Juan Manuel Espinosa González
Expediente 1266/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1266/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan Manuel Espinosa González
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo remitidas vía interconexión, e informa que se avoca al conocimiento del asunto, asignándole el juicio de amparo 1/2021. En virtud de lo antes expuesto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis contenida en el inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General; lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes transcurridos tres años contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción la cual deberá ser remitida a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el tercer párrafo del numeral antes precisado. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. Por otra parte, téngase por realizada la certificación de cuenta en la que teniendo a la vista el presente expediente, se advierte que no obran glosados documentos originales presentados por la parte quejosa. Finalmente, glósese a los presentes autos el oficio del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; atento a su contenido, infórmesele lo aquí proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en el cual transcribe la literalidad del acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en el que declaró incompetencia por razón de territorio a favor de este órgano jurisdiccional, en virtud que los quejosos se encuentran recluidos en la "Penitenciaria CDMX". Registro de demanda En tal virtud, fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1266/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. Sentido de la determinación inicial. Analizada la demanda en su integridad, este órgano jurisdiccional considera que legalmente carece de competencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por razón de la materia para conocer de la misma. Para demostrar esa conclusión es importante señalar que los quejosos señalaron como acto de molestia la incomunicación, malos tratos, tortura física y psicológica, así como cualquier acto de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, evidencia que los actos reclamados por la parte quejosa, se refieren a actos de tortura impugnados de manera autónoma; los cuales, son de naturaleza penal, y por ende, se considera que la competencia para conocer del presente juicio de amparo corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dispone: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: - - - I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; - - - (.)". En efecto, uno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, es la tortura y éste es un acto en materia penal; y sobre el tema de la competencia por razón de materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida; y no, precisamente, por las disposiciones que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo cual, regularmente, se puede determinar, mediante el análisis de las pretensiones reclamadas, los hechos narrados y las pruebas aportadas. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia identificada con el número P./J. 83/98, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página veintiocho del tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda.". De esta manera, puesto que en el presente juicio la litis se centra en los actos de tortura reclamados de manera autónoma por la parte quejosa, así como su impacto en diversos ámbitos de su esfera jurídica, con fundamento en el artículo 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, resulta procedente declinar competencia al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. En consecuencia, conforme a los artículos ya citados, este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declara incompetente por razón de la materia. Se ordena que las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa se remitan digitalizadas vía interconexión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se solicita se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Sin que se forme cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que las constancias serán remitidas de manera electrónica. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez al que se le declina competencia. Lo anterior, hágase del conocimiento al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí para los efectos legales conducentes. Suspensión de plano Sin que haya lugar a emitir pronunciamiento respecto de la suspensión de plano solicitada, ya que en acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, concedió la suspensión de oficio y de plano a fin de que cesaran de inmediato los actos de tortura y demás prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Sin perjuicio de lo que decida el Juez competente respecto de la suspensión provisional y definitiva respecto de ese acto. Domicilio Se proveyó lo correspondiente en acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese.
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