezcan de fundamentación) de la Ley de Amparo, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que, como todas las normas que establecen excepciones, son de estricta aplicación, según lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XIX, página 754 de rubro: "LEYES DE EXCEPCIÓN."; de ahí que no se estime acertado sostener como regla general, que contra los actos de ejecución irreparable no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios, pues al menos en la materia civil ello, en todo caso, resulta excepcional; asimismo, tampoco se comparte la afirmación genérica contenida en dicha tesis aislada en el sentido de que no existe la obligación de cumplir con el principio de definitividad, cuando se reclaman actos que carezcan de fundamentación, pues dicha excepción no resulta aplicable cuando el acto reclamado hubiere sido dictado por un tribunal judicial, como es el caso de la materia civil, ya que dicha salvedad se ubica en el segundo párrafo de la fracción XV del numeral 73 de la Ley de Amparo, la cual sólo es aplicable, como literalmente lo refiere: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ...", hipótesis que evidentemente no sería extensiva a casos en donde el acto reclamado se trate de resoluciones dictadas por tribunales judiciales, como generalmente lo es en la materia civil; además, como se ha dicho, las normas que establecen excepciones son de estricta aplicación y, por tanto, dicha excepción no puede aplicarse por analogía a caso alguno no comprendido en ellas; de ahí que la afirmación genérica que se contiene en tales supuestos de la tesis aislada en comento, no es de compartirse en asuntos del orden civil, sobre todo cuando de los datos de localización de tal criterio, se le ubica en la "Materia(s): Común"." Asimismo, apoya lo expuesto la jurisprudencia emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1214 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Agosto de 2007, cuyo rubro y texto son: DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, al actualizarse en el presente asunto la causal de improcedencia analizada, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de esa propia legislación, procede sobreseer en este juicio de garantías; lo que impide el estudio de fondo del asunto. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor; se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 849/2015, promovido por JUAN MANUEL RODRÍGUEZ GOMEZ, respecto del acto reclamado a la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, por los motivos indicados en el considerando III de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza. DOY FE.
- Principal
En diez de noviembre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de noviembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte tercero interesada se imponga del contenido del informe justificado del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas; luego, a fin de no dejarla en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABALE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy
- Principal
En veintinueve de octubre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con el oficio registrado con el número 21472; con anexo que se acompaña. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de octubre de dos mil quince. Téngase por recibido el oficio de cuenta que remite la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, por el que devuelve debidamente diligenciado el Despacho con número de orden 1030/2015 y de origen 596/2015, que le fue enviado a efecto de que emplazara al presente juicio de amparo a la tercero interesada Blanca Esthela Figueroa Guevara; lo anterior, en términos de la notificación realizada a su abogada patrona licenciad Ma. Guadalupe Posada Vázquez, el veintiuno de octubre del año en curso. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, con el contenido del informe justificado de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, dése vista a la tercero interesada Blanca Esthela Figueroa Guevara, para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifieste lo que a su interés legal convenga. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERO INTERESADA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy
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