Juan Manuel Ramírez García

Expediente 577/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
577/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
12/06/2015

Partes del expediente

  • Juan Manuel Ramírez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    En doce de junio de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para las partes del veintidós de mayo al cuatro de junio de dos mil quince, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el catorce de mayo de dos mil quince, dentro del juicio de amparo 577/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, DOCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto dictado por este Juzgado el catorce de mayo de dos mil quince, en la cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, los DVD que adjuntó en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. Eli

  2. Principal

    En catorce de mayo de dos mil quince, el Secretario de Juzgado, licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con los oficios registrados con folios 8711 y 8712.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de mayo de dos mil quince. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios de cuenta, suscritos por la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital, mediante el cual, en el primero de sus comunicados informa sobre el domicilio del tercero interesado Raúl Mauricio Maldonado; sin embargo, en el caso concreto resulta innecesario ordenar su emplazamiento a este juicio de garantías, por las razones que más adelante se expondrán. Por otra parte, en relación al segundo de sus comunicados, la jueza responsable informa que el trece de mayo de dos mil quince dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso Juan Manuel Ramírez García, dentro de la causa penal 151/2014 que se le instruye por el delito de abuso de confianza, remitiendo al efecto dos copias autorizadas de la audiencia relativa en formato de DVD´s. En esas condiciones, el suscrito resolutor advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa, ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin efectuar la nueva situación jurídica." En efecto, en el presente asunto el quejoso reclama la orden de aprehensión girada en su contra el catorce de abril de dos mil quince; asimismo, de las constancias que obran en autos, de forma específica con el escrito presentado el once de mayo de del año que transcurre en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Tercer Circuito, suscrito por el autorizado del quejoso, licenciado Felipe de Jesús Padilla Nava, se advierte que en esa fecha se presentó el quejoso voluntariamente ante esa instancia y se sujetó al procedimiento que se instruye en su contra en el proceso penal 151/2014, lo que condujo a que la Juez responsable mediante resolución de trece del mes y año en curso, dictara en contra del aquí quejoso auto de vinculación a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza, en perjuicio de Raúl Mauricio Maldonado. Conforme a lo anterior, es evidente que en la especie operó un cambio de situación jurídica dentro del proceso que se instruye al peticionario de garantías, toda vez que dentro del sistema tradicional de justicia penal existen cuatro modalidades para que pueda restringirse la libertad personal de los gobernados. Asimismo, al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, a saber orden de aprehensión, de detención, imposición de prisión preventiva y de pena, se le denomina situación jurídica, de tal manera que cuando ésta cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada una de ellas entraña un status jurídico diverso, con consecuencias legales particulares, cuyo efecto es el de desaparecer los anteriores, lo cual hace improcedente el amparo solicitado contra la primer situación jurídica, si de manera consecutiva se decreta otra de las mencionadas; como en el caso particular, en do de se reclama una orden de aprehensión y, de manera ulterior, se decreta auto de vinculación al impetrante dentro de la misma causa penal; de esta manera, se está ante la presencia de una irreparabilidad jurídica en los efectos que produjo la orden de aprehensión reclamada, lo cual hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al cambio de la anotada situación jurídica. En consecuencia, al haberse emitido durante la tramitación del juicio de garantías en que se actúa, auto de vinculación a proceso en contra del quejoso Raúl Mauricio Maldonado, resulta incuestionable que en el caso a estudio operó un cambio en su situación jurídica, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente; de manera tal que no es posible legalmente resolver la cuestión de fondo del amparo solicitado, sin afectar la nueva situación jurídica del peticionario de garantías, generada con motivo del auto de vinculación a proceso decretado en su contra en la causa penal de origen. Además, en el caso particular se satisfacen todos y cada uno de los requisitos exigidos para que opere la improcedencia del juicio de garantías por cambio de situación jurídica, ya que el acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión, emanó de un procedimiento judicial y, posteriormente durante la tramitación del juicio de garantías se dictó auto de término constitucional, es decir, se emitió una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el peticionario del amparo, por virtud de la orden de aprehensión combatida en el presente amparo; por tanto, no puede analizarse la constitucionalidad de dicho mandamiento de captura, sin afectar la nueva situación jurídica. Lo anterior se fortalece si se toma en consideración que la resolución de término constitucional es autónoma e independiente de aquél mandato de captura; consecuentemente, al haberse emitido auto de vinculación a proceso en contra del promovente del amparo en el proceso penal 151/2014, lógicamente que su situación jurídica ahora es consecuencia de esa resolución y no de la orden de aprehensión que reclamó en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo por analogía, la Jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999).- Una correcta interpretación de la fracción X del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de amparo en vigor a partir del nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por virtud de las reformas de las que fue objeto, lleva a colegir que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. Sin embargo, cuando por vía de amparo indirecto se reclama violación a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia. Por lo que si el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión por violación directa al artículo 16 constitucional, la hipótesis de que sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones, no se adecua a dicho acto, ya que carece de ese alcance. Por consiguiente, si durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, se le decretó al quejoso auto de formal prisión, y en consecuencia existió un cambio de situación jurídica, al pasar de indiciado a procesado, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en la orden de aprehensión, porque no se puede decidir en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica aunque persistieran las violaciones que se aducen." En las relatadas condiciones, lo procedente es decretar sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia 10/2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo en cuanto a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras Procuradora General de Justicia del Estado y Comandante de Aprehensiones Uno de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia de la orden de aprehensión que libró en contra del aquí quejoso la juez señalada como autoridad ordenadora. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, personalmente al quejoso

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 14 DE MAYO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON FORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. "En catorce de mayo de dos mil quince, el Secretario de Juzgado, licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con los oficios registrados con folios 8711 y 8712.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de mayo de dos mil quince. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios de cuenta, suscritos por la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital, mediante el cual, en el primero de sus comunicados informa sobre el domicilio del tercero interesado Raúl Mauricio Maldonado; sin embargo, en el caso concreto resulta innecesario ordenar su emplazamiento a este juicio de garantías, por las razones que más adelante se expondrán. Por otra parte, en relación al segundo de sus comunicados, la jueza responsable informa que el trece de mayo de dos mil quince dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso Juan Manuel Ramírez García, dentro de la causa penal 151/2014 que se le instruye por el delito de abuso de confianza, remitiendo al efecto dos copias autorizadas de la audiencia relativa en formato de DVD´s. En esas condiciones, el suscrito resolutor advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa, ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin efectuar la nueva situación jurídica." En efecto, en el presente asunto el quejoso reclama la orden de aprehensión girada en su contra el catorce de abril de dos mil quince; asimismo, de las constancias que obran en autos, de forma específica con el escrito presentado el once de mayo de del año que transcurre en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Tercer Circuito, suscrito por el autorizado del quejoso, licenciado Felipe de Jesús Padilla Nava, se advierte que en esa fecha se presentó el quejoso voluntariamente ante esa instancia y se sujetó al procedimiento que se instruye en su contra en el proceso penal 151/2014, lo que condujo a que la Juez responsable mediante resolución de trece del mes y año en curso, dictara en contra del aquí quejoso auto de vinculación a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza, en perjuicio de Raúl Mauricio Maldonado. Conforme a lo anterior, es evidente que en la especie operó un cambio de situación jurídica dentro del proceso que se instruye al peticionario de garantías, toda vez que dentro del sistema tradicional de justicia penal existen cuatro modalidades para que pueda restringirse la libertad personal de los gobernados. Asimismo, al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, a saber orden de aprehensión, de detención, imposición de prisión preventiva y de pena, se le denomina situación jurídica, de tal manera que cuando ésta cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada una de ellas entraña un status jurídico diverso, con consecuencias legales particulares, cuyo efecto es el de desaparecer los anteriores, lo cual hace improcedente el amparo solicitado contra la primer situación jurídica, si de manera consecutiva se decreta otra de las mencionadas; como en el caso particular, en do de se reclama una orden de aprehensión y, de manera ulterior, se decreta auto de vinculación al impetrante dentro de la misma causa penal; de esta manera, se está ante la presencia de una irreparabilidad jurídica en los efectos que produjo la orden de aprehensión reclamada, lo cual hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al cambio de la anotada situación jurídica. En consecuencia, al haberse emitido durante la tramitación del juicio de garantías en que se actúa, auto de vinculación a proceso en contra del quejoso Raúl Mauricio Maldonado, resulta incuestionable que en el caso a estudio operó un cambio en su situación jurídica, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente; de manera tal que no es posible legalmente resolver la cuestión de fondo del amparo solicitado, sin afectar la nueva situación jurídica del peticionario de garantías, generada con motivo del auto de vinculación a proceso decretado en su contra en la causa penal de origen. Además, en el caso particular se satisfacen todos y cada uno de los requisitos exigidos para que opere la improcedencia del juicio de garantías por cambio de situación jurídica, ya que el acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión, emanó de un procedimiento judicial y, posteriormente durante la tramitación del juicio de garantías se dictó auto de término constitucional, es decir, se emitió una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el peticionario del amparo, por virtud de la orden de aprehensión combatida en el presente amparo; por tanto, no puede analizarse la constitucionalidad de dicho mandamiento de captura, sin afectar la nueva situación jurídica. Lo anterior se fortalece si se toma en consideración que la resolución de término constitucional es autónoma e independiente de aquél mandato de captura; consecuentemente, al haberse emitido auto de vinculación a proceso en contra del promovente del amparo en el proceso penal 151/2014, lógicamente que su situación jurídica ahora es consecuencia de esa resolución y no de la orden de aprehensión que reclamó en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo por analogía, la Jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999).- Una correcta interpretación de la fracción X del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de amparo en vigor a partir del nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por virtud de las reformas de las que fue objeto, lleva a colegir que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. Sin embargo, cuando por vía de amparo indirecto se reclama violación a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia. Por lo que si el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión por violación directa al artículo 16 constitucional, la hipótesis de que sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones, no se adecua a dicho acto, ya que carece de ese alcance. Por consiguiente, si durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, se le decretó al quejoso auto de formal prisión, y en consecuencia existió un cambio de situación jurídica, al pasar de indiciado a procesado, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en la orden de aprehensión, porque no se puede decidir en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica aunque persistieran las violaciones que se aducen." En las relatadas condiciones, lo procedente es decretar sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia 10/2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo en cuanto a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras Procuradora General de Justicia del Estado y Comandante de Aprehensiones Uno de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia de la orden de aprehensión que libró en contra del aquí quejoso la juez señalada como autoridad ordenadora. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, personalmente al quejoso "

  4. Principal

    En doce de mayo de dos mil quince, el Secretario de Juzgado, licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el escrito registrado con folio 8461.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de mayo de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por el licenciado Felipe de Jesús Padilla Nava, autorizado del quejoso ********************, por virtud del cual solicita se tenga por desistido de la demanda de amparo a su representado. En consecuencia, requiérase al impetrante para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente debidamente identificado ante este Juzgado con la finalidad de ratificar su escrito de cuenta, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará con el curso normal del presente juicio. Notifíquese por personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano