Juan Manuel Espinosa González

Expediente 385/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
385/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Juan Manuel Espinosa González

Actuaciones

  1. Principal

    se notifica por medio de lista a la parte quejosa Visto el estado de autos y toda vez que ha trascurrido el plazo otorgado a la parte quejosa a efecto que desahogará la vista formulada en auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en el sentido de que manifestará lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; sin que desahogara la vista concedida. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio o no, cabal cumplimiento al fallo protector. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la sentencia emitida por este Juzgado Federal, el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, se otorgó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "(.) procede otorgar el amparo y protección que solicita la quejosa, para el efecto de que se deje insubsistente el oficio DS/SP/DPSH/3554/2018, de siete de noviembre de dos mil dieciocho, por el cual se determinó que el quejoso se encuentra en el supuesto de incompatibilidad de pensión y, en su lugar, emita otro en el que prescinda de la aplicación del artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete y del 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que contiene la restricción; realice el ajuste respectivo y reintegre al quejoso las cantidades que correspondan en el caso de que hubiere dejado de realizar algún pago; así como para que no le se apliquen, en lo subsecuente, los artículos declarados inconstitucionales.". Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, mismo que conoció el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien en resolución de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión R.A. 61/2019, en sus puntos resolutivos estableció: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. - - - SEGUNDO. Queda firme el sobreseimiento decretado en el considerando segundo de la sentencia recurrida, por el Juez de Distrito. - - - TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Sergio Leyva Melo, en contra de la autoridad y los actos precisados en el resultando primero de la sentencia recurrida, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el considerando quinto del propio fallo.". En auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvieron por recibidos los autos y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento al fallo protector, mediante oficio registrado con el folio 2755, la autoridad responsable Delegación Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitió copia certificada de la resolución de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en la que dejó insubsistente el oficio DS/SP/DPSH/3554/2018, de siete de noviembre de dos mil dieciocho y precisó que ya no se le aplicará en lo presente y en lo futuro en perjuicio de la parte quejosa el artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete y del 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, asimismo realizó el ajuste respectivo a la pensión por jubilación 1658058. Asimismo, precisó que a partir del diciembre de dos mil diecinueve, el quejoso se encontraría percibiendo de manera íntegra su pensión por viudez y que el saldo a su favor era por la cantidad de $303,192.38 (trescientos tres mil ciento noventa y dos pesos 38/100 moneda nacional) por concepto de diferencia aplicadas a la pensión; dicha resolución fue notificada el veinticuatro de octubre del mismo año. Asimismo, remitió el oficio DS/SP/DPSH/UCS/0242/2021, en el que incorporó captura del talón de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se advierte el pago de alta en la nómina del quejoso con número de pensión 1658058, y del acta administrativa por comparecencia de trece de marzo de dos mil veinte, en la que obra la entrega al quejoso del cheque 0007444 de treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, expedido por la cantidad de $303,192.38 (trescientos tres mil ciento noventa y dos pesos 38/100 moneda nacional), precisada en oficio DS/SP/DPSH/3554/2018, de siete de noviembre de dos mil dieciocho. En consecuencia, a criterio de este juzgado se encuentra cumplida dicha ejecutoria; es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado; en ese tenor, es inconcuso que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, y personalmente la parte quejosa.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido por la Magistrada Titular de la Ponencia Uno de la Primera Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, mediante el cual remite copia certificada de los acuerdos dictados el doce de agosto de dos mil veinte y nueve de abril del presente año, en los que aduce dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia de los oficios registrados con los folios 2886 y 2596 y anexos que se acompañan, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado realizará el pronunciamiento correspondiente con base en los elementos que obran en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    RESOLUCIÓN. PRIMERO. Se declara procedente el incidente innominado iniciado en el juicio de amparo 1344/2016 aperturado de oficio por este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. En el momento procesal oportuno, requiérase a la autoridad responsable, para que devuelva a la parte quejosa la cantidad razonada en el segundo considerando de esta resolución. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y, por lista a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos del artículo 26, fracciones II, inciso a) y, III, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo. Integración del expediente. Fórmese el expediente 385/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación. Analizada la demanda en su integridad, este órgano jurisdiccional considera que legalmente carece de competencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por razón de la materia para conocer de la misma. Para demostrar esa conclusión es importante señalar que el acto reclamado es: "(.) Los actos reclamados bajo protesta de verdad son Traslado de los quejosos de la penitenciaría CDMX a otro centro diverso dentro o fuera de CDMX fuera de procedimiento (ataques a la libertad personal) que pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad personal de los quejosos y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 ley de amparo Reubicación de los quejosos del dormitorio cuatro zona uno estancia once a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa fuera de procedimiento (ataques a la libertad personal) que pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad personal de los quejosos y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 ley de amparo (.)" Lo anterior, evidencia que los efectos y consecuencias de la orden reclamada son de naturaleza penal, esto es, una materia distinta de la conoce este Juzgado. Por ende, se estima que la competencia para conocer del acto reclamado corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal. Ello es así, pues aunque la orden de cambio de área o lugar ya no afecta directamente la libertad personal de los promoventes, éstos pueden verses afectados mediante actos que determinen su permanencia en dicha situación o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Bajo este contexto, aun cuando el cambio de área dentro del mismo centro penitenciario o de diverso centro, por sí solo, no afecta la libertad personal de los quejosos, indirectamente modifica las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo o bien ejecutarse, además de que pudiera lesionar directamente otros derechos. Por lo anterior y conforme a la nueva visión constitucional que tutela los derechos de la persona, cuando el juicio de amparo se promueve contra actos que afectan indirectamente la libertad de los promoventes, por el referido cambio de área o centro penitenciario, evidentemente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo, por analogía, la Jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. A COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA", respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada". En consecuencia, conforme a los artículos ya citados, este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declara incompetente por razón de la materia. Ahora bien, cabe destacar que de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio se advierte que los quejosos señalaron como autoridades responsables a: "(.) Jueces de distrito de amparo en materia penal de CDMX (del 1o al 16vo) Jueces de distrito con especialidad o subespecialidad en materia penal o mixtos de edomex Morelos Puebla Querétaro Hidalgo Tlaxcala Veracruz Guerrero Guanajuato Michoacán Jalisco Oaxaca Campeche San Luis Potosí Zacatecas Chiapas Aguascalientes Colima y Nayarit y Nuevo León (todos los del circuito) (.)". De lo antes expuesto, se evidencia que los efectos y consecuencias de la orden reclamada son de naturaleza penal. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 32 y 38 de la Ley de Amparo, se remite el presente asunto al Juez de Distrito más cercano que conozca de los juicios de amparo en materia penal, en el caso el Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, en turno. Lo anterior es así, pues aun y cuando la denominación de dicho juzgado no se encuentra especializado en materia penal, al ser un juzgado mixto, se considera que debe conocer del asunto en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: P./J. 44/2001,1 cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito". Así como, la Tesis: I.3o.C.56 K ,2 que indica: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS ESPECIALIZADOS PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO. NO PUEDE PRORROGARSE A FAVOR DE UNO DE DISTINTA MATERIA. De lo dispuesto en los artículos 29, fracción I y 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desprende que los Tribunales Unitarios de Circuito tienen competencia para conocer de juicios de amparo contra actos de otros Tribunales Unitarios, ya sea genérica, esto es, en cualquier materia, o especializada en determinada materia o materias; supuesto este último que les impide conocer de asuntos relacionados con otras materias que legalmente no tienen asignadas, pues la prórroga de jurisdicción opera exclusivamente respecto de competencia por territorio, no así tratándose de competencia por materia. En efecto, la prórroga de jurisdicción es la prolongación, continuación o extensión de la competencia de un órgano jurisdiccional para que conozca de un determinado asunto, pero en el juicio constitucional sólo es válida cuando se trata de cuestiones relacionadas con el territorio, no en cuanto a la materia, según lo reconocen expresamente los artículos 13, 19 y 23 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el amparo. Sobre esas premisas, debe entenderse el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece que cuando se declare impedido un Magistrado de Tribunal Unitario de Circuito conocerá del asunto el más próximo a la residencia de aquél; de ahí que, por regla general, será otro del mismo circuito al que pertenece cuando existan varios especializados en la misma materia o sean mixtos, pero cuando no exista otro Tribunal Unitario o éste se encuentre especializado, o existiendo varios de la misma materia no puedan conocer del asunto en cuestión, operará la regla específica de su envío al órgano más próximo que tenga competencia en esa materia, aunque no pertenezca al mismo circuito, lo cual no es contrario a la teleología del artículo en comento que no debe ser interpretado de manera aislada, sino con el conjunto de normas que regulan específicamente a la competencia, entre éstas, las de la Ley de Amparo, la señalada ley orgánica y el Código Federal de Procedimientos Civiles que precisan, en primer lugar, que para que surta efecto la prórroga de competencia debe atenderse a la materia, luego, a otras características, como es el territorio, por lo que tratándose de impedimentos de Magistrados de Tribunales Unitarios de Circuito pueden darse las siguientes hipótesis: a) Que el Magistrado que preside un Tribunal Unitario esté impedido para conocer del asunto sometido a su potestad, supuesto en el que, por regla general, el que debe abocarse a su estudio será otro del mismo circuito al que pertenece cuando existan varios especializados en la misma materia o sean mixtos; b) Que el Magistrado de un Tribunal Unitario se encuentre impedido para conocer del asunto en cuestión, caso en el que quien debe conocer será otro de diferente circuito al que pertenece cuando únicamente exista uno, pero en este supuesto, además de lo anterior, debe atenderse a la materia cuando en el circuito más cercano existan tribunales especializados; y, c) Cuando el Magistrado que preside un Tribunal Unitario especializado en determinada materia, esté impedido para conocer de cierto asunto, y en el circuito al que pertenece no exista otro Tribunal Unitario especializado en la misma materia o habiendo varios de esa materia no puedan conocer del asunto en cuestión, hipótesis en que se abocará a su análisis el órgano unitario más próximo aunque no pertenezca al mismo circuito, siempre que aquél fuese mixto o conozca de asuntos de igual materia". Por lo tanto, se ordena que las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa se remitan digitalizadas vía interconexión al Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, en turno, a quien se solicita se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Sin que se forme cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que las constancias serán remitidas de manera electrónica. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez al que se le declina competencia. Suspensión de plano Con fundamento en el artículo 161 de la Ley de Amparo se concede la suspensión de plano solicitada respecto al acto reclamado consistente en la reubicación de los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González del dormitorio 4, zona uno, estancia once, a diverso modulo o área o en su caso diverso centro de reclusión. Lo anterior, sin que este Juzgado de Distrito condicione dicha medida, ya que se contravendría el efecto útil de la misma. Máxime que el legislador no introdujo matices o requisitos adicionales en el propio artículo 161, citado con antelación. Asimismo, en relación con los actos que los quejosos hacen consistir tortura física y psicológica, intimidación, tormentos, incomunicación, segregación y confinamiento, que aducen se ejecutan en su contra, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, en relación con el diverso 15, ambos de la Ley de Amparo, se concede a los directos quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, la suspensión de plano para que cesen de manera inmediata los actos mencionados, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Informe sobre suspensión de plano Por consiguiente, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este proveído, informen sobre el cumplimiento dado a esta medida, con el apercibimiento que de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrá incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, de la Ley de la Materia, que dice: "La autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Domicilio Por otra parte, con base en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones, el lugar donde se encuentra recluidos, esto es, en el interior de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Habilitación Actuario. Se habilita al actuario judicial para que, en caso de no encontrar a los quejosos, obtenga informes sobre su localización, a efecto de que sea cumplida la suspensión que en este acto se decreta; apercibiendo a tales autoridades que deberán estarse a lo dispuesto en el auto de que se trata, y de no cumplir con ello se harán acreedoras de las sanciones previstas en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita el horario de notificación al actuario adscrito a este juzgado, a efecto de que notifique personalmente al quejoso el presente auto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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