Juan Manuel Moreno Curiel

Expediente 1310/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 1 actuación registrada, la última del 16 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1310/2016
Año
2016
Actuaciones
1
Última actuación
16/12/2016

Partes del expediente

  • Juan Manuel Moreno Curiel

Actuaciones

  1. Principal

    ...... Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Moreno Curiel y Norma Lorena Alcalá Flores, contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1310/2016-3, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado y autoridad responsable las siguientes: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: PRIMERA SALA CIVIL Y DE LO FAMILIAR DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, con domicilio y residencia oficial ampliamente conocida en esta Ciudad de Zacatecas, Zacatecas. IV. ACTO RECLAMADO. A la autoridad señalada como ordenadora, le reclamado: LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA de fecha quince de noviembre del año dos mil dieciséis, dictada dentro de los autos del TOCA A.C. 383/2016, mediante la cual declara en el RESOLUTIVO PRIMERO que se confirma la resolución interlocutoria de fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, dictada por el C. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE JEREZ DE GARCÍA SALINAS, ZACATECAS, dentro de los autos del JUICIO HIPOTECARIO número 146/2010 promovido por el señor JOSÉ GERARDO CABALLERO AMAYA, resolución que se reclama por considerar que viola en perjuicio de los hoy quejosos derechos fundamentales que se encuentran reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales en los que el estado Mexicano sea parte. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Por otra parte, apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalan como acto reclamado, la resolución de quince de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, en la cual, confirmó la sentencia interlocutoria de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, emitida por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, en el expediente 146/2010, relativo al juicio hipotecario promovido por José Gerardo Caballero Amaya contra los quejosos, en la que previamente desechó el incidente de reconocimiento de pagos parciales y posteriormente aprobó el remate de un bien inmueble y otorgó la adjudicación a la parte actora. Ahora bien, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De igual forma, del análisis de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes de los actos reclamados y que son: 1. Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, se tramita el juicio hipotecario número 146/2010, promovido por José Gerardo Caballero Amaya en su carácter de apoderado de Metrofinanciera, sociedad anónima de capital variable, contra los quejosos, una vez seguidas las etapas legales correspondientes el cinco de septiembre de dos mil doce, se dictó la sentencia correspondiente. 2. Contra esa resolución los quejosos interpusieron recurso de apelación el cual fue resuelto el veintiocho de noviembre de dos mil trece, en la que fue confirmada la resolución recurrida. 3. Ante esa determinación, los quejosos interpusieron demanda de amparo directo en el cual fue negada la protección de la Justicia Federal. 4. El tres de febrero de dos mil quince, se ordenó sacar a remate en primera almoneda y pública subasta el inmueble embargado, para lo cual se señaló el veintiocho de abril de dos mil dieciséis. 5. El veintiocho de abril de dos mil dieciséis, durante la diligencia de remate del bien embargado, el juez natural tuvo por presentado incidente de reconocimiento de pagos parciales promovido por los quejosos y le dio vista a la parte actora quien solicitó se desechara el citado incidente, el juez natural desechó el mismo, continuó con la diligencia en la cual la parte actora solicitó se le adjudicara a su representada el bien inmueble rematado y se ordenó su adjudicación. 6. El veintinueve de abril de dos mil dieciséis se dictó resolución de aprobación de remate celebrado el veinticinco de citado mes y año y se ordenó la adjudicación del bien inmueble rematado. 7. Inconformes los quejosos con esa determinación interpusieron recurso de apelación, por lo que se formó el toca A.C. 383/2016, del cual correspondió conocer a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, quien el quince de noviembre del año en curso confirmó la resolución recurrida. Este es el acto reclamado por los quejosos en esta vía. En atención a lo anterior, la suscrita resolutora, por cuanto hace al precisado acto reclamado; considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". Como punto de partida, debemos precisar que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Argumentos que tiene sustento en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: ESA ETAPA.- Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Este concepto se ha definido en forma genérica como la que declara cumplida la sentencia o convenio que tiene la calidad de cosa juzgada; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla. Esto implica la culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa y se observaron las formalidades esenciales del procedimiento. Acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica: a) resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena que es cosa juzgada, o sea que tienden a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada; b) resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; c) interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones; d) sentencias que resuelven una cuestión que guarda autonomía con la ejecución; y, e) actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, sea por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o que tenga autonomía o sea preparatoria, por modificar, extinguir o crear un derecho sustantivo distinto al objeto de la controversia que tenga la calidad de cosa juzgada, es posible establecer cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que tiene naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, porque crea, modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías." En tales condiciones, debe concluirse que en la especie se hace presente la causa de improcedencia prevista por la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, por lo que, es procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Juan Manuel Moreno Curiel y Norma Lorena Alcalá Flores. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia al licenciado Ermilo de la Rosa Velázquez, toda vez cuenta con cédula profesional número 3152233, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, asimismo como también lo solicitan los promoventes del amparo se tiene como autorizada de su parte para recibir notificaciones e imponerse de los autos en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la ley reglamentaria en consulta a Elizabeth González Baltazar, y como domicilio para tal fin el ubicado en Andador San Isidro Labrador número 4, Fraccionamiento San Francisco de Herrera, de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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