Juan Manuel Espinosa González

Expediente 215/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
215/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Juan Manuel Espinosa González

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual informa que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco se avocó al conocimiento del presente asunto y aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional en auto de doce de marzo de dos mil veintiuno registrándolo con el número de amparo 147/2021-II, de su índice, lo que se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, vista la reserva ordenada en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno se ordena remitir la promoción con registro 2267 al Juzgado que acepta competencia, sin que sea necesario acusar recibo de la misma, toda vez que el contenido y recepción que se asiente en la constancia y notificación del oficio correspondiente, hace las veces del acuse respectivo; lo anterior, en términos del Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, que establece las medidas de austeridad, optimización, disciplina presupuestal y mejora de la gestión, capítulo III, inciso F), 1.d. Ahora bien, al no existir acuerdo pendiente que proveer, ni diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso j), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se declinó la competencia y esta fue aceptada; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial de veintitrés de febrero del presente año, en la que el actuario adscrito a este Juzgado, asienta los motivos por los que no pudo notificar en forma personal a los terceros interesados: Sara Ramírez Castillo y/o Sara Ramírez de Galindo, su sucesión; Ignacio Carlos Zaragoza Mora; Francisco Emilio Zaragoza y Mora y/o Francisco Emilio Zaragoza Mora y/o Francisco Emiliano Zaragoza Mora, su sucesión y María Luisa Mora Pérez, su sucesión, la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte y el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, con copia del escrito de expresión de agravios de la parte quejosa, en el domicilio señalado para tal efecto, toda vez que al acudir al mismo, le informaron que no conocen a los citados terceros. Dicho supuesto resulta equiparable a la falta de designación del domicilio por parte de los terceros, en tanto que se impide el objetivo de lograr la práctica de notificaciones personales al interesado, por lo tanto con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícese la citada notificación por lista de acuerdos a los terceros interesados de referencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 20/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Notifíquese por lista de acuerdos a los terceros interesados en el presente juicio de amparo, la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte y el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio con número de orden 2213 del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual comunica el auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, en el que no acepta la competencia para conocer del presente juicio de amparo. Lo anterior, en virtud de que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Jueces de Distrito en los estados de Morelos, Puebla, Querétaro e Hidalgo, esto es, indicó a todos los Jueces de Distrito de cierta especialidad, de cinco circuitos judiciales, por lo que en atención a lo dispuesto en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, el juzgado oficiante tiene carácter de autoridad responsable, por lo que, no puede tenerse el doble carácter, de parte procesal (autoridad responsable) y Juez de amparo. Motivo por el cual, al resultar el lugar más cercano en donde tienen ejecución los actos reclamados, envió la demanda de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en Turno, por conducto de la oficina de correspondencia común, para el efecto de conocer del presente juicio de amparo. Se toma conocimiento de lo anterior; asimismo, acúsese recibo correspondiente y estese a la espera de que el Juez oficiante, informe sobre la competencia planteada al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en Turno. Por otra parte, glósese a los presentes autos los oficios con registro de correspondencia 2157, 2160, 2161, 2192 del Encargado de la Subdirección de Seguridad, del Presidente del Comité Técnico y del Director, todos adscritos a la Penitenciaria; así como de la Jefa de Gobierno, todos de la Ciudad de México, por el que rinden su informe en relación a la suspensión de plano decretada en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a las personas que menciona; y, con apoyo en el artículo 28, fracción I, de la citada ley, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.

  4. Principal

    Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida por Rodrigo Carrillo Valencia en representación de Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, contra actos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Integración del expediente. Fórmese el expediente 215/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Analizada la demanda en su integridad, este órgano jurisdiccional considera que legalmente carece de competencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por razón de la materia para conocer de la misma. Para demostrar esa conclusión es importante señalar que el acto reclamado es: "La reubicación de los quejosos del "dormitorio cuatro zona uno estancia once a otro dormitorio diverso módulo o área diversa que pone en riesgo grave la salud vida integridad y dignidad personal de los quejosos". Asimismo, los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González refieren que personal de seguridad y custodia de la penitenciaría de la Ciudad de México realizó actos manifiestos de agresión psicofísica, tortura, intimidatorios y discriminatorios. De igual manera, se señala en la demanda que existen certificados médicos de los quejosos del cinco al treinta de diciembre de dos mil veinte donde se demuestran actos de tortura, intimidación, tormento físico y angustia síquica. Lo anterior, evidencia que los efectos y consecuencias de la orden reclamada son de naturaleza penal, esto es, una materia distinta de la conoce este Juzgado. Por ende, se estima que la competencia para conocer del acto reclamado corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Ello es así, pues aunque la orden de cambio de área o lugar ya no afecta directamente la libertad personal de los promoventes, éstos pueden verses afectados mediante actos que determinen su permanencia en dicha situación o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Bajo este contexto, aun cuando el cambio de área dentro del mismo centro penitenciario o de diverso centro, por sí solo, no afecta la libertad personal de los quejosos, indirectamente modifica las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo o bien ejecutarse, además de que pudiera lesionar directamente otros derechos. Por lo anterior y conforme a la nueva visión constitucional que tutela los derechos de la persona, cuando el juicio de amparo se promueve contra actos que afectan indirectamente la libertad de los promoventes, por el referido cambio de área o centro penitenciario, evidentemente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo, por analogía, la Jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. A COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA", respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada". En consecuencia, conforme a los artículos ya citados, este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declara incompetente por razón de la materia. Se ordena que las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa se remitan digitalizadas vía interconexión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se solicita se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Sin que se forme cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que las constancias serán remitidas de manera electrónica. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez al que se le declina competencia. Suspensión de plano Con fundamento en el artículo 161 de la Ley de Amparo se concede la suspensión de plano solicitada respecto al acto reclamado consistente en la reubicación de los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González del dormitorio 4, zona uno, estancia once, a diverso modulo o área o en su caso diverso centro de reclusión; lo que manifiesta pone en riego grave la salud, vida, integridad y dignidad de los quejosos. Lo anterior, sin que este Juzgado de Distrito condicione dicha medida, ya que se contravendría el efecto útil de la misma. Máxime que el legislador no introdujo matices o requisitos adicionales en el propio artículo 161, citado con antelación. Asimismo, en relación con los actos que los quejosos hacen consistir en la prohibidos en los artículos 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, que aducen se ejecutan en su contra, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, en relación con el diverso 15, ambos de la Ley de Amparo, se concede a los directos quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, la suspensión de plano para que cesen de manera inmediata los actos mencionados, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Informe sobre suspensión de plano Por consiguiente, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este proveído, informen sobre el cumplimiento dado a esta medida, con el apercibimiento que de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrá incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, de la Ley de la Materia, que dice: "La autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Domicilio Por otra parte, con base en el arábigo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones, el lugar donde se encuentra recluidos, esto es, en el interior de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Habilitación Actuario. Se habilita al actuario judicial para que, en caso de no encontrar a los quejosos, obtenga informes sobre su localización, a efecto de que sea cumplida la suspensión que en este acto se decreta; apercibiendo a tales autoridades que deberán estarse a lo dispuesto en el auto de que se trata, y de no cumplir con ello se harán acreedoras de las sanciones previstas en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita el horario de notificación al actuario adscrito a este juzgado, a efecto de que notifique personalmente al quejoso el presente auto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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