Juan Manuel Muñoz Páez

Expediente 920/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
920/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Juan Manuel Muñoz Páez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    El trece de septiembre de dos mil veintidós, el suscrito Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, certifico que: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del siete al veinte de diciembre de dos mil veintiuno, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de derechos en que se actúa; De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión en el que por una parte se negó la suspensión definitiva y por otra se declaró sin materia el mismo; sin embargo, no se exhibió billete de depósito; No existen constancias por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en este juicio en la que se sobreseyó en el presente asunto; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte; en razón de que se negó la suspensión definitiva, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el Artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Luis. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del catorce de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: ...Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la promoción de cuenta con folio 17482, para que obre como corresponda, signada por el quejoso Juan Manuel Muñoz Páez; por la que informa a este juzgado en esencia, que en diligencia de diecinueve de noviembre del presente año, se le tuvo por acogido al beneficio de suspensión condicional de la condena y se dejó sin efecto la orden de aprehensión girada en su contra. Por otra parte, glósense a los autos las promociones de cuenta, registradas con los folios 17626, 17638 y 17643, signadas por la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Director General de la Policía General de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del estado y Juez de Ejecución de Sanciones del estado, todos con sede en esta ciudad, respectivamente; en atención a su contenido; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de las referidas responsables. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad señalada en último término las constancias que adjunta a su comunicado; mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas. Ahora, de las constancias supracitadas se desprende en esencia, que el diecinueve de noviembre del año en curso, tuvo verificativo una audiencia en la que el quejoso Juan Manuel Muñoz Páez, celebró un convenio con la víctima para el cumplimiento del pago de la reparación del daño al que fue condenado dentro de los autos de la carpeta 231/2021, del índice del Juzgado de Ejecución de Sanciones del estado, con sede en esta ciudad, por lo que se le tuvo por acogido al beneficio de la suspensión condicional de la condena y se ordenó la cancelación de la orden de aprehensión girada en su contra. En consecuencia, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto al acto del que se duele el justiciable, consistente en la orden de aprehensión; ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVII del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de derechos relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de derechos concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. La regla general anterior tiene como excepción los casos en que se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ese supuesto solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. Como consecuencia de lo expuesto, en el juicio de amparo en materia penal deben analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 de la Constitución Federal, a la luz de la regla general que establece la mencionada, pues únicamente en tratándose de las violaciones a los artículos 19 y 20 constitucionales puede atenderse a la regla específica relativa a que solo acontece el cambio de situación jurídica con el dictado de la sentencia de primera instancia. Es ilustrativa de lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto" En el caso que nos ocupa, la autoridad responsable Jueza de Ejecución de Sanciones del estado, con sede en esta ciudad remitió copia certificada del registro audiovisual de la audiencia celebrada el diecinueve de noviembre del presente, dentro de los autos de la carpeta 231/2021, en la que el quejoso Juan Manuel Muñoz Páez, celebró un convenio con la víctima para el cumplimiento del pago de la reparación del daño al que fue condenado dentro de los autos de la carpeta 231/2021, del índice del Juzgado de Ejecución de Sanciones del estado, con sede en esta ciudad, por lo que se le tuvo por acogido al beneficio de la suspensión condicional de la condena y se ordenó la cancelación de la orden de aprehensión girada en su contra; documentales a las que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades y de las cuales se advierte que el ahora quejoso se encuentra en libertad al haberse acogido al beneficio de suspensión condicional. Por tanto, es evidente que al quedar sin efecto la orden de aprehensión girada contra el ahora quejoso, proceso implica un cambio de situación jurídica respecto de la detención del procesado; dado que en esta instancia constitucional, el quejoso combate la afectación a su libertad personal; sin embargo, la autoridad responsable informó que el diecinueve de noviembre del año en curso, fue cancelada la orden de aprehensión girada en contra del quejoso Juan Manuel Muñoz Páez, dentro de los autos de la carpeta 231/2021; audiencia de la cual remitió copia certificada del audio y video. Por tanto, se insiste, su situación jurídica cambió de tal manera que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden de aprehensión y/o detención que ahora reclama, al no poder tener como efecto la posible concesión de amparo la insubsistencia de tal contexto procesal. En relación a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De lo anterior se obtiene, que al haber ocurrido un cambio de situación jurídica, esto es, fue cancelada la orden de aprehensión girada contra el ahora quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En tales consideraciones, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia en el presente juicio, por lo que se impone necesario sobreseer fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes en consulta. Por ende, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las diez horas con veinte minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.....

  3. Principal

    El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 17482, 17626, 17638 y 17643. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la promoción de cuenta con folio 17482, para que obre como corresponda, signada por el quejoso Juan Manuel Muñoz Páez; por la que informa a este juzgado en esencia, que en diligencia de diecinueve de noviembre del presente año, se le tuvo por acogido al beneficio de suspensión condicional de la condena y se dejó sin efecto la orden de aprehensión girada en su contra. Por otra parte, glósense a los autos las promociones de cuenta, registradas con los folios 17626, 17638 y 17643, signadas por la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Director General de la Policía General de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del estado y Juez de Ejecución de Sanciones del estado, todos con sede en esta ciudad, respectivamente; en atención a su contenido; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de las referidas responsables. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad señalada en último término las constancias que adjunta a su comunicado; mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas. Ahora, de las constancias supracitadas se desprende en esencia, que el diecinueve de noviembre del año en curso, tuvo verificativo una audiencia en la que el quejoso Juan Manuel Muñoz Páez, celebró un convenio con la víctima para el cumplimiento del pago de la reparación del daño al que fue condenado dentro de los autos de la carpeta 231/2021, del índice del Juzgado de Ejecución de Sanciones del estado, con sede en esta ciudad, por lo que se le tuvo por acogido al beneficio de la suspensión condicional de la condena y se ordenó la cancelación de la orden de aprehensión girada en su contra. En consecuencia, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto al acto del que se duele el justiciable, consistente en la orden de aprehensión; ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVII del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de derechos relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de derechos concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. La regla general anterior tiene como excepción los casos en que se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ese supuesto solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. Como consecuencia de lo expuesto, en el juicio de amparo en materia penal deben analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 de la Constitución Federal, a la luz de la regla general que establece la mencionada, pues únicamente en tratándose de las violaciones a los artículos 19 y 20 constitucionales puede atenderse a la regla específica relativa a que solo acontece el cambio de situación jurídica con el dictado de la sentencia de primera instancia. Es ilustrativa de lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto" En el caso que nos ocupa, la autoridad responsable Jueza de Ejecución de Sanciones del estado, con sede en esta ciudad remitió copia certificada del registro audiovisual de la audiencia celebrada el diecinueve de noviembre del presente, dentro de los autos de la carpeta 231/2021, en la que el quejoso Juan Manuel Muñoz Páez, celebró un convenio con la víctima para el cumplimiento del pago de la reparación del daño al que fue condenado dentro de los autos de la carpeta 231/2021, del índice del Juzgado de Ejecución de Sanciones del estado, con sede en esta ciudad, por lo que se le tuvo por acogido al beneficio de la suspensión condicional de la condena y se ordenó la cancelación de la orden de aprehensión girada en su contra; documentales a las que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades y de las cuales se advierte que el ahora quejoso se encuentra en libertad al haberse acogido al beneficio de suspensión condicional. Por tanto, es evidente que al quedar sin efecto la orden de aprehensión girada contra el ahora quejoso, proceso implica un cambio de situación jurídica respecto de la detención del procesado; dado que en esta instancia constitucional, el quejoso combate la afectación a su libertad personal; sin embargo, la autoridad responsable informó que el diecinueve de noviembre del año en curso, fue cancelada la orden de aprehensión girada en contra del quejoso Juan Manuel Muñoz Páez, dentro de los autos de la carpeta 231/2021; audiencia de la cual remitió copia certificada del audio y video. Por tanto, se insiste, su situación jurídica cambió de tal manera que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden de aprehensión y/o detención que ahora reclama, al no poder tener como efecto la posible concesión de amparo la insubsistencia de tal contexto procesal. En relación a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De lo anterior se obtiene, que al haber ocurrido un cambio de situación jurídica, esto es, fue cancelada la orden de aprehensión girada contra el ahora quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En tales consideraciones, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia en el presente juicio, por lo que se impone necesario sobreseer fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes en consulta. Por ende, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las diez horas con veinte minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el Estado, ante Angélica Bobadilla Larios, Secretaria que autoriza y da fe. mash

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia incidental en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 920/2021, ante Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, quien actúa con la secretaria Angélica Bobadilla Larios, que autoriza y da fe, se procedió a su celebración sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia. La secretaria da lectura a la copia del escrito inicial de demanda promovida por Juan Manuel Muñoz Paez, auto de diecinueve de noviembre del año en curso, los informes previos rendidos por las autoridades responsables Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Director General de la Policía General de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del estado y Juez de Ejecución de Sanciones del estado, todos con sede en esta ciudad. A lo anterior el juez provee: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar; por rendidos los informes previos de las autoridades responsables citadas. En el periodo de pruebas. La secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. A lo que el juez determina. Al no existir medios de convicción por desahogar, se tiene por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas y se da por concluido el presente periodo. En periodo de alegatos. La secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. A lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos. VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 920/2021, promovido por Juan Manuel Muñoz Paez, contra actos del Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Estado y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, y turnado a este Juzgado, Juan Manuel Muñoz Páez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Con el carácter de ordenadoras El C. JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZACATECAS, con domicilio en Boulevard Héroes de Chapultepec número 2002, Ciudad Gobierno Zacatecas, Zacatecas. JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES, con domicilio ampliamente conocido en Carretera Francisco I. Madero km. 1.5 C. Cieneguillas Zacatecas. C.E.R.E.S.O. Con el carácter de ejecutora A) LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL DE ZACATECAS con domicilio en Circuito Zacatecas 401 A Ciudad Administrativa, Zacatecas. IV.- ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: A) DE LAS ORDENADORAS: La orden de aprehensión que han girado en mi contra. B) DE LA EJECUTORA: La ejecución que de la ORDEN DE APREHENSIÓN pretende llevar a cabo." SEGUNDO. El diecinueve de noviembre del año en curso, se admitió la demanda de amparo, se ordenó tramitar por duplicado y por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 920/2021, se solicitó a las autoridades responsables su informe previo y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33 fracción IV, 1, fracción I, 132, 144 de la Ley de Amparo vigente; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Por razón de técnica jurídica y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual señala que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva debe contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados que se obtengan del estudio y análisis conjunto de la demanda, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Bajo esa tesitura, el acto reclamado en esta instancia consiste en la orden de aprehensión dictada contra el quejoso. TERCERO. Las autoridades responsable Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Director General de la Policía General de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del estado manifestaron que no es cierto el acto reclamado. Por su parte, el Juez de Ejecución de Sanciones del estado, señaló que es parcialmente cierto el acto reclamado, ya que el quejoso tiene el carácter de sentenciado por el delito de abandono de familiares. Motivo de lo anterior, el quejoso fue sentenciado a una pena privativa de la libertad de un año; por lo que se le ofreció un beneficio de suspensión condicional, el cual quedó supeditado a que el quejoso seleccionara una de las opciones planteadas por la autoridad, y al no hacerlo, se giró la orden de aprehensión contra el impetrante del amparo; no obstante, llegó a un convenio con la víctima y se canceló la orden de aprehensión. CUARTO. Negativa en la existencia de los actos reclamados. Por lo que hace a las autoridades responsable Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Director General de la Policía General de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del estado, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, consistentes en la orden de aprehensión girada contra el quejoso. En contra de dicha negativa, el peticionario del amparo no proporcionó prueba alguna que hiciera presumible la existencia del acto reclamado. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/19, emitida en la novena época, con número de registro digital 204855, que se inserta a continuación: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." En consecuencia de lo anterior, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, contra el acto reclamado a las autoridades que anteriormente se señalan. QUINTO. Improcedencia de la suspensión. Por lo que versa a la autoridad restante Juez de Ejecución de Sanciones del Estado, es menester precisar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, dentro de los requisitos para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados a petición de parte son: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza; 4. La quejosa debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Las consideraciones anteriores se encuentran contenidas en la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página: 2347: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal". En el caso específico, el acto reclamado por el quejoso, consistente en la orden de aprehensión girada en su contra dejó de existir. En efecto, como se mencionó en líneas que anteceden el Juez de Ejecución de Sanciones del estado, señaló como parcialmente cierto el acto reclamado, ya que originalmente, sí había girado una orden de aprehensión en contra de Juan Manuel Muñoz Páez, ya que no escogió en tiempo y forma alguno de los beneficios sustitutivos que se le ofreció, ya que ostenta el carácter de sentenciado por un delito que la ley considera como menor; sin embargo, al llegar a un convenio con la víctima, la juez de origen determinó cancelar la orden de aprehensión, lo que deja inexistente el acto reclamado. A ningún sentido práctico tendría analizar la ilegalidad del acto impugnado, si el acto de la autoridad responsable ya fue reparado a través de tal convenio; por lo que ese arreglo entre las partes prevalecen respecto a la medida cautelar solicitada. En consecuencia, es evidente que el presente incidente respecto del acto reclamado al Juez de Ejecución de Sanciones del Estado, ha quedado sin materia al acto reclamado, al no existir acto reclamado, ni menoscabo en el derecho a la libertad del quejoso. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 128, 139, 138, 140 y relativos de la Ley de Amparo; se RESUELVE: PRIMERO. Se niega a Juan Manuel Muñoz Paez, la suspensión definitiva solicitada, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se declara sin materia la suspensión definitiva solicitada por Juan Manuel Muñoz Paez, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe. GEE

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